EL PASO, TEXAS.- Servando Gómez Martínez, La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios, podría ser el primer capo mexicano juzgado por narcoterrorismo en Estados Unidos. Entre varios cargos, Washington le imputa ese delito y podría pedir su extradición, asientan documentos obtenidos por Proceso.
La acusación formal interpuesta en 2009 en Nueva York contra La Tuta –número 1,09-CR-00944-JGK– le achaca la violación de las secciones 959, 960 (A) (3) y 960 (b) (10) (b) del título 21 del Código de Estados Unidos: “para juzgar a terroristas o fuerzas armadas”.
En la sección 960 se acusa a Gómez Martínez de distribución de cocaína mediante “una importación ilegal a los Estados Unidos por agua, en violación del código 960 del título 21 del Código de los Estados Unidos”.
Ese delito es descrito como “violación de un grupo terrorista extranjero o personas terroristas y grupos”, y la figura se ha usado para juzgar talibanes, a las Autodefensas Unidas de Colombia y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero nunca a un miembro de los cárteles mexicanos de la droga.
El affidávit sugiere que el delincuente será extraditado y juzgado en una Corte federal de Nueva York: “Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, y quien será arrestado y trasladado al Distrito Sur de Nueva York, conspiró junto a otros conocidos y desconocidos para violar las leyes antinarcóticos de los Estados Unidos”.
En caso de que se diera la extradición, La Tuta sería enjuiciado en Manhattan por el fiscal Preet Bharara. “El cártel liderado por Gómez Martínez representa una amenaza particular para la seguridad de los Estados Unidos”, dijo Bharara en un comunicado de prensa.
Si es procesado allá, La Tuta deberá pagar como reparación de daños hasta 50 millones de dólares, asienta el Código estadunidense, y podría enfrentar al menos una cadena perpetua por narcoterrorismo y varias condenas de entre cinco y 10 años por el resto de los delitos.
Además de Gómez Martínez, la fiscalía de Nueva York incluyó en el mismo affidávit a Rigoberto Rentería Andrade, Ignacio Rentería Andrade y a Juan Luis Palominos Sepúlveda. A este último, según el documento, se le decomisaron varias armas, incluyendo cuatro fusiles AK-47, dos M-16 y tres pistolas de distintos calibres.
“Los miembros de esa violenta organización han obtenido armamento militar, incluidas armas de asalto, municiones de contrabando para ser utilizadas en México por la organización criminal”, anota el documento.
Desde hace años Michoacán se ha convertido en una zona de sangrientos enfrentamientos entre La Familia Michoacana, los Caballeros Templaros, las autoridades y los grupos de autodefensa, lo que ha orillado a cientos de michoacanos a exiliarse en Estados Unidos, principalmente en El Paso, Texas, y en San Diego, California, según abogados de migración.
Carlos Spector, abogado de varios cientos de exiliados en El Paso, cuenta a Proceso que desde enero de 2014 una oleada de michoacanos ha llegado a esta ciudad buscando protección ante las extorsiones, amenazas, homicidios y violaciones que ocurren a diario en Michoacán.
Según el testimonio que recabó de varios michoacanos exiliados, desde la llegada de las fuerzas federales a Michoacán, en 2012, los cárteles y algunos agentes del estado han creado una red de prostitución forzada. “Las están sacando (a las mujeres jóvenes) de sus casas y las rentan”, agrega el abogado.
Pero los michoacanos refugiados en El Paso, a pesar de que se dijeron aliviados por el arresto de La Tuta, aseguran que no volverán a su estado. Huyeron de ahí debido a la ola de violencia desatada por la disputa entre los cárteles, las autodefensas y los intentos del gobierno por contenerla.
En entrevista con Proceso, en un refugio para migrantes en El Paso, Josué –quien está a la espera de recibir asilo político–, comenta: “Regresar no es una opción, porque eso no significa que las cosas ya estén calmadas; pero sí nos da gusto, ¡claro que nos da gusto! Este hombre y su gente estuvieron violando a nuestras hijas, robando lo poco que teníamos”.
La extradición
Pese a que los cargos contra La Tuta alcanzan para que Estados Unidos requiera su extradición, ésta podría no concretarse sino hasta finales del actual sexenio, explican al reportero fuentes de la administración antidrogas de Estados Unidos.
“El gobierno de Peña Nieto está muy renuente a las extradiciones. Hemos pedido también la del Chapo (Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa), pero no vemos que vaya a suceder próximamente”, dice uno de los agentes cercanos al caso de Gómez Martínez y quien pidió el anonimato.
La misma opinión se asienta en un reporte del Departamento de Estado publicado en febrero último, en el cual se detalla el descenso del número de extradiciones desde el comienzo del gobierno de Peña Nieto.
La información de la dependencia muestra que el número de extraditados a Estados Unidos alcanzó su cifra más alta en 2012, en el sexenio de Felipe Calderón: 115 en 12 meses. Un año antes fueron extraditados 93, y en 2010, 94.
Pero desde el primer año de mandato de Peña Nieto el número se redujo a 54, según las estadísticas estadunidenses. Esto, expone el reporte, se debe a una política del gobierno del actual mandatario mexicano, quien “busca legitimar el sistema de justicia mexicano” e “intenta demostrar que el sistema de justicia, el cual está siendo reformado, es capaz de arrestar, enjuiciar y condenar a narcotraficantes, incluyendo al Chapo Guzmán”.
Aun así, dice el agente entrevistado, “insistiremos en que La Tuta sea juzgado aquí”.
