Buenos Aires.- El 18 de julio de 1994, Ana María Czyzewski llegó a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) junto con su hija Paola. Era la primera vez que la joven de 21 años acompañaba a su madre al trabajo. A las 9:53, según pudo reconstruir Ana María más tarde, su hija estaba en el segundo piso del edificio, donde había ido a buscar café.
“Yo puse la hoja para mandar un fax y sentimos una explosión –relató la mujer a Proceso en julio pasado, cuando se cumplieron 20 años del ataque–. Salimos corriendo para el lado de adelante y nos encontramos con que no existía el edificio en esa parte. Empezamos a gritar ‘Esto es una bomba’, porque el edificio se había seccionado, nosotros veíamos lo que quedaba de la calle de enfrente, había desaparecido el edificio. Yo empecé a gritar ‘¡Paola, Paola!’. No tenía forma de acceder al segundo piso, porque habían desaparecido las escaleras, había desaparecido todo.”
Czyzewski pudo salir a un patio interno. Fue subida hasta el techo del edificio trasero con una escalera de rescate y evacuada sobre los escombros. Mientras bajaba hacia la calle supo que ahí debajo podía estar su hija. “Cuando a mí me sacaron, y me tiraron sobre los escombros, había como un… ya no era olor a polvo, había como olor a muerte, olor a sangre, era la sensación que tenía –recuerda–. Y mi marido, Luis, siempre dice que cuando él me vio, yo tenía pegado a los labios el polvo, los escombros, los labios negros tenía. Y aparte tenía el pelo lleno de los escombros. Eso fue como una negación: hasta que no la enterré a Paola no me lavé la cabeza. Era como que tenía algo de ella todavía”.
Con 85 víctimas mortales y más de 300 heridos, la voladura de la AMIA es el atentado terrorista más cruento de la historia argentina. La hipótesis oficial supone el uso de una camioneta-bomba y la presencia de un conductor suicida del grupo Hezbolá apoyado por Irán. Bajo esa premisa se movieron el gobierno del entonces presidente Carlos Menem (1989-1999), las propias organizaciones judías y el primer juez interviniente, Juan José Galeano.
A esta línea de investigación, sostenida por los servicios de inteligencia estadunidenses, israelíes y argentinos, se adscribiría más tarde el fiscal Alberto Nisman. Señalaba al libanés Ibrahim Hussein Berro como autor material del ataque.
La investigación evitó desde un primer momento profundizar sobre la “pista siria”, que salpicaba de manera directa a Carlos Menem. Hijo de inmigrantes sirios, el expresidente habría recibido dinero de Siria para la campaña electoral de 1989. Al asumir designó al frente de la Aduana al coronel sirio Ibrahim al Ibrahim y otorgó la nacionalidad argentina al traficante de armas Monzer Al Kassar.
El pacto se completaría con la venta a Siria del reactor nuclear argentino Carem. Argentina y Siria se plegaron al bloque liderado por Estados Unidos durante la Guerra del Golfo de 1991. Sin embargo Menem, presionado por Estados Unidos e Israel, incumplió más tarde con la venta prometida. El atentado habría sido la factura.
También desde un primer momento hubo denuncias de periodistas, investigadores y familiares de las víctimas acerca de la manipulación y destrucción de evidencias por parte de personal de seguridad e inteligencia adscrito al caso. La aparición de testigos falsos contribuyó a la confusión de la opinión pública y el desvío de la investigación. Durante años el único detenido fue el desarmador de autos robados Carlos Telleldín.
El juicio oral, realizado entre 2001 y 2004, no pudo hallar a ningún autor material o intelectual del atentado. La investigación tampoco pudo determinar el uso de un coche bomba manejado por un conductor suicida. No se pudo precisar quién proveyó y quién armó los explosivos.
En 2004 la justicia declaró la nulidad de todo el proceso. Los 22 imputados fueron absueltos. El juez de la causa, Galeano, fue destituido en 2005. Argentina se comprometió ese año, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a sancionar una Ley de Inteligencia que someta a sus agentes a un régimen de control acorde con el funcionamiento de las instituciones democráticas. El compromiso no se ha cumplido.
En la justicia argentina hay en la actualidad dos expedientes abiertos. En uno se investiga al expresidente Menem; a su jefe de Inteligencia, Hugo Anzorreguy; al entonces titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Rubén Beraja; al exjuez Galeano y a los fiscales Eamon Mullen y Ricardo Barbaccia por encubrimiento. Por otra parte Telleldín deberá afrontar un nuevo juicio oral por su supuesto rol en la causa.
“Hoy ya no estamos peleando por la memoria, estamos peleando por la justicia”, dijo a Proceso Czyzewski en julio pasado. “Eso es lo que más te duele, porque cada vez te demuestra que hay más injusticia y más impunidad”, sostuvo.
A las 85 muertes de la causa AMIA se suma una nueva, la del fiscal Alberto Nisman, que también necesita esclarecerse.
