La investigación de la muerte –fuera asesinato o suicidio– de Alberto Nisman se enreda cada vez más y se mete de lleno en un ámbito necesariamente oscuro: el del espionaje. Las estructuras de inteligencia que se heredaron de la dictadura y difícilmente le rendían cuentas al Estado han empezado a ser objeto de indagatorias y sobre todo de críticas, al grado de que la jefa del Ejecutivo ya propuso una reforma radical de ese sector. Y en cuanto al caso del fiscal, dos nombres siguen estando en el ojo del huracán y ambos se relacionan, así sea tangencialmente, con el mundo de los espías: Antonio Stiuso y Diego Lagomarsino.
Buenos Aires.- La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación, en su reemplazo, de la Agencia Federal de Inteligencia. Retomó así el control de una agenda política monopolizada, a partir del 18 de enero, por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Fernández enviará al Congreso un proyecto de Ley de Inteligencia Nacional, marco jurídico con el cual busca adecuar la actividad de los espías a los límites que imponen la Constitución y los tratados de derechos humanos suscritos por Argentina.
La oposición adelantó su rechazo a la iniciativa. Ve el anuncio como un golpe efectista y un intento por torcer el eje de la discusión política. Responsabiliza al gobierno por el daño institucional que trae consigo la muerte del fiscal que investigaba el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Los restos de Alberto Nisman fueron inhumados el 29 de enero en el cementerio judío de La Tablada. No hubo –como había especulado la prensa– una segunda autopsia. Cuatro días antes de que lo hallaran muerto en el baño de su departamento, con un tiro en la sien, Nisman había pedido que se investigara a la presidenta.
En un dictamen de 300 páginas sostenía que Fernández había liderado un plan para encubrir a los cinco iraníes sospechosos de ser responsables del ataque a la AMIA en 1994. Sin embargo la denuncia de Nisman no encuentra hoy gran respaldo, ni siquiera entre juristas o medios opositores al gobierno.
La investigación judicial sobre su muerte avanza por varios carriles: la carátula del expediente dice “muerte dudosa”; la fiscal Viviana Fein descarta la participación de una tercera persona en el hecho y la presidenta sugirió que fue un asesinato con el fin de desestabilizar al gobierno. Cree ver detrás la mano de un sector de la inteligencia que no responde al poder político.
“Es impensable siquiera que (la presidenta) haya impartido la orden de hacerlo –concedió el diario La Nación el pasado 29 de enero–. Sin embargo el Estado que ella preside no lo custodió (a Nisman) como debía.”
Diego Lagomarsino es hasta ahora el único imputado en la causa. El experto en informática de la fiscalía entregó a Nisman la pistola de la cual salió el disparo y fue dos veces a la casa del fiscal la víspera de su muerte. Diferentes testimonios sugieren una posible vinculación del joven con el mundo del espionaje, pero su abogado y su familia lo niegan.
Proyecto de ley
La creación del nuevo organismo federal de espionaje requiere la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional. La presidenta convocó a sesiones extraordinarias del Congreso a partir de este domingo 1 para tratar la iniciativa. “Era una deuda que tenía la democracia, de todos los que hemos estado gobernando desde 1983”, dijo en cadena nacional el pasado 26 de enero.
Fernández anticipó que la Agencia Federal de Inteligencia se mantendrá en el ámbito del Poder Ejecutivo y los nombramientos de su director y su subdirector requerirán el aval del Senado.
El sistema de escuchas judiciales hasta ahora estaba en manos de la Secretaría de Inteligencia, dependiente del Ejecutivo. En el futuro se transferirá a la Procuración General de la Nación.
Las actividades de espionaje interno deberán restringirse a delitos federales graves. La Agencia Federal de Inteligencia se ocupará de “la prevención de amenazas internacionales provenientes del terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, los ciberdelitos y los delitos contra el orden económico y financiero”, enumeró la jefa de Estado.
La iniciativa establece penas de tres a 10 años de cárcel “para toda persona que intercepte, capte, desvíe ilegalmente y en contra de disposiciones de esta ley, comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil o de cualquier otro envío de objeto de transmisión de imágenes, voces, paquetes de datos, archivos”.
Se penalizará a “todos aquellos empleados o funcionarios que tomen –y aquí se crea un nuevo delito– contacto con los Servicios de Inteligencia por afuera de los canales institucionales”, dijo la presidenta en su alocución.
No mencionó el uso de fondos reservados sin rendición de cuentas del cual gozan los espías. Un hombre de su máxima confianza, Óscar Parrilli, asumió como jefe de inteligencia el pasado 17 de diciembre. Ahora debe llevar a cabo la purga del personal de planta: determinar cuántos y quiénes de los mil 800 agentes formarán parte del nuevo organismo.
La discrecionalidad con que se manejan por fuera del control político es asombrosa. Parrilli “amenazó con cortar el dinero que cobran todos los que trabajan en la calle para la Secretaría de Inteligencia, denominados agentes inorgánicos”, informó el Diario Perfil el 27 de enero. “‘Si no paga, esto no funciona’, le respondieron a Parrilli. El funcionario replicó: ‘Bueno, pago, pero que me traigan el listado’. Lo que dejó sorprendido a Parrilli fue la contestación de los espías: ‘No hay listado’.
“Para realizar una verdadera limpieza de los espías que en estos 11 años han violado los e-mails e interceptado los teléfonos de dirigentes opositores, empresarios y periodistas, hay que terminar con las empresas tercerizadas (subcontratadas) de la Side”, opinó el diario Clarín el 28 de enero. Informó que las intercepciones ilegales no se hacen desde la estructura formal de dicha secretaría, sino a través de terceros, empresas manejadas por exespías, a los que se paga con fondos reservados.
Rechazos
La disuelta Secretaría de Inteligencia es hija de la tristemente célebre Secretaría de Inteligencia del Estado (Side). Ser denunciado por un “servicio” o un informante de ésta durante la dictadura (1976-1983) equivalía a convertirse en desaparecido. Algunos agentes han sido noticia en los últimos años por su vinculación con delitos como los que se propone combatir el nuevo organismo creado por el gobierno.
La sanción de una nueva Ley de Inteligencia era un viejo reclamo de algunos organismos de derechos humanos. Volvió a expresarse en diciembre pasado, cuando el gobierno removió a la cúpula política de la Secretaría de Inteligencia. La purga incluyó a su jefe de Operaciones, Antonio Stiuso.
Las intervenciones fueron presentadas por el gobierno como un avance histórico, pero confirman que los servicios de inteligencia de Argentina han sido manejados por agentes de la dictadura en los 31 años de institucionalización democrática.
Stiuso ingresó a la Side en 1972 y operó durante toda la dictadura. Después ascendió durante los gobiernos constitucionales y nutrió con sus informaciones a los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Trabajaba codo a codo con Nisman.
La oposición catalogó el anuncio presidencial como una “cortina de humo” para desviar el foco de atención que hoy se centra en el avance de las investigaciones para esclarecer el caso Nisman. “El gobierno nos está corriendo el escenario, pero acá hay una denuncia muy grave contra la presidenta y la muerte de un fiscal”, sostuvo el diputado Julio Cobos, precandidato a presidente por la Unión Cívica Radical.
“Queremos un grupo de expertos que se dedique a combatir el narcotráfico y el terrorismo, pero en estas décadas nos transmitieron más miedo que tranquilidad. La Secretaría de Inteligencia no cambia con una modificación de su nombre”, sostuvo Mauricio Macri, alcalde de Buenos Aires y precandidato presidencial por Unión Pro, quien, por cierto, se encuentra procesado por un caso de escuchas ilegales.
“Las escuchas judiciales deben estar en manos de la Corte Suprema de Justicia”, sostuvo Sergio Massa, precandidato presidencial del Frente Renovador, sector del peronismo opuesto al gobierno.
El proyecto oficial prevé que las escuchas pasen a la órbita de la Procuración General de la Nación. Sin embargo su titular, Alejandra Gils Carbó –integrante de Justicia Legítima, un colectivo de funcionarios judiciales afín al kirchnerismo–, es rechazada por la oposición.
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, elogió la decisión de crear la Agencia Federal de Inteligencia, pero advirtió que “la tarea no termina ahí” y pidió “desarticular la dotación de personal civil de inteligencia de las fuerzas armadas”, con los cual puso el dedo en la llaga. El manejo de la inteligencia militar está a cargo del jefe del ejército, general César Milani, y la presidenta no incluyó esta órbita dentro de su paquete de reformas.
De Milani se sospecha que cometió violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Desde el arco opositor se ha denunciado al aparato de espionaje militar a su cargo como una especie de Secretaría de Inteligencia paralela, leal al gobierno.
Experto
En su discurso la presidenta se refirió a Diego Lagomarsino del cual dijo que es hermano del ejecutivo de un estudio jurídico asociado al Grupo Clarín, grupo de medios opuesto al gobierno.
Lagomarsino se encargaba de hacer los cruces de llamadas a pedido del fiscal. “Este trabajo consiste en manejar bases de datos que aportan las empresas telefónicas con las llamadas entrantes y salientes de un número de teléfono y vincularlas con otra base de datos con información de otro número para ver si hay correlación entre ellos y si hay números en común con los que se comunican”, explicó el diario La Nación el 27 de enero.
El técnico informático ganaba 41 mil pesos mensuales, algo menos de 5 mil dólares al cambio oficial. Su contrato semestral es el mejor remunerado en la Unidad Fiscal de Investigación AMIA y se renovaba desde 2007 a pedido de Nisman.
En una conferencia de prensa el 28 de enero, Lagomarsino declaró que el 17 de diciembre fue dos veces a la casa del fiscal. La primera, a las 15:30 horas, a pedido de Nisman. Allí el fiscal le habría preguntado si tenía un arma y a continuación se la había pedido prestada. “Ya no confío en la custodia”, le dijo.
Por lo pronto tres de los custodios de Nisman fueron apartados provisionalmente de la Policía Federal. Debe establecerse si cumplieron o no su deber en las horas previas a la muerte del fiscal.
Lagomarsino habría regresado al departamento del fiscal a las 20:00 horas con la pistola Bersa calibre .22. La verificación de entradas y salidas de la torre donde vivía Nisman se encuentra aún en entredicho. Tanto las planillas de registro en la computadora como las cámaras de seguridad del edificio habrían presentado errores. Después de narrar ambos encuentros, Lagomarsino no contestó preguntas. “La imagen que dejó: sincero y angustiado”, sostuvo La Nación el 29 de enero.
El abogado de Lagomarsino, Maximiliano Rusconi, se encargó de responder las inquietudes de la prensa. Negó que el joven conociera a Stiuso.
El 22 de enero el propio experto en informática le dijo a Página 12 que no era agente de inteligencia. En los últimos días, ante la profusión de sus imágenes en las pantallas de la televisión, dos personas han creído reconocerlo. José Iglesias, padre de una de las 194 víctimas mortales del incendio de la discoteca Cromagnón en 2004, declaró que Lagomarsino fotografió a los participantes de una marcha de familiares en reclamo de justicia. El experto en informática alegó que estaba realizando un documental.
El diputado Marcelo Saín sostuvo, por su parte, que en 2005, cuando estaba al frente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Lagomarsino había llegado a él para ofrecerle sus servicios de informante. “No tengo seguridad, pero estoy con algún grado de certeza de que se trataba de esta misma persona”, dijo Saín a la TV Pública el 27 de enero.
Más allá de este hecho, sostuvo que no le cabe “ninguna duda de que Lagomarsino es una persona comprometida con las estructuras de inteligencia, tenga o no pertenencia orgánica”. Explicó que el fiscal Nisman investigó durante años “la hipótesis colocada por la CIA a través de Stiuso”, que responsabiliza a Irán del atentado contra la AMIA y que le parecía “inaudito pensar que la persona que hacía apoyo y soporte técnico informático de este grupo era un free lance que nada tenía que ver con el mismo”.
El abogado de Lagomarsino desligó a su cliente de ambos episodios. El experto en informática se encuentra imputado “de manera muy genérica”, según la propia fiscal Fein. El Código Penal prevé una pena de uno a seis años de prisión para quien entregue un arma de fuego a quien no sea un legítimo usuario. Resta comprobar aún si Nisman, quien en el pasado tuvo armas registradas a su nombre, acreditaba o no tal condición. La fiscal dijo que por ahora no hay elementos que puedan comprometer a Lagomarsino en un hecho doloso de mayor gravedad.
