Aunque los diálogos por la paz entre el gobierno y la guerrilla de Colombia avanzan a pasos agigantados en La Habana, falta todavía un largo trecho para la conclusión del proceso. Hay un tema que se ha vuelto nudo: el del eventual castigo a quienes cometieron actos de lesa humanidad, fueran militares o insurgentes. Algunas voces proponen para ellos penas alternativas a la prisión; otras exigen la aplicación de la ley a rajatabla. Y es significativa la opinión de los comandantes que negocian en Cuba: nadie firma la paz para acabar en prisión.
Bogotá.- Nunca como ahora Colombia había avanzado tanto en un proceso de paz con las FARC. De hecho, el nivel de entendimiento entre los delegados del gobierno y del grupo insurgente comienza a producir una baja notable en la intensidad del conflicto armado y genera acciones propias de posguerra, como un programa de desminado en el cual militares y guerrilleros comenzarán a trabajar juntos este mes.
Todo ha fluido sin mayores contratiempos desde diciembre pasado, cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) declararon un cese el fuego unilateral e indefinido. Hace unos días el gobierno del presidente Juan Manuel Santos respondió el gesto con una suspensión de los bombardeos aéreos, la cual será prorrogada cada mes si el grupo armado respeta, como hasta ahora, el compromiso de no realizar acciones ofensivas. Esto ha llevado al país a tener los más bajos índices de violencia provocada por la guerra interna, en 30 años.
Y mientras en Colombia el debate político se centra en lo que debería o no ceder el gobierno para terminar de negociar la paz, en la capital cubana, sede de los diálogos entre el gobierno y las FARC, inició sus labores una subcomisión técnica en la que cinco generales, un almirante y una decena de comandantes guerrilleros discuten el cese del fuego bilateral y definitivo, la dejación de armas y la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil.
Hasta Estados Unidos, que considera a las FARC una “organización terrorista”, decidió dar un respaldo contundente al proceso de paz y designó al político demócrata y exsecretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson, “enviado especial” en los diálogos de La Habana.
El exfuncionario, quien participó activamente en negociaciones similares para El Salvador (1989-1992), sostuvo que los colombianos ya están listos para la paz y él hará lo posible por ayudar a lograr un acuerdo que ponga fin a medio siglo de guerra interna.
El exnegociador de paz del gobierno de Guatemala, Héctor Rosada-Granados, cree que los diálogos entre el gobierno colombiano y la guerrilla más antigua y poderosa de América Latina llegaron “a un punto de no retorno, que es cuando las partes están decididas a avanzar hasta el final y negociar el cese al fuego y la dejación de armas.
“Esto es lo que marca el principio del fin de la guerra”, dice a este semanario el doctor en ciencias sociales por la Universidad de Utrecht y consultor internacional en temas de seguridad y justicia.
Incluso el líder empresarial y presidente del Grupo Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, afirmó el mes pasado que el proceso de paz es “irreversible” y debe ser apoyado por todos los colombianos.
El optimismo en algunos círculos de poder es tanto, que las mismas FARC han llamado a la cautela. El delegado y comandante guerrillero Pablo Catatumbo consideró inconveniente hablar de la “irreversibilidad” del proceso y recordó: “Hay mucho por transitar antes de expresar que ya casi todo está listo”.
Y es que aunque las partes han alcanzado acuerdos en tres de los seis puntos de la agenda de negociaciones (tierras, participación política y solución al problema de drogas ilícitas) y avanzan en dos más (víctimas y fin del conflicto), quedan asuntos muy complejos por resolver. Entre ellos el de la justicia, que es el medular de este proceso.
“El asunto es si los comandantes de las FARC van a ir o no a la cárcel por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. Esa discusión puede ser una traba para la paz o la puerta para salir de la guerra”, asegura el abogado y doctor en historia de la Universidad Nacional (UN) de Colombia, Ricardo Sánchez Ángel.
Delicado equilibrio
Los jefes de las FARC aseguran que no pagarán un solo día de cárcel pues, argumentan, nadie firma la paz para acabar en prisión. Sin embargo, desde la creación de la Corte Penal Internacional, en 1998, cualquier acuerdo para poner fin a un conflicto armado debe respetar los derechos de las víctimas y contemplar castigos para los autores de delitos de lesa humanidad, en este caso para los guerrilleros, militares y cualquier otro actor de la guerra interna en Colombia que haya causado daños graves a la población civil. Las amnistías son incompatibles con esa normatividad.
El coordinador del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la UN, Alejo Vargas, afirma que es indispensable un balance entre paz y justicia y una “ponderación” entre las necesidades de la paz y los derechos de las víctimas, “pero es un tema muy complejo, difícil, en el que no va a haber soluciones ideales y en el que se van a tener que buscar salidas creativas y con sentido de país”.
En ese punto de la discusión, que en la agenda de las negociaciones se denomina “víctimas”, están hoy los delegados del gobierno y la guerrilla.
Para varios juristas, como el fiscal general Eduardo Montealegre, es viable, a la luz de la justicia transicional (como se denomina al conjunto de medidas de justicia, verdad y reparación para transitar de un estado de guerra a la paz) que los comandantes de las FARC responsables de crímenes de lesa humanidad sean castigados con penas alternativas a la prisión.
El procurador general, Alejandro Ordóñez, piensa en cambio que ni la sociedad colombiana ni la justicia internacional aceptarían una paz “con impunidad” y es necesario aplicar penas privativas de la libertad.
Según organismos de derechos humanos, tanto las FARC como la fuerza pública (militares y policías) y los paramilitares son responsables de miles de delitos que pueden tipificarse como atroces. Entre ellos matanzas, desapariciones, secuestros y asesinatos selectivos.
“En este conflicto armado hay múltiples responsables, empezando por el Estado, los grupos paramilitares, los partidos políticos, los grupos económicos que utilizaron a los paramilitares y desde luego el Ejército, la policía y la propia guerrilla, en lo que le corresponde con ocasión de su alzamiento contra el Estado”, dice a Proceso el integrante de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas –creada por la mesa de paz de La Habana–, Jairo Estrada.
De acuerdo con este doctor en historia, economista y especialista en derecho público, el hecho de que los responsables de esta guerra sean varios actores y no sólo la insurgencia “complejiza el tema de la justicia en la mesa de negociaciones, porque no se trata únicamente de que la guerrilla reconozca sus crímenes y se le sancione por ellos, sino de que todas las partes hagan lo mismo”.
La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas fue creada en agosto pasado por un acuerdo entre el gobierno y las FARC. Durante cuatro meses, 12 académicos y dos relatores que la integran elaboraron ensayos individuales sobre los orígenes y las causas del conflicto, los factores que han contribuido a su persistencia, sus impactos más notorios sobre la población y sus responsables.
Los trabajos, que fueron divulgados en febrero, reflejan una pluralidad de visiones y discrepancias profundas en la interpretación histórica del conflicto. También tienen coincidencias, entre las que destacan dos: que la responsabilidad de esta guerra es muy amplia y que la agenda de negociación del actual proceso de paz es el mejor camino para superarla.
Salida política
Para Estrada lo que necesitan hacer el gobierno y las FARC es resolver el tema desde su complejidad y esto significa no limitar la negociación a la justicia.
“Cuando la justicia se reduce al derecho y cuando el derecho se reduce al castigo y el castigo es cárcel, entonces entramos en un nudo muy difícil de resolver para un conflicto tan complicado como éste”, dice el profesor de ciencias políticas de la UN.
Un escenario que se abre paso es que el modelo de justicia transicional que surja de los diálogos de La Habana incluya no sólo a guerrilleros, sino a integrantes de la fuerza pública y a los políticos y empresarios que se aliaron con paramilitares. Todos ellos tendrían beneficios penales, es decir, podrían pagar con penas distintas a la cárcel los crímenes cometidos.
Fue el expresidente César Gaviria quien lanzó una propuesta en esa dirección en un artículo publicado en febrero en el diario El Tiempo. Santos la respaldó y dijo que “buscar ese equilibrio entre justicia y paz es una tarea esencial”. Los delegados de las FARC en La Habana también acogieron la iniciativa. “Es importante porque puso en discusión el tema de avanzar hacia la búsqueda de la verdad y encontrar la justicia”, señaló Catatumbo.
La propuesta fue rechazada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero cercanos a él, como el abogado penalista Jaime Granados, la respaldaron. El jurista argumentó que “el derecho no puede elevarse como un muro infranqueable para alcanzar la paz”.
De acuerdo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, es posible conciliar los ordenamientos del derecho internacional con los intereses del país, pero “ninguna institución jurídica puede ser obstáculo ni camisa de fuerza para impedir la construcción de la paz” en Colombia.
El presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), Jaime Ruiz Barrera, dice a este semanario que aunque tiene una visión “pesimista” del proceso de paz por la “poca credibilidad de las FARC”, le parece conveniente que exista una “solución para todos: los ‘terroristas’ (como llama a los guerrilleros), los miembros de la fuerza pública y los civiles que por circunstancias del conflicto armado hayan cometido delitos”.
Lo único que pide Ruiz es “que no nos metan en el mismo saco” y que sean tribunales diferentes los que, como resultado de un eventual acuerdo de paz, juzguen a guerrilleros, militares y civiles en un sistema de justicia transicional que pudiera prever penas alternativas a la cárcel.
“Esa podría ser una solución. Nosotros, como militares, no somos un palo en la rueda del proceso de paz. Somos amigos de la paz”, asegura.
Aun cuando la justicia internacional avale una salida jurídica que no implique cárcel para los jefes de las FARC y otros actores del conflicto, no será una tarea sencilla convencer a la sociedad colombiana de las ventajas de un acuerdo de ese tipo.
Los detractores del proceso de paz, encabezados por el expresidente Uribe Vélez –cuya imagen favorable ha bajado, pero aún es de 45%–, tendrían elementos para decirle al país que sus advertencias sobre un pacto de impunidad con la guerrilla se han cumplido.
Y ese discurso sería de muy poca ayuda para la paz cuando llegue la hora de refrendar los acuerdos, ya sea a través de un referendo, como quiere el gobierno, o de una Asamblea Constituyente, como buscan las FARC.
Según una encuesta de Cifras & Conceptos, sólo 15% de los colombianos respalda que los jefes de las FARC no vayan a la cárcel y 34% apoya la participación electoral de éstos tras un eventual acuerdo de paz.
El politólogo y director de esta encuestadora, César Caballero, sostiene que si el proceso de paz avanza y muestra resultados, es posible que gane más apoyo, como ha venido ocurriendo desde 2012, cuando se iniciaron las conversaciones.
Dice que incluso la participación de exguerrilleros en política puede ser aceptada por la opinión pública, aunque cree “muy difícil” que ocurra lo mismo con la aplicación de penas distintas a la cárcel para los jefes de las FARC que dejen las armas.
De acuerdo con los sondeos de Cifras & Conceptos, el porcentaje de colombianos que cree que el proceso de paz llegará a un final positivo es, por primera vez, más alto que el porcentaje de quienes se muestran pesimistas. Un 47% considera que será exitoso, 45% no lo cree y 8% no supo qué responder.
Más allá de las percepciones, el gobierno de Santos y las FARC están dando pasos inéditos en medio de la negociación, como el cese unilateral e indefinido del fuego insurgente y la suspensión de los bombardeos aéreos de las fuerzas armadas, y los dos hechos podrían estar marcando el principio del fin del conflicto armado.
