La represión, el acarreo y el clientelismo practicados por el gobernador Graco Ramírez para imponer varios megaproyectos energéticos, extractivos e industriales agrupados en Proyecto Integral Morelos (PIM) han motivado una serie de movilizaciones campesinas. Aunque varias han sido disipadas por fuerzas estatales y federales, crece la oposición a esas obras “de destrucción y muerte”, como las llama un nieto de Emiliano Zapata, Jorge, quien, luego de que un hijo suyo fue baleado, advierte: “Aquí vivimos y aquí nos vamos a morir, pero no a lo tonto…”.
PLAN DE AYALA, Mor.- La noche del 2 de abril, el abogado Uri Olivares Adame transitaba en su vehículo por la ampliación del camino a Jiutepec. Iba acompañado por un bisnieto del caudillo revolucionario Emiliano Zapata cuando, desde dos camionetas tipo todoterreno, los atacaron a tiros.
Eran como las 20:30 horas, y Olivares distinguió que desde los vehículos se alistaban a disparar, por lo que aumentó la velocidad mientras destrozaban la parte trasera de su Jetta. No frenó ni cuando una bala lo impactó muy cerca de la nuca. Su acompañante resultó ileso.
Hasta el 10 de abril, Olivares Adame, quien es abogado de Jorge Zapata González –nieto del caudillo y padre del joven que libró el ataque, a quien pidió no identificar–, permaneció hospitalizado y las semanas siguientes estuvo en recuperación. La bala entró y salió, perforándole el músculo del cuello, muy cerca de puntos vitales.
Para Jorge Zapata, “el pleito está declarado” por el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu contra los pueblos que en varias zonas de Morelos se oponen a megaproyectos energéticos, extractivos e industriales.
“Son megaproyectos de destrucción, de muerte”, sentencia.
Organizaciones campesinas y líderes comunitarios responsabilizan al mandatario de imponer esas obras para favorecer a grandes trasnacionales practicando clientelismo y represión. Desde 2014, la resistencia a los megaproyectos se unió a la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos (APPM) para mantener su lucha.
Ya el 23 de octubre de 2012, tres semanas después de que Graco asumió la gubernatura, un contingente de 300 policías arribó a las inmediaciones de Huexca, comunidad nahua de Yecapixtla, para desalojar a las campesinas que desde hacía meses impedían el paso de maquinaria con que la empresa española Abengoa quería iniciar la edificación de una termoeléctrica.
La obra forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ideado en el gobierno de Felipe Calderón, quien esperaba inaugurarla en su sexenio. La movilización en Huexca lo frenó.
El PIM se propone construir dos termoeléctricas de ciclo combinado en Huexca dentro de un predio de 50 hectáreas. La primera planta está por terminarse. Para alimentar las termoeléctricas se planeó construir un gasoducto (de 30 pulgadas de diámetro por 150 kilómetros de largo) a partir de la refinería de San Martín Texmelucan, Puebla, atravesando unas 60 comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos, además de rodear el Popocatépetl por la zona de alta peligrosidad.
Del mismo modo, se proyecta una línea eléctrica para conducir la energía a una subestación ubicada en Yautepec, Morelos. También se requiere un acueducto de 20 pulgadas de diámetro y 20 kilómetros de longitud que iría de Plan de Ayala a Huexca. En la segunda etapa se prevé una línea de transmisión que rodearía Toluca para llegar a Querétaro (Proceso 1870).
Todavía en 2014, los campesinos que dependen del río Cuautla dudaban que el gobierno pudiera entregar el agua. Inclusive, Zapata aceptó una mesa de diálogo con el gobierno estatal en febrero de ese año.
En entrevista con Proceso, Zapata afirma que aceptaron la mesa porque les preocupaba el agua del río Cuautla. Mas cuando conocieron los estudios de impacto ambiental y la experiencia de otros lugares del mundo decidieron resistir todo el PIM, “la madre de todos los megaproyectos” en la entidad.
Según Zapata, el acueducto se basó en un cálculo falso, que contempló un caudal de 8 mil litros de agua por segundo, aunque el río lleva únicamente 630 litros por segundo. La primera termoeléctrica requeriría 580 litros, dejando sólo 50 litros para abasto y riego de 19 ejidos y siete pequeñas propiedades, equivalentes a 10 mil 800 hectáreas de tierra productiva, con mil 200 usuarios. Lo anterior, sumado a un alto grado de contaminación.
Sus datos están basados en el propio Manifiesto de Impacto Ambiental de la CFE. Ahí, en el Capítulo II, se enlistan las sustancias químicas a emplear en el tratamiento de agua, como hipoclorito de sodio, ácido sulfúrico, biodispersantes y antiespumantes. La consecuencia, dice Zapata, serán cosechas pobres con hojas amarillentas y plantas débiles, por desmineralización; gas cloro que producirá lluvia ácida y que, en una explosión, dañaría al menos 14 kilómetros a la redonda.
En agosto de 2013 el Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Morelos, concedió la suspensión provisional que demandaron los ejidatarios de Anenecuilco, a través del juicio de amparo 1248/2013. No obstante, el pasado 18 de marzo policías estatales y federales, al igual que soldados, llegaron a San Pedro Apatlaco con el fin de proteger a trabajadores y la maquinaria de la empresa Tubomex, subcontratada por Abengoa para terminar el acueducto. Desde esa fecha, habitantes de la comunidad de Anenecuilco tienen un campamento para evitar el avance.
En los días siguientes, el abogado Uri Olivares tramitaba el incidente de inejecución de sentencia por la violación del amparo cometida por la CFE, el gobierno municipal y el estatal, que intentaron continuar la obra.
En las 48 horas previas al 2 de abril –fecha en que tirotearon al abogado y al hijo de Jorge Zapata– se habían girado las órdenes judiciales para requerir los informes a las diferentes autoridades y cuerpos de seguridad implicados en los hechos del 18 de marzo.
Presiones y represiones de Graco
Las sanciones por inejecución del amparo de Anenecuilco afectan, entre otros, al ayuntamiento de Ayala, donde era alcalde el panista Manuel Tablas Pimentel.
–¿Tienen hostigamiento del crimen organizado? –se pregunta a Zapata.
–No. Y si lo hubiera, sería por el mismo gobierno –ataja.
Para Samantha César, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTAMPT), hay una estrategia generalizada en la que participan funcionarios públicos y grupos cooptados por el gobierno estatal para dividir a las comunidades mediante ayudantías municipales, comisariados ejidales y una figura de consejos ciudadanos, a los que describe como grupos de choque.
Ese tipo de consejos ciudadanos son los que aprueban y firman autorizaciones comunales sin dar parte a los habitantes de los diversos pueblos que, cuando generan movilizaciones, se ven hostigados. Entonces deviene el enfrentamiento, y así se legitima el uso de las policías y el Ejército.
Luego del mencionado desalojo de 2012, el FPDTAMPT ha denunciado agresiones, torturas, secuestros y amenazas, aparte de que varios de sus dirigentes fueron encarcelados en Morelos y Puebla.
El 4 de diciembre de 2012 se desalojó el plantón en Jantetelco, Morelos, que protestaba contra el ayuntamiento por autorizar el gasoducto sin acuerdo de la asamblea. Detuvieron a Jaime Domínguez y a dos personas más.
En San Gabriel Tepepa los colonos se reunieron para impedir el avance del acueducto, pero el 19 de septiembre de 2013 la Policía Estatal desalojó y detuvo otra vez a Domínguez, quien fue torturado; dos días después consiguió su libertad.
En Puebla, el gobernador Rafael Moreno Valle incurría en las mismas prácticas. Igualmente opositora al PIM, Enedina Vélez, presidenta del comisariado ejidal de San Felipe Xonacayucan –a quien se le imputó el delito de robo aunque no había denunciantes–, fue encarcelada el 6 de abril de 2014, y el día 9 se detuvo en la capital poblana a Juan Carlos Flores Solís, cuando salía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, luego de interponer una queja por la detención de Enedina.
Integrante del FPDTAMPT, con influencia en la zona cholulteca, Flores Solís asesoró al movimiento contra el PIM y, para agosto de 2012, tenía numerosos documentos técnicos. Asimismo, invitó a investigadores de universidades de México y el extranjero que reprobaban el PIM.
Mientras tanto, la empresa italiana Bonatti avanzó en el gasoducto, que hasta ahora sigue seccionado pues sólo atraviesa las comunidades que no opusieron resistencia; en las otras sigue el hostigamiento.
La escalada de Puebla parecía coordinada con Morelos. El 13 de abril de 2014, a Amilcingo, Morelos, comunidad limítrofe con Puebla, arribaron contingentes policiales disparando al aire y lanzando gases lacrimógenos. Días antes Aarón Aguilar había sido secuestrado por unas horas.
En esa fecha Aarón fue uno de los cinco detenidos, pero sólo a él lo retuvieron tres días “por haber dado hospedaje” en fechas anteriores a Juan Carlos Flores, según la versión oficial. A las 14:00 horas, los policías intentaron entrar a la comunidad, donde hubo dos choques.
Los habitantes, armados con herramientas de cultivo y piedras, oían resonar los tiros de la policía. El gobierno de Morelos aseguró ese día que no empleó armas, pero Julio Solís Barranco recibió tres balazos en una pierna.
El 28 de abril siguiente, funcionarios estatales, custodiados por 40 patrullas y una sección militar, llegaron a Amilcingo para supervisar obras. Iban acompañados de Humberto Sandoval, dirigente de la Central Campesina Cardenista, identificada por la APPM como corporativo perredista que integra asambleas con acarreados en las comunidades y genera confrontaciones.
Según Samantha César, ese día les quedó claro que la oferta de obras pretende convencer a las poblaciones de aceptar los megaproyectos. Detrás de las tácticas de clientelismo y represión, siempre estuvo Jorge Messeguer, el secretario de Gobierno y el subsecretario, Ricardo Robledo, acusa.
Zapata recuerda que el gobernador Graco Ramírez ofreció mil millones de pesos para el campo, incluyendo presas y canales, para los que no habrá agua si persisten en imponer el PIM.
Como el ayuntamiento de Ayala autorizó el acueducto, Jorge Zapata y un grupo de campesinos tomaron la Presidencia Municipal el martes 12 con la exigencia de que se revierta la autorización. Ahí permanecían hasta el cierre de esta edición, pese a la promesa del alcalde interino de oponerse al PIM.
Respecto al alcalde Tablas, hoy es candidato del PAN a diputado, mientras que Messeguer es postulado por el PRD a la alcaldía de Cuernavaca.
La raíz de todo
Desde el desalojo de Huexca en 2012, la autopista La Pera-Cuautla y la Siglo XXI tienen patrullaje permanente. Entre la maleza del bosque suelen ocultarse patrullas en vigilancia, mientras caravanas policiacas recorren las vías, pasando frente a los pueblos con oposición al PIM y a proyectos carreteros.
El 23 de julio de 2013, policías estatales y federales atacaron un campamento ciudadano que quería evitar la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla. La zona está protegida por dos decretos presidenciales.
El 26 de mayo de 2014 los trabajos quedaron suspendidos por orden del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, ya que los ejidatarios presentaron el recurso de revisión 17/2014. En respuesta, la PGR abrió una averiguación previa contra Humberto Ayala, Uriel Garrido, Fulgencio Medina, Lino Palacios, Lázaro Rodríguez Castañeda, Lilia Villamil Ayala y Manuel José Contreras, integrantes del Frente en Defensa de Tepoztlán.
En Tepoztlán, la consulta ciudadana se realizó igual que en otras partes: prácticas clientelares, compra de votos y acarreo de otras comunidades. Luego, uso de policías contra inconformes.
En todos los proyectos prevalece la falta de información y de consulta, afirma Saúl Roque, comunero de Xoxocotla, pueblo del suroriente de Morelos, donde encabezó la resistencia contra la instalación de la minera canadiense Esperanza Silver. En las comunidades nunca se realizó consulta, y aunque la concesión se otorgó 10 años atrás, ahí se enteraron apenas en 2013.
La concesión es para explorar 15 mil hectáreas, en cuyo perímetro se ubica la zona arqueológica de Xochicalco, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. La minera se vio obligada a desistir ante las movilizaciones, pero transfirió su concesión a la también canadiense Álamos Gold.
Mediante la compra de comisariados y dádivas en las poblaciones, Álamos Gold intenta implementar un proceso extractivo a cielo abierto y lixiviación que, por contaminante, es rechazado por expertos (Proceso 1915).
Saúl Roque afirma que ese megaproyecto minero impactaría Temixco, Xochitepec y Miacatlán; provocaría un daño irreversible a los lagos de Coacatelco, el Rodeo y Tequesquitengo, destruyendo tanto el cultivo como la actividad turística de bajo impacto de la zona, repleta de balnearios. Por si fuera poco, dañaría las cuencas hidrológicas que abastecen al estado.
Para Roque, el fondo de todo es el PIM, pues sostiene que de ahí abastecerán a las mineras y conformarán el anunciado nuevo parque industrial de Yecapixtla, para lo cual necesitan las autopistas y un basurero en Anenecuilco.
–Si el PIM, las minas y las carreteras son federales, ¿por qué acusan a Graco Ramírez? –se les pregunta.
–Son todos, por corruptos y alcahuetes. El gobierno de Peña Nieto sabe lo que sucede y nos manda a la Policía Federal. Pero el que opera todo es Graco. A nosotros nos han dicho que su hijo (se refiere a Rodrigo Gayosso Cepeda, hijo de la primera dama Helena Cepeda y líder del PRD en la entidad) tiene intereses en Abengoa, pero no lo podemos comprobar –responde Zapata.
“Todos los que están al frente de ese megaproyecto van a agarrar talegas de dinero y se van a ir a otro país, pero nosotros aquí nacimos, aquí vivimos y aquí nos vamos a morir, pero no a lo tonto; y si nos va la vida en el intento, lo tenemos que hacer”, concluye.
