Se trata de un negocio magnífico para empresarios vinculados al poder: concesiones de recintos deportivos públicos para obtener lucro privado. Este opaco y criticado esquema, que existe desde hace años en diversas delegaciones y municipios, acaba de recibir su primer revés: En Tlalpan se rescindieron todos esos permisos, que existían a contrapelo de la ley y permitían el abuso sistemático contra los usuarios. La determinación no hizo más que sacar a la luz los excesos y arbitrariedades que fomenta ese sistema.
El sábado 16, el delegado de Tlalpan, Héctor Hugo Hernández, hizo en una semana lo que sus antecesores no consiguieron en cinco años y medio: revocar las concesiones de las albercas e instalaciones deportivas públicas entregadas a un puñado de empresarios. Con la inusual medida quedaron en evidencia los turbios manejos de una parte del patrimonio de la demarcación.
Además, la Contraloría Interna de Tlalpan ya investiga si las concesiones se otorgaron fuera del marco legal.
De las siete albercas públicas ubicadas en esa delegación, tres de ellas (Ceforma, Parque Morelos y Deportivo Vivanco) fueron cedidas, mediante contratos multianuales, a Administradores Deportivos, S. A., de C. V., que preside José Luis Díaz García.
Durante los cinco años y medio que esta empresa operó las instalaciones, Tlalpan “no obtuvo ningún beneficio. Y, en cambio, el negocio hizo millonarios a los empresarios”, denuncia el delegado Hernández, diputado perredista con licencia y quien llegó a su actual puesto el pasado 16 de abril para culminar la gestión que dejó inconclusa Maricela Contreras.
De acuerdo con un diagnóstico que el funcionario ordenó elaborar, se estima que tan sólo el Centro de Formación Deportiva (Ceforma), cuya construcción costó 120 millones de pesos del erario, les redituó a los particulares una ganancia anual de 10 millones de pesos, “sin invertir nada que no tuviera que ver con la accesible renta del inmueble”.
La falta de transparencia con que fueron administrados estos recintos involucra a exdelegados de Tlalpan, particularmente a Higinio Chávez García, en cuyo periodo se formalizó la concesión a Administradores Deportivos, S. A. de C.V., y a Maricela Contreras, por darle continuidad a los acuerdos pese a que fue advertida por Hernández de las irregularidades de los convenios desde que ella asumió el cargo en la delegación, en octubre de 2012. Hoy, ambos exdelegados buscan una diputación.
A casi seis años de que se firmaran las concesiones, Hernández acusa que quienes firmaron los tres convenios lo hicieron a pesar de que carecían del marco legal. “Ese simple hecho es causal de rescisión de contrato. No quise meterme en problemas, simplemente les ordené a mis funcionarios que nadie firmara ni una concesión. Por lo tanto, los empresarios tenían que regresarme las instalaciones. No es correcto construir un espacio con dinero público para dárselo a un particular”.
Hace ocho años, recuerda Hernández, el Ceforma le redituaba a la demarcación 800 mil pesos mensuales, con lo que se cubría la nómina del personal, la alimentación en los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) “y poco a poco fuimos equipando las Casas de Salud. De repente, el lugar fue concesionado, y por lo tanto se dejaron de atender los Cendis y las Casas de Salud.
“El Ceforma les dejaba 800 mil pesos mensuales de ganancias a los hombres de negocios, por lo menos. Es decir, tienes un espacio que tú como gobierno construiste y les regalas 10 millones de pesos al año a empresarios que, en su momento, pagaban 70 mil pesos de renta. Ya no había manera de pagar a los médicos y, además, madrearon la política pública de salud. Por eso recuperamos los espacios, para que nuevamente sean administrados por la delegación.”
El delegado puntualiza que con esos convenios se impidió a la población pobre acceder a los espacios deportivos. “Se perdió la esencia con la que construimos el Ceforma, pero en este gobierno no le vamos a regalar nada a nadie”.
Hubo otras causales para quitar los permisos: falta de mantenimiento, pese a que lo seguía pagando, en su totalidad, la delegación Tlalpan; subarrendamiento de espacios; cobro del estacionamiento a los usuarios, incremento a las cuotas; y renta de los locales del inmueble.
“Me tocó ser parte de la administración que, con gran esfuerzo, construyó Ceforma con el objeto de que los niños de la zona y las familias vulnerables tuvieran facilidades para desarrollarse. La drogadicción estaba creciendo mucho en colonias como Hornos, Tepeximilpa, Tepetongo y Miguel Hidalgo. Me tocó participar en el esquema legal y el gobierno de Guillermo Sánchez lo hizo realidad”, recuerda el perredista.
Él asegura que siempre se opuso a otorgar las concesiones. “Lo critiqué como diputado federal y lo mismo como diputado local. Incluso fue oferta política decir: ‘Si soy candidato a la jefatura delegacional recuperaré las albercas en manos de los privados’. Fue una decisión que se tomó hace años y hoy que tenemos la oportunidad de estar en el gobierno, no puedo ser incongruente”.
El jefe delegacional sostiene que no sólo habló con sus predecesores. “Me peleé con ellos, y apenas designaron candidata electa de la delegación en 2012 a Maricela Contreras le di los argumentos legales para recuperar las albercas, y no lo hizo. Le dije: ‘Hay estas causales por las que puedes rescindir los contratos’”.
Hernández revela que cuando asumió su actual cargo, los concesionarios pretendieron negociar cláusulas favorables y renovar los convenios. “No acepté esas condiciones de continuidad, ni siquiera los atendí. Es incorrecto construir un espacio deportivo con recursos públicos para que un privado, que no pone un peso en la construcción, lo usufructúe”.
En el caso del Ceforma, el acuerdo iniciado el 1 de abril de 2012 concluía el 31 de marzo de 2016.
Pese a esto, el delegado asienta que no hay manera de que el grupo empresarial revierta la decisión en tribunales. “No tienen ninguna posibilidad. Los señores subarrendaban el espacio, pensaban que el inmueble era suyo y lo rentaban a terceros, que a su vez cobraban una cuota que ellos mismos fijaban”. Y niega que su demarcación haya acordado alguna indemnización. “Nada más eso faltaba”.
Reitera que, de inicio, el permiso estuvo viciado. “Existe un vacío legal. Me refiero a las bases administrativas. Incluso debe haber una observación de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. Para que los empresarios pudieran continuar con el espacio requerían la firma de mi (representante) jurídico, y yo lo instruí a recuperar el espacio, no a firmar una concesión”.
–Entonces, ¿por qué permitieron todo esto?
–Es un asunto que debe investigar la Contraloría. Soy delegado; no soy investigador ni imparto justicia.
El funcionario afirma que bajarán los precios. Por ejemplo, los concesionarios cobraban 190 pesos por una clase de natación y hasta 645 pesos por cinco horas mensuales. Ahora los interesados abonarán 63 pesos por una clase o 380 pesos durante todo el mes. Los trabajadores de la delegación y sus familiares tendrán acceso libre a los recintos deportivos cada domingo.
Ahora bien, el delegado suplente no descarta que, al terminar su gestión, a finales del presente año, la situación se revierta. “Sólo puedo hacerme responsable de mi periodo”, admite. “Pero confío que quien gane la elección este 7 de junio tenga la sensibilidad de no volver a concesionar los espacios”.
Dejar la administración de estos recintos en manos de particulares, refiere, sólo auguraba más problemas: “(En todo el país) todos los espacios que son concesionados no se regresan nunca al gobierno. No hay un espacio que se haya concesionado que después haya sido devuelto. Por eso estamos sentando un precedente con el Ceforma, Deportivo Vivanco y Parque Morelos, que fueron operados por la misma empresa”.
En octubre de 2012, Proceso detalló que un grupo de empresarios formaron distintas compañías para administrar albercas públicas. Cabildearon y consiguieron las concesiones gracias a su cercanía con delegados y alcaldes. En la lista de estos hombres de negocios aparecen José Luis Díaz García, José Luis Díaz Cobián, Francisco Armendáriz, Carlos Enrique Arreola Toledo, Juana Fernández Ríos, Teodomiro Gutiérrez Carvajal, Mario Carlos Casio Arellano, Rubén Islas Carrillo, Gerardo Gutiérrez Gómez y el medallista olímpico y odontólogo Carlos Girón.
Entre las empresas de Díaz García están Pool Tech de México S.A. de C.V., Tlalpan por la Salud y la Educación S.A. de C.V., Tlalnepantla por la Salud y la Educación S.A. de C.V., Azcapotzalco por la Salud y la Educación A.C., Administradores Deportivos S.A. de C.V., y Operadora de Centros Acuáticos S.A. de C.V.
