La investigación de un fraude al fisco chileno cometido por una empresa prototípica de la dictadura de Pinochet se fue convirtiendo en un escándalo nacional de corrupción, cohecho y sobornos: el caso Penta. Así se destapó el reparto indiscriminado de dinero a las campañas políticas de la Unión Demócrata Independiente –heredera y defensora de los postulados pinochetistas–, lo cual minó la credibilidad de ese partido, como se refleja en las encuestas recientes, y le augura un negro futuro a la ultraderecha.
VALPARAÍSO, CHILE.- La Unión Demócrata Independiente (UDI) –el partido más importante del entramado institucional y económico de la dictadura de Augusto Pinochet– parece estar en crisis terminal.
El caso Penta –trama de sobornos, cohecho y financiamiento ilegal de campañas políticas, donde los favorecidos son parlamentarios y altos funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) vinculados con ese partido– ha terminado por socavar el apoyo a la derecha chilena.
Según una encuesta de la consultora Adimark publicada el martes 3, la aprobación a la Alianza por Chile –coalición de la UDI y Renovación Nacional– es de sólo 11%, con 78% de abierto repudio. Nunca en su historia ese sector había registrado peores resultados.
Caso Penta
La crisis comenzó a partir de la revelación de un fraude menor: El cometido por el fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII) Iván Álvarez. El ilícito consistía en modificar las declaraciones tributarias de años anteriores a ciertos contribuyentes. Así, éstos pedían que les devolvieran dinero, obteniendo con ello restituciones irregulares de impuesto a la renta. Álvarez detectó un vacío en el sistema computacional que hacía posible el fraude.
El primer “cliente” de este ilícito fue el contador Sergio Díaz, a quien Álvarez conoció a mediados de 2009. Aquél le entregó sus claves de internet del SII y, fruto de ello, el servicio de impuestos le giró una no despreciable cantidad. Fue así como ambos comenzaron a tejer una red que alcanzó a tener 122 “clientes”.
En 2011 el negocio llegó a oídos de Hugo Bravo, a la sazón gerente general de Penta, uno de los grupos económicos más poderosos del país. Éste consiguió hacerse, a través del sistema inventado por Álvarez, de cerca de 500 mil dólares en ganancias ilícitas.
El castillo comenzó a desmoronarse el 12 de octubre de 2012. Ese día llegó una denuncia anónima al Departamento de Delitos Tributarios del SII, en la cual se daba cuenta del esquema usado por Álvarez para defraudar al fisco y se entregaban nombres de 47 contribuyentes que habían recibido dinero ilícitamente.
Enterado de que estaba siendo investigado, Álvarez renunció al SII en diciembre de 2012, y a principios de 2013, asesorado por abogados, decidió declarar voluntariamente y autoinculparse.
El 14 de agosto de 2013 el SII presentó ante el Ministerio Público una denuncia por este caso contra Díaz y Álvarez. Un mes después asumía la investigación el jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad del Ministerio Público, el fiscal Carlos Gajardo, quien ha mostrado ser un auténtico sabueso y ha declarado “no temer a los poderosos”.
El 3 de diciembre de 2013 Gajardo, con autorización del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, ordenó la detención de Díaz, Álvarez y otras dos personas implicadas en este fraude.
En julio de 2014, poco antes de morir de cáncer terminal, otro de los implicados, Jorge Valdivia, el martillero público (como se conoce a la persona que organiza remates), denunció mediante declaración jurada la participación de Bravo en este caso.
Entonces Gajardo se incautó las computadoras de Bravo y de los dueños de Penta: Carlos Choclo Délano y Carlos Eugenio Lavín. El fiscal pronto imputó a estos dos últimos por haber dado boletas (recibos) de honorarios “ideológicamente falsas” a nombre de sus esposas, a fin de reducir sus aportes tributarios. Por este concepto ambos se embolsaron casi 1 millón de dólares.
En este contexto, Lavín y Délano decidieron despedir a Bravo y terminar una relación profesional iniciada a finales de los setenta, cuando todos ellos eran flamantes funcionarios de la dictadura de Pinochet.
Bravo, sintiéndose abandonado, decidió hablar. Y lo hizo hasta por los codos. En sucesivas declaraciones a Gajardo, dio cuenta de pagos ilícitos realizados por filiales de Penta a varios de los principales dirigentes de la UDI. Dio a conocer el audio de una conversación telefónica que tuvo con Lavín el 7 de septiembre de 2014 y que fue divulgada por el diario La Tercera el pasado 9 de diciembre.
Allí Lavín le pregunta: “¿A Golborne (Laurence, expresidenciable de la UDI y exministro de Minería y Energía de Piñera) contra qué se le pagó?”. Bravo replicó: “A Golborne, desgraciadamente, contra boletas (…) y se le pagó antes y después, como 400 millones (de pesos chilenos, unos 700 mil dólares o 10 millones de pesos mexicanos)”.
Bravo especificó en dicha conversación cómo se giraba el dinero, mencionando destinatarios: “A Pablo Longueira (exsenador, expresidente de la UDI y excandidato presidencial de ese partido), antes y después, deben haber sido 140 o 150 millones. Los millones los cobraba en efectivo y los sacaba del Banco Penta. Ningún otro banco entrega 50 millones (en billetes) sin preguntar”, afirmó.
En la conversación también son mencionados como receptores de pagos de Penta otros personajes de la UDI: el actual senador y vicepresidente de ese partido, Iván Moreira; el exalcalde de Santiago, Pablo Zalaquett; y la exsenadora y excandidata presidencial Evelyn Matthei, entre otros.
Según confirmó Gajardo, Pablo Wagner, quien en marzo de 2010 dejó la gerencia de negocios de Penta para asumir como viceministro de Minería, recibió de esa empresa al menos 42 millones de pesos chilenos mientras era funcionario público. Este dinero fue justificado con boletas de honorarios expedidas a nombre de su cuñada, María Cerda.
Wagner pagó con “sus buenos oficios” el trato que Penta le daba. El pasado 14 de enero Canal 13 reveló que, el 19 de abril de 2010, Wagner le pidió –vía correo electrónico– al entonces ministro de Minería, Laurence Golborne, que el gobierno designará a Lavín director de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), la mayor empresa estatal de Chile.
“Laurence: te reenvío el CV de Carlos Eugenio Lavín. Es el hombre de negocios más inteligente, visionario, práctico y estratega que he conocido. Realmente sería un lujo para el país y Codelco tenerlo como director (no quiere otros directorios). Se lo pelean las empresas para otros directorios distintos a Penta. Está dispuesto a hacerlo completamente gratis y a dedicarle tiempo, que es más valioso aún”, dice el mensaje.
Como no resultó la gestión, el 19 de mayo de 2010 Wagner le explicó a Lavín: “Hice de verdad todo lo que pude”. Ese mismo día éste contestó: “Pablo: vi que iniciarías road show con proyectos mineros. Ya que no voy a poder ver el negocio desde el directorio de Codelco, espero que no me dejes fuera del road show…”.
Wagner había ganado mala fama en 2012 al intentar otorgar fraudulentamente una importante concesión de explotación de litio a SQM, empresa propiedad de otro personaje ligado a Pinochet y a la UDI: Julio Ponce Lerou.
En septiembre de 2012, el viceministro Wagner anunció que SQM se había adjudicado la licitación internacional del primer Contrato Especial de Operación de Litio que le permitía acceder a la exploración y explotación de 530 mil toneladas métricas de carbonato de litio chileno.
Sin embargo la empresa china Li Energy Spa impugnó el proceso acusando el incumplimiento de las bases, puesto que éstas impedían participar a empresas que mantuvieran juicios vigentes con el Estado. SQM tenía varias decenas de causas pendientes contra el fisco. Acogiendo este requerimiento, el Comité Especial de Licitación declaró desierta la licitación. Wagner fue despedido por el entonces presidente Piñera, al constatar éste la vergüenza internacional derivada de la oscura maniobra.
Aunque la UDI es el partido más afectado por el caso Penta, no es el único implicado. También aparecen como receptores de sus fondos el exministro de Hacienda del primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), Andrés Velasco; y el actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.
Penta tiene un patrimonio estimado en mil 500 millones de dólares. Son parte de él empresas del área de salud (Aseguradora Banmédica), de educación (Universidad del Desarrollo), financiera (Banco Penta), seguros (Penta Seguros), entre otras. Délano y Lavín se han visto obligados a renunciar a los directorios de todas éstas, acosados por el escándalo que amenaza con derrumbar todo su imperio.
Délano es uno de los hombres más poderosos e influyentes de Chile. Es íntimo amigo del expresidente Piñera y fue jefe de las campañas presidenciales del economista de la UDI Joaquín Lavín, quien aspiró a la Presidencia en 2000 y 2006.
Mensajes cruzados
El caso Penta evidencia que los pagos ilícitos a políticos han tenido como contrapartida gestiones en su favor.
Así lo demuestra un correo electrónico enviado el 10 de enero de 2013 por Carlos Eugenio Lavín al presidente de la UDI, Ernesto Silva. Este mensaje –que fue dado a conocer el pasado 6 de enero por Canal 13– lleva por asunto: “Proyecto de ley en trámite”:
“Ernesto: te transcribo el artículo de ley 198 que define lo que es el IPC de la Salud. ‘Para efectos de la modificación de precios del Plan Garantizado de Salud’. Según te entendí, los DC (democratacristianos) estarían llevando esta idea del reajuste máximo según IPC de la Salud, para el Plan Garantizado y para el Complemento. Si entendí bien esto, sería de la máxima gravedad. Para saber eso te estaba llamando y de acuerdo a eso ver si se nos ocurre algo, Saludos CEL.”
Al recibir este correo, Silva presidía la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en la cual –junto con la de Salud– se tramitaba este proyecto. De convertirse en ley, perjudicaba uno de los rubros más lucrativos de Penta: las instituciones de salud previsional (isapres) o seguros médicos.
En un reportaje titulado Diputado Silva promovió indicación a favor de Penta en la tramitación de Ley de Isapres, el sitio de investigación periodística Ciper-Chile reveló que en noviembre de 2012 –dos meses antes de recibir el correo electrónico de Lavín– Silva “impulsó en la Comisión de Hacienda una indicación que modificaba por completo el espíritu del proyecto y que claramente beneficiaba los intereses de las isapres, entre ellas la del Grupo Penta”.
Ciper también reveló que Silva participa a través de distintas sociedades en la propiedad de Banmédica, la isapre más grande de Chile.
En su libro El Saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile (2001), la periodista María Olivia Monckeberg precisó que Ernesto Silva Bafalluy, padre del actual presidente de la UDI, junto con Carlos Délano y Carlos Lavín, fueron los operadores y principales beneficiados de la privatización –en los estertores de la dictadura– del Instituto de Seguros del Estado. Esto es sólo un ejemplo de lo que pasó con centenares de empresas estatales que terminaron vendidas a precio irrisorios a los grandes grupos económicos del país, o en manos de sus ejecutivos.
El proceder corrupto evidenciado en el caso Penta, o Pentagate, ya había quedado al descubierto en mayo de 2013 cuando se supo que la empresa Corpesca –del grupo Angelini– le pagó a la entonces diputada por Iquique, Marta Isasi (de la UDI), para que respaldara la Ley de Pesca promulgada en enero de ese año.
El principal impulsor de esa ley fue el entonces ministro Longueira, quien vive en el condominio más lujoso del país, el San Damián, en el oriente de la capital chilena. La Ley de Pesca supuso la entrega en propiedad de la casi totalidad del patrimonio pesquero de Chile a siete poderosas familias y terminó por despojar de los recursos del mar a los pescadores artesanales y, en el fondo, a todos los chilenos.
Refundación o muerte
En entrevista, el sociólogo y politólogo Manuel Antonio Garretón analiza el difícil momento de la UDI: “Uno podría ubicar el comienzo de la actual crisis en 2013, en ocasión de la conmemoración de los 40 años del golpe. Entonces quedó claro que la primera violación a los derechos humanos fue el golpe mismo, el bombardeo a La Moneda y el asesinato o intento de asesinato que lleva al suicidio al presidente Allende. Todo lo que vino después es hijo de ese momento”.
Garretón –quien desde 1994 es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile– afirma que el descrédito transversal en que se ha hundido la dictadura tras la citada conmemoración, ha afectado principalmente a la UDI porque “la misión de ese partido ha sido proyectar la obra de la dictadura y defender su modelo económico, las violaciones de los derechos humanos y todo cuanto el régimen hizo”.
Estima que el caso Penta puso al desnudo la esencia de la política bajo el modelo de la dictadura “en que todo queda determinado por el dinero: la educación, la salud y la política misma”.
Garretón opina que “estamos en presencia de la desaparición del proyecto de la UDI” y que lo más probable es que en el corto o mediano plazo “asistamos al surgimiento de otra fuerza de derecha”. Sin embargo, piensa que esto podría tomar tiempo porque hay muchos diputados y senadores de la UDI que tienen su clientela electoral y no van a retirarse de buenas a primeras.
Pero Garretón estima que, hagan lo que hagan, “el futuro es negro para la UDI”. Esto no sólo se debería al descrédito en el que se encuentra a raíz de los últimos escándalos, sino también porque ya se ha comenzado a legislar en pos de transparentar el financiamiento de las campañas e impedir los aportes reservados y de empresas a las mismas campañas.
“Si esto ocurre –concluye– la derecha va a perder su principal sustento, que es la enorme cantidad de dinero que dispone. Y si a esto se suma el cambio en el sistema binominal, tenemos una crisis extremadamente grave, y eso tiene que llevar una refundación de la derecha, a la cual se oponen sus dirigentes, lo que no hace sino empeorar su situación.”
