Cuando una inspección federal de seguridad ordenó en 2012 a Oceanografía que colocara un bote salvavidas en el barco Caballo de Trabajo, el representante de la empresa se inconformó, pues no lo consideraba necesario. Aunque tenía 117 trabajadores, carecía de clasificación de riesgo e incumplía 10 de las 22 normas oficiales de seguridad, aquella fue la única objeción que se le hizo a la nave.
Cinco años antes, en octubre de 2007, un naufragio de botes salvavidas –llamados “mandarinas”– de la plataforma petrolera Usumacinta había causado la muerte de 22 trabajadores; pero hasta entonces la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) jamás había inspeccionado una embarcación por seguridad e higiene, hasta el 29 de junio de 2012, cuando lo hizo en la Caballo de Trabajo.
La función del barco inspeccionado era dar mantenimiento y rehabilitación a plataformas petroleras. Fue por ese tipo de actividad en la flota de Oceanografía que legisladores como Manlio Fabio Beltrones exigían investigar su responsabilidad en el mal estado de las mandarinas de la tragedia de 2007, pero el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, aseguró siempre que dicha empresa no estaba implicada.
Caballo de Trabajo es un barco multipropósito de 81.6 metros de eslora por 16 de manga, con un helipuerto y dormitorios para las prolongadas estancias de su tripulación; no es el más grande de la empresa del polémico Amado Yáñez Osuna, pero los resultados de la inspección –gestionada por los propios trabajadores de la empresa– arrojaron luz sobre las pésimas condiciones de seguridad con que operaba.
Mediante una solicitud de acceso a la información (folio 0001400109814) fue posible corroborar que aquella fue la primera acción realizada por la STPS durante los gobiernos panistas y tuvo lugar meses después de que asumiera la titularidad de esa dependencia Rosalinda Vélez Juárez, quien sustituyó a Lozano Alarcón.
Entre los resultados de la inspección se documentó que el barco carecía de reglamento interno de seguridad, estudio sobre riesgos de incendio así como de obligaciones relacionadas con el manejo y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas o contaminantes del ambiente laboral.
Tampoco tenía estudios y previsiones sobre corte, soldadura y generación de ruido; nada de lo estipulado en la norma relativa a la elevación o cambio de condiciones térmicas, ni sobre el manejo de recipientes con presión o calderas y mucho menos sobre la iluminación de interiores y áreas de trabajo.
En total, la inspección concluyó la necesidad de aplicar 24 medidas urgentes. Pero no fue todo. De acuerdo con empleados de la Dirección Federal de Inspección de la STPS que participaron en el proceso –y quienes pidieron mantener bajo reserva sus identidades por no estar autorizados a declarar–, los obstáculos se presentaron desde que la Capitanía de Puerto intentó evitar su trabajo, argumentando que la ley no autorizaba inspecciones en alta mar.
De ahí que la orden de inspección se hubiera dado el 30 de diciembre de 2011 y no se ejecutó sino en junio de 2012.
Entre otras cosas, encontraron hoyos en la cubierta. En uno de esos un trabajador cayó. Su cuerpo nunca fue localizado.
En los primeros días de noviembre de 2012 los inspectores de la STPS intentaron una nueva inspección, pero en las instalaciones de tierra en Coatzacoalcos, Veracruz. Fue inútil. El centro de trabajo estaba en el abandono, se asentó en el acta correspondiente.
La protección panista
Fundada en 1968, la empresa tuvo su época dorada durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. En esos dos sexenios se vio envuelta en la polémica por la presunta participación accionaria de los hermanos Bribiesca, hijos de la esposa de Fox, Marta Sahagún. En ese mismo periodo los ingresos por contratos con Pemex se incrementaron como nunca hasta sumar 30 mil millones de pesos.
Los buenos tiempos y los préstamos le permitieron ampliar su flota y hasta pudo comprar el equipo de futbol de Primera División Gallos Blancos de Querétaro.
La omisión de los gobiernos panistas y la impunidad que ésta facilitó a Oceanografía en materia laboral, se mantuvo el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta que detonó el escándalo de fraude cometido contra Banamex.
Sólo entonces la STPS emprendió una serie de inspecciones con las cuales documentó las múltiples violaciones a los derechos laborales fundamentales en que incurría la empresa.
El 13 de febrero de 2014, una semana antes de que se denunciara a Amado Yáñez Osuna por falsedad de datos –lo cual devino en la denuncia posterior por el fraude a Banamex–, se intentó la inspección 124/000242/2014 a Oceanografía en Ciudad del Carmen, Campeche, pero el personal directivo se negó y, literalmente, sacó de las instalaciones al inspector federal.
El procedimiento debió esperar hasta el 14 de marzo de 2014, luego de una multa y el apercibimiento a la empresa que, de una inspección de tierra, se amplió a las embarcaciones Don Daniel, Amado Daniel, Barcaza DLV 801, Don Amado, Caballo Maya, Caballo Marango, Caballo de Troya, Caballo Criollo e Islas Npeeoner, todas de la flota de Oceanografía.
En esas naves la empresa no pudo demostrar que la tripulación contara con suministro de agua potable y víveres suficientes, tampoco con herramientas ni equipos para el trabajo.
La diligencia reveló más: fueron tantas las deficiencias, que se le dictaron 82 medidas correctivas. De acuerdo con el acta de la inspección del 14 de marzo, se asentó que ni siquiera se presentó registro federal de contribuyentes, registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), clasificación ni prima de riesgo.
Dicha inspección se realizó en las oficinas corporativas, donde había una subestación eléctrica, patio, estacionamiento y almacén, pero no se sabía cuáles eran las dimensiones de la superficie utilizada; es decir que no tenía planos.
Aunque se trataba de la sede del corporativo, los representantes empresariales (cuyos nombres fueron tachados en la respuesta a la solicitud) declararon que no tenían trabajadores y aseguraron que quienes estaban ahí eran empleados de un contratista.
No tenía reglamento interior de trabajo, no daba instrucciones por escrito para uso de herramientas ni tenía constancias de habilidades laborales para el manejo de éstas. No llevaba bitácoras de seguridad conforme a la norma oficial relativa a instalaciones; tampoco de la norma de prevención de incendios, pues incumplía seis de los 11 requerimientos en esa materia.
Respecto a las normas relativas al uso de maquinaria y herramienta, no cumplía con nada, tampoco en relación con el manejo transporte y almacenamiento de sustancias químicas. Ninguna de las condiciones de manejo de equipo de protección; en cuanto a la integración de una comisión de seguridad e higiene, cumplía con siete de los 10 requerimientos y es quizás en la que mejor calificado salió.
En la subestación eléctrica la situación era similar. El día de la inspección no contaba con nada que acreditara el registro de accidentes; tampoco sobre seguridad en el manejo, control y suministro de energía eléctrica, ni sobre conducción de fluidos en tuberías; carecía de documentación sobre mantenimiento de las instalaciones, no cumplía con condiciones de prevención y seguridad, no había estudio de iluminación ni registro de riesgos ni accidentes, ni sobre señalizaciones.
Oceanografía apenas acreditó unos cuantos puntos después de la inspección de la autoridad laboral, que calificaba para entonces las fallas como “graves” y “muy graves”.
Ni el número de trabajadores
Entre las características de las operaciones de Oceanografía, según se desprende de la revisión de las inspecciones obtenidas por Proceso, destaca la ausencia de sindicatos, por lo cual no había contrato colectivo, pero tampoco había contratos individuales. Aunque en muchos de estos casos se declaró a los inspectores que los trabajadores eran de empresas contratistas, tampoco había prueba documental de ello.
Por ejemplo, en la inspección 123/000471/2014, el 5 de marzo de 2014 en el lugar conocido como Colonia Punta Prieta, en Baja California Sur –donde Oceanografía construía un muelle y un atracadero–, la empresa carecía de documentos probatorios del pago de nómina, no había comprobantes de pago de aguinaldo, vacaciones, horas extras ni control de asistencia.
En esa obra había 120 trabajadores que no estaban dados de alta en el IMSS, de manera que carecían también de Infonavit y de las prestaciones relativas a la seguridad social.
Cuando los inspectores entrevistaron al personal, comprobaron que efectivamente se les había dado de baja del IMSS; la nómina se retrasaba, no se les pagaba prima dominical, no tenían vacaciones ni prima vacacional ni se pagaban horas extras.
Algo similar ocurrió en Coatzacoalcos, donde no exhibió registro patronal, clasificación de riesgos ni prima de riesgo.
Por increíble que parezca, la STPS no pudo saber cuántos trabajadores había en la empresa, pero se expuso en el acta que tenía varias contratistas: Mano de Obra Calificada del Golfo, Transportes Navieros y Terrestres, Servicios Operativos y Administrativos y AMRH International Soccer, entre otras.
Resultó que eran empresas-fachada para evadir obligaciones, entre las que estaba, por ejemplo, Servicios Operativos y Administrativos, de acuerdo con información difundida este mes por el titular del IMSS, José Antonio González Anaya.
En marzo de 2014 el IMSS interpuso una demanda contra Oceanografía por haber subcotizado a los trabajadores, además de haber empleado otras razones sociales para pagar la nómina.
Por otra solicitud de información (folio 1410000056314), dirigida ésta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), fue posible saber que hay 710 procesos de demandas contra Oceanografía. Destacan dos de indemnización por muerte.
La última promoción de las inspecciones federales ocurrió el 28 de agosto de 2014. Con Yáñez sujeto a proceso penal, ya nadie respondió los requerimientos y se declaró a la empresa en rebeldía. Para entonces los bienes de Oceanografía ya estaban asegurados y bajo administración del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Sin embargo, hasta el pasado 12 de febrero pocos sabían qué se había asegurado y si aún se producían recursos. El diputado Luis Espinosa Cházaro, quien preside la Comisión de Investigación de Contratos Celebrados por Petróleos Mexicanos, sus Empresas Subsidiarias y Filiales de 2006 a la Fecha (la llamada Comisión de Oceanografía), solicitó al SAE que informara.
En cualquier caso se espera que la comisión legislativa desaparezca en los próximos días, tras el acuerdo camaral de austeridad que eliminará algunos órganos.
En tanto, volviendo al informe entregado por la JFCA, 516 trabajadores demandaron la indemnización constitucional. Por otra parte, en la página en internet de Oceanografía se colocó una opción para que quienes así lo decidan se acojan al programa voluntario de terminación laboral.
