El empresario Roberto Alcántara se dijo víctima de una extorsión, en la cual algunas personas se hicieron pasar por funcionarios priistas y le pidieron fuertes cantidades, que él entregó. Cuando aparentemente se dio cuenta del engaño, denunció a “quien resulte responsable”, luego de que el PRI hiciera lo propio. Pero inexplicablemente ambos se retractaron de sus demandas y el asunto quedó en el limbo, aunque poco después el magnate del transporte se benefició con un contrato para encargarse del cobro de peaje en las carreteras de Capufe.
El empresario transportista Roberto Alcántara Rojas entregó al menos 20 millones de pesos para supuestas actividades propagandísticas del PRI en 2013, meses antes de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en una cuestionada licitación, le entregara el cobro de peaje de la red carretera de Caminos y Puentes Federales (Capufe) para lo que resta del sexenio.
A través de una de sus empresas, Alcántara empezó a entregar el dinero en junio de 2013, durante la campaña priista por el gobierno de Baja California, y siguió enviando recursos aun después de que el candidato del PRI, Fernando Castro Trenti, perdiera las elecciones un mes después.
El dinero fue gestionado por Felipe Jesús Silva Magaña, quien se ostentó como apoderado legal de Asesoría Profesional de Autotransporte (APASA), propiedad de Alcántara, luego de que los recursos fueran solicitados a nombre del presidente del PRI, César Camacho Quiroz.
Según el PRI, desde marzo de ese año, tres meses y medio antes de las elecciones en Baja California, ya había detectado que distintos empresarios estaban siendo extorsionados en su nombre y el 21 de ese mes presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR). APASA hizo lo mismo pero el 23 de octubre siguiente; es decir, siete meses después.
La PGR integró la denuncia y luego delegó el caso en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) con el argumento de que era del fuero común, a pesar del delito electoral que supone la entrega de recursos de una empresa mercantil a un partido político o de una posible extorsión de la delincuencia organizada. La PGR, entonces a cargo de Jesús Murillo Karam, detuvo a tres personas, pese a que el expediente ya estaba en la PGJDF.
Quienes se presentaron como agraviados, el PRI y APASA, no fueron más allá de interponer sus respectivas denuncias. Los directivos priistas presentaron una querella “contra quien resulte responsable”, deslindándose de cualquier pedido de dinero a empresarios o particulares; cuando fueron llamados a declarar por la denuncia de la empresa de Alcántara sólo dijeron que hubo usurpación de los nombres del presidente y el de su secretario particular.
En el caso de APASA, sus ejecutivos de plano evitaron seguir el proceso penal abierto por ellos mismos, también “contra quien resulte responsable”. Sin embargo, se ampararon contra las multas, apercibimientos y arrestos por no presentarse a declarar. Más aún, el propio Ministerio Público se desistió para que Roberto Salcedo Robles, representante legal de APASA y quien firmó la querella, fuera a declarar.
Proceso solicitó la versión de APASA, pero la empresa evitó hacer declaraciones. Sin embargo, dos días después de la petición, el PRI publicó un desplegado sobre el tema en el diario La Jornada.
El pasado sábado 11 de abril el CEN del PRI publicó un mensaje “a la opinión pública” para prevenir a sus militantes, simpatizantes y ciudadanía en general de ser sorprendidos en el actual contexto electoral “por personas inescrupulosas que, usando falsamente el nombre de esta institución o de alguno de sus dirigentes, les pidan o exijan recursos para supuestas actividades políticas”.
El PRI no utiliza estas prácticas para obtener recursos, dice, y refiere la demanda que puso en 2013. En lo que da como cosa juzgada, asegura que como resultado hay “personas que hoy ya se encuentran privadas de su libertad”.
Querella inconclusa
Pero el caso está lejos de estar aclarado. Siguen libres quienes intervinieron en la transferencia de recursos de una de las empresas de Alcántara al PRI y quienes se alegan como estafados ni siquiera siguieron el juicio.
La denuncia de APASA fue interpuesta por Salcedo Robles, uno de los principales hombres de confianza de Alcántara. Además de representante legal de esa empresa, es presidente de Telepeaje Dinámico, la firma creada el año pasado luego de que un consorcio encabezado por otra empresa de Alcántara, Inversionistas en Autotransportes Mexicanos, obtuviera del gobierno de Peña Nieto tres contratos por 4 mil millones de pesos.
Los contratos, vigentes hasta el fin de la actual administración, son para mejorar y ampliar el cobro de peaje que hace Capufe (Proceso 1974).
Descendiente del grupo político-empresarial Atlacomulco, al igual que Peña Nieto, Alcántara también es dueño de la empresa VivaAerobús; y de nueva cuenta quedó atrapado en su relación con el PRI, del cual en 2003 fue responsable de la comisión de Administración y Programación Económica del CEN, entonces presidido por Roberto Madrazo, candidato presidencial en 2006.
Ni la PGR ni la PGJDF profundizaron en las investigaciones de la alegada extorsión. La primera evitó investigar si se violó el artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos, que prohíbe expresamente las aportaciones o donativos a los partidos políticos por parte de las empresas.
La ley dice que “bajo ninguna circunstancia” los partidos, aspirantes, precandidatos o candidatos pueden recibir aportaciones o donativos en dinero o en especie. La disposición se refiere en específico a las personas morales, que tampoco podrán ocultar sus contribuciones a través de terceros.
El Ministerio Público también limitó sus actuaciones y sólo procedió contra las tres personas detenidas por la PGR: dos de los operadores del supuesto fraude, Gabriel Valenzuela Tirado y Benito Juárez Pacheco, así como una empresaria de Tijuana, Lucila Rodríguez Franco, quien también fue víctima de la trama.
Propietaria de la agencia Viajes Olas Altas, en Tijuana, Baja California, Rodríguez Franco, de 67 años, fue condenada el martes 13 a nueve años y dos meses de prisión. Fue detenida en la ciudad fronteriza por 10 agentes federales ministeriales de la PGR, pese a que ésta ya había cedido el caso a la PGJDF.
Los federales la detuvieron el 13 de febrero de 2014, un día después de que se liberara la orden de aprehensión, aunque ésta fue emitida por un juez del Distrito Federal y pese a que los agentes estaban en Tijuana desde una semana antes.
La agencia de viajes fue contactada por Felipe Jesús Silva Magaña en su supuesta condición de apoderado legal de APASA y al mismo tiempo como promotor artístico y dueño de la empresa Show en Vivo.
Implicado en el escándalo del llamado clan Trevi-Andrade –caso de corrupción de menores y prostitución a fines de los noventa–, Silva Magaña gestionó los recursos de APASA para la compra de boletos de avión y hospedaje a la agencia Viajes Olas Altas a favor de cantantes y comediantes populares que se presentaron en Tijuana en 2013.
Durante la integración de la causa penal abierta por la denuncia de APASA, la agencia de viajes ha demostrado que de los 20 millones 566 mil 800 pesos desembolsados por la empresa para supuestas actividades del PRI, sólo recibió dos millones y medio de pesos. Viajes Olas Altas ha comprobado que ese dinero se usó para comprar boletos de avión de varios artistas, entre ellos el bailador español Joaquín Cortés, el grupo argentino Enanitos Verdes, el grupo español Jarabe de Palo y el cantante Cristian Castro.
Además, de las ocho transferencias hechas por APASA supuestamente a favor del PRI que son mencionadas en la causa penal 21/2014, sólo dos –que representan la tercera parte de los recursos– fueron señaladas por la empresa de Alcántara como resultado de una extorsión.
Según la denuncia de Salcedo Robles, en junio de 2013 recibió la indicación de Alcántara, presidente del Consejo de Administración de APASA, de depositar 522 mil pesos de los fondos de la empresa a la agencia de viajes, luego de decirle que había hablado con Camacho Quiroz. Ese dinero estaba destinado a los pasajes y el hotel del equipo de Joaquín Cortés.
Pasadas las elecciones, durante septiembre se hicieron distintos depósitos para supuesta “publicidad diversa” del PRI. El primero fue el día 3. En la causa penal se señala que ese día Salcedo Robles “recibió la instrucción por parte del testigo Roberto Alcántara Rojas de atender una llamada de Camacho Quiroz y atender sus requerimientos”.
Ese mismo día, añade, el ahora director de Telepeaje Dinámico “recibió una llamada de quien se identificó como César Camacho Quiroz, comunicación en la que le manifestó que había obtenido la autorización del testigo Roberto Alcántara Rojas para practicar diversos depósitos a diversas empresas, para gastos internos del partido, por lo que le indicó que le enviara vía correo electrónico los datos de las referencias bancarias correspondientes”.
Precisa que a las 12:55 horas de ese día llegó a la cuenta personal de Salcedo un correo electrónico de José Alberto Gomezmit Arce, “coordinador general de asuntos internos del CEN del PRI”, con copia a César Camacho, y que por supuestas instrucciones de éste se hiciera un depósito por 986 mil pesos a Viajes Olas Altas.
Para cumplir con el requerimiento, “el denunciante Roberto Salcedo Robles le indicó al contador de APASA, Arturo Simón Morgado, que vía internet procediera a realizar la transferencia bancaria”, la que se hizo minutos después. Lo mismo se hizo otras seis veces hasta alcanzar la cantidad de 20 millones 566 mil 800 pesos.
Sin embargo, en la causa penal el entonces juez de lo 55 penal en el DF, Luis Alberto Rocha Priego, acreditó que sólo en las dos últimas transferencias Salcedo fue obligado a hacerlo, aunque evitó indicar la manera en que habría ocurrido la extorsión. Sólo menciona que Salcedo había sido engañado.
El eslabón más débil
En febrero de 2014, Rocha Priego dictó auto de formal prisión contra los tres detenidos porque aseguró haber verificado “la artimaña de la que fue objeto el denunciante Roberto Salcedo Robles, así como el testigo Roberto Alcántara Rojas, presidente del consejo de la empresa con razón social Asesoría Profesional al Transporte, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la que uno de los agentes de la conducta penalmente relevante se hizo pasar por el presidente del Partido Revolucionario Institucional, doctor César Camacho Quiroz, lo que derivó en la merma patrimonial” de APASA.
La mayor parte del dinero se transfirió a las cuentas personales de Gabriel Valenzuela Tirado y de Benito Juárez Pacheco, quienes también están detenidos y cuya defensa inicial fue pagada por Silva Magaña. Ambos han declarado que no conocían a la dueña de la agencia de viajes.
Para contratar los servicios de Viajes Olas Altas, Silva Magaña se presentó con un supuesto poder legal de APASA. Silva operó la compra de boletos con la vendedora de la agencia de viajes Leticia Salinas, quien después de la detención de su jefa renunció a la empresa.
De acuerdo con el documento que presentó Silva Magaña a la agencia de viajes, y que era resguardado por Leticia Salinas, fue acreditado el 11 de julio de 2012, ante el notario público 66 del Distrito Federal, como uno de los apoderados de APASA por el administrador único de la empresa, Isidro Escudero Martínez. Según esa constancia, identificada con el número 42579, del libro 623, Silva Magaña recibió poder para representar judicial y extrajudicialmente a la empresa de Roberto Alcántara.
Sin embargo, Silva Magaña ni siquiera ha sido detenido porque el Ministerio Público asegura no haberlo localizado. Tampoco ha sido detenido quien se identificó como José Alberto Gomezmit Arce ni ninguna otra persona que se ostentó como funcionaria del PRI.
Iniciada la demanda, Roberto Salcedo no siguió más el caso y ante los requerimientos judiciales para aportar más pruebas y responder a los cuestionamientos de la defensa de la dueña de la agencia de viajes, interpuso diversos amparos incluso contra las multas y una orden de arresto que se le impusieron. Finalmente, se desistió como representante legal de APASA y recibió la gracia del Ministerio Público para no presentarse a declarar.
Ante ello, la defensa de Rodríguez Franco tuvo que renunciar a la declaración ministerial de Alcántara. “No tenía caso porque lo único que iba a pasar era que se retrasara el proceso contra mi defendida”, dice en entrevista el abogado litigante Moisés Segovia.
El único que declaró fue el contador de APASA y responsable de las transferencias, Antonio Simón Morgado, quien después de numerosos citatorios sólo repitió ante el Ministerio Público los términos de la denuncia de Salcedo y que sólo hasta la última entrega del dinero fue informado por éste que habían sido engañados. Según su declaración, no supo quiénes se beneficiaron con los montos porque no tiene facultades para cuestionar las órdenes que le dan, además de que la empresa “borra los correos internos”.
El PRI tampoco aportó nada. Para dictar la formal prisión de los acusados, el juez sólo retomó, como “apoyo circunstancial”, la querella que el partido presentó ante la PGR en marzo de 2013, siete meses antes de la denuncia de APASA.
La querella del PRI fue presentada por la entonces consejera jurídica del CEN, Martha Sofía Tamayo Morales. Exsenadora y actual candidata a diputada federal por Sinaloa, Tamayo aseguró que varias personas se estaban haciendo pasar como funcionarios del PRI para pedir dinero a empresas.
Identificó a Alberto Zuriana Cano, supuesto coordinador general de asuntos internos del PRI, como uno de los que pedían dinero usando el nombre de César Camacho, para pagar al proveedor Pro Multimedios por la supuesta campaña “XXI Transformando a México”. También señaló a José Antonio Lira, quien se presentaba como “secretario general del XXI PRI”. Ninguno de esos dos cargos ni la campaña son ciertos, aseguró Tamayo.
El PRI también presentó, a través de su secretario de Comunicación Institucional, Alfonso Camacho Martínez, un escrito de Felipe Chao, vicepresidente de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de MVS Comunicaciones, en la cual el presidente del Consejo de Administración de esa empresa, Ernesto Vargas Guajardo, hacía ver que él también recibió una llamada de Zuriana Cano en la que le pidió dos millones y medio de pesos para el pago a Pro Multimedios por esa misma supuesta campaña.
Moisés Segovia considera que si el Ministerio Público de la PGR hubiera hecho una verdadera investigación se sabría quiénes cometieron el alegado fraude o si en efecto se trató de una extorsión. En lugar de ello, se fueron contra mi defendida, la señora Lucila Rodríguez Franco, de casi 70 años y a quien le han negado la prisión domiciliaria a pesar de padecer problemas de columna.
