Un escándalo protagonizado por su hijo, Sebastián Dávalos, mancha y desprestigia a la presidenta chilena Michelle Bachelet. Tráfico de influencias y uso de información privilegiada son las acusaciones contra el vástago, quien ayudó a su esposa a enriquecerse aprovechando su posición como funcionario público. La esperanza puesta por los chilenos en un gobierno honrado se oscurece por una sombra de deshonestidad que nadie esperaba.
Santiago.- El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, quien el miércoles 11 cumplió el primer año de su segundo mandato, enfrenta un escándalo de tráfico de influencias y uso de información privilegiada protagonizado por su hijo, Sebastián Dávalos Bachelet, hasta hace poco director del Área Sociocultural de la Presidencia. El caso ya mermó la credibilidad de la mandataria y deteriora más al ya de por sí desprestigiado sistema político chileno.
El escándalo estalló el pasado 5 de febrero, cuando el semanario chileno Qué Pasa publicó el reportaje “Un negocio Caval”. Allí se informó que el 16 de diciembre de 2013, un día después del triunfo de Bachelet contra la derechista Evelyn Matthei, el Banco de Chile aprobó un crédito por 6 mil 500 millones de pesos (cerca de 13 millones de dólares al cambio de entonces) a la Sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada.
La propiedad de esta empresa es compartida en partes iguales entre el publirrelacionista Mauricio Valero Illanes y la politóloga Natalia Compagnon Soto, esposa de Dávalos Bachelet. Éste ejercía entonces como gerente de proyectos de la compañía.
El crédito se usaría para comprar tres predios (Santa Cecilia, Santa Elena y San Diego) de la comuna de Machalí (región de O’Higgins, cien kilómetros al sur de Santiago). De acuerdo con las expectativas de los compradores, estos terrenos pronto pasarían de rurales a urbanos, fruto de modificaciones que se tramitaban al Plano Regulador Comunal, lo cual aumentaría varias veces su valor.
“Machalí ha duplicado su población en los últimos 10 años y se ha convertido en el lugar favorito de la clase alta de la región de O’Higgins y los predios (comprados por Caval) están ubicados justo frente al Club de Polo y a pocos metros del prestigioso Colegio Coya, por lo que son ideales para emplazar un mall, un hotel y condominios”, informó Qué Pasa.
La gestión del crédito con los bancos fue confiada al asesor de la empresa Caval, Sergio Bustos. Este intentó conseguir los fondos con varias entidades bancarias pero todas se negaron a hacer el préstamo. Algunas, por considerar excesivo el monto solicitado para una empresa de tan bajo capital (10 mil dólares) y otras, como Banco Itaú, por implicar a personas expuestas políticamente, categoría en la que se encontraba Dávalos Bachelet.
Tras estos fracasos, Bustos intentó con el Banco de Chile, el cual finalmente facilitaría los recursos tras la intervención directa del dueño del banco. En consideración a la participación de Dávalos, el vicepresidente y accionista principal, Andrónico Luksic, recibió a éste y a su esposa, el 6 de noviembre de 2013. Este encuentro fue reconocido por el Banco de Chile en un comunicado cuatro días después de que estallara el escándalo.
Caval compró los terrenos en enero de 2014 mientras su venta se concretó el 4 de febrero pasado, horas antes de que todo se comenzara a saber.
Hugo Silva –dueño de la empresa inmobiliaria Silca Servicios– le pagó a Caval 9 mil 500 millones pesos (14.8 millones de dólares) por estos predios. Dos mil 500 millones fue la ganancia de la empresa y 500 millones la del Banco de Chile.
Caja de Pandora
Una vez que el Banco de Chile traspasó el crédito, Caval despidió a Sergio Bustos, quien reaccionó interponiendo –en noviembre de 2014– una demanda laboral. Esta acción fue decisiva para que se abriera la caja de Pandora en que se ha convertido el caso Caval o nueragate, como originalmente se le conoció.
Bustos denunció el 25 de febrero –en Radio ADN– que dos días después de que apareciera la publicación detonante del caso, se le acercaron abogados de Caval y le ofrecieron el equivalente a 270 mil dólares a cambio de un contrato que amarrara su silencio. Él asegura haber rechazado los términos del mismo. La empresa Caval no ha negado esta especie.
En un reportaje publicado el viernes 27 de febrero por el Centro de Investigaciones Periodísticas (Ciper-Chile), se informó que en medio de las negociaciones de compra de los citados predios, Caval recibió información privilegiada. Se trata de un informe de tasación –de nueve páginas, con planos y fotos– donde se aseguraba que los tres terrenos pretendidos cambiarían en el breve lapso su tipificación: pasarían de rurales a urbanos.
Este documento fue preparado por la arquitecta Cynthia Ross Wiesner, sobrina de Patricio Wiesner, dueño de los predios adquiridos por Caval. Ella también se desempeñaba como arquitecta de la Dirección de Obras del Municipio de Machalí, donde se tramitaba la modificación al plano regulador intercomunal Rancagua-Machalí.
Como reportó Ciper, en dicho informe de tasación se afirma que “(El Ministerio de Vivienda) de la región de O’Higgins se encuentra tramitando una modificación a su actual Plan Intercomunal, donde se incorporan los predios San Diego y Santa Cecilia al área urbana. Para el mes de julio (2013) se planifica la aprobación de esta iniciativa en el CORE (Consejo Regional), que luego debe ser sólo ratificada en Contraloría para ser publicada posteriormente en el Diario Oficial”.
Estos antecedentes podrían ser determinantes en el futuro judicial del caso. El 16 de febrero, los diputados de la derechista Renovación Nacional José Manuel Edwards y Nicolás Monckeberg presentaron ante la fiscal nacional, Solange Huerta, una denuncia en la cual piden que se investigue una eventual “negociación incompatible y tráfico de influencias”. Huerta nombró a cargo de las pesquisas al fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo.
Toledo, en una de sus primeras acciones, solicitó al juez de garantía de Rancagua, Luis Barría, que autorizara la incautación de computadoras personales del matrimonio Dávalos-Compagnon, hecho que se cumplió el lunes 9 con participación policial y la presencia del fiscal.
Para complicar más la situación de los Bachelet, Hugo Silva –dueño de Silca– presentó el martes 10 una querella por estafa contra Caval. El fundamento: los terrenos se vendieron bajo el presupuesto de que pronto serían urbanizables y por lo mismo subirían mucho su valor. Un día después de concretarse la compra estallaría un escándalo que, en los hechos, ha paralizado la modificación del plano regulador.
Vida fácil
Antes de asumir como director sociocultural de la Presidencia, el hijo de la mandataria había sido cuestionado por su tendencia a la ostentación y al dinero fácil. El 3 de diciembre de 2013, Qué Pasa difundió el reportaje “Los negocios de Dávalos Bachelet”, donde informó que en 2012 sociedades comerciales de Dávalos y Compagnon adquirieron cuatro vehículos de lujo marca Lexus.
Sostiene la citada nota: “En la reservada lista de clientes de sus sociedades se encuentra el empresario Gonzalo Vial Concha, controlador de Graneles de Chile e hijo del dueño de Agrosuper (gran empresa de alimentos que tiene un nutrido historial de contaminación ambiental)”.
Según dicho semanario, el 14 de octubre de 2012 “Vial les facilitó su fundo Haras de Callanas en Paine (cerca de Santiago), para que la pareja celebrara su fiesta de matrimonio”.
Sus encumbrados lazos parecen haberlo favorecido en otras circunstancias. En marzo de 2005, cuando acababa de terminar la carrera de ciencias políticas en la Universidad Central, fue contratado por la Unidad Asia del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Un año después pasó a formar parte del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio con Japón, siendo el único que no tenía experiencia diplomática. En sus primeros años de trabajo en la Cancillería, que coincidieron con el inicio del primer mandato presidencial de su madre, Dávalos fue constantemente comisionado a viajes de trabajo o estudio.
En diciembre de 2006, mientras desempeñaba las citadas funciones, Dávalos creó junto a Compagnon y un académico taiwanés, la empresa Comercial, Inversiones & Consultorías Asia Pacific Brokers, destinada a facilitar negocios a inversores asiáticos en Chile, negocio que se veía ampliamente favorecido dado su rol en la Cancillería.
Pese a sus inclinaciones, al asumir su segundo mandato presidencial, Bachelet le asignó la función de director sociocultural de la Presidencia, lo cual suponía administrar siete fundaciones ligadas a la protección infantil y al desarrollo cultural, que en conjunto manejan un presupuesto superior a los 300 millones de dólares.
Cuando los hechos se desencadenaron, la mandataria estaba de vacaciones. Aunque el escándalo crecía, ella y su hijo guardaban silencio, mientras en La Moneda el ministro de Justicia y vocero veraniego de Gobierno, José Antonio Gómez, sudaba para justificar lo injustificable.
En alocución con los medios, el 9 de febrero, Gómez sostuvo que el Caso Dávalos era un asunto entre privados y “no existe perjuicio fiscal ni participación de recursos públicos”.
Cuando la presión para que Dávalos respondiera por sus actos se tornó insostenible, éste se presentó –el 13 de febrero– en La Moneda. Entonces advirtió: “Voy a leer una declaración y no voy a aceptar preguntas”.
Incómodo, sin hacer pausas ni para respirar, leyó con el tono de quien hace algo por cumplir y quiere terminar lo más rápido posible. Allí agradeció a sus colaboradores, dio breve cuenta de sus acciones y anunció su renuncia. “Se me ha criticado por trabajar en el servicio público y en el privado. Es debido a lo anterior que pido perdón”.
El 23 de febrero, al volver a La Moneda luego de sus vacaciones, Bachelet abordó por vez primera el Caso Caval. Consultada respecto de si supo previamente que su hijo se reuniría con Luksic para tramitar su crédito, lo negó. “Me enteré por la prensa”, aseguró. Esta frase no tardó en convertirse en el tópico más comentado en Twitter. Según una encuesta de la consultora Cadem –divulgada el lunes 2– 71% de los chilenos no cree que esto sea verdad.
Errores en cadena
En el barrio Villa Francia, de la populosa comuna santiaguina de Estación Central, se congrega uno de los enclaves más fuertes de la izquierda popular chilena. Entre los referentes de este núcleo poblacional se encuentra la radio que lleva su nombre, que tras 25 años de historia funcionando como una comunidad de pares sin jerarquías, ha conseguido tener decenas de miles de radioescuchas y convertirse en un medio con fuerte arraigo en los movimientos sociales.
En entrevista con este corresponsal, el coordinador editorial de Radio Villa Francia, Antonio –resguarda su verdadera identidad–, señaló que el “caso Caval” está golpeando fuertemente toda la institucionalidad política. Fundamenta: “En el plano discursivo se supone que éste era el gobierno de la equidad, del ‘no al lucro’, y lo que se está viendo es algo completamente distinto”, expresa.
Manifiesta que este episodio “sólo puso en evidencia los fuertes vínculos que el gobierno tiene con los grupos económicos, en particular con el grupo Luksic, cuyos principales y cuestionados proyectos como la hidroeléctrica Alto Maipo y la tóxica mina Pelambres cuentan con su entero respaldo”.
En el mismo sentido, apuntó: “Este escándalo afecta directamente a la Nueva Mayoría, porque esta coalición ha apostado todo su crédito político en la persona de Michelle Bachelet”.
Añade: “Aquí se ha hablado de que ‘este es el programa de la presidenta Bachelet’… ‘aquí vamos todos detrás de la presidenta Bachelet’ y resulta que la bomba estalla en la casa de Bachelet”.
En el análisis que se hace en el consejo editorial de Radio Villa Francia, la presidenta y el gobierno han cometido numerosos errores que han incidido en el gran impacto que ésta ha alcanzado: “El primero fue no salir a condenar el fraude”, expresa Antonio. “Otro fue guardar silencio”, añade. Una tercera equivocación político-comunicacional del gobierno habría sido circunscribir el caso Caval a lo meramente legal descuidando el componente ético.
Antonio señala también que la forma en que ha reaccionado el gobierno muestra claramente que éste sigue utilizando la misma lógica de la Concertación (antecesora de la Nueva Mayoría): “Están pensando que Chile está en el 2000 y estamos en 2015: tienen las mismas recetas… de hecho, el que Bachelet haya resuelto crear una comisión para resolver el problema lo demuestra. Hay que recordar que el primer mandato de Bachelet se caracterizó por ser el gobierno de las comisiones”.
El vocero de Radio Villa Francia estima que ahora “la gente no se va a tragar fácilmente que una comisión entregue una propuesta al Ejecutivo y que luego el Congreso, con los mismos que hoy están desprestigiados, siga decidiendo”.
