El hospital regional Valentín Gómez Farías, ubicado en Zapopan, se distingue más por los ilícitos laborales y administrativos que por la atención a los derechohabientes del ISSSTE. Varios empleados y personal que ya no trabaja ahí exponen los desatinos, negligencia y usos políticos de algunos directivos, incluido el delegado del instituto en Jalisco, Javier Galván Guerrero, y la responsable del Órgano Interno de Control, Rosa Leticia Rojas Uribe.
El Hospital Regional Valentín Gómez Farías del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es un desastre, comentan empleados y extrabajadores del nosocomio ubicado en Zapopan.
Ahí, dicen, la entrega de plazas es fraudulenta, pues gran parte del personal no realiza exámenes de ingreso como lo marca la norma; con frecuencia desaparece o se extravía el equipo clínico; nadie sabe, por ejemplo, dónde quedó una máquina de rayos X valuada en 1 millón de pesos ni las seis ambulancias que fueron donadas al hospital.
También se quejan de “la nulidad” con la que opera el Órgano Interno de Control (OIC), encabezado por Rosa Leticia Rojas Uribe, quien suele decir al personal que su función no es sancionar, sino sólo “corregir las cosas que están mal y son denunciadas”.
Eso sí, insisten, la funcionaria no se pierde los festejos que se organizan en instalaciones oficiales en horas de trabajo, como el cumpleaños del subdelegado Marco Vinicio Rodríguez Quintero, que se realizó en el comedor del ISSSTE ubicado en avenida Alcalde, justo frente al despacho de Rojas Uribe (Proceso Jalisco 541).
Con respecto a la desaparición del aparato de rayos X, ocurrido en 2012, los inconformes sostienen que fue donado al ISSSTE de Coahuila, pero el aparato “se perdió en el recorrido entre Guadalajara y Torreón”. Peor aún, ninguna autoridad dio seguimiento al caso.
Según los documentos consultados por Proceso Jalisco, en particular un oficio fechado el 11 de marzo de 2011, el entonces subdirector administrativo del ISSSTE Jalisco, Carlos Alberto Vargas Mendoza, solicitó al área de Control de Bienes Muebles (escrito 034-203/SAO222/2011) iniciar los trámites necesarios para la entrega en donación de ese equipo de rayos X.
Quince meses después, el 1 de junio de 2012, se firmó la salida del equipo y se dio la orden para trasladarlo a Coahuila. Seis días más tarde, el departamento de Recursos Materiales y Obras de la delegación Coahuila giró el oficio 005.140.142/564/2012 en el cual la subjefa de esa área, Érika Ruiz Márquez, pidió información sobre las condiciones del equipo.
Ruiz Márquez hizo la petición porque la delegación de Coahuila sólo recibió “un montón de fierros”.
De acuerdo con uno de los empleados inconformes, no es fácil mover equipo de ese tipo. “Para su embalaje –dice– se requiere una caja o paquete de grandes dimensiones. Se presume que durante la mudanza se cambió el contenido”.
Lo curioso, agrega, es que en un principio ese equipo se iba a donar a la Secretaría de Salud Jalisco, encabezada entonces por Alfonso Petersen, pero eso no se concretó porque la norma establece que “el instituto no puede hacer donaciones a otras instancias de salud ajenas al ISSSTE”.
Fue entonces cuando brincó el ISSSTE de Coahuila y solicitó ese equipo. Incluso mandó hacer instalaciones especiales para la recepción y operación de esa máquina. Pero sólo recibieron un montón de fierros viejos, lo que motivó un reclamo del ISSSTE Coahuila, sobre todo porque técnicos de la empresa Philips, fabricante del aparato, aseguran que ellos mismos lo desmontaron para su traslado.
El OIC debió denunciar la anomalía desde el principio y el órgano debió emitir un pronunciamiento, pero no fue así, declara uno de los empleados del nosocomio.
La única que actuó fue Martha Patricia Peregrina Gálvez, responsable de Bienes Muebles. Como envió correos electrónicos a sus superiores para informarles sobre la anomalía, comenzó el hostigamiento laboral en su contra hasta que en enero pasado fue despedida.
Cuando el reportero la buscó para conocer su testimonio, Peregrina Gálvez se negó a declarar.
Pérdidas y tráfico de plazas
Los trabajadores inconformes critican a Rosa Leticia Rojas porque, dicen, desde que asumió el cargo simplemente no actúa. Cuando llegó al OIC el problema de la desaparición de la máquina de rayos X ya existía y hasta ahora no ha hecho nada por resolverlo.
Lo mismo sucede con las seis ambulancias Ford tipo Van de modelos de 2000 a 2007, dadas de baja por la delegación del ISSSTE Jalisco. Uno de los empleados consultados comenta: “El reglamento interior del instituto establece que cuando el equipo requiere fuertes gastos se da de baja, pero esas unidades no requerían de grandes reparaciones”.
No se descarta que esas ambulancias estén dando servicio en brigadas de salud de algún candidato en este proceso electoral o que hayan sido donadas a algún particular.
En cuanto a los expedientes de inventarios, el ISSSTE también es un desbarajuste. Hoy es difícil documentar 732 bienes muebles, entre ellos estetoscopios, computadoras, laptops y otros artículos. A ello se suman las auditorías internas que la dependencia arrastra desde hace años.
El personal inconforme expresa también su temor de que el delegado del ISSSTE Jalisco, Javier Galván Guerrero, busque el libre acceso al hospital Valentín Gómez Farías para utilizar los medicamentos e insumos en las campañas de salud promovidas por el PRI en diferentes distritos y municipios.
Según uno de los entrevistados, hace varias semanas hubo una jornada de credencialización entre los empleados del ISSSTE para una presunta homologación de sueldos. Sin embargo, dicen, se tomaron los datos de su credencial del IFE para conformar una red ciudadana del PRI con miras a los comicios del 7 de junio.
El propio Galván Guerrero fue designado operador de gestiones en el Distrito 9 (local) por mandato de Leonel Sandoval Figueroa, papá del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, según confirmó el diario Reforma en su edición del martes 12. Anahí Olguín Rojas, muy amiga del magistrado, es la candidata del PRI por ese distrito.
El OIC también se muestra omiso con respecto al tráfico de plazas en el ISSSTE Jalisco, un problema que se viene investigando desde hace varios años, y sobre los servicios otorgados en forma irregular a personas que no son derechohabientes, como Karla Torres Gutiérrez, quien recibió servicio médico para su hijo sin estar afiliada al instituto.
En 2010, el OIC recibió una denuncia sobre el caso de Torres Gutiérrez, quien consiguió una plaza de manera fraudulenta con la ayuda de Hugo Homero González, exjefe de Recursos Materiales del Fovissste. Hoy, ella aparece registrada como empleada del área de Estadísticas de la Clínica 2 del ISSSTE. Esa anomalía, que implica a personal de Recursos Humanos y el sindicato del instituto, generó seis quejas que aún no se resuelven.
José Antonio Jiménez Dávalos, quien fue pareja de Torres Gutiérrez, presentó varias quejas ante el OIC en las que manifestó su “sospecha” de que ella obtuvo el empleo gracias a los presuntos favores que le hizo a González, entonces jefe de Recursos Materiales del Fovissste, quien incluso fue separado de su cargo por actos de corrupción.
Jiménez Dávalos expuso también que Torres Gutiérrez nunca concursó la plaza como marca la norma institucional, lo que motivó varias impugnaciones, pero González las desapareció. El OIC nunca atendió los reclamos que se le presentaron desde 2013.
El pasado 24 de marzo, la encargada del órgano, Rosa Leticia Rojas Uribe, envió un oficio a Jiménez Dávalos en el que le indica que su demanda será atendida en un plazo no mayor a 10 días. Hasta el cierre de edición el problema aún no se resolvía.
Pese al escándalo con el tráfico de plazas, en el ISSSTE nadie quiere hablar de ello públicamente. Sin embargo, los inconformes aseguran al reportero que debe investigarse a fondo cuánto cuesta conseguir una plaza que, según ellos, se cotiza entre 100 mil y 400 mil pesos, dependiendo del puesto.
Otro asunto que no resuelve el OIC del ISSSTE es el de los medicamentos caducos que se entregan a pacientes con problemas oncológicos, que viene arrastrándose desde 2013. De acuerdo con uno de los entrevistados, en el área de farmacia hay cajas que contienen cientos de medicamentos oncológicos caducos, cuyo precio en el mercado va de 3 mil a 11 mil pesos por unidad.
Ese material, dice, se maneja de manera clandestina en el ISSSTE Jalisco. El personal “no se deshace de las medicinas caducas porque teme quedar en evidencia y ser acusado de daño al patrimonio, por no utilizar en tiempo y forma ese material”.
Además, personal de primer nivel y algunos empleados del ISSSTE suelen utilizar vehículos oficiales los fines de semana y los días festivos. Y cuando algún trabajador los denuncia, es obligado a callar.
