MÉXICO, D.F. (Proceso).- El escándalo de la sociedad financiera popular (sofipo) Ficrea apunta a una “triangulación” ilegal de fondos y también a un lavado “hormiga” de dinero en 2014. Además revela complicidad de autoridades financieras, que sabiendo de las irregularidades permitieron a entidades receptoras de dinero federal “invertir” en una empresa con crecimiento atípico.
Documentos consultados por Proceso evidencian movimientos que no corresponden a “un ahorrador popular”, que el gobierno federal centró sus indagaciones en algunos “ahorradores plus” que demandan 100% de sus pagos, ha ignorado decenas de inmobiliarias “ahorradoras” e incluso “perdonó” a la mayoría de los accionistas de Ficrea centrándose en el socio mayoritario: Rafael Antonio Olvera Amezcua.
En los documentos se revela incluso una burla: el gobierno federal debe “rescatar” a algunas de las empresas del consorcio de Olvera Amezcua, pues al menos dos de ellas “ahorraron” en Ficrea: Baus and Jackman Leasing S. A. de C. V. y Leadman Trade S. A. de C. V.
De triangulación a lavado “hormiga”
Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, constituyó su primera empresa el 21 de diciembre de 2000: Leadman Trade, según publicó en El Universal la reportera Doris Gómora. La extensa investigación dio cuenta de una red de 100 empresas que se multiplicaron a partir de ese año. La sofipo Ficrea surgió en junio de 2008.
Seis años después, el 8 de noviembre de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino Ficrea porque detectó una triangulación de recursos entre ésta y Leadman Trade. Hasta ese momento la sofipo tenía una cartera de crédito por 6 mil 284 millones de pesos, de los cuales cinco mil 900 se trasladaron a tres empresas del propio Olvera: Leadman Trade, Baus and Jackman Leasing y Monka Comercial.
Al socio mayoritario se le denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero y un fraude de más de dos mil 700 millones de peso en agravio de 6 mil 670 ahorradores.
Hasta aquí llega la acusación oficial. Sin embargo, una tarjeta informativa –a la cual tuvo aceso este semanario– muestra que no se trata de 6 mil 670 ahorradores, sino de 4 mil 432, que son quienes cuentan con “un solo instrumento de inversión registrado”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1994, ya en circulación)
