El freno que le puso un juez texano a la Acción Diferida para Padres de Estadunidenses –que trató de aplicar Barack Obama a fin de dar protección temporal a indocumentados con hijos nacidos en Estados Unidos– le podría salir muy caro a ese país. Los casi 5 millones de posibles beneficiarios de la medida vuelven a la incertidumbre, pero también a la economía informal, desde donde no pagan impuestos. Y deportarlos, señala un estudio, le costaría a Washington unos 50 mil millones de dólares.
LOS ÁNGELES, CA.– Faltaban dos días y todo el mundo se preparaba para iniciar los trámites de registro: el 18 de febrero marcaba la entrada en vigor de la Acción Diferida para Padres de Estadunidenses (DAPA) anunciada en noviembre pasado por el presidente Barack Obama con el fin de dar protección migratoria temporal a los progenitores de niños nacidos en Estados Unidos.
Y entonces llegó la noticia: una Corte federal aprobó un mandato judicial para detener temporalmente la medida y, con ello, la esperanza de casi 5 millones de personas quedó en pausa.
El 16 de febrero Andrew Hanen, juez de la Corte Federal de Distrito del Sur de Texas, ordenó el bloqueo temporal de la DAPA, la cual establece como prioridad la detención de inmigrantes indocumentados criminales y ofrece protección temporal a quienes no cuentan con antecedentes penales y tienen hijos que son ciudadanos de Estados Unidos.
Con el argumento de que el presidente había violado “requisitos de procedimiento” en la ejecución de la acción, Hanen solicitó que la Corte haga una revisión para determinar la constitucionalidad de la medida.
Aunque la administración Obama ya apeló, por ahora cualquier medida de alivio migratorio se encuentra indefinidamente detenida.
El fallo del juez derivó de una demanda presentada por 26 estados en diciembre pasado para bloquear la aplicación de la DAPA, argumentando que Obama “legisla” desde la Oficina Oval impulsando cambios en la política de inmigración, función que compete únicamente al Congreso. En paralelo, legisladores del Partido Republicano en ambas cámaras presentaron un documento en oposición a las acciones del presidente.
Ni se quedan ni se van
Mientras las acciones legales de un lado y del otro avanzan, una pregunta está en el aire para los 4.7 millones de posibles beneficiarios de la DAPA: si los estados demandantes y el Partido Republicano logran detener definitivamente la acción ejecutiva, ¿podrían ser deportados?
El Centro para el Progreso Americano (CAP) un think tank que aborda temas de inmigración, hizo el cálculo para determinar la probabilidad de que esto ocurra.
Sumando el costo del proceso de aprehensión, detención, trámite legal y transporte al país de origen, estimó el costo por cada deportación: 10 mil 70 dólares. La de todos los individuos a los que se pretende revertir la protección migratoria costaría cerca de 50 mil millones de dólares; más que el presupuesto anual de la mitad de las agencias con nivel de secretaría de Estado y más que el PIB anual de al menos 100 países.
El CAP concluye: el gobierno estadunidense no tiene recursos para aplicar la ley de inmigración a esa cantidad de personas.
“Es un movimiento político por parte de quienes están molestos con el presidente”, afirma Philip E. Wolgin, director asociado para inmigración del CAP. “Pensamos que el juez se equivocó; más allá del razonamiento legal hay una contradicción en su resolución –un documento de 123 páginas– porque en un apartado apoya la idea de enfocar los recursos en los inmigrantes que representan un riesgo para el país, pero al mismo tiempo dice que quienes se quedan no pueden trabajar legalmente. Es decir, no los vas a deportar, pero no vas a dar el siguiente paso para que se integren a la economía formal del país”.
Wolgin recordó que además del costo económico de las deportaciones, otro factor a considerar es el “cuello de botella” en las cortes: más de 400 mil casos pendientes de recibir atención por parte de sólo 260 jueces de inmigración en todo el país.
“Sabemos que hay gente que debe esperar hasta tres años para tener una audiencia en una Corte. Si al costo de una deportación sumamos estos tiempos, más el gran golpe a la economía que representaría sacar del país a millones de personas que ya están contribuyendo, resulta claro que la decisión (del juez Hanen) ha sido incorrecta”, dijo Wolgin.
“Lo que muestran estas cifras es el contexto, las dos opciones claras que tenemos: incorporar a esos individuos a la economía formal, permitiéndoles ser productivos y ayudar así al país, o continuar hiriendo a la economía y a las familias que viven con el miedo de la separación familiar”, añadió.
Otro estudio publicado por el propio CAP en septiembre de 2014 estima que la incorporación de esos 5 millones de beneficiaros de la DAPA a la economía estadunidense representaría para el Estado un ingreso de más de 22 mil millones de dólares en impuestos sobre la nómina en los primeros cinco años; 41 mil millones adicionales para el sistema de seguridad social al cabo de una década y 210 mil millones adicionales de PIB también al cabo de una década.
Efecto dominó
En respuesta a la acción de Hanen, el pasado 23 de febrero el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) solicitó un fallo de emergencia de una Corte Federal para permitir que la DAPA siga adelante. Abogados del gobierno de Obama solicitaron una suspensión del fallo del juez argumentando que su decisión rebasa la jurisdicción de su Corte, dado que causará un “efecto dominó” que impactará áreas fuera del distrito del Sur de Texas, donde el caso fue originado.
Además, explica la apelación del DOJ, retrasar los programas de inmigración provocaría una “daño irreparable” a la seguridad nacional y a la gente que sería afectada por los cambios.
Josh Earnest, secretario de Prensa de la Casa Blanca, dijo ese mismo día que la administración cree que la suspensión debe ser otorgada porque la resolución del juez hace más difícil para el Departamento de Seguridad Interna la protección del pueblo estadunidense.
“Tenemos individuos que seguirán viviendo en las sombras, que seguirán sin pagar impuestos y sin pasar por una revisión de antecedentes, lo cual significa que pueden representar una amenaza para la seguridad pública”, afirmó.
Si esta suspensión es aprobada en los próximos días, la administración de Obama podrá continuar con el proceso de aplicación de la DAPA.
Días antes de que se anunciara el fallo de Hanen, el Pew Research Center dio a conocer nuevas estadísticas: casi la mitad de los 5 millones de posibles beneficiarios de la DAPA viven en alguno de los 26 estados que presentaron la demanda contra la acción de Obama. Tan sólo entre Texas, Florida, Arizona, Georgia, Nevada y Carolina del Norte reúnen a millón y medio de los posibles beneficiarios.
Aun así la medida ha afectado también al 54% restante que vive en estados que no se sumaron a la demanda. Por ejemplo, sólo en California viven 1.2 millones de posibles beneficiarios, 24% del total.
Demandas aparte, la más reciente encuesta política del Public Religion Research Institute –realizada el mes pasado– encontró que 73% de sus encuestados a escala nacional piensa que los republicanos en el Congreso deberían dar prioridad a la aprobación de una reforma migratoria integral en lugar de impulsar medidas para dar marcha atrás a las acciones decretadas por Obama. Sólo 17% dijo que los republicanos deben seguir buscando una suspensión.
Alivio para mexicanos
Hace 10 años Noemí T. llegó del estado de Guerrero a vivir en la pequeña ciudad de Huntington Park, en el condado de Los Ángeles. Hoy, a sus 25 años, Noemí tiene una hija de tres que es ciudadana estadunidense. Por la televisión, y a través de un evento convocado por la organización Hermandad Mexicana Trasnacional, Noemí supo que había una posibilidad de regularizar su estatus migratorio, pero también de que por el momento esta opción está congelada.
“No sé si se va poder, pero para mí sería mucho beneficio”, dice con la voz tímida de quienes imaginan algo que parece imposible. “Pienso que ya no tendría miedo en la calle, preocupada por pensar en que, si me deportan, con quién se quedaría mi hija. Si tuviera papeles podría tener un trabajo y salir libre a la calle. Ahora no tengo seguro, ni de salud ni de trabajo”.
Noemí y su esposo J., de 30 años y también indocumentado, ya han vivido el dolor de la separación familiar. J., quien ofrece sus servicios en trabajos de construcción, fue deportado hace dos años. La familia ni siquiera pensó en la posibilidad de volver a hacer su vida en México: J. volvió a Estados Unidos sin documentos tan pronto pudo.
“Se regresó por nosotras, porque sabemos que ella –su hija– tiene más futuro aquí; aquí puede ser alguien en la vida. Yo soy de un pueblito que se llama El Embarcadero, cerca de Altamirano. Allá ya nada más queda mi papá; todos mis hermanos ya están acá porque la cosa está bien fea, secuestran, matan. Nosotros sabemos que lo mejor para mi hija es que nos quedemos con ella en su país.”
Como Noemí, la mayoría de quienes serían beneficiarios de la DAPA son de origen mexicano. Estimaciones del Pew Research Center indican que aunque los mexicanos son sólo la mitad de la población indocumentada en general, dos terceras partes de los beneficiarios específicos de esta medida –padres de niños estadunidenses– sería de provenientes de México. Esto, en cifras generales, representa 44% de los mexicanos indocumentados en Estados Unidos.
