Descorazona escuchar o leer respuestas de nuestra gente, interrogada por los medios en torno a la presencia de las fuerzas militares desplegadas en la geografía de Jalisco, donde dicen que se atejona el ahora famoso Mencho. La mayoría eleva un aparente suspiro de alivio, como si esta fuera la solución esperada: convertir la vida civil en una extensión de las instalaciones castrenses. Hay que contraponer que el ciudadano que así evalúa la situación presente ha dislocado la percepción o no tiene información puntual de lo que realmente ocurre con este fenómeno particular. Tal respuesta “optimista” responde más bien a la manifestación de sus deseos que a una información objetiva relativa a lo que ocurre cuando se estacionan las tropas con carácter de permanente en una región determinada. Los que dan seguimiento a estas minucias de comportamiento social registran que el resultado del estacionamiento abierto de las fuerzas militares en una zona determinada es inverso a lo que manifiesta en sus deseos el público interrogado.
En la década de los setenta del siglo pasado, cuando se agudizó la guerra sucia en el país, la presencia militar se amplificó en el sufrido estado de Guerrero, a tal grado que se instalaron allá dos zonas militares. Por aquellos ayeres, en cada estado había sólo una zona militar. Guerrero, con no ser ni el más extenso ni el más poblado, conoció la primera duplicación. No es necesario mencionar los desalojos, desplazamientos y la dureza del trato de la gente armada en contra de la población civil indefensa. Masacres como la de Aguas Blancas antes y la de Iguala por nuestros días son tan sólo el botón de muestra de lo descompuesto en que viven nuestros paisanos de Guerrero.
Mas no es la única experiencia. Si lo fuera, podría argüirse que se trata de una excepción. Pero cuando se pasa la lupa a Chiapas, por ejemplo, se encuentra en los registros históricos la misma tónica. A partir del levantamiento zapatista en 1994, Carlos Salinas de Gortari sofocó primero a los alzados a sangre y fuego. No están tan lejos aquellos acontecimientos como para ignorarlos. Pronto lo obligó la presión de la sociedad civil y la opinión, sobre todo extranjera, a que variara su postura. Vino una declaración unilateral de cese a las hostilidades, cuando era evidente que los “alzados” no tenían la más mínima capacidad militar para enfrentar al poder central. Es un cese que dura hasta nuestros días, sin que medie una firma de paz. No media la firma del fin de las hostilidades. En “teoría” el EZLN no ha retirado su declaración de guerra en contra del gobierno federal.
La respuesta del gobierno, adjunta a su alto al fuego unilateral, repitió la experiencia aplicada al estado de Guerrero: la expansión de la presencia castrense en dos zonas militares. Los zapatistas no se han cansado de denunciar las tropelías y el avasallamiento de la población civil que padecen, derivadas precisamente de la expansión de la presencia militar. La información sobre las masacres aledañas, como la de Acteal y la de El Bosque, siguen apareciendo tergiversadas y destinadas a que la indiferencia y el olvido las sepulte. Es el mismo trato oficial que se da a los excesos autoritarios en Guerrero.
Podría contraponerse, como para abonar al beneficio de la duda, que Chiapas y Guerrero son casos extremos, en los que mediaron declaraciones de guerra. Pero en el resto de las entidades de la federación no aplica este rasero. Por desgracia, no podemos coger tampoco este leño ardiendo. Cuando Felipe Calderón desató los demonios e inició la guerra contra el crimen organizado, la crueldad en Guerrero vino a agudizarse y sirve de calca para entender los cuadros cruentos que empezamos a conocer de entidades hasta entonces no lacradas, como Michoacán, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Tamaulipas. Las masacres impunes, la violencia desatada, la persecución de comandos, la embriaguez de la ira en todo su esplendor.
Como legitimación de estas escaladas progresivas la autoridad calificada remite boletines persistentes, que nos hablan siempre de la aparición de nuevos cárteles, de grupos delincuenciales que parecen reproducirse como los hongos en época de lluvias. Los viejos cárteles se mencionan tanto que ya hasta son parte del paisaje: el del Golfo, el del Pacífico, el de la frontera, el de Juárez, Los Zetas… De Michoacán brotó la Familia Michoacana primero, luego todos los micrófonos se volcaron hacia Los Caballeros Templarios. De Guerrero, con tener medio siglo de presencia castrense, se habla de la expansión de los Guerreros Unidos, de Los Rojos y demás agrupaciones. O sea que los “malos”, como los sataniza Cienfuegos, nunca desaparecen; al contrario, se reproducen.
De pocos años acá, como un ruido que empezó muy bajito, se empezó a hablar del Cártel de Jalisco Nueva Generación. No se decía bien a bien, con precisión geográfica, en qué zona se radicaba o donde había sentado sus reales. Se hablaba de Jalisco, de nuestro estado, que es bastante amplio. Poco a poco se le empezó a encuadrar en la zona sur. Resultaba creíble el dato, si habiendo tantos gatilleros perseguidos en Michoacán, muchos de ellos decidieran saltar la línea divisoria de aquella entidad y buscaran refugio en las áreas pacíficas de Colima y de Jalisco. Seguramente así se fue llenando el estado de estos señores que dedican lo mejor de su vida al negocio de los estupefacientes y que vinieron a encontrar espacios de operación, sin que nadie les perturbara, en los apacibles rincones de Jalisco.
Uno de ellos, que por estos días está siendo demasiado mencionado, es El Grullo. Claro, después de que irrumpió la confrontación armada entre las fuerzas militares y los comandos del CJNG en la costa de Jalisco, es obligación de las autoridades perfilar la presencia de estos “enemigos a perseguir”. No sólo eso. Es su obligación “corporizarlos”, pues no van a perseguir fantasmas. Y les gustó este pueblo, hasta ahora tenido como una comunidad sumamente tranquila. ¿Dará notas en el futuro El Grullo, o nuestros pueblos circunvecinos, como las de las cruentas escenas de Apatzingán, Acapulco, Ciudad Juárez, Reynosa e Iguala? Los días que vienen nos sacarán de la duda.
Por lo pronto, con la movilización presente, la autoridad ya da como justificada la inquietante presencia de tanquetas, de vehículos artillados y de infantes armados hasta los dientes. Ahora los antes tranquilos ciudadanos tienen que pasar por estos filtros y demostrar que son ciudadanos inocentes, para poder continuar su tránsito. El detalle fino radica en que quienes componen los retenes son juez y parte. Ellos dictaminan si el revisado es inocente o no. No lo autoriza la Constitución, pero ahí están. Las experiencias vividas en los otros estados intervenidos no avalan respuestas de pronóstico optimista. ¡Cuánto me gustaría esta vez estar equivocado!
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