En el Congreso del estado reposan al menos cuatro iniciativas de ley antidiscriminación, una de las cuales, impulsada por la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual, es acompañada de un proyecto de ley de identidad sexo-genérica. A pesar de que ésta le daría a la autoridad un instrumento para proteger los derechos de un sector actualmente vulnerable, los diputados la olvidaron: están dedicados a conseguir otro puesto en las próximas elecciones.
A punto de cumplirse un año de la Marcha del Orgullo GDL, el principal reclamo de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual (LGBT) de la ciudad sigue archivado en el Congreso del estado.
Se trata de la iniciativa de Ley contra la Discriminación, que diversos colectivos y agrupaciones han impulsado junto con la Ley de Identidad Sexo-genérica, que permitiría adquirir una nueva personalidad a quienes cambien de sexo.
Con las elecciones intermedias en puerta, en las que se renovarán presidencias municipales y diputaciones, tanto locales como federales, lo más probable es que ambas iniciativas de ley tendrán que esperar.
En febrero pasado la Unión Diversa de Jalisco (UDJ) hizo un extrañamiento público a los legisladores que se comprometieron a revisar las propuestas. El secretario de la organización, Juan Carlos Becerra, recordó que después de su primera marcha (el 21 de junio del año pasado), en la que participaron cerca de 10 mil personas, entregaron a cada diputado su propuesta base, con criterios y lineamientos para definir la discriminación y sancionarla, pero ningún legislador hizo observaciones.
Dice que otras tres iniciativas se enviaron al Congreso en 2014, pero ninguna de ellas avanza. Una de ellas, denominada Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, fue presentada el 19 de enero por la diputada priista Bertha Yolanda Rodríguez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Familia.
El 11 de febrero, los diputados del llamado Grupo de los 9 (G9), encabezados por Fabiola Loya Hernández, de Movimiento Ciudadano, y Víctor Manuel Sánchez Orozco (entonces legislador del PAN), presentaron la iniciativa de Ley Antidiscriminación.
Y el 16 de julio el diputado Miguel Castro Reynoso, del PRI, propuso la creación de una norma en materia de discriminación. Según él, realizó la iniciativa con el Consejo Consultivo de Organismos Civiles para la Inclusión Social.
Becerra dice que Jalisco tiene un retraso de más de una década en la materia, y que sólo avanzó en un apartado del Código Penal local cuando se tipificó el delito de discriminación en el artículo 202 Bis.
Éste señala que se impondrán de 50 a 100 días de multa o de 30 a 100 jornadas de trabajo comunitario “al que por razones de origen étnico, edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, nacionalidad, idioma, religión, ideología, preferencia sexual, condición social o económica, trabajo o profesión, discapacidad, características físicas, estado de salud o cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana, limite, anule o genere un menoscabo a los derechos, libertades y seguridad de la persona”.
No obstante, afirma que esto es insuficiente, porque en los órganos judiciales no existe un protocolo de actuación para atender la discriminación y comprobarla. Lo mismo sucedió cuando el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de castigar el feminicidio: los Ministerios Públicos no sabían cómo aplicarla.
Becerra precisa que simplemente para nombrar el rechazo de la gente hacia las personas con distintas preferencias sexuales existen diferentes categorías, como homofobia, lesbofobia o transfobia, lo que de entrada ya es una complicación para las autoridades.
Recuerda el caso de Yuri Alejandra Delgado Luévano, quien trabajaba en el lujoso hospital Puerta de Hierro pero fue despedida el 24 de enero de 2014 por ser lesbiana. A decir del activista de la UDJ, hasta la fecha ninguna institución ha reparado el daño a Delgado Luévano. Incluso el presidente municipal de Zapopan, Héctor Robles Peiro, mostró disposición a generar un reglamento contra la discriminación después de que se armó el escándalo, pero esto no ha ocurrido.
“Es necesario que le digan a cada comercio: no puedes discriminar ni por apariencia ni por preferencia sexual ni por género. Porque tenemos compañeras lesbianas que aparte son madres; el derecho a la maternidad no está peleado con las preferencias sexuales.”
Pero aun cuando los casos de discriminación son atendidos, su proceso de deliberación es demasiado lento. Becerra cita el ejemplo de una pareja homosexual que interpuso una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) porque fue expulsada de un bar de la colonia Providencia porque se besaron. Dice que la institución tardó 10 meses en resolver su queja y las sanciones para el dueño del local El Barezzito fueron mínimas.
Por eso es necesario legislar en materia de discriminación, enfatiza Becerra, pues los diputados se han mostrado muy tibios con las demandas de la comunidad LGBT y llegan a trivializarlas.
Batalla jurídica
Sobre la Ley de Libre Convivencia que el Congreso del estado aprobó en octubre de 2013, a iniciativa del diputado perredista Enrique Velázquez, Becerra afirma que implica una doble discriminación para las parejas del mismo sexo que desean casarse, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya determinó que el matrimonio es la unión entre dos personas, sin especificar el sexo.
Comenta que actualmente no puede afirmarse que las parejas que se vinculan por esa ley local están casadas, pues el matrimonio se formaliza en el Registro Civil y no ante notario público. Lo peor es que el Congreso del estado obstaculiza los matrimonios homosexuales.
Muestras de ello son Luis Ventura y Luis Mendoza, quienes promovieron un amparo para poder casarse en Jalisco. Ellos siguieron el ejemplo de Martha Sandoval y Zaira Viridiana de la O, la primera pareja lésbica oficialmente unida en matrimonio en la entidad. Sin embargo, dice que el Congreso local está combatiendo ese amparo a través de un recurso de impugnación que promovió su Dirección Jurídica.
Sin embargo, Becerra está convencido de que las parejas van a ganar la batalla legal porque en 28 estados de la República se han presentado amparos similares y tres de ellos han tenido que dirimirse en la SCJN, con resultado favorable a los solicitantes.
Advierte que con el quinto amparo podrá sentarse jurisprudencia y no habrá marcha atrás en la legalización del enlace matrimonial de parejas del mismo sexo. “Pasó en Baja California, el Estado de México, Colima y Oaxaca: el siguiente podría ser Jalisco”, comenta.
En su opinión, si para legislar en materia de matrimonio igualitario los diputados se hicieron bolas, la Ley de Identidad Sexo-genérica va a causarles más confusión. “Eran juicios larguísimos, porque tenías que demostrar que tu mente no está acorde a tu cuerpo…, que a pesar de que es tu cuerpo biológico no es tu género psicológico”, explica.
Al respecto, Cuauhtémoc Urbina Miranda, quien promueve la segunda Marcha por el Orgullo GDL, afirma que los legisladores no se han acercado con la comunidad LGBT, y lo preocupante es que la mayoría de quienes recibieron las propuestas de ley antidiscriminación y de identidad sexo-genérica solicitaron licencia a su cargo para postularse a otro puesto en los comicios del 7 de junio.
Argumenta: “La marcha no es nada más para hacer una fiesta… No fue una congregación de cinco personas, sino que estaba latente. Para empezar, en todos los medios cooptados nadie habló sobre el discurso político y la necesidad de la Ley contra la Discriminación, pero aún así se les dio por enterados y nadie ha tenido a bien acercarse. Se supone que legislan a favor del pueblo, pero están totalmente distanciados”.
En el documento entregado a los legisladores, la comunidad LGBT propone que la ley se aplique a instituciones públicas y privadas, como a personas físicas y servidores públicos; que se desarrollen políticas públicas, así como medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para grupos específicos.
Asimismo, plantean que se genere un órgano autónomo con patrimonio propio para vigilar el cumplimiento de la ley; definir un procedimiento local para investigar y sancionar los actos discriminatorios, y definir las sanciones para reparar el daño.
La UDJ surgió en 2014, después de que la Marcha de la Diversidad Sexual o del Orgullo Gay de junio de 2013 dejó inconformes a muchos integrantes de la comunidad LGBT, porque sus organizadores la realizaron en un rincón lejos de la avenida Chapultepec, donde perdió relevancia al concluir en un camellón que está frente a un supermercado, cuando por años el desenlace ha sido el primer cuadro de la ciudad, ante la Catedral Metropolitana y el Palacio de Gobierno.
Al final de la marcha del año pasado, la Unión de Artesanos de Yacatecutli –conformada por otomíes, mixtecos, tzotziles, purépechas, nahuas y wixárika– señaló que los grupos indígenas son los más discriminados por el color de su piel, su vestimenta y su idioma, por lo que se ven obligados a ocultar su identidad y poner en peligro la subsistencia de su cultura.
En esa ocasión, Urbina Miranda hizo saber que es homosexual y seropositivo. Dio testimonio de que el portador del VIH no sólo debe preocuparse por el tratamiento médico o por el inminente final de su vida, sino también soportar el estigma social que le imponen la familia, los amigos y principalmente las instituciones.
“Ese es el asesino real de tu existencia, mucho más que cualquier virus”, dijo.
