Señor director:
Esta reflexión es un apunte sobre un hecho que exhibió exponencialmente la llamada “crisis de Iguala” con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre pasado, tema que no conviene dramatizar más, aunque tampoco podemos descender de su justa dimensión: Están en crisis los instrumentos fundamentales de la democracia, como son los partidos políticos, sus cúpulas dirigentes, sus militantes, su capacidad de representación y su capacidad de acción política.
Los ha dejado al descubierto la emergencia de nuevos movimientos sociales que aparentemente no son apartidarios, como las Autodefensas surgidas en respuesta a la incapacidad de los gobiernos de garantizar la vida y la propiedad de los ciudadanos ante las embestidas del crimen organizado, pero sí existen otros marcadamente antipartidarios que sin duda han puesto en cuestión la capacidad de los partidos políticos para aglutinar a los ciudadanos en torno a sus demandas más inmediatas y anuncian el entorpecimiento del proceso electoral de junio próximo, que vertebra a los ciudadanos y da coherencia y cohesión a la vida política. Al igual que los movimientos sociales que se van por la vía de la constitución de los autogobiernos municipales plebiscitarios, y también los asociados a usos y costumbres.
También, los movimientos sociales en torno del rechazo a las reformas energética, económica y educativa del gobierno federal; el surgido por oposición a la construcción de las plantas generadoras de energía hidroeléctrica en el Alto Balsas hace unos años, y el reciente de La Parota, en el río Papagayo, por señalar sólo los más emblemáticos, obedecen en gran medida a que a los afectados –ciudadanos, pues– no se les ha tomado en cuenta por lo que se refiere a su participación en el desarrollo de tales programas. De allí que muchos proyectos se negocian y pactan fuera del ámbito tradicional de las comunidades afectadas, igual que en el porfiriato, surgiendo los conflictos que abonan la incertidumbre social, económica y política en el estado de Guerrero.
Vale destacar que dichos proyectos tampoco pasan por el arco parlamentario, lo que hace menos atractiva para muchos ciudadanos la existencia de los partidos como interlocutores principales en la acción política, y, por lo tanto, para resolver sus problemas. Las comunidades rurales, aunque no parezcan ciudadanos del mundo, tienen sentido histórico de la asociación, y de allí que se aferren a sus costumbres, tradiciones y formas de vida.
La imposición de los proyectos públicos se debe al poder centralizado del Estado, al papel que representa el mercado, a la dirección de un solo hombre y a las funciones de sometimiento de los partidos. El liberal francés Benjamín Constant escribió hace casi 200 años que la orientación económica y política de las sociedades modernas significa que el bienestar público implica la protección de los intereses privados, más que su sacrificio, en aras de una noción reificada y simplificada de los deberes colectivos. Esta noción de los deberes ciudadanos llega a ser un peligro positivo porque tiende a entregar el poder a una oligarquía que lo oculta todo bajo la idea de voluntad general.
Abreviadamente, podemos colegir que los órganos institucionales llamados consejos de participación ciudadana, en pocas palabras los consejos de notables que forman los gobiernos estatal y municipales con diversos fines, en su mayoría son organismos constituidos a modo, en donde los consejeros son los mismos funcionarios que sirven al gobierno y no atienden el interés colectivo, acrecentando el descrédito de las instituciones que deben estar al servicio del interés general y fungir de contrapeso a las decisiones del aparato gubernamental.
Todo esto ha contribuido para que la entidad suriana de Guerrero, históricamente foco de insurrección y rebeldía, vuelva por sus fueros. (Carta resumida.)
Atentamente
Jaime Salazar Adame
