En enero de 2014 Castillo llegó a Michoacán como comisionado nacional de Seguridad y estuvo ahí un año. Hoy está al frente de un organismo deportivo, un ámbito en el que incursiona por primer vez.
Castillo llegó a “coordinar a las autoridades federales en territorio michoacano”, pero en realidad se comportó como “virrey” –señalan sus críticos– y actuaba por encima del gobernador y del Congreso local.
Lo mismo formuló y ejecutó políticas para la prevención de delitos que acciones encaminadas a la reconstrucción de tejido social y al fortalecimiento de las instituciones; también dispuso, ordenó y coordinó acciones de apoyo de fuerza pública federal; solicitó el auxilio de las Fuerzas Armadas; recibió a los delegados, comisionados y representantes del Ejecutivo federal asentados en la entidad.
Tenía facultades incluso para solicitar al secretario de Gobernación la designación o remoción de los miembros de organismos federales en Michoacán y para celebrar convenios y acuerdos de coordinación y colaboración con las autoridades estatales y municipales.
Con un presupuesto de 154 millones 599 mil 638 pesos, de los cuales 126 millones fueron para “servicios personales” y el resto para “gastos de operación”, según documentos de la Secretaria de Gobernación, la comisión encabezada por Castillo sólo logro una meta: desarmar e institucionalizar a las autodefensas de la región de Tierra Caliente, convirtiéndolas en Fuerzas Rurales adscritas a la Secretaria de Seguridad Pública local…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2007 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
