El segundo informe de gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval estuvo lleno de promesas y triunfalismos fatuos. La diferencia con respecto al del año pasado es que hubo menos invitados. La glosa del mandatario y su gabinete ante organizaciones ciudadanas también resultó anodina, si bien algunas intervenciones pusieron en aprieto a los organizadores. Lo demás fueron pifias, como el arresto-liberación-recaptura de Luis Octavio Pérez Pozos, uno de los presuntos implicados en el intento de fraude al Congreso estatal.
En su segundo informe de gobierno, Aristóteles Sandoval Díaz fue más austero que el del año anterior en cuanto a número de invitados, pero en contenido resultó igual de anodino: habló de lo que no ha hecho y supuestamente esbozó los proyectos que se pondrán en marcha en los próximos meses.
Ni siquiera el anuncio de la captura de Luis Octavio Pérez Pozos y Rafael López Martínez, presuntamente ligados al fraude cometido por Consultores López Castro y Compañía –que exigía al Poder Legislativo un pago de 58 millones de pesos– le salió bien. Apenas terminó su informe, Pérez Pozos salió bajo fianza del penal de Puente Grande.
Pérez Pozos ocupó la secretaría general de la 58 Legislatura local en sustitución del panista Alfredo Argüelles Basave, uno de los principales imputados en ese caso, quien hasta ahora no ha dado su versión. López Martínez, a su vez, es quien el año pasado intentó cobrar los 58 millones al Poder Legislativo por servicios no prestados, como la recuperación de impuestos de diputados y trabajadores ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Cuando aludió al tema, Sandoval Díaz subió el tono de voz: “Ya hay dos detenidos en la cárcel que van a tener que ser procesados por ese fraude, para que no le queden ganas a ningún particular de asociarse con un funcionario público para robarle el dinero a los jaliscienses”, dijo. Los asistentes le aplaudieron. Apenas llevaba 22 minutos en la tribuna.
Sin embargo, omitió decir que Pérez Pozos fue detenido por presunto enriquecimiento ilícito, no por el fraude de la consultora López Castro. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el exfuncionario fue aprehendido la madrugada del domingo 8, horas antes del informe, pero el Juzgado Quinto de lo Penal ordenó su liberación al considerarla ilegal; además, los agentes de la dependencia no llevaban orden de captura.
Según declaró Pérez Pozos al diario Mural tras su liberación, su aprehensión fue “un revanchismo político” por apoyar la campaña de Enrique Alfaro Ramírez, el candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Guadalajara. De paso acusó al perredista Salvador Cosío Gaona, pues fue la denuncia que el exlegislador puso contra él la que sirvió de pretexto para su detención.
Al segundo informe de gobierno acudieron algunas celebridades, entre ellas el exclavadista Fernando Platas, el piloto Sergio Pérez; los futbolistas Luis Ernesto Michel y Benjamín Galindo, y jugadores del equipo de beisbol Charros de Jalisco; también estuvieron el escritor Fernando del Paso, Aurelio Lozano, maquillista personal de Sandoval Díaz, y el gobernador poblano Rafael Moreno Valle.
El lunes 9, mientras Sandoval Díaz comparecía ante un grupo de civiles, empresarios y académicos –en un formato que inventó el subsecretario de Planeación, David Gómez Álvarez, para el lucimiento del mandatario y sus secretarios–, Pérez Pozos fue detenido por segunda ocasión por elementos de la FGE.
El exsecretario general de la 58 Legislatura local se dirigía al hotel Rotonda, ubicado a menos de tres calles del Palacio de Gobierno, donde había convocado a los reporteros para darles su versión. En la entrada forcejeó con uno de los agentes, cuando le mostró la orden de aprehensión.
Luego lo esposaron, mientras Pérez Pozos gritaba que era inocente: “Los verdaderos culpables son los diputados que estuvieron en la primera fila de la 58 Legislatura. Ya agarraron a su chivo expiatorio”.
Los agentes se lo llevaron a empellones.
Sobre una mesa quedó el texto que el detenido iba a leer ante los reporteros. En él acusaba a los integrantes de la 58 Legislatura, así como a sus sucesores en la Secretaría General del Congreso: los priistas José Manuel Correa Ceseña y Carlos Corona Martín del Campo, por hacer pagos indebidos a las empresas Ola Outsourcing y Sistemas Administrativos Empresariales (SAE).
Ni un regaño para Argüelles
Luis Octavio Pérez Pozos es primo de la diputada federal de MC Merilyn Gómez Pozos y cercano a varios dirigentes de la corriente de Alfaro Ramírez, quien amenaza con arrebatarle Guadalajara al PRI.
Y mientras las autoridades arremeten contra el exsecretario general del Congreso, el exdiputado Argüelles Basave, a quien legisladores y organizaciones civiles acusan de orquestar el fraude contra el Congreso, no sólo está en libertad, sino que hasta se burla de los requerimientos de presentación. La semana antepasada incluso el panista negó su identidad cuando personal del Congreso acudió a su domicilio a entregarle un citatorio.
El lunes 9, antes de su intervención en la glosa del informe, el titular de la FGE, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, dijo que Pérez Pozos quedó en libertad el día anterior por un tecnicismo legal debido a que “faltaron unos sellos en unas copias”. No obstante, añadió, la averiguación ya está completamente fundada y motivada para que no vuelva a salir de prisión.
La orden de aprehensión –derivada de un análisis de la declaración patrimonial del exservidor en la que hay una discrepancia en sus bienes superior a los 600 mil pesos– “nos habla de que hay un enriquecimiento con el peculio de los jaliscienses y no podemos permitir que nadie esté por encima de la ley”, expuso Nájera.
De López Martínez –el otro detenido– el fiscal dijo que se le acusa de fraude por 20 millones de pesos contra un laboratorio y un médico; también se le investiga por el caso del despacho López Castro, que pretendió cobrar 58 millones de pesos al Congreso.
Y cuando un reportero comentó que Pérez Pozos fue detenido por el intento de fraude contra el Poder Legislativo, Nájera respondió: “Entonces usted minimiza que roben el dinero a los jaliscienses… Se nos hace muy grave que cualquier servidor público (también lo haga). Es un compromiso del gobernador de no permitir que ningún servidor público ni ninguna persona robe el dinero de los jaliscienses”.
En caso necesario, expuso el fiscal, se citará a declarar a la gente que Pérez Pozos señala como responsables del fraude: Samuel Romero Valle, del PRD; Jorge Salinas Osornio, del PAN; Luis Manuel Vélez Fregoso, del PVEM; Juan Carlos Castellanos, del PRI; Alfredo Zárate, del PT; y Juan Óscar Alejandro Díaz Medina, de Nueva Alianza, todos ellos coordinadores parlamentarios de la 58 Legislatura.
De encontrársele culpable, Pérez Pozos alcanzará una pena mayor a 10 años, comentó el fiscal.
El exdiputado del PAN Víctor Sánchez Orozco, quien se pasó al MC y hoy es titular de la Comisión Especial de Seguimiento al caso López Castro, expresó que la detención de Pérez Pozos es un montaje orquestado por la FGE porque no les interesa llamar a los verdaderos responsables.
“Nos preocupa que este tema quede en actores de bajo nivel –declaró–. El caso López Castro tiene elementos jurídicos completamente claros; la responsabilidad de exdiputados es clara. En ese sentido estamos exigiendo que la fiscalía actúe y los llame a cuentas.”
Durante la glosa ciudadana, Sandoval Díaz ya no se refirió al asunto López Castro; se dedicó a escuchar las observaciones de sus interlocutores. A diferencia del año pasado, esta vez dejó su silla de estilo presidencial de base de madera y forros de piel, y ocupó una de oficina. Vestía un traje negro, camisa blanca y corbata beige.
El escenario para la glosa fue el mismo que utilizó en 2014: el Palacio de Gobierno. Pero esta vez la asistencia fue mucho menor, en la parte alta muchas de las sillas estaban vacías.
El evento comenzó a las 8:30 horas de la mañana y se dividió en siete bloques de 20 minutos.
De acuerdo con el formato diseñado por el subsecretario Gómez Álvarez, quedaron así: entorno y vida sustentable; economía próspera e incluyente; equidad de oportunidades; comunidad y calidad de vida; instituciones confiables y efectivas; garantía de derechos y libertad, y áreas metropolitanas.
En cada uno intervino un invitado nacional y otro local. Sandoval Díaz y sus colaboradores respondieron las preguntas de sus invitados: la representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Dolores Barrientos Alemán; Viridiana Ríos, directora ejecutiva de ¿Cómo Vamos?; Rodolfo de la Torre, coordinador general de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano del Programa de la ONU para el Desarrollo; Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas e Investigadora del CIDE; Gabriela Alarcón Esteva, directora de desarrollo urbano del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
También intervinieron Alberto Sandoval Uribe, consultor en medio ambiente; Luis Miguel González, director editorial de El Economista; Alejandro Gómez Levy, director de Mexicanos Primero; David Pérez Rulfo, director de Corporativa de Fundaciones; Nancy García, investigadora de El Colegio de Jalisco, y Dante Haro, experto en seguridad.
Las preguntas fueron comedidas, aunque algunas incomodaron al mandatario y sus colaboradores. En tanto en el Congreso estatal, la fracción del MC propuso un formato para que cada día compareciera un secretario, pero el Ejecutivo se negó.
“Queríamos que no vinieran varios funcionarios a la vez, sino uno por uno, para dedicarles más tiempo; no aceptaron. Tampoco accedieron a que viniera el jefe de gabinete –quien maneja recursos–. Ellos propusieron al secretario de Gobierno, pero no creemos que sea lo más conveniente”, indicó el diputado Clemente Castañeda.
En la glosa ciudadana surgieron algunos temas omitidos por Sandoval Díaz en su informe, entre ellos la ausencia de una política para combatir la pobreza y la corrupción, ofrecer una mejor rendición de cuentas y garantizar la transparencia.
El director de El Economista criticó las “cifras triunfalistas” del gobernador en materia económica. “No es nada halagüeño –dijo– que Nuevo León y el Distrito Federal produzcan más que Guadalajara”. La directora ejecutiva de ¿Cómo Vamos? lo secundó: el crecimiento en el estado es de apenas 3.8%, mucho menor que el de Zacatecas o Aguascalientes, que es de 11.3%.
Sandoval Díaz replicó que el Imco aún no actualiza sus indicadores, de ahí que se exhiba un rezago económico. En su informe expuso que Jalisco es un estado pujante en inversiones y generación de empleos, y puso como ejemplo la línea 3 del Tren Ligero, que ya está en construcción, en la que participa el gobierno federal con más de 15 mil millones de pesos.
También mencionó la Ciudad Creativa Digital, en la que ya se han invertido más de 86 millones de pesos, pese a que aún no se inician las obras; de la construcción de un museo de artesanos en Tonalá, de una planta de refacciones y reparación de automóviles, una trasnacional y de una nueva inversión de 10 millones de dólares de una maquiladora de componentes electrónicos.
Con respecto a la presa El Zapotillo, dijo que no puede posponerse más, pero no habló de los amparos interpuestos por los habitantes de los tres pueblos aledaños (Acasico, Palmarejo y Tamacapulín) que serán inundados si se realiza esa obra.
En relación con la corrupción y la transparencia en su gobierno, el mandatario sólo dedicó unas líneas al rendir su informe. En la glosa, la coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, Lourdes Morales Canales, le dijo: “Al hacer solicitudes de información esta calificación bajó al quinto lugar de la tabla –dijo Morales–. Eso preocupa porque la transparencia no únicamente trata de tener portales bonitos”.
Nancy García Vázquez, investigadora de El Colegio de Jalisco, retó al mandatario a cumplir con el servicio profesional de carrera y mostrar la declaración patrimonial de sus colaboradores.
El director del Corporativo de Fundaciones, David Pérez Rulfo, reprochó al Ejecutivo que aún no se ponga en marcha la Ley Estatal de Fomento a la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil promulgada en agosto pasado, así como la endeble partida de 40 millones de pesos asignada para los proyectos asistenciales de más de 260 asociaciones.
En materia de seguridad, Sandoval Díaz mostró cuentas alegres. Según él, en Jalisco se redujo el secuestro en 68%, el robo a personas en 64%, los atracos a bancos en 57%, las violaciones en 20%, los homicidios dolosos en 17%, los robos a negocios en 15%; también se desmantelaron 79 bandas criminales.
Minimizó el tema de los desaparecidos durante su administración: alrededor de 2 mil 500, cifra que, dijo, heredó del gobierno del panista Emilio González Márquez; sólo admitió que los feminicidios crecieron de 20 a 34 en el último año.
Con respecto a las Fuerza Única Metropolitana y la Rural, según el mandatario, cumplen con las expectativas. Hoy, la población de Cocula y Casimiro Castillo está contenta con la nueva corporación; no obstante eludió los casos de abuso de autoridad cometidos por uniformados de las dos corporaciones. Dijo, eso sí, que se encarceló a 146 elementos que hicieron uso indebido de su cargo.
La directora general de México Evalúa, Edna Jaime Treviño, refirió durante la glosa que las cárceles de Jalisco se mantienen en el tercer lugar nacional por la sobrepoblación. Puente Grande, por ejemplo, tiene más del doble de reclusos. La fiscal de Reinserción Social, Marisela Gómez Cobos, tuvo que aceptar que durante la administración de Sandoval Díaz han ingresado a los penales de la entidad casi 2 mil personas.
En la semana previa a su informe, los familiares del medallista olímpico del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code), Jaime Humberto Romero Morán, de 23 años –asesinado junto con un amigo la madrugada del miércoles 4 en el exterior del lienzo charro Zermeño– acudieron a Palacio de Gobierno a devolver al mandatario la presea que obtuvo el joven. Sólo la aceptarán cuando sus homicidas sean capturados, le dijeron.
Con respecto al servicio de transporte público, que en 2014 ocasionó la muerte de 54 personas, el mandatario comentó que el parque vehicular ha sido abandonado durante tres décadas. Pero adelantó que el próximo mes lanzará la adjudicación de un sistema de prepago para el Tren Ligero y el sistema BRT.
Sandoval Díaz tampoco dijo nada de los dislates de su secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño Coronado, quien declaró en diciembre pasado que puede suspender el programa de la prueba de alcoholímetro a los conductores cuando se le antoje.
