En el campo jalisciense no importa qué establece la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar: igual que sucede con otros cultivos, los productores rurales terminan recibiendo migajas por sus cosechas, mientras los intermediarios se enriquecen. Sólo que en este caso éstos simulan ser parte de los campesinos, acaparan producto y para colmo encabezan las organizaciones (CNPR, UNC) a las que se debe afiliar quien pretenda procesar su caña.
Eliacer Berrueco Valdez obtuvo su primera cosecha de caña en 2011 y ya piensa abandonar el campo por falta de apoyo institucional y manejos turbios en el ingenio azucarero de Bellavista. Dice que cada año le aplican nuevos descuentos y al final le toca lo que a otros productores: “migajas”.
“Cada año me rebajan para machetes de cortadores, para arreglar dizque caminos saca cosechas que no se arreglan, me quitan despensas para los trabajadores… Estoy de acuerdo, pero no sé si se las dan”, protesta.
Muestra sus estados de cuenta. El del 30 de enero pasado establece que el valor provisional de 408 toneladas de caña industrializada era de 147 mil pesos, pero con las retenciones que le hicieron Berrueco Valdez cobró sólo 39 mil.
En agosto de 2013 entregó al ingenio 257 toneladas de caña con un valor estimado de 130 mil pesos y al final sólo recibió 18 mil. Lo mismo ocurrió en junio de 2012: cosechó 287 toneladas con un valor de 199 mil pesos y cobró 41 mil.
Berrueco Valdez señala que los descuentos son desproporcionados. Por realizar el corte y alce mecánico se le cobran más de 20 mil pesos, por acarreo 22 mil, más 25 mil pesos por uso de fertilizantes. También aparecen cobros por combate a ratas, herramientas de las cortadoras, cuotas estacionales y control biológico.
“En la primera zafra que yo tuve me dieron como mil 300 pesos. Siempre le salen al campesino con migajas, es el ingenio el que se lleva todo el dinero”, insiste.
Sin embargo, los onerosos servicios no están garantizados. El año pasado, dice la productora entrevistada, el ingenio no cortó las aproximadamente 40 toneladas de caña de su parcela a causa de un temporal, y se niega a reparar el daño pese a que la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar establece una indemnización para el productor cuando quede afectado por causas de fuerza mayor u omisión.
El párrafo I del artículo 87 de la citada ley precisa que se harán los cálculos del valor de la producción “deduciendo el promedio de los costos totales de cosecha y demás deducibles que le correspondan. Del valor resultante, 34% será absorbido por el propio abastecedor de caña, abonándosele a su cuenta 66%, del cual el Ingenio cubrirá 33% y el otro 33% será a cargo de la totalidad de los abastecedores de caña que hayan entregado caña durante la zafra de que se trate”.
Además, para Berrueco Valdez no son confiables las máquinas para cortar la caña, pues hay un desperdicio evidente. No se le permite al productor estar presente cuando el producto se transporta en tráileres para pesarlo, sino que el conductor del vehículo le dice al tanteo cuánto entregaron.
“Yo no sé cuánto entra; al final nada más me entregan una carátula donde dice que fueron tantas toneladas. ¿Quién vio? Quién sabe”, comenta.
Y agrega que incluso enfermó de diabetes por los corajes ante estas injusticias, y ya considera la posibilidad de dedicarse a otra cosa:
“Estoy pensando dejar de trabajar las tierras porque de los dineros no queda nada. En una hectárea se invierten 22 mil pesos, y para que dé 10 toneladas es difícil, cuando mucho le sacas siete u ocho, y entonces ya no te queda nada.”
Dirigencia corrupta
Lo malo es que ningún campesino puede procesar directamente su caña en el ingenio; tienen que hacerlo a través de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), que es priista, y para ello deben estar afiliados. Esa organización es encabezada por Jorge Gutiérrez Sánchez, quien a decir de la entrevistada tiene en el cargo más de 14 años y no piensa retirarse:
“Un día le dije: ‘Jorge, ¿y aquí cuando cambian? ¿O vas a ser como Porfirio Díaz? Me dijo: ‘M’ija, pues es que todo lo que se ha logrado es por mí: las máquinas, camiones’. Le dije que nosotros, como parte de la asociación, no tenemos beneficios. ‘Bueno, es que lo que se saca es para darles mantenimiento, porque las refacciones son muy caras’, respondió.”
Señala que él controla la industria azucarera en Bellavista en completa opacidad, pero cree que hay una complicidad entre Gutiérrez Sánchez y los directivos del ingenio para estafar a los productores, pues él se encarga de informarles cuánto producen y de pedirles que hagan los descuentos.
Recuerda que una vez Álvaro Valdez quiso convocar a nuevas elecciones para destituir a Gutiérrez Sánchez, ya que aparentemente tenía el apoyo de los productores, pero el dirigente se enteró y lo corrió de la CNPR.
Del lado del ingenio señala a su coordinador, Rey Ramos, y al inspector de campo Antonio López, quien debería verificar que todas las deducciones a los campesinos correspondan a las prestaciones recibidas.
Berrueco Valdez refiere que el año pasado, durante una reunión de productores, se quejó de la situación con el presidente de la Unión Nacional de Cañeros (UNC), Carlos Blackaller Ayala, pero éste sólo prometió interceder por ella ante el presidente Enrique Peña Nieto para que le hiciera saber sus reclamos.
La CNPR tiene mil 200 afiliados, pero sólo unos cuantos se llevan las ganancias. La entrevistada relata que su padre, ya fallecido, José Guadalupe Berrueco, nunca salió de la pobreza con las cinco hectáreas que le heredó a ella, y en cambio un grupo de cañeros posee camiones y residencias de lujo.
Con la siembra del maíz es lo mismo: nunca hay apoyo para el pequeño productor. Recuerda que hace años llegó el Procampo y benefició a unos cuantos, a quienes sólo conoce por sus apodos: La Guanga, La Cocona, Los Confiables y El Cacique.
“Es un descaro. Se siente impotencia de ver que no te queda nada y que estás trabajando para los vividores. Traen unas camionetonas, unas casononas. ¿Sabes por qué? Gracias a que los campesinos les llevamos el maíz. Llegaba el acaparador y si él quería lo daba. Yo tengo como seis años sembrando y nunca me ha llegado ese apoyo.”
Asegura que, por otro lado, fueron los mismos dirigentes quienes causaron la devaluación de la caña, pues hace años la CNPR firmó un acuerdo con los campesinos para pagarles la tonelada a 700 pesos durante siete años. El precio no pudo mantenerse y los productores se volcaron a la cosecha de caña, olvidando otros cultivos.
Dice que por eso ella le reprochó al presidente de la UNC su falta de previsión, porque no impulsó otros cultivos. “Está como el agave. Todo mundo sembrando agave, ¿y ahorita qué vale? Y son siete u ocho años con la tierra ocupada”.
Berrueco Valdez no es la única descontenta con la dirigencia de Blackaller. En su columna para el portal de internet www.gobernantes.com, Ricardo Monlui Cabrera señala que Blackaller se adueñó de la UNC y es uno de los principales acaparadores de azúcar.
Señala que quiso ser diputado federal del PRI por el distrito de El Grullo, de donde es originario, pero perdió la elección porque la democracia no es lo suyo. Sin embargo, resalta Monlui, maneja a su antojo la UNC.
El columnista comenta que a la llegada de Enrique Peña Nieto al poder se pensaba que Blackaller podría dejar el cargo, pero eso no ocurrió.
También recuerda que los cañeros de Veracruz lo presionaron para que lanzara la convocatoria de elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional. El candidato a sucederlo era Panuncio Fabián Uscanga, entonces presidente de la Asociación de Cañeros del ingenio San Cristóbal, apoyado por Ángel Gómez Tapia, presidente de la Asociación de Pequeños Propietarios Cañeros del Ingenio El Potrero, pero por razones que se ignoran éste se retractó de su pretensión y dejó a sus partidarios “colgados de la brocha”.
