Tras el fracaso del operativo del 1 de mayo para capturar al líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, el gobierno estatal se lanzó contra los policías municipales de Unión de Tula y Villa Purificación. Sin embargo, la autoridad no ha justificado la ausencia de la Fuerza Única Regional, que desde el año pasado controla el vecino municipio de Casimiro Castillo, en el enfrentamiento donde los sicarios derribaron el helicóptero Cougar del Ejército.
El gobierno de Jalisco desarmó las policías municipales de Unión de Tula y Villa Purificación 14 días después de los narcobloqueos del viernes 1, cuando un comando de sicarios derribó un helicóptero militar con un lanzacohetes RPG de fabricación rusa, durante la persecución del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, por un grupo militar de élite.
Tras la intervención de la fuerza estatal, por lo menos 30 policías de ambos municipios quedaron detenidos o arraigados, entre ellos los jefes de Seguridad Pública.
Las autoridades reportaron saldo blanco en esa acción, pero no informaron de las quejas que suscitó. Por ejemplo, callaron las protestas por los abusos cometidos contra policías municipales, como la detención de uno mayor de 70 años. También se aprehendió a un policía enfermo y recién operado.
No menos quejas provocaron los agentes de la Fuerza Única Regional por bajar de sus vehículos a los municipales, sin decirles de qué se trataba hasta que los presentaron ante el Ministerio Público; tampoco se informó de inmediato a sus familiares.
Según las autoridades estatales, se investigan los presuntos nexos de los guardias locales con el crimen organizado y específicamente la protección al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque este dato no aparece en los boletines ni en las declaraciones de los funcionarios.
Llama la atención que el desarme se realizara después del ataque al helicóptero Cougar del Ejército cerca del poblado de Villa Vieja, municipio de Villa Purificación, cuando un comando del CJNG, aparentemente procedente de la vecina demarcación de Casimiro Castillo, era perseguido por un cuerpo militar de élite en el Cougar, al que apoyaban otros dos helicópteros artillados.
La policía de Casimiro Castillo fue intervenida desde el 7 de diciembre de 2014 por la Fuerza Única Regional (FUR), que desde entonces se hace cargo de la seguridad municipal. Sin embargo, hasta ahora no se sabe que la corporación estatal de élite haya sido notificada del arranque de la Operación Jalisco.
Se desconoce cuál fue la actuación de la FUR antes del viernes 1, particularmente del destacamento que permaneció en la zona de Autlán para sustituir a la policía de Casimiro Castillo. No se sabe cuál fue el itinerario de los integrantes de la FUR a quienes les tocaba atender la región Costa Sur el día del ataque a la aeronave del Ejército.
El comisionado de Seguridad Pública, Alejandro Solorio Aréchiga, ni siquiera aludió en su reporte a los abusos cometidos por efectivos de la FUR contra sus colegas de corporaciones municipales. En los ayuntamientos se ha impuesto el silencio sobre el problema.
Por ejemplo, en Unión de Tula los integrantes de la FUR además de quitarles armas, equipo y vehículos a los municipales, se llevaron a todos los que se encontraron a su paso, aun cuando estuvieran en pleno patrullaje.
Lo que indignó a quienes trabajan en el ayuntamiento fue la detención del alcaide de la cárcel municipal, Catarino Pelayo, policía mayor de 70 años que se encargaba de sacar a los presos de sus celdas para que hablaran con sus abogados.
Pelayo tenía problemas para caminar: “Tú lo veías cuando visitabas la cárcel. Difícilmente se puede asegurar que estaba ligado o en contacto con sujetos del crimen organizado. Los delincuentes buscan el respaldo de jóvenes, de policías en activo o de gente que les informa por dónde se mueve el gobierno.
“Pero don Catarino Pelayo es un hombre de buena fe que hacía su trabajo sin complicaciones. Algunas veces le dejabas una Coca Cola y sólo te decía que se la iba a tomar en un rato, pero de ahí a acusarlo de pertenecer o proteger a la delincuencia, es un exceso”, relata el abogado Javier Díaz, quien trata de localizar al hombre de la tercera edad, al igual que a otras 50 personas cuyo paradero se desconoce.
Al preguntar a los agentes del Ministerio Público en forma extraoficial dónde estaban los policías que supuestamente quedaron a su disposición cuando la FUR tomó el control del municipio, nadie le pudo informar.
Díaz también considera que se cometió abuso de autoridad contra otro policía que se dedicaba temporalmente a asuntos administrativos en la misma cárcel, porque estaba recuperándose de una cirugía.
El litigante agrega que, transcurrido el plazo de 48 horas para que todo detenido sea presentado ante el juez, así como las 72 horas para informarle de la acusación, ninguna autoridad pudo informar dónde se encontraban los policías detenidos ni los jefes de las corporaciones, lo que califica como flagrante violación a las garantías constitucionales.
El desarme
El viernes 15, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz destacó en una rueda de prensa que la intervención de las corporaciones ocurrió poco después de las tres de la tarde de ese día.
“El desarme de las corporaciones policiacas de Villa Purificación y Unión de Tula se suma a la llevada a cabo en los municipios de Casimiro Castillo y Cocula, en diciembre del año pasado”, cuando también se acusó a los integrantes de esos cuerpos de seguridad de presuntos nexos con la delincuencia organizada.
El mandatario estatal dijo que esa acción forma parte del combate al crimen organizado y tiene el propósito de garantizar la tranquilidad de cada región. Sin embargo, no explicó los motivos para desarmar a los policías, confiscar sus patrullas y equipos, además de las instalaciones.
A decir del gobernador, el despliegue de la FUR, que opera desde 2014, ha permitido asegurar más de 2 millones de litros de combustible robado y la desarticulación de células delictivas que operaban en Tala, Tlaquepaque y Guadalajara.
Resaltó que gracias a la corporación se ha logrado también la captura de más de 200 integrantes del CJNG, el decomiso de un par de bodegas con armas y explosivos, y el desmantelamiento de una fábrica donde se ensamblaba el armamento.
Al respecto, especificó que de 2013 a 2014 se logró el decomiso de dos mil armas de grueso calibre, mismas que fueron puestas a disposición de las autoridades federales.
En la misma rueda de prensa, el comisionado de Seguridad Pública, Alejandro Solorio Aréchiga, dijo que en el desarme de las policías de Villa Purificación y Unión de Tula participaron más de 150 agentes de la FUR, que el operativo duró más de tres horas y que en él aseguraron 46 armas cortas (20 en Villa Purificación y 26 en Unión de Tula), así como 36 largas (26 y 16, respectivamente).
En el operativo, añadió, se aseguraron mil litros de gasolina, 50 kilos de mariguana, 149 dosis de crystal y 29 de polvo blanco. Además, fue detenido un presunto “halcón” del CJNG.
Solorio Aréchiga dijo que la operación se le notificó oportunamente al gabinete de Seguridad Nacional y al general Miguel Gustavo González Cruz, comandante de la Operación Jalisco. Aclaró que el desarme se sustentó en información del servicio de inteligencia del estado y se llevó a cabo ante las fallas detectadas y el trabajo insatisfactorio de las corporaciones municipales.
Solorio Aréchiga enfatizó que, al no encontrar resistencia, no fue necesario el uso de la fuerza durante el operativo.
Luego del operativo quedaron bajo resguardo de las fuerzas estatales nueve patrullas, cinco de éstas en Unión de Tula y el resto en Villa Purificación. Los efectivos estatales presentaron ante el Ministerio Público a 30 policías municipales, incluidos los dos mandos superiores.
En busca del “Mencho”
Vecinos de Unión de Tula relatan que el director de Seguridad Publica, Omar Castillo, fue dado de baja del servicio el 29 de abril y un comandante llamado Daniel se quedó como encargado del despacho. Dos días después se registraron los hechos violentos del 1 de mayo y a los 15 días Castillo fue aprehendido por elementos de la FUR sin informarle de qué se le acusaba.
De igual forma, el 7 de diciembre de 2014 Gustavo Valencia, que se estrenaba como comandante de la Policía Municipal de Cocula, fue detenido durante el desarme de su corporación bajo el cargo de que protegía o tenía nexos con la delincuencia organizada.
El desarme de las corporaciones de Villa Purificación y Unión de Tula se dio tres días después de la reunión a puerta cerrada del gobernador, el fiscal general y el comisionado de Seguridad Pública con 15 alcaldes de las regiones Sierra de Amula y Costa Sur, en la cual se discutió cuáles municipios requerían el desmantelamiento urgente de sus policías, por la sospecha de que estaban infiltradas por el narco.
La reunión tuvo lugar en El Grullo, municipio que los policías consideran “la boca del lobo”, pues desde 2012 se sabe que por ahí suele circular El Mencho en convoy de decenas de camionetas con hombres fuertemente armados.
El Mencho se ha convertido en una figura de leyenda, capaz de burlar siempre a la autoridad. Muchos habitantes de la región señalan que adonde va lo escolta una camioneta con una poderosa ametralladora empotrada en la caja.
Otros repiten la versión de que se ha visto al líder del CJNG en un restaurante de la zona y que recientemente acudió a una clínica de El Grullo, de donde alcanzó a huir antes de que llegara una partida de militares.
Según dicho anecdotario, el capo ha escapado de otros intentos de capturarlo en Amacuautitlán, cerca de la cabecera municipal de Tonaya, donde en agosto de 2013 policías federales se enfrentaron a balazos con sicarios, lo que desató 28 narcobloqueos.
La Policía Federal informó que en ese operativo utilizó cinco helicópteros Black Hawk y otro MI 17, además de que decomisaron dos rifles M-60 y cuatro AK-47.
Igualmente se informó del aseguramiento de un rifle R15 2/2; dos armas cortas calibre 9 milímetros; 69 cargadores abastecidos para AK-47, 14 para AR-15 y 15 granadas de fragmentación; además de 900 cartuchos de diferentes calibres y cuatro cargadores de disco para AK-47.
Desde entonces data la referencia de que el CJNG poseía un lanzacohetes.
En la actualidad, la población de Autlán, El Grullo y Villa Purificación viven en una zona militarizada. Son frecuentes las inspecciones de soldados en busca de integrantes del CJNG, circulan camiones verde olivo y son notorias las tanquetas que custodian la entrada de algunos municipios que se consideran territorios del Mencho.
Pero éste es ahora un fantasma para las fuerzas federales.
En ese complejo escenario, el jueves 21 las autoridades estatales confirmaron que el hombre de 67, asesinado aproximadamente a las 21:15 de la noche anterior en la comunidad de El Gargantillo, municipio de Tomatlán, es Eladio Ávila Pérez.
Se trata del suegro de Nestora Salgado García, líder de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero.
Familiares de la víctima informaron que tanto Ávila Pérez como su hijo José Luis –esposo de Salgado, quien está presa en el penal de El Rincón, Nayarit, desde agosto de 2013– fueron amenazados para que el segundo dejara de denunciar el caso en la ciudad estadunidense de Seattle, estado de Washington. Añadieron que algunos testigos identificaron al asesino como sicario del CJNG.
Miles de militares están desplegados en el corredor costero del estado que va de Cihuatlán a Puerto Vallarta, incluyendo Tomatlán, como parte de la Operación Jalisco.
