El 13 de abril –una semana después de la emboscada a un convoy de la Fuerza Única de Jalisco–, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz se reunió con medio millar de agentes operativos del cuerpo de élite estatal para escuchar sus planteamientos laborales y se comprometió a atenderlos, pero omitió informar que también hubo reclamos. Al día siguiente, el fiscal Luis Carlos Nájera declaró que en esa corporación todo marchaba bien… Apenas lo dijo, comenzaron las deserciones. Y el viernes 1, la violencia criminal se desató.
Tras la emboscada del pasado 6 de abril en el tramo carretero Mascota-Puerto Vallarta, en los límites con el municipio de San Sebastián del Oeste, en la cual murieron 15 de sus compañeros, alrededor de 150 elementos de la Fuerza Única de Jalisco (FUJ) abandonaron la corporación.
Los motivos son diversos, pero fundamentalmente porque el equipo que utilizan –chalecos, armas y patrullas– son inadecuados y obsoletos para enfrentar con éxito a la delincuencia organizada, cuentan a la reportera algunos de los uniformados de ese cuerpo de élite que renunciaron en bloque.
Su principal queja fue sobre todo porque, dijeron, mientras el titular de la Fiscalía General del estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, y su familia se desplazan en vehículos blindados, ellos siempre estuvieron desprotegidos. De cada 10 patrullas, sólo una está blindada, aseguran.
El 14 de abril, el fiscal Nájera declaró que en ese cuerpo de élite no había deserciones; las bajas comenzaron los días posteriores. La víspera, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz se reunió con 500 agentes operativos de la FUJ y de la Policía Estatal en las instalaciones de la Academia de Policía, al oriente de Guadalajara.
Según el boletín oficial, Sandoval Díaz “escuchó las peticiones, planteamientos y sugerencias de los elementos en temas administrativos y jurídicos, así como los relacionados con capacitación, profesionalización y mejora de condiciones laborales”.
En realidad, los uniformados le hicieron reclamos y señalamientos fuertes. Le dijeron que no se sentían suficientemente cobijados para combatir a los grupos delincuenciales.
“Es cuestión de suerte que te toque ir en la camioneta blindada; y es raro que al comandante del convoy le toque ir en la blindada”, comenta a la reportera uno de los elementos que dejaron la corporación.
La mayoría de los inconformes se quejó porque los hijos y la esposa de Nájera, y hasta sus escoltas, traen camionetas blindadas que pertenecen a la fiscalía. Uno de los hijos del funcionario estudia en la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde lo hizo el propio Luis Carlos, y con frecuencia cambia de unidad: “En ocasiones trae una camioneta negra; en otras la Charger gris”, refieren los denunciantes.
Sandoval Díaz tuvo una segunda reunión horas más tarde con los mandos de la FUJ. No se sabe lo que abordaron en ese encuentro.
En la emboscada del 6 de abril, uno de los dos convoyes de elementos de la FUJ recibió una tormenta de balas, granadas y proyectiles de bazuca cuando volvían a la capital del estado después de 15 días de vigilar el centro vacacional de Puerto Vallarta con motivo de Semana Santa.
Uno de los uniformados que dejaron la FUJ explica: “El día del ataque el comandante Basilio Aguirre, quien iba adelante, le pidió a las patrullas del segundo convoy que se adelantaran, cuando por lo general éstas avanzan de dos en dos o de cinco en cinco, como dijo la fiscalía, y guardan una distancia prudente entre sí”.
De ahí, añade, que “la distancia que llevaban los compañeros que fueron atacados fuera de 40 minutos. Eso no debe ser”. Por eso, en la reunión con el gobernador varios agentes le pidieron investigar a Aguirre y a los comandantes Jesús Guzmán, Briseño, Martín Martínez y a otros de apellido Regalado, Barrón y a Pérez, a quien apodan El Cuba.
Guzmán, quien encabezaba el convoy que iba a relevar al de Aguirre, les dijo a sus subalternos que “se equivocó de vía y se fue por la carretera a Morelia”. Sin embargo, varios agentes le dijeron a los inconformes que a las 14:00 horas el comandante andaba comiendo en un restaurante que está en la gasolinera Las Cuatas, en la antigua carretera a Morelia, en el municipio de Tlajomulco, “pese a que a esa hora ya debía de estar rumbo a Vallarta”.
Con respecto al comandante Aguirre (quien debe ser investigado, insisten los renunciantes), fue enviado como cabeza de un convoy en la zona norte de Jalisco. Dicen que en la reunión del 13 de abril, el gobernador se comprometió a crear una comisión para investigar los señalamientos, pero no saben qué va a pasar.
“Trabajamos sin equipo”
Uno de los reclamos del personal operativo de la FUJ a Sandoval Díaz fue por los chalecos que, le expusieron, carecen de “una real protección” ante un ataque con armas de fuego. Se quejaron también porque durante la pasada administración, la del panista Emilio González Márquez, no se les suministraron chalecos y en lo que va de la actual sólo se repartieron 50.
En distintos medios se ha mencionado ya que Sandoval Díaz “olvidó” entregar equipamiento de seguridad a 32 municipios, entre ellos los de la zona metropolitana de Guadalajara, la mayoría de los que limitan con Michoacán, así como Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Zapotlán El Grande, Tepatitlán y Chapala, que “enfrentan problemas de inseguridad”.
En la región Ciénega, los ayuntamientos que no recibieron equipamiento y han sufrido bajas por ataques de la delincuencia organizada, en especial del Cártel de Jalisco Nueva Generación, son: Ocotlán, La Barca, Degollado, Ayotlán, Jamay, Tizapán El Alto y Jocotepec.
De los municipios serranos colindantes con Michoacán que tampoco recibieron aditamentos de seguridad se encuentran: Santa María del Oro, Tapalpa, Mazamitla, Valle de Juárez, Quitupan, Mascota, La Manzanilla de La Paz, Tecalitlán, Jilotlán de los Dolores y Pihumano.
Según el Consejo Estatal de Seguridad Pública, en 2013 los 125 municipios de Jalisco recibieron patrullas, equipo de radiocomunicación y “chalecos balísticos”. Al año siguiente los apoyos sólo llegaron a 93 ayuntamientos.
Sobre las condiciones laborales que le exigieron al gobernador –punto que el boletín del 13 de abril no detalla–, los operativos de la FUJ comentan a Proceso Jalisco que le pidieron reducir la jornada a sus compañeros de antimotines, policía auxiliar y custodios de edificios, que actualmente es de 24 horas de trabajo por 24 de descanso.
Asimismo, le solicitaron incremento salarial –no han tenido aumento desde la pasada administración–, el pago de 5 mil pesos correspondientes a la aprobación de las pruebas de control de confianza, así como un mayor apoyo logístico, pues cuando sufren algún ataque los refuerzos tardan mucho en llegar.
“Durante el último enfrentamiento (comenta uno de los inconformes) se pidió apoyo al Ejército, a la Marina y a los federales; llegaron tarde.”
También se quejaron porque sus jefes les confiscan sus celulares para evitar, les dicen, que den pitazos a los delincuentes: “Nos quitan privacidad; sólo nos permiten hacer una llamada por día, con una duración máxima de 15 minutos entre las ocho y las 10 de la mañana”.
Se recrudece la violencia
El viernes 1 por la mañana, elementos del Ejército, la Marina, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional iniciaron la Operación Jalisco con el fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía de esa entidad y de Colima y reducir los índices delictivos, según el comunicado difundido por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Apenas se conoció el anuncio, la zona metropolitana de Guadalajara y otros municipios jaliscienses fueron objeto de bloqueos carreteros –que alteraron las rutas del transporte urbano–, incendios de vehículos, bancos y gasolineras, así como el ataque a un helicóptero militar –el Cougar Mat.1009–sobre la ruta Casimiro Castillo-Villa Purificación, en el que murieron tres militares y un policía.
Las autoridades estatales decidieron activar el código rojo y, en conferencia de prensa, el gobernador Aristóteles Sandoval, habló de siete muertos y al menos 15 heridos por los ataques simultáneos en 19 municipios; también habló de 15 detenidos.
A su vez, el consulado general de Estados Unidos en Guadalajara aconsejó a sus empleados permanecer en sus casas hasta que la situación se resuelva.
Y en la ciudad de León, Guanajuato, según informó el coordinador de comunicación social del municipio, Manuel Mora, hubo tres bloqueos simultáneos alrededor del mediodía del mismo viernes 1.
