La cancelación de una licitación reveló la lucha de dos grupos dentro de la Conade, que buscan favorecer a sendas empresas aseguradoras. El procedimiento fue llevado al límite y ya peligran los seguros de vida, de accidentes y de gastos médicos mayores de por lo menos 2 mil 500 personas. La fuga de información, la falta de transparencia y el favoritismo, en cambio, viven tiempos dorados en una dependencia que acaba de estrenar titular pero aún no erradica sus vicios.
Una pugna entre dos grupos de funcionarios de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), cada uno empeñado en favorecer a la empresa de su elección (Mapfre Tepeyac S.A. y La Latinoamericana Seguros S.A.) derivó en la cancelación de la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-0111L6I001-N15-2015, mediante la cual se contratarían seguros de gastos médicos mayores, de accidentes personales y de vida para deportistas, técnicos, entrenadores, cuerpo multidisciplinario y medallistas olímpicos y paralímpicos para 2015 y 2016.
El desaseo con el que los servidores públicos manejaron el procedimiento está a punto de dejar sin seguros a entre 2 mil 500 y 6 mil personas, puesto que el martes 26 se vence la prórroga de la Conade con la empresa que ha prestado este servicio los últimos dos años, es decir, La Latinoamericana Seguros.
Para evitar ese escenario caótico, la dependencia que ahora dirige Alfredo Castillo Cervantes deberá adjudicar de forma directa –a esta misma empresa– un contrato por tres meses, mientras se inicia un nuevo proceso de licitación.
Sin embargo, a la par, Mapfre Tepeyac ya presentó ante el Órgano Interno de Control (OIC) adscrito a la Conade un recurso de inconformidad, en el que solicita que se decrete la nulidad del Acto de Fallo emitido el 31 de marzo pasado y se le adjudique el contrato. La cancelación, arguye, fue un “acto ilegal dirigido en su contra para no declararla ganadora”.
Historia del golpeteo
La historia de este embrollo comenzó en diciembre de 2012, cuando Jesús Mena asumió el cargo de director de la Conade. Se encontró con que su antecesor, Bernardo de la Garza, había firmado el 30 de noviembre de ese año –es decir, el último día de su gestión– un contrato con La Latinoamericana Seguros para que durante 2013 y 2014 prestara los servicios mencionados.
De la Garza decidió asignarle un contrato de 94 millones de pesos pese a que la empresa tenía antecedentes de que con frecuencia no proporcionaba los servicios requeridos.
El entonces director de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, Juan Manuel Herrera, quien asumió ese encargo en 2009 y fue ratificado en 2012, intentó rescindir el contrato con La Latinoamericana para adjudicárselo de forma directa a Mapfre Tepeyac.
En abril de 2013, Herrera se reunió con representantes de Mapfre, a quienes prometió el contrato de los seguros. Durante meses el funcionario insistió en la promesa. Jesús Mena, por su parte, contrató como asesor-gestor a la empresa Carsa SP Consultores Agente de Seguros y Fianzas, que encabeza Jaime Fernández: entre todos hicieron varios intentos por sacar de la jugada a La Latinoamericana. No pudieron.
Ante la imposibilidad de rescindir el contrato, por las implicaciones legales y económicas que acarrearía, no les quedó más remedio que esperar los tiempos de licitación. Junto con Carsa y Mapfre, Herrera diseñó un dictamen técnico que, en los hechos, sólo podría cumplir una aseguradora del tamaño de Mapfre.
En octubre de 2014, el entonces subdirector de Calidad para el Deporte, Othón Díaz, se rehusó a dar el aval para que, con ese documento, la Conade lanzara la convocatoria de la licitación.
Por si fuera poco, en el presupuesto 2015 de la Conade, ni la Secretaría de Educación Pública ni la de Hacienda y Crédito Público etiquetaron recursos federales para la contratación de seguros. Para que los usuarios no se quedaran sin el servicio, se determinó pedir una prórroga a La Latinoamericana por un monto máximo de 20% de los ya mencionados 94 millones de pesos, con vigencia al 31 de marzo pasado.
A finales de enero, el director de Servicios de la Conade, Mario Montesano Villamil, le presentó a Othón Díaz el mismo dictamen técnico que elaboraron Herrera, Carsa y Mapfre. El subdirector de Calidad para el Deporte volvió a rechazarlo y convocó al director del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), Osvaldo Barón, y al nuevo director de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, Jeshua Ortiz, para ajustar el informe a las necesidades reales de los usuarios.
Mientras diseñaban el nuevo dictamen técnico, el entonces subdirector de Administración, Ernesto Mendoza, y Montesano Villamil, por instrucciones de Mena, presionaban todos los días para que dejaran el documento tal como estaba, bajo la amenaza de que se estaba retrasando la convocatoria de la licitación y se corría el riesgo de no tener un nuevo contrato antes de que concluyera la prórroga.
Sin embargo, de forma inesperada, el 15 de febrero Mena determinó cambiar a Juan Manuel Herrera a la dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal, área que depende de Cultura Física. Asimismo, por órdenes del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, Ernesto Mendoza fue cesado y sustituido por Gerardo Lagunes Gallina.
Finalmente, después de varios ajustes al dictamen, el 18 de febrero se publicó la convocatoria de la licitación en el portal de compras del gobierno federal, CompraNet, y en el Diario Oficial de la Federación. Con el tiempo en contra, pero con un dictamen técnico “mejorado”, comenzó el concurso.
El 25 de febrero las empresas participantes plantearon sus dudas antes de que se realizara la Junta de Aclaraciones, uno de los pasos que se sigue en cualquier licitación. La Conade recibió la cantidad de 774 cuestionamientos, de los cuales 159 los hizo La Latinoamericana; 104, Grupo Nacional Provincial, y 78, Mapfre Tepeyac.
Supuestamente para poder contestar a todas las preguntas, la Conade reprogramó para el 11 de marzo la Junta de Aclaraciones, en la que en 69 puntos concentró las respuestas a todas las preguntas.
El 19 de marzo, en el acto de presentación de apertura de proposiciones participaron siete grupos: Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V., con Aba Seguros, S.A. de C.V.; Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V., con Quálitas Compañía de Seguros, S.A.; La Latinoamericana con Seguros Afirme, S.A. de C.V.; Mapfre Tepeyac, S.A.; Medi Access Seguros de Salud, S.A. de C.V.; Seguros Banorte, S.A. de C.V., y Seguros Inbursa, S.A.
Gerardo Lagunes consideró que el concurso estaba dirigido a que Mapfre lo ganara. Puso todo su empeño para que esto no ocurriera, pero no lo hizo para garantizar la mejor utilización de los recursos federales. Él se inclinó en favor de La Latinoamericana.
La refriega
De acuerdo con un estudio de mercado que ordenó la Subdirección de Administración, entre los participantes se filtró que el costo del contrato por los dos años rondaba los 110 millones de pesos. Esta información, que en teoría debía ser confidencial, pasó de una mano a otra.
Las propuestas tuvieron que evaluarse con base en una tabla de puntos y porcentajes que se otorgan según se cubran o no los requisitos. Al final se suman esos valores y se obtiene una calificación que se promedia con la propuesta económica presentada.
La Latinoamericana hizo una oferta de 38.3 millones de pesos; Medi Access, 52 millones; Banorte, 72.9 millones, y Mapfre, 75.9 millones, por citar sólo algunos montos.
Si se considera que hace dos años De la Garza pagó 94 millones de pesos, el hecho de que esas compañías ofertaran el servicio por al menos 18 millones de pesos menos lucía aparentemente provechoso para la Conade.
No obstante, llama la atención que, si en el estudio de mercado la Subdirección de Administración tasó la contratación de los seguros en 110 millones de pesos, La Latinoamericana y las otras compañías hayan bajado tanto sus propuestas.
El acto de lectura del dictamen técnico y fallo de licitación se programó para el 23 de marzo, pero la Conade lo difirió dos veces. La primera lo pasó al 31 de marzo, a las 12:00 horas, y la segunda para ese mismo día a las 17:00 horas, cuando finalmente resolvió cancelar la licitación “porque de continuarse se podría ocasionar un daño en perjuicio de la Conade”.
La dependencia acusó a La Latinoamericana de no proporcionar información correcta y completa sobre “la siniestralidad”, o sea, el número de eventos atendidos o siniestros reportados en cierto periodo.
Arguyó que eso ocasionó que las propuestas de las concursantes tuvieran diferencias abismales: de los 38.3 millones de La Latinoamericana a los 75.9 millones de Mapfre.
A pesar del atractivo monto, la Conade no decretó ganadora a La Latinoamericana porque en la evaluación por puntos quedó muy por debajo de Mapfre, que obtuvo 59.40 en la evaluación técnica y 38.40 en la económica.
Gerardo Lagunes fue el funcionario que presuntamente dio la orden de que se cancelara la licitación para evitar que ganara Mapfre, la empresa apoyada por el grupo de funcionarios encabezados por Mena. Ese servidor público instruyó a Mario Montesano Villamil para que no favoreciera a Mapfre.
Asimismo, la propia Conade descalificó el dictamen técnico elaborado por el área requirente “porque no se encuentra debidamente fundado y motivado”.
“Para asegurar la igualdad de condiciones, transparencia y certeza en el proceso, es menester que los licitantes cuenten con información veraz para garantizar la información correcta de los riesgos a cubrir, así como contar con los términos y condiciones totales a los cuales se comprometerá tanto la aseguradora como la entidad”, se lee en el fallo.
El 10 de abril pasado, el apoderado de Mapfre Tepeyac, Mauricio Ramírez Navarro, se quejó ante el Órgano Interno de Control por la cancelación de la licitación. El consorcio expuso seis justificaciones para solicitar que se le adjudique el contrato.
Mapfre se inconformó porque el servidor público Mario Montesano Villamil –director de Servicios y quien presidió la lectura del dictamen técnico y fallo– “omitió indicar los datos y condiciones de su nombramiento para ocupar dicho cargo” y, en consecuencia, no tenía facultades para presidir el acto, amén de que “omitió indicar el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones”, con lo cual violó la Ley de Adquisiciones y la de Procedimiento Administrativo.
En la versión de Mapfre, Montesano también contravino las bases de licitación, que asentaban que “el área requiriente” (sic) –es decir, la Subdirección de Calidad para el Deporte, la Subdirección de Administración y la Subdirección del Deporte de forma colegiada– es la encargada de realizar la evaluación técnica de las proposiciones. “De lo anterior se colige que este servidor no contaba con las facultades para evaluar las proposiciones técnicas”.
La empresa que se dice afectada también analizó los cinco puntos con que la Conade sustentó la cancelación, y concluyó que ninguno está debidamente fundamentado. Ni siquiera se explica por qué se hubiera ocasionado un daño si se continuaba con el proceso. Cuestionó, además, que no se realizó una investigación de precios para justificar la no aceptabilidad de las propuestas.
Mapfre asegura que la Conade sí publicó en CompraNet la información sobre siniestralidad, por lo cual es falso que los participantes no tuvieran información veraz.
“Es importante destacar que si algún participante considera que no hay igualdad en el proceso de licitación que nos ocupa, se encuentra con plena facultad de hacerlo valer a través de los medios legales de impugnación, lo que en la especie no aconteció; de lo que se desprende que la intención de la convocante (Conade) es de cancelar a como dé lugar la Partida 1 (la contratación de los seguros ya mencionados), utilizando argumentos que incluso no le compete formular, denotando únicamente su interés en direccionar la adjudicación de la Partida 1 para favorecer a un solo participante”, dice la queja.
Llama la atención que Mapfre asegura que fue la empresa con el mayor puntaje en la evaluación técnica y que, junto con la económica, promedió la mejor calificación, puesto que, en teoría, no debería conocer esos datos: cuando la Conade canceló la licitación, no reveló los puntajes ni precisó los montos ofrecidos.
Si la Conade pretende reponer el proceso de licitación, resulta tendencioso que las empresas que concursaron ya conozcan los montos con los cuales éstas u otras compañías podrían volver a concursar.
Un especialista consultado por la reportera determinó, con base en la convocatoria de la licitación y las especificaciones solicitadas, que la prestación bianual del servicio de seguros no cuesta más de 50 millones de pesos.
Después de la cancelación, Othón Díaz envió un oficio al titular del OIC, Gabriel Arenas, en el que pidió que se le explicara por qué estuvo mal hecho el dictamen técnico. Turnó copia a Mena, a Lagunes y a Carlos Acra, quien fuera subdirector general de la Conade.
Diecisiete días después de la polémica resolución, Mena fue destituido. Con él se fueron todos los servidores públicos involucrados.
