A principios de enero, justo cuando arrancaban las precandidaturas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses dio a conocer las cifras sobre los homicidios dolosos de los últimos dos años. Tras consultarlas, Proceso Jalisco encontró inconsistencias y omisiones, por lo que buscó infructuosamente al titular de la Fiscalía Central, Rafael Castellanos, para conocer su opinión. Resulta paradójico que mientras el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval pide a los directivos de los medios y reporteros su apoyo para disminuir la percepción sobre la violencia y la inseguridad en la entidad, uno de sus colaboradores se niegue a informar.
No obstante que, según las estadísticas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), durante 11 meses de 2014 sólo se habían registrado en la entidad 775 homicidios –324 menos que durante 2013–, las cifras son sesgadas o incompletas.
Los habitantes del municipio El Limón, ubicado al sur de Jalisco, comentan a Proceso Jalisco que no se incluyen las bajas ocurridas en esa localidad, donde en junio pasado hubo una balacera entre bandas criminales en la cual cayeron por lo menos 20 personas.
La mayor parte de los asesinatos del año pasado –459– se concentran en cinco municipios: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, todos ellos bajo la tutela del PRI, y Tlajomulco, gobernado por el partido Movimiento Ciudadano. En conjunto, representan alrededor de 60% de los crímenes registrados en el estado durante ese periodo, según los datos del IJCF dados a conocer a principios de enero.
En el reporte oficial no se incluyen las muertes por enfrentamientos ni los cuerpos de las narcofosas, como los 74 localizados a finales de 2013 y principios de 2014 en la población de La Barca, un municipio ubicado en la frontera con Michoacán.
Las autoridades federales y estatales consideran que los cadáveres exhumados eran de sicarios caídos durante la guerra entre Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En 2014, Guadalajara y Zapopan encabezaron la lista de asesinatos, con 127 y 125, respectivamente; El Salto, con 23; Puerto Vallarta, 19; Lagos de Moreno, 14; Cihuatlán y Jocotepec, 12 cada uno; Tlaquepaque, 96; Tonalá, 58; Tlajomulco, 53; Tomatlán y Tepatitlán, nueve; Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos y Ocotlán, siete por municipio.
Respecto de El Limón –donde, según el instituto, sólo hubo un muerto durante 2014–, los vecinos hablan de la balacera del 23 de junio en la cual hubo entre 17 y 22 bajas durante un enfrentamiento entre bandas rivales en la plaza de toros local, justo cuando la Selección Mexicana de Futbol se enfrentaba a Croacia en el Mundial de Brasil (Proceso Jalisco 506 y 507).
La información del IJCF no distingue si se trató de ejecuciones, asesinatos relacionados con enfrentamientos entre bandas criminales, en operativos de los cuerpos policiacos o fueron homicidios imprudenciales. El manejo poco claro en las estadísticas del gobierno estatal se arrastra desde 2012, el último año de la administración de Emilio González Márquez.
En algunas regiones la gente se niega a hablar sobre la creciente inseguridad y prefieren refugiarse en sus casas apenas oscurece.
En 2012, el instituto reportó sólo tres homicidios en Pihuamo, aun cuando en marzo de ese año los diarios informaron sobre el hallazgo de una narcofosa en el poblado de El Tule con cinco cuerpos, entre ellos el del doctor Saúl Adame Barreto.
Sobre San Gabriel, donde según las cifras del IJCF sólo hubo cuatro muertos, a principios de junio de ese mismo año varios cuerpos fueron localizados entre los kilómetros ocho y 10 de la carretera Sayula-San Gabriel en 15 bolsas de plástico.
El día 29 de ese mes, la agencia Notisistema informó del hallazgo de seis bolsas negras con restos humanos a la altura del kilómetro 60 de la carretera Guadalajara-Colima.
En 2013, la estadística criminal continúo. El 23 de marzo, entre los kilómetros ocho y 10 de la carretera Sayula-San Gabriel, las autoridades localizaron más de una veintena de bolsas de plástico negras con restos humanos, de acuerdo con una nota publicada en La Jornada al día siguiente. El 3 de julio aparecieron siete cabezas humanas también en bolsas de plástico negras a la altura del kilómetro 17. Estaban a un costado de la autopista Guadalajara-Colima.
La información oficial sesgada sobre los homicidios aumenta la desconfianza ciudadana. En las entrevistas realizadas por el reportero en varios municipios, los lugareños se quejan porque, dicen, la administración de Sandoval Díaz parece no interesarse por localizar a los más de 2 mil 300 desaparecidos. Algunos de ellos incluso consideran que ese tema se convirtió en tabú para la Fiscalía General del Estado de Jalisco y la Fiscalía Central.
La lista negra
Las autopsias practicadas durante 2013 y 2014 no concuerdan con los indicadores mencionados anteriormente. En el primer año hubo 297 en Guadalajara, 258 en Zapopan, 90 en Tlaquepaque, 72 en Tonalá y 48 en Puerto Vallarta; en el segundo, según el IJCF, fueron 209, 126, 103, 53 y 23, respectivamente.
Otro tema que inquieta a la sociedad jalisciense es el de las policías municipales y la probable colusión de algunos uniformados con bandas criminales, sobre todo porque, dicen los entrevistados, a finales del año pasado las direcciones de Seguridad Pública de Casimiro Castillo y Cocula fueron intervenidas por la Fuerza Única Regional tras comprobarse las presuntas ligas con el crimen organizado en ambas corporaciones.
Sin embargo, son los municipios de Lagos de Moreno, Ojuelos, Acatic, Ameca, Tala, San Gabriel, Ejutla, El Grullo, Unión de Tula, Ayutla, Mascota, San Sebastián de Oeste, Autlán de Navarro, La Barca, Ocotlán, Chapala y Atotonilco el Alto los que requieren atención urgente.
El reporte del IJCF se dio a conocer semanas después de que el mandatario pidió de manera directa a varios dueños y gerentes de medios de comunicación su colaboración para tratar de bajar la percepción de inseguridad en el estado (Proceso Jalisco 528).
El exhorto se dio luego de la turbulencia registrada en varias regiones de la entidad durante los últimos meses, que afecta por igual a regidores, alcaldes, jefes de seguridad y aspirantes a puestos de elección popular.
El 25 de junio último un grupo armado acribilló al subdirector de Seguridad Pública de Ayutla, Juan Ramón Ramírez, en las inmediaciones de unas canchas de futbol. En agosto fueron asesinados el alcalde Manuel Gómez Torres, del PAN, y su colaborador Jesús Hernández. Sin embargo, el IJCF sólo reportó cuatro muertes en ese municipio durante 2014.
Hasta agosto pasado, según el instituto, habían sido asesinados 60 políticos y burócratas de la administración de Sandoval Díaz, entre ellos el secretario de Turismo, Jesús Gallegos Álvarez, acribillado en marzo de 2013 en los límites de Guadalajara y Zapopan; el diputado priista Gabriel Gómez Michel y su chofer Heriberto Núñez Ramos, quienes fueron secuestrados el 23 de septiembre, y el panista Abel Licea Ortega, fuerte aspirante a ocupar la alcaldía de Jilotlán de Dolores en las elecciones del próximo 7 de junio.
El 20 de octubre último fue acribillado en Cabo Corrientes el priista Alberto Orozco Madrigal, quien fue alcalde en el trienio 2007-2009; días después fue levantado el edil panista Gerardo Francisco Ornelas en Talpa de Allende.
Además, el 30 de octubre las autoridades localizaron el cuerpo sin vida del regidor priista de Cabo Corrientes, Juan Carlos Gordián, en una fosa clandestina (había sido levantado el 14 junio 2014) y el jueves 15 desapareció en Vallarta el regidor Humberto Gómez Arévalo, del partido Movimiento Ciudadano.
Proceso Jalisco buscó al titular de la Fiscalía Central, Rafael Castellanos, para conocer su opinión sobre los homicidios dolosos registrados en la región centro. Después de tres semanas, la oficina de Comunicación Social de la Fiscalía General respondió que el funcionario tenía la agenda saturada. l
