El magistrado Celso Rodríguez González tiene un patrimonio millonario en bienes inmuebles que comparte con su esposa, María Elena Chávez Martín del Campo, según se desprende de una investigación realizada por Proceso Jalisco. Sin embargo, los documentos analizados están llenos de inconsistencias y datos inverosímiles en los nombres del matrimonio, sus domicilios, su ocupación, pero sobre todo los montos de las propiedades adquiridas entre 2002 y 2013.
Celso Rodríguez González, quien percibe alrededor de 1 millón 559 mil pesos anuales como magistrado de la Sexta Sala Penal, tiene un patrimonio familiar en bienes raíces estimado en 23 millones de pesos, que incluyen ocho propiedades, cuatro de ellas en copropiedad con su esposa, María Elena Chávez Martín del Campo.
Si se toma en cuenta que ha fungido como magistrado desde hace casi 11 años e incluso estuvo en la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ) de 2006 a 2012, sus ingresos acumulados sumarían alrededor de 17 millones 150 mil pesos, eso sin gastar un solo peso.
Según las escrituras, las viviendas registradas a nombre del matrimonio Rodríguez Chávez se ubican en fraccionamientos de alta plusvalía y fueron adquiridas entre 2002 y 2013 –dos de ellas incluso el mismo día– y en todas Chávez afirmó que su ocupación era el hogar.
El 26 de noviembre de 2002, la pareja se presentó ante el notario público 109, Jorge Gómez Carreón, con la señora Paz Angélica Domínguez Orozco, la propietaria de una finca de 445 metros cuadrados en la calle Canarias 1187, fraccionamiento Chapultepec Country, para formalizar la compraventa del inmueble, cotizado en 1 millón 227 mil 50 pesos.
De acuerdo con una investigación realizada por Proceso Jalisco, Domínguez Orozco recibió 852 mil 950 pesos en efectivo y 374 mil 100 de un crédito hipotecario mediante el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).
Meses antes, el 8 de diciembre de 2001, Chávez compró un terreno de mil 261.86 metros cuadrados a Raúl Arreola González y a su esposa Celica Bracamontes Sousa, a través de su apoderada Angelina González del Toro, según la escritura 6312 certificada ante el notario público 21, David Parra Grave. También aclaró que, en caso de fallecimiento, el único beneficiario sería su esposo, Celso Rodríguez.
Chávez desembolsó 790 mil pesos por el predio, localizado en Paseo de los Cedros sin número, en la zona Bosques, sección primera del fraccionamiento El Palomar; es decir, pagó 626 pesos por metro cuadrado, cuando, según el Aviso de Transmisiones Patrimoniales del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, el valor catastral es de 1 millón 262 mil pesos, por lo que Chávez debió pagar mil pesos el metro cuadrado.
También resulta extraño que el avalúo haya sido de 872 mil 884 pesos; es decir, 691 pesos por metro cuadrado. Hoy, el metro cuadrado se cotiza en 2 mil 695 pesos, según la página web de bienes raíces Trovit.
Arreola González, quien fue cónsul honorario de Honduras durante 19 años, tiene 130 asuntos mercantiles, administrativos y penales abiertos en el STJ.
De acuerdo con la página de Transparencia del Poder Judicial del estado, Rodríguez González tiene el número de empleado 92160012, con un sueldo bruto quincenal de 84 mil 149 pesos, de los cuales se le deducen 19 mil 191 pesos.
Proceso Jalisco consultó la página de transparencia para conocer si Rodríguez presentó su declaración patrimonial, pero no encontró ningún dato. Se consultó la ventana del apartado del artículo 5 sobre “la información financiera, patrimonial y administrativa”.
En el inciso “y” –que se refiere a “las declaraciones patrimoniales de los funcionarios que estén obligados a presentarla (la declaración) conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco”–, aparece una leyenda que dice:
“Funge como órgano de control, la Dirección de Contraloría, Auditoría Interna y Control Patrimonial. Las declaraciones patrimoniales serán dadas a conocer una vez que su publicación sea autorizada, conforme los términos establecidos en el último párrafo del artículo 100 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.”
El mencionado artículo establece: “Las declaraciones de situación patrimonial deberán presentarse bajo protesta de decir verdad y deben contener cuando menos los siguientes datos: En la inicial, inventario de bienes muebles e inmuebles; inversiones, cuentas bancarias y acciones; los gravámenes y adeudos que afectan el patrimonio…”.
Sin embargo, en ninguno de sus incisos se establece que la declaración patrimonial debe ser autorizada para publicarse en el sitio de Transparencia.
Tiempos de bonanza
Jorge Alberto Rodríguez Chávez, hijo de Celso y María Elena, adquirió un departamento de 72 metros cuadrados en 1 millón 100 mil pesos (escritura pública 25136) en el condominio Plan de San Luis 1875, interior 3-A, colonia Chapultepec Country, a pesar de tener un salario bajo.
Jorge Alberto pagó 224 mil 520 pesos en efectivo y el resto con un crédito del Fovissste. El joven, nacido el 1 de abril de 1988 se graduó como abogado y obtuvo su cédula profesional, la número 7365939, en 2012. Sin embargo, comenzó a laborar el 22 de marzo de 2007 como secretario B en la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de lo Administrativo del estado.
De acuerdo con la página de Transparencia del Poder Judicial del estado, en 2012 un empleado con la categoría de secretario B percibía 8 mil 513 pesos al mes. Eso representa un ingreso anual de 102 mil 156 pesos, por lo que Rodríguez Chávez debió ahorrar su sueldo íntegro durante más de dos años para reu-nir los 224 mil 520 pesos para pagar su departamento.
Fue hasta el 11 de diciembre de 2013 cuando Rodríguez Chávez fue nombrado secretario relator en la Quinta Sala Especializada en Materia Civil del STJ, y su sueldo neto se elevó a 30 mil 910 pesos mensuales; aunque, según un listado de póliza de cheques de diciembre de 2012, el STJ le entregó 31 mil 794 pesos como apoyo para la maestría en Administración de Justicia que cursaba.
El 9 de diciembre, Celso y su esposaMaría Elena entregaron dos cheques por un total de 1 millón de pesos como anticipo a Javier Aguilera Jurado, María y Linda Christian Aguilera Sicilia, propietarios de una finca de 320.60 metros cuadrados, cuyo valor estimado era de 3 millones 526 mil pesos.
Diez días después, el matrimonio acudió ante el notario público número 21, David Parra Grave, acompañado por los vendedores para formalizar la transacción de la casa que tiene dos accesos: uno por la esquina de la calle Ostia 2548 y el otro por Montreal 1072, y se encuentra en el fraccionamiento Italia Providencia, según la escritura 7655.
El mismo 19 de diciembre adquirieron un predio rústico de 62 mil 67 metros cuadrados denominado Cerro Pelón o Cerro del Gavilán, por el que pagaron sólo 186 mil 204 pesos. El terreno se encuentra en el municipio de Zapopan, al pie de la carretera a El Saltillo, al sur del Mirador Doctor Atl, y quedó a nombre de María Elena Chávez (escritura 7657).
El notario David Parra avaló la operación en la que el vendedor se identificó como Aurelio Torres Rodríguez, de 75 años, de ocupación campesino, con domicilio en la calle Francisco I. Madero en la colonia Arroyo Hondo, segunda sección, en Zapopan. La adquiriente dio como dirección la calle Mar Blanco 1581, en la colonia Lomas del Country, y dijo haber nacido en Tangancícuaro, Michoacán, el 2 de diciembre de 1960.
Sin embargo, en otra escritura María Elena asegura que nació en Tecalitlán, Jalisco, el 3 de diciembre de 1954. Proceso Jalisco consultó a un valuador de bienes raíces, quien indicó que el predio del Cerro Pelón o del Gavilán valía entre 5 millones 580 mil pesos y 18 millones.
Hasta 1991, Celso Rodríguez no tenía ninguna propiedad a su nombre. Cuando nacieron sus hijos Jorge Alberto y Gabriel Alejandro, su dirección era la calle Lisboa 283 interior 5, en Santa Elena Alcalde, una colonia de clase media baja, según consta en sus actas de nacimiento.
Sin embargo, cuando nacieron sus siguientes hijos, Karla Fernanda y Óscar Ricardo, el magistrado ya era propietario de una casa en la calle Alonso de la Mota y Escobar 2087, en la colonia Guadalupana, que había comprado a Jesús Torres Girón, según la escritura 30943, expedida el 4 de septiembre de 1992.
Compras y donaciones extrañas
El 31 de octubre de 1994, el magistrado recibió de su madre y su hermano Francisco Javier Rodríguez González la donación de una propiedad de 122.86 metros cuadrados ubicada en la calle Ingeniero Ignacio Tello número 5, en el fraccionamiento Los Altos, en Tlaquepaque, según la escritura 2236.
En ese tiempo la vivienda tenía un valor de 66 mil nuevos pesos. La madre de Celso Rodríguez, Angelina González del Toro viuda de Rodríguez, declaró ante el titular de la Notaría 81, Rubén Hilario Castellanos Figueroa, que se dedicaba al hogar y era originaria de San Juan de la Montaña, Tamazula; dio como fecha de nacimiento el 10 de abril de 1921. Su hermano aseveró ser empleado en Tecalitlán, donde nació el 1 de marzo de 1945.
Se pagaron sólo mil 340 pesos “por el aviso de transmisiones patrimoniales”, lo que podría hablar de evasión fiscal.
Los suegros del magistrado también compraron un inmueble en la calle Manuel de Mimbela 1513, en la unidad habitacional Simón Bolívar, cerca de Federalismo y Circunvalación, en Guadalajara, por la que pagaron sólo mil pesos, de acuerdo con la escritura 13109 registrada ante el notario público Víctor Hugo Uribe Vázquez el 15 de agosto de 2008.
La vivienda mide 41.65 metros cuadrados y, según en el documento, en la compraventa intervinieron la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado (Iprovipe), representada por Jorge Sánchez Martínez, Martín Anacleto Macías Quintero y Roberto Valle Pinzón –director, secretario de actas y acuerdos, y tesorero, respectivamente– y el matrimonio conformado por Amparo Martín del Campo del Real y Eliseo Chávez Ayala.
Los adquirientes designaron a su hijo Daniel Chávez Martín del Campo como heredero de la finca.
Sánchez Martín del Campo llegó a la Dirección del Iprovipe el 7 de marzo de 2007 y permaneció hasta diciembre de 2011. El 28 de abril de 2014 fue detenido y enviado a Puente Grande acusado del desvío de recursos de 50 millones de pesos que fueron canalizados para subsanar las deudas adquiridas por la Villa Panamericana. Valle Pinzón también fue procesado por el caso.
Pese a la ínfima cantidad que se pagó por la vivienda, la quinta cláusula del documento de compraventa especifica; “Los contratantes manifiestan que en ese contrato no hay causa de nulidad alguna, ni enriquecimiento indebido de algunas de la partes, ya que el precio fijado es el justo y real. En consecuencia, renuncian al derecho para ejercitar tales acciones, así como a los plazos que la Ley señala para ello y a lo previsto en los artículos 1280, 1356, 1764 y 1767 y demás relativos al Código Civil del estado de Jalisco”.
Por esas fechas, Rodríguez González buscaba la reelección como presidente del STJ, apoyado por el entonces gobernador, el panista Emilio González Márquez.
Años después, en agosto de 2013, cuando se inauguró la Ciudad Judicial, cuyo costo original de 325 millones de pesos se triplicó, Luis Carlos Vega, sucesor de Rodríguez González en la presidencia del STJ, señaló que esa obra iniciada en febrero de 2007 era “el robo del siglo”.
El proceso de entrega recepción de la Ciudad Judicial se realizó de febrero a octubre de 2012, según consta en un documento firmado por el propio Rodríguez González; José Refugio Martínez Aragón, secretario relator de la Sexta Sala de Penal, y Miguel Ángel García Aragón (Proceso Jalisco 467).
Martínez Aragón no sólo es colaborador de Rodríguez González, sino también uno de sus socios en los negocios. En la escritura de una de las propiedades del magistrado –la 34183, expedida el 21 de noviembre de 1994 por el notario público asociado número 49–, Martínez Aragón asevera que compró en su carácter de gestor oficioso de su hermano, Juan Manuel Martínez Aragón, la finca que se ubica en la calle Mar Blanco 1581, en el fraccionamiento Lomas del Country.
La propiedad de 212.50 metros cuadrados pertenecía a David Barba Ordaz y Martínez Aragón le pagó 246 mil 350 mil nuevos pesos por ella. Según el documento, el adquiriente se identificó como empleado, casado y dijo que vivía en calle Mar Egeo 1533, fraccionamiento Country Club.
Ese domicilio es el mismo que dio la esposa de Rodríguez González cuando adquirió una de sus viviendas. Además, aunque Martínez Aragón aseguró que vivía en Mar Egeo 1533, en la escritura 47889 registrada el 8 de octubre de 2013 ante el notario público 20, Adalberto Ortega Solís, en el apartado “antecedentes de la propiedad” se indica que el inmueble pertenecía a Gabriel Ugarte Vizcaíno.
En 2011, Rodríguez González emitió una carta de recomendación a favor de Martínez Aragón, quien se postulaba como magistrado, pero sus aspiraciones quedaron frustradas.
A la fecha, en los juzgados Civil y Familiar hay 10 expedientes en los que aparece el nombre de Martínez Aragón. En uno de ellos, el 1924/95, que se dirime en el Juzgado Quinto Civil, el colaborador de Rodríguez González está implicado en un juicio mercantil.
En el Registro Público de la Propiedad, Martínez Aragón aparece como dueño de una finca de 500 metros cuadrados que se encuentra en la calle Gigantes 4043. De acuerdo con la escritura 14785, él la compró el 16 de septiembre de 1984 a Amalia Gutiérrez viuda de Talamantes en 283 mil 820 pesos.
En esa ocasión, Martínez Aragón dijo ser comerciante oriundo de Fresnillo, Zacatecas, y dio el 16 de junio de 1954 como su fecha de nacimiento.
