La señora Minerva Tovar Rivera lleva meses reclamando ante las instancias legales la custodia de sus hijos sin que las autoridades le respondan y sancionen a su expareja Ramiro Mireles Escobar –quien se los llevó desde abril de 2011– y a la juez Elsa Navarro, quien presuntamente le otorgó la custodia de los menores a cambio de 1 millón de pesos. Hasta ahora, dice, el juez que lleva el caso sólo se la pasa citando a declarar al inculpado, pero él nunca acude.
Desde que Minerva Tovar Rivera denunció a mediados del año pasado a la juez Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial, Elsa Navarro Hernández, por su actitud negligente en el litigio contra su exesposo Ramiro Mireles Escobedo –quien presuntamente le entregó 1 millón de pesos para que le otorgara la custodia de sus dos hijos–, la demandante aún no recupera a los menores Ramiro y Grecia Minerva.
Por esas fechas –el 28 de junio de 2013–, el magistrado Javier Humberto Orendain Camacho, de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, había revocado la sentencia definitiva dictada por la juez Navarro el 2 de marzo de 2012 y ordenó la reposición del procedimiento de “primer grado hasta el auto de fecha 14 de junio de 2011” (Proceso Jalisco 459).
El 14 de agosto de 2013, en un escrito Navarro se excusó del asunto (expediente número 661/2011) “para efectos de salvaguardar el buen nombre de este juzgado y en aras de una imparcial impartición de justicia”.
Por ende, las actuaciones se remitieron al Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Partido Judicial, a cargo de Juan José Guzmán López.
A la fecha, Guzmán López no ha resuelto el incidente de convivencia presentado por Tovar por primera vez el 6 de septiembre de 2011; dos años después, el 13 de septiembre de 2013 exhibió otro, pero, dice, hasta ahora el juez “sólo se la pasa multando a Mireles Escobedo”.
El acusado, según su expareja, abandonó el hogar conyugal el 22 de febrero de 2005. Seis años después, el 21 de abril de 2011, Mireles se acercó a Tovar para pedirle su autorización para que los niños salieran con él al extranjero durante las vacaciones de Semana Santa y se comprometió a regresarlos al término de esa fecha. Tovar aceptó, pero su excónyuge no regresó a sus hijos.
Unos días antes de llevárselos, el 11 de abril, Mireles presentó un juicio de nulidad del matrimonio en Guadalajara, pese a que desde 2001 el domicilio conyugal estaba en Huixquilucan, Estado de México. No obstante, la justicia le dio un fallo favorable el 2 de marzo de 2012.
En el ínterin, el 16 de mayo de 2011 Mireles solicitó la custodia provisional de sus dos hijos –Ramiro y Gracia Minerva–. La juez Navarro se la concedió tres días después.
Aunado a lo anterior, la madre de los menores fue acusada ese mismo 16 de mayo por su exesposo del delito de extorsión (AP 6949/2011). La denuncia fue revocada y Tovar fue absuelta dos meses después, el 15 de julio, porque el denunciante aseveró que los hechos sucedieron el 17 de mayo; es decir, al día siguiente de la detención de Tovar, lo cual es una “flagrante contradicción”.
Una historia enmarañada
El 15 de octubre de 2013 se dio a conocer el informe socioeconómico elaborado por la trabajadora social Lourdes Hernández dentro del expediente judicial 1472/2013, según el cual Tovar “teme no volver a ver a sus hijos”.
Según declaró la afectada, su exmarido “presenta adicción al alcohol y drogas, y si (Ramiro y Grecia Minerva) están en manos de la mamá de él, de nombre María del Refugio Escobedo del Muro, quien tiene 65 años, no la considera apta para el cuidado de los menores debido a que maleducó a sus propios hijos”.
Según el reporte de Lourdes Hernández, Tovar “desea saber de sus hijos, quiere estar al tanto de si van a la escuela, cómo se encuentran de salud. Ramiro –dice el reporte– tiene déficit de atención con hiperactividad… y la menor, Grecia, no asiste a la escuela y está gordita, de lo cual se enteró a través de su progenitora (Minerva Tovar) que encontró casualmente a su demandado (Ramiro Mireles, el 31 de diciembre de 2012) en una farmacia y la niña estaba en un vehículo. Le preguntó si iba a la escuela, (Grecia) contestó que no”.
Un año después de ese encuentro, el 10 de diciembre de 2013, Tovar presentó un recurso dentro del Incidente de Convivencia –expediente 1472/2013–, en el cual pidió al juez Quinto de lo Familiar, Juan José Guzmán López, fijar fecha para “que se lleve a cabo la audiencia donde sea escuchada la opinión de mis hijos Ramiro y Grecia Minerva Mireles Tovar, como lo ordenó la Quinta Sala en la sentencia de apelación (meses antes)”.
Tovar pidió también que “se obligue al padre de mis hijos, Ramiro Mireles, a presentarlos a este juzgado y a proporcionar el domicilio real donde habitan”. Guzmán López pidió a Mireles presentarse con los menores al juzgado el 7 de marzo último; no lo hizo.
Poco antes, el 11 de febrero de 2014, el abogado de Tovar interpuso un recurso para “subsanar” la decisión del juez de multar a Mireles. La sanción se fundamentó en el artículo 73 de la Ley de Amparo, expuso el litigante, cuando debió hacerse con base en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Por lo tanto, solicitó que se dictara “auto aclaratorio en tal sentido para evitar que el actor (Ramiro Mireles) siga utilizando artimañas para evitar su presentación”. Guzmán corrigió su error. Y como el exmarido de Tovar no se presentó a la audiencia ni proporcionó el domicilio donde se encuentran los menores, la afectada pidió al juez que aplicara una multa al demandado.
Y, en efecto, se le sancionó con 240 días de salario mínimo. Como la autoridad desconocía su domicilio, decidió enviar el requerimiento a Mireles a su oficina del Tianguis del Sol –del cual es copropietario–, ubicado en avenida Copérnico 1200, Residencial Moctezuma.
El juez también le dio una nueva oportunidad para que proporcionara la dirección correcta de su domicilio particular y lo citó por tercera ocasión para el desahogo de la audiencia que se realizaría el 10 de diciembre último. Mireles tampoco se presentó.
Ese mismo día, Tovar entregó un escrito a Guzmán López, en el cual le expuso: “Urge subsanar las anomalías que mañosamente fue utilizando la juez (Cuarto de lo Familiar, Elsa Navarro), y a la vez, en razón de que el padre de mis hijos se ha negado a cumplir con un mandato judicial, como si los jueces fueran sus peleles, es el momento de que usted, señor juez, haga valer su autoridad y aplique la ley, ordenando imponerle la pena de privación de su libertad por 36 horas que establece la fracción IV del artículo 74 del Procedimiento Civil del Estado y, en su caso, dé parte al agente del Ministerio Público para que proceda penalmente (contra Mireles) por desacato de una orden judicial”.
También le explicó al juez que ella arriesga su vida al asistir a las audiencias, “puesto que el padre de mis hijos es un delincuente”.
Cuentas pendientes
El 28 de abril de 1998, el Distrito Sur de Texas, división McAllen, interpuso una demanda –casos M-98-095 y M-98-120– contra María del Refugio Escobedo del Muro y Ramiro Mireles Escobedo por la presunta violación al Código de los Estados Unidos en su título 21 apartados 881 (a) (6) que indica que será decomisado “el dinero, instrumentos negociables, valores u otros objetos de valor destinados para sustancias controladas”.
De acuerdo con el expediente consultado por este semanario, a Mireles y a su madre la aduana les decomisó 128 mil 433 dólares; aunque fueron liberados con la condición de que se presentaran a juicio. Como no lo hicieron, el 17 de julio de ese año se giró una orden de aprehensión contra ambos, pero no se cumplimentó.
Años después, en su edición digital del 26 de julio de 2001, el diario Imagen de Zacatecas publicó una nota en la que informaba que Mireles obligó a su tío Miguel Escobedo del Muro a firmar un documento a su favor en el cual renunciaba a la propiedad de un predio aledaño al Hospital de Salud Mental, en la calera de Víctor Rosales, valuado en 4 millones de pesos.
“A las ocho de la mañana en el domicilio de la calle Ceiba y Pino, número uno –decía la nota–, Miguel Escobedo fue atacado por Ramiro Mireles”. El sobrino iba acompañado por tres personas, quienes sometieron a Miguel, a su esposa –quien tenía seis meses de embarazo– y a su pequeña hija. El afectado denunció a Mireles pero no pasó nada.
Dos años después Mireles comenzó a urdir un plan contra su primo Ismael Mireles Bañuelos para enviarlo a la cárcel. Según una ficha obtenida por este semanario, Mireles Bañuelos fue detenido el 17 de junio de 2006, en la avenida Vallarta, casi al cruce con Independencia, en la colonia Santa María del Pueblito.
Mireles Bañuelos iba a bordo de un Jaguar modelo 2002 en compañía de Vicente Chávez Estrada y Joel Estrada González. A los tres se les acusó de portación ilegal de armas de fuego, cartuchos y cargadores.
Minerva Tovar relata que personas cercanas a la familia Mireles le comentaron que el 16 de septiembre de 2010 su exesposo presuntamente ordenó la muerte de Mireles Bañuelos, cuyo cuerpo apareció colgando de un puente en Tlajomulco de Zúñiga vestido con un sarape y un sombrero de charro. En ese mismo hecho fue ejecutado Luis David Zúñiga Infante.
Según las autoridades estatales, ambas ejecuciones estuvieron relacionadas con la disputa entre grupos del Cártel del Milenio, entre ellos La Resistencia y Los Torcidos.
Para realizar sus actividades “empresariales”, Mireles cambia de apelativos, uno de sus alías es Carlos Morales Hernández, con presunto domicilio fiscal en José María Heredia número 2509 departamento 303, en la colonia Ladrón de Guevara.
Ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Mireles se dio de alta como ganadero bajo el Registro Federal de Contribuyentes MIER6912241H0. Su contabilidad la lleva una empresa de nombre Kreston IDM; también informó al SAT que su domicilio fiscal se encuentra en la calle Andador Alhóndiga 36, en la colonia Unidad República, en Zapopan.
La nana de los menores Ramiro y Grecia Minerva Mireles Tovar asegura que Mireles Escobedo se sometió a una cirugía plástica para evitar que lo reconocieran. Adelgazó y hoy está calvo, según explicó.
Ramiro Mireles Escobedo es hijo de Ramiro Mireles Félix, quien junto con su hermano Pedro Mireles Félix formaba parte de un grupo de narcotraficantes. Pedro falleció en julio de 2009 en una clínica particular de Guadalajara a causa de un paro respiratorio.
Desde 2006, la Drug Enforcement Administration (DEA) acusaba a Pedro de la autoría intelectual del asesinato del abogado Mario Sánchez Paniagua; además, estaba implicado en 18 asuntos judiciales, cuatro de ellos en materia penal.
