La ejecución del influyente abogado Antonio Molina de la Puente junto con Luis Cortés Villaseñor causó inquietud en la entidad, no sólo porque el primero se jactaba de pertenecer a los círculos del poder estatal, sino también a causa de un rumor: que pronto sucedería a Luis Carlos Nájera como fiscal general. Para colmo, Cortés fue señalado por el gobierno de Estados Unidos como parte de una red de lavado de dinero para el narcotraficante Rafael Caro Quintero.
El abogado Antonio de Jesús Diocleciano Molina de la Puente se jactaba de su cercanía con el gobierno de Jalisco y dejó correr la versión de que ocuparía un alto cargo en la Fiscalía General del Estado (FGE). El 26 de abril fue acribillado junto con su amigo Luis Cortés Villaseñor cuando regresaban a Guadalajara desde Zacatecas, adonde fueron de cacería con sus hijos: Antonio Molina, de 11 años, y Gerardo Cortés, de 13, ambos heridos.
Molina de la Puente, presidente del despacho jurídico Grupo Molina, solía ostentar su amistad con políticos como el exgobernador panista Emilio González Márquez y el mandatario priista Aristóteles Sandoval Díaz, así como su padre, el magistrado Leonel Sandoval. Además, afirmaba tener relación con Manuel Bribiesca Sahagún, hijo de Marta Sahagún, hijastro de Vicente Fox y desarrollador inmobiliario.
El crimen se cometió después de que, en semanas anteriores, murieran al menos 20 policías en distintos ataques de la delincuencia organizada, particularmente en la balacera del 19 de marzo en Ocotlán –donde fallecieron cuando menos 12 personas– y en la emboscada que el 6 de abril le tendieron a un convoy de la Fuerza Única Regional (FUR) entre San Sebastián del Oeste y Puerto Vallarta, con saldo de 15 uniformados muertos.
En medio de tal crisis de seguridad, se rumoró que Molina de la Puente podía sustituir en la FGE a Luis Carlos Nájera, a quien el abogado también se decía cercano desde el sexenio anterior, cuando era secretario de Seguridad Pública. En ese entonces, el litigante donó ocho patrullas totalmente equipadas a la dependencia.
Posteriormente, el 5 de septiembre de 2014, Molina de la Puente salió ileso de un atentado afuera de un restaurante ubicado en el cruce de avenida México y Terranova, en el poniente de Guadalajara. En el ataque murió un policía municipal de El Salto que le fue asignado como escolta, y otro fue herido.
Esa vez el abogado estaba en compañía de dos colegas colombianos que supuestamente vinieron a Guadalajara para impartir un curso sobre juicios orales. No se volvió a saber de ellos. Las autoridades de El Salto tuvieron problemas para justificar que un particular fuera custodiado por policías municipales.
Sin embargo, el historial turbio del litigante viene de más atrás. En 2011 el ingeniero civil José Manuel Escatell López lo denunció judicialmente a él y a Meyer Zarquín Rabinovitz por el despojo de un terreno urbano en Lomas del Seminario.
El demandante confirmó a Proceso Jalisco que el lote de 400 metros fue inscrito a nombre de Jennifer Veaney Camacho Cázares, quien también aparece en el expediente 316/2011, radicado en el Juzgado Octavo de lo Civil.
En cuanto a Cortés Villaseñor, asesinado con Molina de la Puente, fue mencionado el 12 de junio de 2013 en una nota fechada en Washington: la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió que varias personas y empresas mexicanas tenían vínculos de lavado de dinero de Rafael Caro Quintero, entonces preso.
La OFAC informó que Michael Adib Madero, Diego Contreras Sánchez y Luis Cortés Villaseñor operaban con integrantes de la familia Sánchez Garza, presuntos lavadores de dinero al servicio de Caro y administradores o dueños de empresas radicadas en Guadalajara, como Grupo Fracsa y Grupo Constructor Segundo Milenio, así como el restaurante Barbaresco, entre otras.
En la construcción de los exclusivos fraccionamientos de la zona metropolitana Pontevedra, Villa Verona y Zotogrande, entre 2004 y 2009, participó el Grupo Fracsa, cuyo apoderado general judicial para pleitos, cobranzas y actos de administración era en aquel entonces Agustín Espinoza Rhon, suegro del secretario de Turismo estatal, Jesús Gallegos Álvarez, asesinado el 9 de marzo de 2013.
También tomaron parte de esos negocios el Grupo Constructor Segundo Milenio, a cargo de Luis Cortés Villaseñor, y la Desarrolladora Patria (Reporte Índigo, 8 de julio de 2013).
En aquel entonces se acusó a Cortés Villaseñor de ser prestanombre de José de Jesús Sánchez Garza y Javier Sánchez González, señalados por la OFAC de lavar dinero para Caro Quintero.
Faceta política
Hasta el cierre de la edición se desconocía el móvil de los homicidios cometidos en la carretera Colotlán-Guadalajara, en el municipio García de la Cadena, Zacatecas, colindante con el jalisciense San Cristóbal de la Barranca.
Molina y Cortés fueron ejecutados a bordo de una camioneta Dodge Ram de modelo reciente y con placas de circulación JS-46608 de Jalisco.
Los agresores, que iban en dos camionetas Suburban, dispararon decenas de balas de grueso calibre y escaparon.
A decir de la procuraduría de Zacatecas, los servicios periciales encontraron en el vehículo del abogado tres escopetas de cacería calibres 12 y 22, un rifle 30-06 con mira telescópica, de uso exclusivo del Ejército; tres pistolas (Walther calibre 022, Glock 380 y Pietro Beretta 380) y cartuchos útiles.
El Grupo Molina, especializado en asesoría y defensa fiscales, servicios de lobbyng, outsourcing y gestión de negocios en general, tiene su sede en la calle Bogotá 3007, colonia Providencia, de Guadalajara, y una oficina en la exclusiva zona de Beverly Hills, en California, Estados Unidos.
En 2009 Molina de la Puente incursionó en la política, cuando el presidente estatal del PRI, Javier Guízar, lo impuso como candidato a síndico de Zapopan, en la planilla encabezada por Héctor Vielma Ordóñez.
Sin embargo, Vielma se inconformó y logró sacar a Molina de su planilla. Para ello fue necesario que el candidato a alcalde acudiera al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que finalmente falló a su favor. Esa oposición le valió a Vielma amenazas del litigante.
El mismo año, el TEPJF obligó a Aristóteles Sandoval Díaz, candidato a la alcaldía de Guadalajara, a modificar la integración de su planilla para respetar la cuota de género.
De acuerdo con la columna de trascendidos “Cúpula”, del diario Mural, el asesinato del abogado y empresario –pues incursionó en la elaboración de tequila– pegó fuerte en el circulo más cercano del gobernador Sandoval Díaz.
Esa publicación y otros trascendidos en medios de comunicación locales mencionaron la posibilidad de que Molina de la Puente fuera a ser nombrado fiscal general, ante la inseguridad desatada en la gestión de Nájera.
Cadena de muertes
El 30 de marzo pasado, en el poblado de Río Blanco, municipio de Zapopan, el comisionado de Seguridad estatal, Alejandro Solorio Aréchiga, fue emboscado por sujetos armados, pero salió indemne.
Como en el caso del ataque en San Sebastián del Oeste y la matanza de agentes de la División de Gendarmería del 19 de marzo en Ocotlán, las autoridades atribuyeron el atentado de Río Blanco al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El fiscal Nájera reconoció haber recibido amenazas del crimen organizado en esa ocasión y tras la muerte de Heriberto Acevedo Cárdenas, El Gringo, en un enfrentamiento con integrantes de la FUR. Ese sujeto lideraba el CJNG en la Región Valles y tenía influencia en Cocula, Tlajomulco de Zúñiga, Atemajac de Brizuela y Zacoalco de Torres, donde fue abatido.
En contra del Gringo se libraron al menos 10 órdenes de aprehensión por robo de vehículos, robo de hidrocarburo, secuestro, tráfico de drogas y una decena de asesinatos.
En otra presunta represalia por el fallecimiento de ese cabecilla, la tarde noche del 6 de abril –horas después de la emboscada a los policías de la FUR– fue ejecutado el director de la Policía de Zacoalco, Miguel Ángel Caicedo Vargas.
Entre los amigos de los que presumía Molina de la Puente se encuentra precisamente Solorio Aréchiga.
Según personas que lo conocieron, el abogado también patrocinó campañas del PRI y fue cercano al magistrado con licencia Leonel Sandoval, padre del gobernador.
Dos días después del asesinato de Molina y Cortés, la familia del abogado insertó en diarios locales una esquela donde manifiesta su preocupación por los niveles de violencia en el país:
“Nos han llenado de dolor, pero seguiremos trabajando, como lo hacía Antonio, para no dejar que el odio y la violencia sigan ganando terreno”. Firman las familias Molina Feher, Molina de la Puente y Mixueiro Molina, con Emilia Molina de la Puente como responsable de la publicación.
Hasta el cierre de edición, el gobierno de Jalisco no se ha pronunciado sobre los asesinatos de Molina y Cortés.
Entre tanto, se han acumulado otros asesinatos sin resolver, como el de Iván Alejandro García Flores, hijo del regidor priista de Tlaquepaque, Feliciano García Fierros.
Éste fue acribillado el 28 de marzo, cuando acudía a una reunión con concesionarios del transporte público. En ese ataque Iván resultó herido de bala. Sin embargo, el 27 de abril, cuando el hijo del regidor circulaba en una camioneta Ford Lobo negra de modelo reciente, dos sujetos a bordo de una motocicleta de alto cilindraje le dispararon en la avenida Lázaro Cárdenas, cerca del cruce con Río Seco, colonia Lomas de San Miguel, Tlaquepaque.
El mismo día, el abogado de origen sinaloense Alfredo Arreola fue asesinado a balazos en el fraccionamiento Camino Real, en Zapopan, cuando salía de sus oficinas en la avenida Guadalupe y calle de El Carmen. (Con información de Gloria Reza.)
