Desideologizadas, las campañas políticas en la zona metropolitana de Guadalajara no levantan. Hoy, las promesas de los candidatos –pero sobre todo los ataques y descalificaciones– se ventilan en las redes sociales. En tanto, los estrategas del PRI como Sergio Ramírez Robles utilizan los medios tradicionales: periódicos, revistas, radiodifusoras y canales de televisión para denostar al contendiente más fuerte: Enrique Alfaro Ramírez, impulsado por el partido Movimiento Ciudadano.
La salida temporal de Sergio Ramírez Robles de la dirección de C7 del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV) sorprendió a sus subalternos, muchos de los cuales anuncian que pedirán al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz reubicarlo en otro sitio cuando termine el proceso electoral.
El 12 de marzo último el funcionario anunció su separación temporal del cargo a fin de irse como titular de Comunicación Social del PRI para reforzar las campañas de los candidatos del partido en la zona metropolitana de Guadalajara, en particular la de Ricardo Villanueva, quien busca la presidencia municipal tapatía.
A Ramírez Robles se sumó el jefe de gabinete Alberto Lamas Flores, líder del llamado Cuarto de Guerra de la Secretaría General de Gobierno, donde se fraguó la candidatura del payaso Lagrimita para restarle votos a Enrique Alfaro Ramírez, el aspirante del Movimiento Ciudadano (MC).
El 24 de marzo, Lamas Flores escribió en su cuenta de Twitter el hashtag #NoMeLoPodíaPerder para anunciar que se incorporaba como coordinador de campañas.
En las últimas semanas Ramírez Robles y Lamas Flores se han dedicado a frenar la popularidad de Alfaro Ramírez mediante mensajes en redes sociales y filtraciones pagadas que se publican sin nombre en medios como Milenio Jalisco y La Jornada Jalisco.
El segundo, por ejemplo, publicó el jueves 7 un extenso editorial en el que se excusa de cubrir la campaña de Alfaro porque, indica, el candidato presuntamente amenazó al director de esa casa editorial con llamadas anónimas a su celular.
“Intolerante –se lee en el editorial–, no se atreve a mirar hacia adentro; no resiste la crítica ni soporta la libertad de expresión. En cambio, desató una campaña de odio en contra de La Jornada Jalisco”. Sin embargo, no menciona el nombre del director (Juan Manuel Venegas) ni refiere el contenido de las amenazas.
El lunes 4, el diario dirigido por Venegas publicó que el jefe de escoltas de Alfaro, Alejandro Muñoz Ochoa, tiene antecedentes penales por su participación en actos ilícitos, levantones y protección de narcomenudistas. Según la nota, el reportero tuvo acceso a documentos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y del Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero no exhibió ningún documento.
Al día siguiente, el coordinador de la campaña de Alfaro, Salvador Caro Cabrera, presentó una constancia de antecedentes no penales de Muñoz Ochoa expedido por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para desmentir la información.
Antes, el 27 de abril, el diario Mural publicó en su portada una nota titulada “Alberga a prófugo candidato de MC”. En ella afirma que el extitular del Seguro Popular, José Luis Quiñones, vive en una propiedad del doctor Carlos Lomelí, empresario farmacéutico que busca una diputación federal por el MC.
Asimismo, acusa a Quiñones del presunto desvío de 326 millones de pesos de la institución y beneficiar a Lomelí con contratos millonarios en la compra de medicamentos. El aludido organizó una conferencia de prensa ese mismo día para desmentir el infundio:
“En la nota se dice que soy un prófugo sin acompañar ningún documento que lo pruebe –expuso–. Yo sí acompaño documentos que prueban que no soy un prófugo, por lo que pido que se aclare, por parte del medio de comunicación, que erróneamente realizó un señalamiento indebido hacia mi persona.
“Si fuese prófugo de la justicia, como lo afirma la nota, no podría trabajar en el Hospital Civil, donde actualmente laboro como médico cirujano.”
La guerra contra Enrique Alfaro comenzó el pasado 13 de abril, cuando Ramírez Robles desempolvó el expediente judicial del empresario farmacéutico Carlos Lomelí Bolaños, quien en 2002 fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara por portación ilegal de arma.
El extitular de C7 mostró la ficha signalética de Lomelí Bolaños en la cual se ve al empresario portando con ambas manos la pizarra que contiene la causa penal por la que fue consignado.
Días después exhibió la ficha de Jorge Alexis Aldecoa Morales, colaborador de Lomelí, quien fue detenido en junio de 2009 por policías federales en la carretera México–Nogales en posesión de peyote.
Un alivio en el C7
Trabajadores del C7 comentan al reportero que la salida temporal de Ramírez Robles fue oportuna. Se quejan por los cambios que hizo durante su gestión en la televisora del SJRTV.
Por ejemplo, desplazó algunos programas sin el menor respeto a las audiencias, como el de Cinefilia, que conducía Pilar del Razo, y el de A las 9 con usted, de la periodista cultural Yolanda Zamora, que ya volvió a su horario normal.
Ramírez Robles también hizo un recorte en la barra de música clásica que se transmite en el 96.3 de FM y corrió a una centena de radioescuchas que integraban un coro y utilizaban las instalaciones para ensayar. A su llegada despidió a los conductores de noticias Javier Vera y Nivia Cervantes; al jefe de Coordinación de Televisión, Jonathan Guzmán; al coordinador de Recursos Humanos, Jorge García; al contador del SJRTV, Aurelio Magaña Trujillo; al coordinador de Ingeniería, Gildardo Gómez Pelayo; al ingeniero Jorge Requena, y al colaborador Ernesto Álvarez.
En junio del año pasado despidió a la directora de noticias Cecilia Márquez, quien padece esclerosis sistémica, porque, según el funcionario, no podía asumir esa responsabilidad. Obligó a los empleados sindicalizados a firmar un nuevo contrato en el que desconocía su antigüedad, sus derechos laborales y eliminó los beneficios de que gozaban, como el pago de horas extras y días festivos.
Y en lo que se refiere a la barra de noticias, Ramírez Robles llenó el espacio con conductores provenientes de medios privados, como Alfonso Javier Márquez, director de Radiorama DK 1250, y Ramiro Escoto Ratkovich, quien fue empleado de Televisa Guadalajara durante 10 años. Finalmente, Escoto salió del Canal 4 por presuntas agresiones sexuales contra personal de esa empresa y estudiantes de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa) (Proceso Jalisco 504).
Márquez, el conductor estelar de C7 Noticias, también está en el padrón de proveedores de servicios al gobierno de Jalisco, representación que le permite cobrar onerosos porcentajes a través de sus empresas fachada. Según la nómina del C7, Márquez ganó 304 mil pesos entre el 16 de abril de 2013 y el 31 de marzo de 2014.
El funcionario con licencia también es repudiado en redes sociales: “El gobierno piensa que los ciudadanos somos tontos, pero no, Sr. Sergio Ramírez, ya no es así. Con cada publicación de este tipo que saca, muchísima gente odia más al PRI. Ya deje de ser mediocre, al fin de cuentas es sólo un gato más del sistema que nos gobierna”, escribió Refugio Alvarado en su cuenta de Facebook.
Uno de los reporteros que cubren la campaña del priista Ricardo Villanueva señala que Ramírez Robles le aseguró que volverá al C7 después de las elecciones porque así lo dispuso el gobernador Aristóteles Sandoval.
La alerta de la Amedi
El pasado 16 de abril la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) Capítulo Jalisco emitió un comunicado en el que señala que el SJRTV violenta el derecho de sus audiencias al negarse a cubrir las elecciones.
La decisión se tomó el 11 de marzo pasado a petición del defensor de la audiencia interino del SJRTV, Julio César Hernández Gutiérrez, periodista del Grupo Mega Radio Guadalajara y del desaparecido diario Ocho Columnas, propiedad de la familia Leaño, donde hizo su carrera periodística.
Hernández Gutiérrez colabora también en el portal Marcatextos, de Gilberto Pérez Castillo, asesor político de priistas y conductor del programa de análisis Desde el infierno, que se transmite en C7. En ese espacio el ómbudsman interino del SJRTV dedica gran parte de sus columnas a denostar a Alfaro Ramírez y elogiar a su contrincante, el priista Villanueva.
Sobre la planilla de regidores del priista en la que incluyó al exfutbolista Benjamín Galindo y a la exgimnasta Cynthia Valdez, Hernández Gutiérrez escribió: “Es una gama equilibrada de jóvenes con experiencia política y jóvenes que se estrenarán en esta actividad que, sin embargo, conocen por sus lazos familiares o de amistad”.
En el portal de C7 puede consultarse el oficio que Hernández Gutiérrez entregó a Ramírez Robles la víspera de que éste pidiera licencia. En el documento se exponen algunos lineamientos, como la eliminación de información electoral en los noticiarios, la suspensión de programas de servicio social y cualquier contenido que pueda interpretarse como un logro de gobierno. Ramírez Robles se limitó a aceptar la recomendación.
Reporteros de medios locales y de circulación nacional han buscado al director interino del C7, Gabriel González, para conocer las repercusiones de esa decisión.
El 16 de abril, El Universal publicó una nota en la que González asegura que esa decisión se tomó porque algunos conductores de la televisora también son servidores, como Pedro Antonio Ceja Mercado, jefe de prensa en Zapopan durante la administración del priista Héctor Vielma Ordóñez, también fue presentador de noticias de Tv Azteca y Canal 8 (Telecable de Zapopan), propiedad del mismo Vielma, y eso daría pie a suspicacias.
Ceja recibe 26 mil pesos mensuales por la conducción del programa denominado 20/20, cuya duración es de una hora y se transmite de lunes a jueves. Además, según la nómina de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, es coordinador de Proyectos en la dependencia, donde cobra alrededor de 20 mil pesos al mes.
La negativa del SJRTV
En su comunicado, la titular de la Amedi, Graciela Bernal Loaiza, señala que el defensor del SJRTV y Ramírez Robles violaron el derecho a la información que tienen sus audiencias, garantizado en el artículo 6 de la Constitución federal, según el cual “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
De acuerdo con esa premisa, dice la investigadora, no puede negarse a la ciudadanía su derecho a estar informada bajo ninguna circunstancia. Refiere que la suspensión de la cobertura electoral podría ser viable si C7 fuera un organismo de difusión gubernamental, pero se trata de un Organismo Público Descentralizado con autonomía editorial, presupuesto propio, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas.
Hernández Gutiérrez y Ramírez Robles, insiste, violaron también la Ley Orgánica del SJRTV, cuyo artículo 4, incisos IV, V y VI garantizan la información pertinente, veraz y oportuna a los habitantes para acrecentar su participación en la protección y defensa de la libertad, el medio ambiente, las condiciones de paz y tranquilidad social que mejoren sus condiciones culturales y materiales.
Para la titular de Amedi, ambos violentaron los derechos de las audiencias consagrados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Menciona que el artículo 256 de esa legislación subraya que uno de los derechos fundamentales de las audiencias es “recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad”.
Y añade: “El SJRTV no puede ni debe estar a disposición de las decisiones de ningún funcionario, pues el carácter público de esta red de medios no puede cambiar porque su anterior director ahora ocupe un puesto en uno de los partidos políticos que disputarán las elecciones”.
También cuestiona la designación de Hernández Gutiérrez como defensor interino, luego de la renuncia del primer ómbudsman de C7, Gabriel Orozco Bernáldez, pues había declinado participar en la terna de aspirantes.
Juan Larrosa Fuentes, extitular de Amedi, señala que la medida adoptada por el SJRTV –negarse a dar cobertura a las campañas electorales– es equivalente a pensar que la Deutsche Welle de Alemania o la BBC de Londres hicieran lo mismo durante los procesos electorales de sus respectivos países.
Esa actitud, dice, es similar a la de 1992, cuando explotaron los ductos del drenaje por acumulación de combustible en el sector Reforma el 22 de abril de 1992. En lugar de informar sobre el siniestro, las autoridades municipales y estatales se negaron a hacerlo.
Sobre el futuro de Ramírez Robles, Larrosa comenta que no debería regresar al C7, porque desde el principio su gestión estuvo marcada por la ilegitimidad y el negro historial que arrastra desde que fue vocero del gobierno del panista Rafael Moreno Valle en Puebla, donde denunció a 19 reporteros por “exceso de libertad de expresión”, según dijo.
Hoy los medios de comunicación en México atraviesan por una crisis, asegura el exdirector de la Amedi. Se queja porque, sostiene, su línea editorial está condicionada a las pautas de publicidad que pueda comprarles el gobierno en turno, lo que ha significado una pérdida de credibilidad.
En Jalisco, todo el dinero que se reparte a medios de comunicación debería canalizarse a C7 –una vez que se descentralice su toma de decisiones y realmente se ciudadanice– para reforzar su noticiario. Eso tendría que pasar por el Congreso local, sobre todo porque, insiste, hoy no existen medios críticos en la entidad o son muy pocos.
Oscuro pasado
En Puebla, medios locales y algunos de circulación nacional han documentado los desmanes cometidos por Ramírez Robles contra los reporteros de esa entidad. Los primeros agraviados fueron Fabián Gómez, del portal Contraparte Informativa, y Adrián Ruiz, de El Heraldo de Puebla, a quienes el entonces colaborador de Moreno Valle denunció por presunto daño moral contra funcionarios y por difamación.
El portal informativo Lado B señala que en 2012 el desaparecido Instituto Federal Electoral solicitó al Congreso poblano sancionar a Moreno Valle y a su entonces vocero Ramírez Robles por saturar las salas de cine de 26 estados con la publicidad del primer informe de gobierno del mandatario panista.
El mismo portal destaca que Ramírez Robles firmó contratos confidenciales de publicidad con medios de comunicación, incluida la empresa Grupo Líder Editorial.
El portal e-consulta, del periodista Rodolfo Ruiz R., también señala que durante su paso por la dependencia poblana Ramírez Robles promovió contratos de ese tipo, así como un convenio anual superior a 17 millones de pesos con una empresa periodística. El documento puede consultarse en ese portal
El diario poblano Intolerancia señaló el 9 de agosto de 2011 que Ramírez Robles utilizó equipo de fotografía y video de la Dirección de Comunicación Social para un acto del PAN. En julio de 2012 el portal informativo Contralínea consignó que Ramírez Robles gastaba un promedio de mil pesos diarios en viáticos cuando estuvo al frente de la vocería de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de diciembre de 2010 a junio de 2011.
