A pesar de que los habitantes de las comunidades del municipio de Cañadas de Obregón llevan años defendiendo su entorno para evitar que se construya la presa El Zapotillo –la obra incluso está detenida–, el director del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua decidió asignar al municipio de León, Guanajuato, 120 millones de los 411 millones de metros cúbicos que almacenará la represa al año. Esa inopinada decisión provocará un déficit del líquido en las poblaciones alteñas, se quejan los lugareños, quienes ven hipotecado su futuro.
Pese a que existen recursos legales que impiden al organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) concesionar el líquido de la presa El Zapotillo, el titular de la dependencia, José Elías Chedid Abraham, asignó casi 120 millones de metros cúbicos al municipio de León, Guanajuato.
Según el Registro Público de Derecho de Agua, el pasado 13 de febrero a las 11:00 horas se efectuó la inscripción del título de concesión con el número 08JAL 155604/12HBOC15. Mediante ese documento, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) podrá aprovechar durante los próximos 30 años el agua del embalse jalisciense que se construye sobre el río Verde, en el municipio Cañadas de Obregón.
Desde el 23 de mayo de 2013, la dependencia leonesa solicitó a la Conagua “la asignación de aprovechamiento de aguas superficiales, de la fuente de abastecimiento denominada presa El Zapotillo por un volumen de 19 millones 837 mil metros cúbicos anuales, para uso público urbano” (expediente GUA-L-0527-23-05-13).
Para el 18 de diciembre del año siguiente, la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico emitió el dictamen técnico procedente número DT/OCLSP-14 597, para asignar dicho volumen. El 30 de enero de 2015 Chedid Abraham firmó el acuerdo para que se notificara personalmente al SAPAL, lo cual se hizo posteriormente para que entrara en vigencia “a partir del día siguiente de la notificación de la resolución-título”.
De acuerdo con el proyecto original, sólo se entregaría agua de la presa El Zapotillo a León y a las poblaciones de los Altos de Jalisco. Sin embargo, durante la administración del panista Emilio González Márquez (2007-2013) se estableció un nuevo convenio para elevar la cortina de 80 a 105 metros de altura, sin consultar al Congreso de Jalisco.
Ante esa omisión, los legisladores locales interpusieron una controversia constitucional –la número 93/2012– y en agosto de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el convenio era ilegal; también determinó que, para garantizar la dotación de agua del río Verde para el estado, las autoridades debían apegarse a lo establecido en el decreto de 1995. La resolución obligó a que la cortina fuera de 80 metros y no de 105.
El llamado decreto federal de Reserva de Agua Disponible del río Verde para los estados de Guanajuato y Jalisco indica que las poblaciones alteñas del estado dispondrían de 385 millones de metros cúbicos anuales del afluente, mientras que al vecino estado le tocarían alrededor de 120 millones.
Con la concesión otorgada a los leoneses, las afectadas son las poblaciones alteñas de Jalisco, debido a que la capacidad de almacenamiento de la represa es de 411 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales 120 millones serán para el municipio guanajuatense y sólo 291 millones para las poblaciones alteñas, lo cual provocaría un déficit en la entidad, pues requiere 385 millones de metros cúbicos.
El anexo 1.1 de la resolución del título de concesión a la SAPAL, el relativo a las “Condiciones específica de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales”, quinto punto, por ejemplo, especifica:
“No se garantiza la existencia e invariabilidad del volumen concesionado, de acuerdo con el artículo 42 del reglamento de la Ley de Aguas Nacionales… toda vez que la disponibilidad de las aguas está en función de variables naturales fuera de control de la Conagua, las cuales dependen de fenómenos atmosféricos aleatorios no sujetos a ninguna ley previsible y que pueden causar abundancia o escasez de agua, lo que a su vez definirá que pueda disponerse o no del volumen concesionado.”
En ese documento no se menciona nada sobre la modificación de la cortina de 80 a 105 metros –que en tanto no procedió, la capacidad de almacenamiento será menor–, con lo cual Jalisco recibiría menos agua. El asunto se complica porque las autoridades deberán pagar al grupo español Abengoa, quien desde 2011 obtuvo la concesión por 25 años para la construcción de un acueducto de 144 kilómetros que llevará el agua de la presa a León.
Desde ese año, la Conagua entregó el título de concesión OCLSP-DAPDS-01-11 a la empresa filial Abengoa México. En las obras, que continúan atoradas, también participan Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente; Sociedad Unipersonal, y Abeinsa Ingeniería y Construcción Industrial.
Actualmente, la SCJN estudia cuatro denuncias derivadas de juzgados en Materia Civil y Administrativa interpuestas por habitantes de Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón, quienes insisten en que la presa provocará inundaciones y su pueblo podría desaparecer.
El 28 de marzo pasado, los habitantes de Temaca conmemoraron el cuarto aniversario de la toma pacífica de las instalaciones de la presa y celebraron la estrategia jurídica que ha impedido sobrepasar la cota 80 de la cortina artificial.
Asimismo, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) difundió un documento en el cual asegura que a través de un drone se ha constatado que si bien actualmente la construcción de la cortina de la presa El Zapotillo se encuentra detenida, “las obras complementarias a la cortina son para una presa de 105 metros, aún a pesar de las suspensiones definitivas dictadas por el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco”.
Cargos para los cuates
El ciudadano Francisco Leal Mejía interpuso una solicitud de información al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos el 6 de octubre de 2014 (folio 1610100197114) y se enteró de que la Conagua contrató personal no apto para las funciones que realizan en esa dependencia.
Descubrió, por ejemplo, que el jefe de personal, José de Jesús Valdez González, y el director de Administración, Francisco Javier Padilla Conzuelo, mintieron al asegurar que el personal sí cumple con el perfil para el cargo que desempeñan.
El 9 de octubre siguiente, la Comisión Nacional del Agua entregó a Leal Mejía un listado de ocho funcionarios, entre ellos el propio Chedid Abraham, Padilla Conzuelo y Cesáreo Malvaez Velázquez, director de Planeación.
También están Mayté Vera Cruz, jefa de proyecto; Édgar Eblem Ortega Blanco, jefe de unidad de Tesorería, e Irene Angélica Acosta Aguilar, encargada de despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos, todos ellos cercanos a Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México.
Asimismo, Froylán Pascual Suárez, jefe de despacho de la Dirección de Administración del Agua; Reynaldo Evaristo Díaz Hernández, director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, y Héctor Saucedo Arenas, titular de Infraestructura Hidroagrícola. Según Valdez González y Padilla Conzuelo, todos cumplen con el perfil profesional.
Sin embargo, para Leal Mejía, la información es falsa. E insiste: “parte del personal incluido en el listado carece de elementos o requisitos para cubrir los perfiles, lo que trae como consecuencia el detrimento del erario, al pagar salarios fuera del marco legal, pues de la revisión de los perfiles nos damos cuenta de la manipulación de la información proporcionada”.
En el caso de Vera Cruz, quien cobra casi 40 mil pesos brutos al mes como jefa de proyecto de apoyo a la dirección, según la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, debe estar titulada y tener un mínimo de cuatro años de experiencia. No obstante, la información que recibió Leal Mejía indica que ella terminó la preparatoria.
Acosta Aguilar, quien gana 25 mil 254 pesos brutos al mes como encargada de despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos, tampoco está titulada ni tiene tres años de experiencia mínimos, pues es pasante en derecho.
Ortega Blanco, quien percibe un sueldo bruto mensual de 25 mil 254 pesos como jefe de Tesorería, no cuenta con cédula profesional ni con una experiencia mínima de tres años.
Leal Mejía considera que Padilla Conzuelo y Valdez González mintieron al responder a la solicitud de transparencia, por lo que presentó una denuncia ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y ante el Comité de Información de la Conagua, en la que pide fincar “responsabilidades administrativas o penales a que haya lugar, con la finalidad de solventar las irregularidades encontradas”.
También solicita una auditoría a ambos funcionarios “con la finalidad de observar si han incurrido en más responsabilidades (durante su gestión)”.
