En menos de dos años, dice Bernardo Jaén Jiménez, del Colectivo de Reflexión Universitaria (CRU), Aristóteles Sandoval Díaz convirtió a Jalisco en “Aristotelandia”, un reino de ficción basado en costosas campañas de publicidad en los medios de comunicación, pese a que los indicadores surgidos del aparato gubernamental muestran que Jalisco tiene serios problemas para solventar su desarrollo.
Sandoval, quien como tantos gobernadores se siente en la antesala de la candidatura presidencial de 2018, aseguró en su segundo informe de gobierno que en Jalisco todo va bien, desde la lucha contra la criminalidad (según él, de siete cárteles sólo queda uno, aunque no mencionó cuál ni qué zonas controla) hasta la economía (habló de prosperidad, con más inversiones y menor desempleo).
Aunque ha dicho que concluirá su mandato en los términos constitucionales, Sandoval Díaz funda su aspiración en una iniciativa impulsada por su padre, el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia Leonel Sandoval Figueroa, y en su Cuarto de Guerra o Mesa de Estrategia, instancia de operación política no regulada en el organigrama del Poder Ejecutivo que pretende acabar con la oposición al gobierno estatal.
Encabeza el Cuarto de Guerra el jefe de gabinete, Alberto Lamas Flores, exvendedor de publicidad de Televisión Azteca y director de Comunicación Social del ayuntamiento tapatío en el periodo 2009-2011, cuando el alcalde era Sandoval Díaz.
En los 14 meses que van de la actual administración estatal, Lamas ha gastado más de 360 millones de pesos en comprar y maniatar a los medios de comunicación (Proceso Jalisco 500 y 503).
El show mediático
Como en los viejos tiempos, este año el gobierno de Jalisco gastó cientos de miles de pesos para publicitar el informe de Sandoval Díaz en la compra de primeras planas de los diarios locales, principalmente El Informador, Milenio Jalisco, Mural, así como tiempo en Televisa, entre otros medios electrónicos.
En casi todos esos periódicos, además de las gacetillas pagadas, contrató suplementos especiales, “camisas” o falsas portadas de al menos cuatro páginas que cubren la plana principal y la contraportada, lo que compromete el cabezal de diario y cuesta caro. Todo ese espacio para exaltar “logros históricos”, como alzas en la generación de empleo, inversión y exportaciones; la entrega de mochilas y útiles escolares en los 125 municipios; la construcción de 83 bicipuertos, y la distribución de 860 bicicletas, entre otros.
En cuanto a Televisa Guadalajara, en el programa Foro Gdl, conducido por José Antonio Fernández los domingos a las 10 de la mañana, el gobernador dijo lo mismo, con ayuda de quienes presentan o administran espacios noticiosos, algunos de los cuales también son ejecutivos de cuenta e incluso aparecen como proveedores de servicios del gobierno (Proceso Jalisco 500).
El domingo 8, en Foro Gdl aparecieron a cuadro, además de José Antonio Fernández, Miguel Ángel Collado, de Televisa, y Alfonso Javier Márquez, quien es director de noticias del grupo Radiorama de Occidente además de conductor del noticiero nocturno del oficial Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Otro de los participantes de dicha emisión fue Diego Petersen Farah, hermano del precandidato panista a la alcaldía de Guadalajara, Alfonso Petersen. Diego Petersen es columnista y funcionario de El Informador; anteriormente fue pieza clave en el desaparecido diario Siglo 21 y fungió como directivo en Público y Milenio Jalisco.
Además apareció en el programa Jaime Barrera, exeditor de Mural y actual director de Milenio Jalisco; lo mismo que Guillermo Velasco, editor de Mural y presentador de Noticias Zona 3, de Promomedios de Occidente, quien sustituyó en la tercera emisión a Pablo Lemus, ahora precandidato de Movimiento Ciudadano en Zapopan.
Casi todos los periodistas fueron mesurados en sus críticas al gobernador y dieron pie a su monólogo, saturado de datos y ademanes.
El director del Sistema Universitario de Radio y Televisión, Gabriel Torres Espinoza (excolaborador de Carlos Briseño Torres y exvicerrector de la Universidad de Guadalajara, cercano colaborador del dirigente del Grupo Universidad, Raúl Padilla López), cuestionó al mandatario sobre la falta de resultados en la Contraloría y la Fiscalía para sancionar los hechos de corrupción detectados durante la administración del panista Emilio González Márquez.
Torres criticó asimismo la desviación de recursos en la construcción de la Ciudad Judicial y de la Villa Panamericana, habló de las irregularidades en el proyecto de Nuevo Cancún o Chalacatepec. Y mencionó los escándalos por la presunta malversación de recursos en el Seguro Popular, en el SIAPA y el Iprovipe.
Sobre la Villa Panamericana, el gobernador respondió que el gobierno del estado invirtió en ella mil 100 millones de pesos, pero el grupo Corey gastó 300 millones y ahora exigen que se les proteja, cuando entraron en el negocio en condicionantes preferentes. Situación que, según el gobernador, implica una serie de problemas jurídicos.
En el caso de la Ciudad Judicial, señaló que sólo falta aclarar el gasto de 10 millones de pesos, no los más de 300 millones que mencionó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, cuando habló del “fraude del siglo”, declaración de la que luego se retractó.
En Foro Gdl, Sandoval Díaz añadió que daba la bienvenida a la crítica de los medios, pero estaba rodeado de comunicadores que representaban empresas, comprometidos con los cheques firmados por su jefe de gabinete.
Ninguno de los convocados mencionó los cerca de 400 millones de pesos que la administración estatal ha despilfarrado en publicidad, mientras más de 400 mil personas sobreviven en pobreza extrema. Tampoco cuestionaron al gobernador sobre la denuncia firmada por más de 70 reporteros de diferentes medios, que se difundió durante la pasada Feria Internacional del Libro, para acusar al gobierno de Sandoval Díaz de ejercer presiones contra los comunicadores que se atreven a criticar el evento cultural.
Tampoco incomodaron al mandatario con las 110 demandas laborales que tiene la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como los juicios promovidos por reporteros por despido injustificado de empresas de prensa, radio y televisión.
La dura realidad
El investigador Jaén Jiménez indica que, en su informe, Sandoval Díaz se mostró distante de la sociedad, que está molesta por la falta de resultados del gobierno, principalmente por la carencia de empleos. Y para colmo, según una encuesta del Grupo Reforma, 60% de los entrevistados expresó que su principal preocupación es la inseguridad pública.
Para el académico, la administración estatal contradice los principales indicadores sobre el desarrollo social, combate a la pobreza, desempleo, transparencia, equidad y género e inseguridad.
Indica que en dichas áreas los avances del gobierno priista son raquíticos. Por ejemplo, dice, los delitos de alto impacto en el fuero común denunciados en 2009 fueron 71 mil 820, en 2012 se registraron 89 mil 680 y en 2014 aumentaron a 91mil 577.
Rechaza el argumento de la Fiscalía General del Estado: que las denuncias se incrementan porque aumenta la confianza en el Ministerio Público. Puntualiza que la fiscalía no ha presentado pruebas de ello, y que en cambio queda claro que los ciudadanos tienen miedo de ir a denunciar los delitos, lo que hacen sólo cuando no hay alternativa.
En cuanto a los homicidios dolosos, Jaén Jiménez recalca que en 2009 se reportaron 573 crímenes, en 2012 fueron mil 184 y en 2014 sólo 904, es decir, una tendencia a la baja, pero con números cuestionados.
Lo mismo sucede con los secuestros. En 2009 se registraron 20 y en 2014 subieron a 22, pero mientras el gobierno del estado afirma que han disminuido de forma importante, no toma en cuenta al menos nueve plagios atendidos por las autoridades federales, los cuales, sumados a los 22 reconocidos oficialmente por Jalisco, el total es de 31 secuestros, lo que da un resultado 41% mayor del índice estatal, según informó Reporte Índigo el martes 10.
Para el investigador, las estadísticas que maneja el gobierno de Jalisco se vuelven poco creíbles cuando se comprueba que muchos de los aproximadamente 2 mil 400 desaparecidos deberían considerarse como secuestrados. Sandoval Díaz aseveró que se localizó a más de 400 personas y que el total de desaparecidos ahora es mucho menor.
Con todo, la Fundación por los Desaparecidos en Jalisco, conformada por familiares afectados, no cree en las cifras de Aristóteles y ha denunciado reiteradamente que en este delito no existe trasparencia ni justicia.
Acusa el especialista de la UdeG: “No hay información clara de dónde están, de lo que ocurre con las investigaciones. No se dice si a los desaparecidos los están buscando, si fallecieron o están secuestrados, y eso es muy lamentable porque el Estado tiene la obligación de proporcionar información y ofrecer datos que no estén fuera de los indicadores oficiales; de lo contrario, no se entiende cómo amarran sus diagnósticos y diseñan políticas públicas”.
Mientras que gobierno dice que en 2014 llegó a una calificación superior a 93% en sus procesos de transparencia, este dato del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (Itei) no coincide con la realidad, por lo que se pregunta cómo el organismo llega a esos resultados.
Uno de los grandes problemas del gobierno de Sandoval Díaz es que no brinda información actualizada, clara ni de calidad. “El Itei no evalúa la calidad ni la veracidad de esa información”, señala Jaén Jiménez.
Y agrega que, antes de mayo de 2014, en el portal de Transparencia del gobierno de Jalisco cualquier ciudadano podía consultar “los números de cheques, los nombres de las personas o las empresas a las que se les pagaba, pero eso ya no es factible. Jalisco se enfrenta a un proceso de regresión en materia de transparencia”.
Hace notar asimismo que en el gobierno Sandoval Díaz destacó que Jalisco ocupa el cuarto lugar en aportación al Producto Interno Bruto (PIB) con 6.6%, pero en otras décadas era el tercer lugar. “Ahora estamos después del Distrito Federal, del Estado de México y de Nuevo León”, indica.
E insiste en uno de los principales problemas de la entidad: en el primer trimestre de 2014 había 3 millones 311 mil personas con trabajo y 179 mil desocupadas, lo que implica 5.1% de la Población Económicamente Activa en el desempleo. l
