Si en otros estados los comicios para el próximo 7 de junio está en riesgo por el voto en blanco, aquí el peligro es la ola de violencia. La matanza de policías de la Fuerza Única Regional, el cuerpo de élite, motivó la activación del código rojo por las autoridades. Pero los jaliscienses están conscientes del riesgo que implican esos ataques de la delincuencia organizada. Este es el ambiente que rodea las campañas electorales.
Al inicio de la campaña para las elecciones constitucionales en que se renovarán 125 alcaldías, 39 curules del Congreso local y 19 diputaciones federales por Jalisco, en la entidad prevalece un ambiente de alarma, por la ola de violencia que se abate sobre la región.
En los últimos dos meses, supuestos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) han realizado emboscadas contra agentes federales, estatales y municipales, con un saldo de aproximadamente 50 muertos, la mayoría policías y algunos sicarios.
Tan sólo en las últimas cuatro semanas se registraron igual número de atentados. Sin embargo, a tono con lo que se empeña en difundir el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado (IEPC) insiste en que las elecciones están blindadas y que hasta la fecha no se han reportado problemas de organización.
Sin embargo, la autoridad estatal se ha visto rebasada y los propios jefes policiacos corren peligro.
El 30 de marzo, al inicio de la Semana Santa y días antes del arranque de las campañas electorales, el comisionado de Seguridad Pública y responsable de la Fuerza Única Regional (FUR), Francisco Alejandro Solorio Aréchiga, estuvo a punto de morir asesinado en la población de Río Blanco por una célula del CJNG. Los sicarios tenían preparado un misil para lanzarlo contra él y sus escoltas, que circulaban en vehículos blindados en el norte de Zapopan. Los agentes repelieron la agresión.
Días después, el lunes 6, en el municipio de San Sebastián del Oeste, en la Costa Norte, se activó el código rojo en el estado porque un grupo de delincuentes emboscó a un grupo de la FUR y mató a 16 policías. Aunque se ha mencionado la probable muerte de siete pistoleros, la mayoría huyó.
La FUR es la policía de élite del estado, recientemente creada y provista del más moderno armamento. Sus agentes se transportan en decenas de patrullas blindadas y hasta en un helicóptero de guerra Black Hawk.
Esto no bastó para detener el ataque del CJNG. Ese día también se supo que hombres armados secuestraron y asesinaron al director de Seguridad Pública de Zacoalco de Torres, Miguel Ángel Caicedo Vargas, en cuyo cuerpo dejaron un narcomensaje amenazador contra la FUR clavado con un arma blanca.
Para la autoridad estatal, la embestida del CJNG es una represalia por la muerte de su jefe de plaza en la región Valles, Heriberto Acevedo Cárdenas, El Gringo.
Éste falleció el 23 de marzo, cuando huía con otros tres sujetos de los policías estatales que en un retén le marcaron el alto a su camioneta. En lugar de obedecer, los pistoleros abrieron fuego contra los uniformados y se inició una persecución por la carretera libre Guadalajara-Colima, en cuyo kilómetro 17 el vehículo de los sicarios se volcó e incendió.
Hacía poco, el 19 de ese mes, se desató una balacera en plena zona urbana de Ocotlán entre miembros del CJNG y un contingente de la División de Gendarmería. Murieron cinco agentes y seis civiles.
Olga Araceli Gómez, diputada del PRD por el distrito XV, confirmó que al menos en cuatro de los 11 municipios de la región de la Ciénega, donde se asienta Ocotlán, varios aspirantes a las respectivas alcaldías declinaron por temor a las bandas criminales.
En febrero, durante las precampañas electorales, el compositor de corridos Martín Ruvalcaba fue asesinado en El Salto por un desconocido. En una de sus canciones, Ruvalcaba criticaba a los priistas Joel y Gerardo González Díaz –uno alcalde con licencia y el otro diputado federal del PRI–, señalados por manejar el municipio como una empresa privada e imponer al candidato de Movimiento Ciudadano (MC) para la alcaldía, Ismael Orozco.
Joel González aspira a la diputación local por el VII distrito. Ruvalcaba apoyaba al entonces precandidato de MC Fernando Díaz Contreras.
Sufragios en riesgo
Entrevistado sobre el clima de inseguridad en el estado, el presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross, niega que exista alerta o indicios de riesgo.
Aunque dice tener comunicación permanente con la Fiscalía General del Estado (FGE) para afrontar cualquier contingencia, rechaza que los funcionarios del instituto en los municipios y regiones sean presionados por la delincuencia organizada.
No obstante, después de la emboscada contra los efectivos de la FUR, el presidente del IEPC declaró a la prensa que la violencia puede propiciar un mayor abstencionismo.
El candidato a la alcaldía de Guadalajara por MC, Enrique Alfaro, afirma que la campaña electoral inició “en código rojo”, ante la inseguridad en el estado.
“El día del enfrentamiento nos buscó gente de la FGE. Nos dijeron que aguas, que tuviéramos mucho cuidado”, agrega Alfaro, a quien una encuesta del diario Mural coloca a la cabeza de los aspirantes a gobernar Guadalajara, con 41% de la intención del voto. Su más cercano rival es el priista Ricardo Villanueva, con 32%.
Desde el punto de vista académico, Andrés Valdez Zepeda, analista político de la Universidad de Guadalajara, señala que en el estado prevalece el desencanto, el hartazgo y la crítica hacia el sistema de partidos imperante en el país. Asegura que la poca confianza hacia éstos puede reflejarse en un nivel de abstencionismo superior a 50% en los comicios del 7 de junio.
Añade que algunos partidos echarán mano de todo tipo de mecanismos con tal de ganar, por lo que no descarta que traten de impactar a los electores explotando el temor por la violencia.
La campaña de miedo puede operar en dos sentidos, dice: uno busca convencer a los ciudadanos del riesgo de perder la tranquilidad si llega al gobierno un partido diferente al actual. “Esa es una estrategia propia de gobiernos autoritarios o de gobiernos no democráticos”, comenta.
La otra forma de manipular el temor es inhibir la votación al destacar el peligro para la población durante la jornada electoral. Un escenario de alto abstencionismo favorece al partido en el poder y reduce las posibilidad es de los partidos opositores, enfatiza, pues facilita la imposición del voto duro o corporativo.
Los datos del IEPC muestran que ningún partido por sí solo alcanzó a registrar planillas para las 125 presidencias municipales; además de que partidos tradicionales, como el PAN, pueden registrar una baja histórica de su votación.
José María Hernández Quintero, expanista que fue alcalde de Zapopan, señala que el PAN gobernó 18 años el estado y sus ayuntamientos más importantes, pero en esta elección intermedia corre el riesgo de quedar en el tercer o cuarto lugar.
En cuanto al Partido del Trabajo (PT), corre el riesgo de perder su registro si no alcanza 2.5% de la votación que la ley electoral exige como mínimo.
Asegura que en su desesperación, ese partido nombró como su candidata a la alcaldía de Guadalajara a Beatriz García de la Cadena, quien ha sido reportera de Televisa al tiempo que trabajaba en el ayuntamiento de Guadalajara, encabezado por el priista Ramiro Hernández García, con un sueldo superior a 32 mil pesos mensuales.
El académico Valdez Zepeda indica que la lucha real por la capital del estado la darán el candidato del PRI, Ricardo Villanueva, y el de MC, Enrique Alfaro, figuras que posiblemente atraigan votos en la zona metropolitana, pues en los otros municipios no se han presentado ni propuestas ni candidatos interesantes.
Mal arranque
Con un padrón electoral de 5 millones 758 mil personas, el presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross, dice que el objetivo es lograr una votación mayor a 50%, es decir, superar los 2 millones 874 votos.
Afirma que las candidaturas de Alfaro y Villanueva, figuras muy competitivas, pueden incentivar la participación de los ciudadanos en otros municipios.
Un probable obstáculo para ello es que ningún partido integró planillas para todos los municipios. El PRI presentó las suyas en 87 municipios y en 38 lo hizo con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); esa alianza sí cubre todas las candidaturas municipales.
El partido con la segunda participación municipal es MC, con 121 planillas registradas, sin aliarse con otras organizaciones.
A su vez, el PAN tiene planillas en 88 municipios y coalición con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en otros 34, lo que suma 122.
El PRD registró 53 planillas sólo con sus siglas, más las 34 mencionadas en coalición con sus otrora acérrimos enemigos panistas, con lo que participará en la lucha por 87 de las 125 presidencias municipales.
Según la información del IEPC, el Partido Encuentro Social (PES) registró candidatos en 32 municipios, menos de 29%. Y el Partido Humanista (PH) alcanzó presencia en 30.
La característica común, según el académico Valdez Zepeda, es que el inicio de sus campañas promete muy poco:
“Iniciaron con la convocatoria a un mitin o una concentración pública, igual que como se hace desde hace muchos años, mientras en algunas campañas realizadas en otros estados se ve que en lugar de reunir a la gente en una plaza en torno a un discurso, el candidato convoca a sus simpatizantes para llevar a cabo una acción de carácter social, en la calle o en los parque públicos. En Jalisco se carece de campañas innovadoras.”
A tal desencanto contribuye el dispendio de recursos públicos del IEPC, cuyos consejeros se autorizaron hace meses aumentos de sueldo por más de 30 mil pesos.
Tres meses antes de las elecciones, se dio a conocer que Alcaraz Cross, como presidente del organismo electoral, tenía facultades constitucionales para cobrar 187 mil pesos mensuales, mucho más que el gobernador Aristóteles Sandoval (166 mil).
El resto de los consejeros ya podían recibir 173 mil pesos, con el incremento autorizado en enero pasado y que no había entrado en vigor, como aclara Alcaraz Cross.
El funcionario explica que después de ser cuestionados por diferentes sectores de la sociedad, los integrantes del consejo del IEPC renunciaron al incremento salarial días después de que se difundiera en la prensa escrita, y en medio de la inconformidad de los trabajadores del instituto, a quienes se les restringe hasta el combustible para sus recorridos de campo.
Tras el escándalo, funcionarios del IEPC intentaron que se despidiera al director de Comunicación Social, José Gómez Valle, por no poder acallar las críticas en los medios. Esos personajes, ligados al Grupo Universidad de Guadalajara, llegaron a sugerir nombres para sustituir a Gómez Valle, pero sus presiones no prosperaron.
Entrevistado sobre el trabajo de Alcaraz Cross en la organización de los comicios, el dirigente del PRD Jalisco, Raúl Vargas López, dice, si bien le da “el beneficio de la duda” , por lo que se ha visto hasta la fecha el IEPC es una flor de cempasúchil igual que el INE, es decir, que sólo sirven de adorno.
El dirigente estatal del PAN, Gustavo Macías, apunta que aún es pronto para calificar al presidente del instituto, pero se dice al menos sorprendido por propuestas como la de promover el voto en la envoltura de las tortillas.
Sostiene que la ocurrencia le costaría al organismo más de 400 mil pesos y puede ser contraproducente, al “contribuir al hartazgo de los ciudadanos en torno al proceso electoral”. Finalmente, la propuesta fue desechada por el pleno del IEPC.
