MÉXICO, D.F. (apro).- El juez Tercero de Instrucción de Palma de Mallorca, José Castro, rechazó admitir a trámite la impugnación de la infanta Cristina de Borbón contra la apertura del juicio oral por el caso que implica a su esposo Iñaki Urdangarin.
La intención de la defensa de la hermana del rey Felipe VI era evitar ser llevada a juicio, como lo ordenó Castro en diciembre pasado, por ser considerada cooperante en dos delitos fiscales que favorecieron operaciones de las empresas de su esposo.
Con esta decisión de no admitir a trámite el recurso, ahora la defensa de la infanta solo puede pedir una queja a la Audiencia Provincial de las Islas Baleares (en el Mediterráneo español) que anule la decisión de Castro de llevarla a juicio.
No obstante, los abogados de la infanta Cristina, Miquel Roca y Jesús Silva, anunciaron este mismo viernes que no formularán un recurso de queja contra el auto del juez José Castro.
En declaraciones a los medios, Roca explicó que evitarán ese instrumento porque no quieren que se interprete que quieren dilatar la causa. Además, se ha mostrado confiado en que “en otro escenario judicial”, es decir, durante el transcurso del juicio, se aplique a la infanta la ley, que “es igual para todos”, y ha insistido en la inocencia de Cristina de Borbón.
A juicio de Silva, el auto del juez Castro que se conoció este viernes, en el que rechaza el recurso de los abogados de la infanta a la apertura de juicio oral, “constata que el juez se ha alineado con Manos Limpias”, el sindicato de funcionarios que ejerce la acusación y la única parte que reclamaba la apertura de juicio oral para la hermana del Rey.
En diciembre pasado, el juez Castro determinó que la infanta debía ser enjuiciada por su colaboración en las operaciones del llamado “caso Nóos”, en concreto con la defraudación fiscal a través de la empresa Aizoon en la que ella era copropietaria.
El pasado viernes 2 la defensa de la infanta impugnó, pese a que en la misma resolución del pasado 22 de diciembre el juez Castro había advertido que no cabía impugnación, por lo que decidió no admitirla a trámite.
La defensa de la Infanta buscaba con estas impugnaciones que se le aplicara la denominada “doctrina Botín”, que precisa que en caso de haber delitos que solo acusa un particular (el sindicato de ultra derecha Manos limpias) y no el Ministerio Público ni el afectado, la Agencia Tributaria, se evite llegar al juicio.
Castro incluyó a la infanta entre los 17 acusados a los que se someterá a juicio oral en el “caso Nóos”, en el que Urdangarin y exsu socio Diego Torres están acusados de apropiarse de recursos públicos de los gobiernos autonómicos de Islas Baleares y Comunidad Valencia, al este del país.
El esposo de la infanta Cristina encabezaba el Instituto Nóos, dedicado a la organización de actividades deportivas, algunas de las que realizaban con ambos gobiernos y a través de la cual se transferían fondos públicos.
Los delitos por los que se les acusan son malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, prevaricación y fraude fiscal.
