En Brasil, los militares nunca han aceptado cabalmente su responsabilidad en la dictadura que instauraron de 1964 a 1985. Hasta la fecha, viven en la impunidad. Pero esto puede cambiar gracias al reciente informe realizado por la Comisión Nacional de la Verdad, que documentó las brutalidades perpetradas en aquella época. Con este extenso reporte de 4 mil 300 páginas –el primero con carácter oficial– se reavivó el clamor por justicia en una sociedad golpeada por la corrupción.
SAO PAULO.- En un país que este año celebra el 50 aniversario del golpe militar que dio paso a más de dos décadas de dictadura, la publicación del primer informe nacional en torno a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese periodo reavivó el debate sobre la impunidad que persiste en relación con los excesos perpetrados en esa época.
Desde que el pasado 10 de diciembre la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) publicó el voluminoso informe, se reanimaron las exigencias para revisar la Ley de Amnistía, en vigor desde 1979 y ratificada por la justicia brasileña en 2010.
El primer reporte oficial que detalla los abusos de la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985 supone una aportación para que se conozcan pormenorizadamente los excesos en los que incurrió el Ejecutivo y, según la CNV, el Estado en bloque –con la justicia a su servicio– para gobernar con mano de hierro durante la época de la Guerra Fría.
“En la dictadura militar la represión y la eliminación de opositores políticos se convirtieron en política de Estado concebida e instaurada a partir de decisiones emanadas de la Presidencia de la República y de los ministerios militares”, señala el documento, elaborado con base en una investigación de 31 meses que recopiló los testimonios de mil 116 personas en todo el territorio de Brasil.
“Esa política de Estado movilizó a agentes públicos para la práctica sistemática de tortura y detenciones ilegales y arbitrarias que se abatieron sobre miles de brasileños, y para cometer desapariciones forzadas, ejecuciones y ocultación de cadáveres”, agrega la investigación.
Sus más de 4 mil 300 páginas exhiben las técnicas de intimidación, tortura y eliminación utilizadas por el Estado para combatir a la oposición –comunista o de izquierda, en su inmensa mayoría– durante la dictadura. No es un texto definitivo y, de hecho, es duramente criticado por la prensa brasileña por sus imprecisiones históricas, mientras las víctimas reclaman mayor profundidad en las pesquisas.
Sin embargo, un deseable mayor rigor no desacredita sus logros. Entre ellos, por ejemplo, está el hecho de que por fin se realizó un conteo de víctimas: el balance todavía incompleto es de 434 muertos o desaparecidos en los 21 años de militarismo, por 30 mil en Argentina y 3 mil 100 en Chile.
Asimismo, e inspirándose en investigaciones similares llevadas a cabo en África del Sur tras el régimen del apartheid, la CNV no pasa por alto uno de los puntos más sensibles en lo político-histórico: el de señalar directamente a los que cometieron las atrocidades, identificando a 377 personas que ocupaban desde cargos en los mayores estamentos de la administración, hasta médicos que aceptaron falsear las autopsias para que los asesinatos en los centros de tortura figuraran como suicidios.
La “casa de la muerte”
En la elaboración del informe participaron seis profesionales con perfiles que van desde la abogacía al psicoanálisis, todos ellos con posiciones próximas a la disidencia durante la época de la dictadura. La investigación recorre con detalle casos individuales y coteja los testimonios de víctimas y verdugos con los hechos históricos. La sobriedad del análisis contrasta con las declaraciones de las víctimas:
“Yo y mi hermana fuimos torturadas varias veces para que firmáramos un papel en el que consentíamos que ellos me hicieran abortar. (…) Estaba embarazada de seis meses cuando fui detenida. Pese a esto fui torturada. Se realizaba (la tortura) con la asistencia de un médico o alguien que decía ser médico. Esa persona indicaba el tipo de tortura que podían hacerme, recomendaba que no me dieran golpes en el vientre y no me dieran descargas eléctricas en la vagina, la boca, los órganos internos”, se lee en una declaración atribuida a Criméia Schmidt de Almeida, detenida junto a su hermana, la histórica militante del Partido Comunista de Brasil Maria Amélia.
En 2012 el coronel Paulo Magalhaes se convirtió en el primer alto mando militar en admitir la comisión de torturas y asesinatos en la región de Petrópolis por parte de las fuerzas del Estado. Antes de morir en su casa en circunstancias turbias en abril de 2014, explicó y se jactó del funcionamiento de la infame Casa da Morte (Casa de la Muerte), un centro de arresto y tortura extrajudicial situado en esa ciudad cercana a Río de Janeiro del que sólo salió con vida uno de los detenidos: la activista Etienne Romeu, memoria viviente de lo ocurrido.
Ante la publicación del informe de la CNV, los mandos militares reaccionaron negando las acusaciones. El Tribunal Superior Militar –órgano utilizado durante la dictadura para avalar jurídicamente los excesos, según la CNV– declaró el 16 de diciembre en un comunicado que el informe es “inverídico, injusto y equivocado”, y aseguró que lo sucedido en los 21 años de régimen militar fue “exactamente lo contrario” a lo que detalla el texto.
El argumento de los militares es que, en la época de la Guerra Fría, el fin justificaba los medios. “Nuestro equipo previno que el comunismo fuera instaurado. Cuba no tiene la libertad que nosotros tenemos hoy. Gracias a las fuerzas armadas hoy tenemos esa libertad”, asentó ante la Comisión el excomisario Carlos Alberto Augusto, miembro del Departamento de Operaciones de Informaciones-Centro de Operaciones de Defensa Interna (DOI-CODI), la agencia de inteligencia utilizada contra los opositores.
En este contexto, no sorprende que la elaboración del informe haya sido extraordinariamente compleja por la cerrazón de los militares para abrir los archivos y testificar ante los miembros de la CNV.
La “guerrillera” Rousseff
La otrora impertérrita guerrillera Dilma Rousseff, víctima ella misma de las palizas y las torturas de los mandos castrenses, no pudo contener las lágrimas cuando –en su calidad de presidenta de la república brasileña– encabezó la presentación del informe de la CNV en una ceremonia sobria.
Para una mujer que tiene la capacidad de lidiar sin alterarse con los duros ataques de la oposición por los escándalos de corrupción que cercan a su gobierno, o incluso con el férreo rechazo dentro de su propio partido –el de los Trabajadores, PT–, su llanto fue tal vez la mejor metáfora para comprender el dolor causado todavía hoy por aquel oscuro periodo.
Lejos de plantearlo como una cuestión personal, Rousseff y su administración adoptaron una postura de mediación entre el ejército y los investigadores del informe para que se conociera lo sucedido tanto como fuera posible, sin que ello provoque el rechazo frontal de la cúpula castrense.
“La búsqueda de la verdad factual, el respeto a la memoria histórica y el estímulo a la reconciliación del país se consiguen por medio de la información y el conocimiento”, dijo la jefa de Estado el pasado 10 de diciembre, fecha que coincidió con el Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. “Nosotros creemos en la verdad. Esperamos que este informe contribuya a que fantasmas del pasado doloroso y triste no puedan protegerse más en las sombras del silencio y la omisión”, puntualizó.
De hecho, su participación en el informe fue más bien modesta. En un contexto político y económico adverso por los paupérrimos resultados económicos en su primer mandato y los escándalos de corrupción en la estatal Petrobras, Rousseff decidió no empantanarse en un asunto que podría ser interpretado fácilmente como personal.
El informe de la CNV recuerda que para los militares, Rousseff era “la Juana de Arco de la guerrilla” y “el Papa de la subversión” cuando militaba en la oposición clandestina como miembro de la guerrilla Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares (VAR-Palmares). Así, la aprehendieron en enero de 1970 y la encarcelaron en Sao Paulo, donde permaneció tres años.
En una de las escasas menciones a Rousseff –quien coordinaba cuestiones logísticas y de estrategia en la época de su activismo–, el texto de la CNV recuerda que la hoy mandataria fue sometida a palizas y crueles descargas eléctricas que estuvieron a punto de dejarla estéril.
“Me acuerdo perfectamente que me lanzaron a una celda. (…) Fue mi primer contacto con la espera. La peor cosa de la tortura es esperar, esperar para ser golpeada. Yo sentía allí que la barra era pesada. Y fue. También me acuerdo muy bien del piso del baño, del azulejo blanco. Porque iba formando una costra de sangre, sucia, y nosotros acabábamos hediendo”, explica la presidenta en el documento.
La CNV insta en las recomendaciones finales al “reconocimiento por parte de las Fuerzas Armadas de su responsabilidad institucional por las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar”.
Pero lo más importante fue el llamado indirecto a revisar la Ley de Amnistía de Brasil, el único país del Cono Sur que aún no juzga los crímenes de la dictadura, arguyendo que se necesita pasar la página y avanzar hacia la reconciliación.
“Las disposiciones de la Ley de Amnistía de 1979 son manifiestamente incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de graves violaciones de derechos humanos, ni para la identificación y castigo de los responsables”, reza el documento. No es casualidad que ésta sea la única de las 29 recomendaciones que no recibió el apoyo unánime de todos los integrantes de la CNV.
Sin embargo, el texto respalda a las víctimas, organizaciones defensoras de los derechos humanos y activistas que exigen la derogación de la ley, apoyándose no sólo en el argumento moral de que los crímenes contra la humanidad no deberían prescribir, sino también en una sentencia de 2010 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En aquella ocasión, el tribunal declaró “indebida” la aplicación de la Ley de Amnistía cuando la justicia brasileña la invocó con el propósito de rechazar una investigación sobre la desaparición de 62 de los 80 miembros de la guerrilla de Araguaia, que combatió a los militares en el Amazonas de 1972 a 1974. En ese entonces la justicia brasileña rechazó acatar el veredicto de la CIDH.
