Falleció de cáncer en un penal de Querétaro uno de los 31 jaliscienses acusados de un asesinato, en un proceso que sus familiares han denunciado por sus graves irregularidades. Eduardo Rodríguez Zaragoza, enganchado como “policía privado” por la empresa Primero Protección para custodiar un terreno de la familia Leaño Álvarez del Castillo en aquella entidad, manifestó graves síntomas desde hace más de un año, pero las autoridades de Querétaro no le dieron oportuna asistencia médica. Ésta se le brindó cuando ya la enfermedad lo había condenado.
A finales de febrero pasado falleció Eduardo Rodríguez Zaragoza, de 40 años, uno de los 31 policías privados jaliscienses encarcelados en el penal de San José El Alto, Querétaro, por un cáncer que le invadió la boca y parte de las vías respiratorias. Sus familiares dicen que fue por negligencia médica y por la soberbia de las autoridades queretanas.
El 13 de junio de 2013 dichos policías fueron detenidos por el asesinato de Heriberto Salinas Galván, hijo de Trinidad Salinas Muñoz, líder de los ejidatarios de La Laborcilla, que mantiene hace años un pleito por tierras con los propietarios del exclusivo fraccionamiento El Campanario y la familia Leaño Álvarez del Castillo, residentes en Guadalajara. Los campesinos los acusan de invadir 119 hectáreas ejidales (Proceso Jalisco 491, del 4 de abril de 2014).
Familiares de los presos dicen que a los 31custodios se les acusó de un crimen que no cometieron y exigen que se investigue a Sergio González Guerra, dueño de la empresa Primero Protección, pues firmó un contrato con la familia Leaño Álvarez del Castillo para custodiar un terreno en Querétaro a pesar de que no ofrecía esos servicios, sino que se dedicaba al blindaje de vehículos hasta finales de 2013, como se anuncia en internet.
La Dirección General de Reinserción Social de Querétaro trató de deslindarse de responsabilidad por la muerte de Rodríguez Zaragoza en un comunicado de prensa. Según la dependencia, el preso murió a las 6:45 horas del 26 de febrero en el Hospital General de la ciudad de Santiago de Querétaro, por “la extensión del Linfoma No Hodgkin Nasal Células NK, de acuerdo a lo referido en el certificado médico”.
En el comunicado se dice que el pasado 31 de diciembre el preso “se hospitalizó en el área médica (…), donde recibió, en todo momento, atención y vigilancia del personal médico con diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, absceso palatino, faringoamigdalitis y otitis media”.
Sin mencionar el grado de avance de la enfermedad ni del tratamiento que le dieron, se afirma: “A partir de esa fecha el interno recibió atención médica oportuna, acorde a lo que dictan los protocolos de seguridad y derechos humanos de la DGRS”.
El pasado 28 de enero Rodríguez Zaragoza fue llevado con un especialista otorrinolaringólogo y maxilofacial, quien le diagnosticó “un tumor de línea media palatina” y “probable cáncer”, continúa el boletín. Pero esto ocurrió sólo un mes antes de su muerte.
La DGRS de Querétaro también indica que el 29 de enero pasado el juez de la causa –no dicen su nombre ni su jurisdicción– ordenó trasladar a Rodríguez Zaragoza al Hospital General, donde se informó que el paciente presentaba “un linfoma con mal pronóstico, por lo que recibió tratamientos de quimioterapia”.
El paciente falleció el 26 de febrero, a punto de cumplir un mes de hospitalización. El acta de defunción firmada por la doctora Adriana Domínguez Álvarez tampoco ofrece dato alguno sobre el grado de avance del padecimiento.
El médico forense Alfredo Rodríguez García, consultado por este semanario, señala que ese tipo de cáncer se desarrolla durante mucho tiempo y que, si se atiende a tiempo, el enfermo puede sobrevivir.
“Eduardo sufría de un tipo de cáncer que le carcomió por dentro en boca y el paladar. Nunca le hicieron caso, ninguna autoridad médica diagnosticó con oportunidad la gravedad de su mal”, dice la señora Roxana Manzo Chavarría, madre de dos presos del grupo mencionado.
Desde hace más de un año el reo acudía a la enfermería de la cárcel para que le revisaran y ahí le daban sólo algo de medicina para atender una ulceración que le descubrieron en la parte alta del paladar, como una pequeña ámpula.
Gloria Gómez Sánchez, hermana de Nicanor Gómez –del mismo grupo de reclusos– dice que eso es mentira, pues desde un año antes Rodríguez Zaragoza tenía que pasar diariamente a la enfermería de la DGRS por un medicamento para una herida en el paladar que indicaba un cáncer no detectado a tiempo.
Añade que su padecimiento empeoró a finales de 2014, y en enero de 2015 los familiares de los presos realizaron una manifestación para exigir que se le atendiera.
A finales de enero, los familiares de los presos protestaron frente a Palacio de Gobierno de Guadalajara. Después exigieron en Querétaro la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esa entidad, pero denuncian que ese organismo actuó en forma torpe y tardía.
Abandono
El estado de salud de Rodríguez Zaragoza era evidente; sin embargo, Roxana Manzo Chavarría, madre de dos de los detenidos, afirma: “Le carcomió por dentro boca y paladar, sin que ninguna autoridad médica diagnosticara con oportunidad la gravedad de su padecimiento”.
Añade que desde el último trimestre de 2014 la situación del preso ya era muy delicada y que las autoridades carcelarias hicieron caso omiso, por lo cual ella teme por el estado físico y sicológico de sus dos hijos, que ya cumplieron 20 meses de prisión y enfrentan, como el resto del grupo de jaliscienses, un proceso judicial plagado de irregularidades. La principal, dice, es que a todos se les acusó por la muerte de la misma persona, que recibió un solo disparo.
La muerte del preso jalisciense por tal grado de abandono se suma a la impotencia e incredulidad de los familiares por la falta de justicia, ya que han hecho llegar sus reclamos al gobernador de Querétaro y al de Jalisco, lo mismo que al presidente Enrique Peña Nieto, y ninguno hace caso.
Irónicamente, el fallecimiento del custodio jalisciense se conoció en Guadalajara cuando el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presentaba su octavo informe de actividades.
El óbudsman estatal no mencionó las violaciones a las garantías básicas de los 30 custodios jaliscienses en Querétaro, ni el fallecimiento de Rodríguez Zaragoza, cuyo cuerpo fue velado en su natal Ixtlahuacán de los Membrillos.
En su edición del pasado 4 de marzo, el semanario Libertad de Palabra publicó que el presidente de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, Miguel Nava Alvarado, admitió que conocía el problema por el propio Rodríguez Zaragoza:
“Esto le vino a él en noviembre. Yo estuve con él en el Hospital General (en enero), y él me dice que más o menos en noviembre se le encontró un orificio en el paladar, se empezó a sentir mal y le dieron enjuagues bucales y varias cosas para otro tipo de infección.”
Esas declaraciones coinciden con lo relatado por otros presos a sus familiares. Gloria Gómez Sánchez dice a Proceso Jalisco que entre ellos trataban de ayudar a su compañero sin conocer la dimensión de su mal: “Entre todos juntaban dinero para comprar ese tipo de enjuague, yo no sé si era Listerine o Astringosol lo que le compraban para tratar de curarlo, pero nuestros presos nos comentaban lo que hacían para tratar de ayudar a El Lalo”.
Nava Alvarado reconoció que, a partir de la queja presentada el pasado 23 de enero por la madre del ahora occiso, Eustolia Zaragoza Bernardo, intercedió por el reo. Al solicitar que un médico lo diagnosticara, la Secretaría de Salud se negó a proporcionar el servicio con el argumento de que no tenía ese personal disponible.
Finalmente fue un médico de la Procuraduría de Justicia de aquel estado quien atendió a Rodríguez Zaragoza, y afirmó que éste recibía el tratamiento adecuado, por lo que no requería hospitalización. En vista del dictamen, dijo Nava Alvarado, la Defensoría de Derechos Humanos queretana consideró necesaria una segunda opinión. Entonces se descubrió la enfermedad y la urgencia de llevar al paciente al hospital.
Doña Eustolia Zaragoza, de 84 años, declaró a los medios que su hijo rara vez se enfermaba antes de entrar a prisión, pero la última vez que lo visitó en el penal, el 23 de febrero, casi no podía hablar por la hinchazón de sus labios.
El 1 de marzo, Juana Gutiérrez Villegas y otros 30 familiares de los presos jaliscienses en Querétaro acudieron con el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, para solicitarle que haga un llamado para que cese el trato inhumano de las autoridades de Querétaro hacia ese grupo de reclusos.
La señora Gutiérrez denunció que por órdenes del gobierno de aquel estado, específicamente del gobernador, José Calzada, se les prohibió a los familiares la entrada al estacionamiento de la cárcel de San José El Alto con el camión que los traslada desde Guadalajara. Dijo que personas armadas siguieron su transporte y les advirtieron que ya no los quieren ver en esa ciudad.
