El sueco Anders Kompass, funcionario de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, filtró a la justicia francesa un documento “confidencial” que informa sobre violaciones cometidas por cascos azules franceses contra niños de un campo de desplazados de la República Centroafricana. Por esa filtración, los superiores de Kompass lo presionaron para dimitir; como éste se negó, lo suspendieron. Les importaba más castigarlo por “su mala conducta” que actuar para detener los abusos cometidos por los militares desplegados en una “misión de paz”.
El pasado 15 de julio, el jefe de la Sección de Respuesta Rápida y de Misiones de Paz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Roberto Ricci, acudió a la oficina en Ginebra del director de la División de Operaciones de Campo y de Cooperación Técnica de ese organismo, el sueco Anders Kompass, y le entregó el reporte Abusos sexuales sobre niños por fuerzas armadas internacionales. En cada una de sus páginas aparecía el sello de “confidencial”.
Kompass tenía tres décadas de navegar en el entorno de la ONU. De hecho, en septiembre de 2002 inauguró en México la oficina de la ACNUDH, de la cual fue primer titular.
El reporte que recibió, elaborado por un funcionario del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, consiste en una recopilación de testimonios de niños y ocupantes del campo de desplazados de Mpoko, en Bangui, capital de la República Centroafricana, recogidos entre el 19 de mayo y el 24 de junio de 2014, uno de los periodos más violentos de la tercera guerra civil que sacudió al país africano.
Los niños describieron cómo soldados de Francia, Chad y Guinea, encargados de vigilar el inmenso campo –llegaron a refugiarse en él hasta 100 mil personas–, obligaron al menos a diez menores a realizar actos sexuales a cambio de alimentos, bienes básicos o dinero. Dos de ellos ni siquiera habían cumplido nueve años cuando los violaron.
“Uno de ellos era chaparro y fumaba mucho, el otro era delgado y no fumaba. Nos preguntaron qué queríamos. Contestamos que teníamos hambre. El chaparro nos dijo que primero sacáramos su bangala (pene) de sus pantalones. El bangala del delgado era para mi amigo. Sus bangalas estaban frente a nosotros, a nivel de nuestras bocas”, narró uno de los niños, al describir con más detalles tanto el abuso sexual como sus perpetradores.
Al menos 14 soldados franceses participaban en la Operación Sangaris, desplegada por París para apoyar a la Misión de Mantenimiento de la Paz en la República Centroafricana, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 5 de diciembre de 2013 a fin de evitar un “genocidio” a raíz de los enfrentamientos entre milicias cristianas y musulmanas.
El 23 de julio siguiente Kompass aprovechó que el Consejo de Derechos Humanos sostenía en Ginebra una reunión sobre los territorios palestinos ocupados para acercarse al embajador francés ante la ONU, Nicolas Niemtchinow, y le platicó del reporte. Luego informó de esta charla a Flavia Pansieri, directora adjunta del ACNUDH.
A finales de ese mes, la misión permanente de Francia en Ginebra le pidió el reporte. Le aseguró que mantendría la confidencialidad del documento y protegería a las personas involucradas.
El sueco sacó fotocopias del reporte y las entregó a la misión francesa. El 7 de agosto siguiente las envió por correo electrónico a Pansieri, cuya asistente las transfirió a la oficina del secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon. Así pareció cerrarse el caso.
Sin embargo, a finales de octubre de 2014 las autoridades francesas contactaron al ACNUDH y le pidieron que levantara la inmunidad a la empleada que había recogido los testimonios, con el fin de entrevistarla.
El organismo se negó, pero aceptó que las autoridades francesas enviaran un cuestionario por escrito. Según el diario Le Monde, no fue sino hasta el 29 de abril de este año cuando la justicia francesa recibió la respuesta. Ya antes, en noviembre de 2014, ésta había pedido a la ACNUDH compartir con ella los avances de la indagación.
La intromisión de la justicia francesa en los secretos militares de la ONU no complació al secretario adjunto del Departamento de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el francés Hervé Ladsous, quién solicitó al titular de la ACNUDH, Zeid bin Ra’ad, forzar al sueco a presentar su dimisión.
En marzo pasado, Pansieri explicó la situación a Kompass. Sorprendido, éste se negó a renunciar.
Práctica sistemática
A posteriori, Kompass explicó que entregó el reporte a la justicia francesa para presionar al gobierno de este país y acelerar la investigación sobre los abusos cometidos por sus soldados.
Un informe elaborado por expertos en noviembre de 2013 a petición de las Naciones Unidas hace pensar que Kompass tuvo razón en recurrir de manera directa a las autoridades francesas en vez de confiar en los mecanismos internos de la ONU para investigar y castigar a los violadores.
En el documento –elaborado a raíz de visitas a las misiones de mantenimiento de paz de la ONU en Congo, Haití, Liberia y Sudán del Sur– los expertos sostuvieron que los abusos sexuales se cometen de manera sistemática durante las misiones y sus responsables gozan de total impunidad debido a la protección que les proporciona el silencio cómplice de los funcionarios de la ACNUDH, cuya sede está en Nueva York.
Según el informe, al ser desplegados en zonas de conflicto y en situaciones de emergencia humanitaria, donde ya suelen ocurrir violaciones y abusos sexuales, ciertos soldados, provenientes de distintos países, aprovechan las necesidades de las poblaciones más vulnerables para abusar de ellas.
Los expertos subrayaron que las violaciones se agravan cuando los militares se sienten superiores a las habitantes del país al cual acuden, ya sea por un asunto de género, por condiciones socioeconómicas o por mero racismo.
Los expertos aseveraron que prácticamente no se reportan los casos de abusos sexuales debido, entre otros factores, a debilidades estructurales y falta de voluntad de las instituciones castrenses, las cuales suelen ser reacias a investigar a sus integrantes y en cuyo seno existe el consenso tácito de que “la sexualidad masculina es extremadamente difícil de controlar”.
Denunciaron, por ejemplo, la ausencia de una capacitación de calidad para evitar abusos sexuales, la falta de comunicación entre las agencias que participan en las misiones, el rechazo por parte de los militares a entregar información respecto del mal uso de la fuerza y de manera más general, repudiaron la “cultura del silencio” alimentada por “el cuidado extremo” para los derechos del acusado en contraste con la escasa atención que les merecen los derechos de las víctimas.
Asimismo subrayaron “los largos plazos, así como los estándares de pruebas poco realistas” que exigen las oficinas de Nueva York para efectivamente atraer los casos e investigarlos.
Los expertos concluyeron que “la impunidad es más la norma que la excepción” en los casos de abusos sexuales perpetrados por cascos azules.
“Mala conducta”
El pasado 24 de marzo, Bin Ra’ad y Pansieri se reunieron con los jefes de las oficinas de Control Interno y la de Ética de la ACNUDH. Al terminar dicha reunión, Pansieri pidió a Kompass que redactara una carta para detallar la forma en la cual manejó el reporte. Preocupado, éste preguntó al jefe de la Oficina de Ética, Joan Dubinsky, la razón de esta solicitud.
Un asistente le contestó que no existía investigación en su contra ni razón alguna por la cual preocuparse.
Sin embargo, apenas tres semanas después, el pasado 17 de abril, Kompass recibió un memorando de la División Administrativa de la ONU en Ginebra que le informó que “la ACNUDH requirió una investigación por alegatos de mala conducta contra usted y recomendó su licencia administrativa con pago entero durante el tiempo de la investigación”.
En el memorando, la ACNUDH justificó la suspensión al aseverar que así “se preservarán todas las evidencias y se evitará cualquier interferencia con la investigación”.
Kompass apeló la decisión ante el tribunal de las Naciones Unidas. La calificó de “una medida disciplinaria disfrazada, o un castigo impuesto por la ACNUDH” a raíz de su rechazo a renunciar.
La historia del reporte y de la sanción contra Kompass se mantuvieron en secreto hasta que el 19 de abril, dos días después de la suspensión del sueco, el periódico británico The Guardian reveló partes del reporte –el cual “detalla la violación y la sodomía de niños hambrientos y sin hogar por parte de soldados franceses de mantenimiento de la paz, quienes supuestamente los protegían en un centro de desplazados internos en Bangui”– e informó sobre las sanciones contra Kompass.
La publicación del reportaje provocó un escándalo en Francia, donde ese mismo día el presidente Francois Hollande aumentó en 3 mil 800 millones de euros (unos 64 mil millones de pesos) el presupuesto del Ministerio de la Defensa para el periodo 2016-2019.
Los medios galos expresaron su indignación por el hecho de que un periódico británico revelara las malas conductas del ejército francés, pese a que la justicia de Francia sabía del caso desde julio de 2014. Sin embargo, manejaron con cierta reserva el tema de las violaciones, otorgando la presunción de inocencia a los soldados.
El 30 de abril Hollande se mostró firme ante las cámaras de televisión y declaró que “si algunos soldados se han portado mal, no tendré piedad”.
Los voceros de la institución castrense, por su parte, multiplicaron las conferencias de prensa para insistir en que el gobierno “no escondió nada” y que aplicarán una política de “cero tolerancia”.
A escala internacional el caso de la sanción disciplinaria contra Kompass atrajo más atención que las violaciones sexuales, sobre todo cuando el vocero adjunto de Ban Ki-Moon, Farhan Haq, afirmó que Kompass no se podía definir como un “lanzador de alertas”.
A través de su representante en Ginebra, la diplomacia sueca envió una notificación a la ACNUDH para exigir la reincorporación de Kompass a su empleo y aseveró que “no sería bueno que la ACNUDH lo obligara a renunciar”.
Distintas organizaciones de la sociedad civil, como Aids Free World –la cual supuestamente entregó una copia del reporte a The Guardian–, hicieron llamados en el mismo sentido, denunciando que la supuesta intención de la ONU había sido “enterrar el informe”, como ha ocurrido en casos anteriores.
Preguntado sobre el caso durante una sesión de la ACNUDH el viernes 8, Bin Ra’ad aseveró que el organismo “se enfocó de manera exclusiva en cuestiones de procedimiento” para sancionar a Kompass, pero expresó en distintas ocasiones su “sorpresa” ante la decisión de Ladsous de castigar al sueco.
Asimismo insistió en que en realidad los soldados franceses se encontraban en el campo como integrantes de la Operación Sangaris –“bajo sus propias cadenas de mando militar”– y no bajo la administración directa de la ONU.
“No entiendo, no tiene sentido: ¿Por qué el titular del mantenimiento de la paz (Ladsous) elevó un problema que no involucraba a una operación de mantenimiento de la paz? No sé, de verdad no sé. Me sorprendió”, abundó Bin Ra’ad.
El día anterior a la sesión, un reportero de Inter City Press preguntó a Ladsous, quien caminaba a paso acelerado, por qué había solicitado el despido de Kompass. Visiblemente enojado, éste se dio la vuelta y contestó: “Lo niego”.
Juicio interno
A partir del 29 de abril los miembros del tribunal de la ONU analizaron la sanción disciplinaria contra Kompass. Lo anterior quedó plasmado en un documento, cuya copia obtuvo Proceso.
La ACNUDH acusó a Kompass de “filtrar notas preliminares” de la investigación, las cuales eran “confidenciales” y donde hay “nombres y otras informaciones que permiten identificar a los niños que alegaron ser víctimas de violaciones sexuales, así como a los integrantes del equipo que condujo las entrevistas y quienes resultan ser testigos visuales claves para la investigación”.
Por su parte, el sueco afirmó que “nunca negó haber compartido una copia del reporte con las autoridades francesas” y siempre fue “muy transparente respecto de sus acciones”. Asimismo esgrimió el argumento de sus 30 años al servicio de la ONU, la cual lo describe como un empleado “reconocido por sus competencias y su integridad”.
El martes 5 el juez Thomas Laker afirmó que “no existe ninguna evidencia según la cual (Kompass) tuvo la intención de destruir pruebas” y concluyó que “existen dudas serias sobre la legalidad de la decisión (de suspenderlo)”, por lo cual obligó a su oficina en Ginebra a levantar la sanción.
