Al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia estatal, Luis Carlos Vega Pámanes, no lo afectaron las numerosas quejas contra funcionarios del Poder Judicial: con todo y eso logró reelegirse para un segundo periodo. En tanto, los ciudadanos, los colegios de abogados y muchos jueces reclaman acciones efectivas contra la corrupción en el Poder Judicial, así como el fin de las intromisiones del Ejecutivo.
El pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJ), conformado por 34 magistrados, reeligió a Luis Carlos Vega Pámanes como su presidente por dos años más, pese a que durante su administración se han interpuesto al menos 270 quejas contra jueces y personal de juzgados por presuntos actos ilícitos.
Aunque no se han visto esfuerzos para revertir esa situación, al inaugurar su segundo mandato Vega Pámanes prometió que el próximo año habrá una gran cruzada contra la corrupción.
Este periodo arranca en medio del escándalo por la detención, la semana pasada, del secretario judicial Julio Gabriel Yáñez Gudiño, lo que varios representantes de colegios de abogados y jueces del estado consideran una intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial.
El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco, José Luis Guízar Abarca, denunció que el 19 de diciembre fue detenido con violencia, por agentes de la Fiscalía Central, Julio Gabriel Yáñez Gudiño, secretario del Juzgado Segundo Penal, quien fungía como juez por la ausencia del titular de ese juzgado, que estaba de vacaciones.
El motivo fue que Yáñez Gudiño ordenó poner en libertad, bajo fianza, al notario público número 64, Sergio Alejandro López Rivera, que tiene al menos 50 denuncias en su contra tanto en la Secretaría General de Gobierno como en el Colegio de Notarios Públicos de Jalisco.
Internado en un hospital privado días antes, López Rivera fue detenido por la Fiscalía General porque un ciudadano canadiense lo acusó de fraude. Asimismo, se le acusó de estar ligado con el intento de cobrarle fraudulentamente al Congreso de Jalisco 58 millones de pesos más intereses –para un total superior a 500 millones– a favor del despacho contable López Castro, contratado para recuperar impuestos del Poder Legislativo pero cuyo servicio fue un fiasco.
Empleados del Juzgado Segundo de lo Penal, con sede en el Reclusorio de Puente Grande, relataron que los agentes investigadores de la Fiscalía Central sacaron a Yáñez Gudiño esposado.
En entrevista con este semanario, Guízar Abarca afirma que este fue uno de los actos más graves realizados en la entidad contra un integrante del Poder Judicial, ya que nunca había visto algo similar en sus más de 33 años de experiencia como abogado penal.
“Lo peor es que dejaron sin funcionar el juzgado ese día, sin importarles el servicio a la sociedad. Al juez lo sacaron esposado y lo levantaron de su silla con todo lujo de fuerza y sin respetar su investidura. A un juez no lo pueden detener si antes no se realiza un procedimiento de desafuero, que se tiene que llevar a cabo por parte del Poder Judicial. El artículo 154 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco dice que, si algún juez ha cometido algún ilícito o falta, se debe pedir permiso al pleno del STJ para que éste pueda desaforarlo y se siga el procedimiento penal”.
Añade que su colegio de litigantes, con más de 400 afiliados, analiza los hechos para fijar su postura y demandar el pleno respeto a la investidura del Poder Judicial.
Entrevistado aparte, José Antonio Pérez Juárez, presidente de la Asociación Jurídica Jalisciense, coincide en que la detención de Yáñez Gudiño es una intromisión del Poder Ejecutivo:
“Eso es la cosa más estúpida que uno se pueda imaginar como litigante: detener a un juez sin cumplir el requisito procedimental y sin tomar en cuenta que Yáñez sí tenía fuero y plenas facultades como juez cuando lo detuvieron, en donde se demuestra un argumento desesperado e ingenuo: eso de que el señor no tenía nombramiento de juez.
“La propia Ley Orgánica del Poder Judicial establece que las ausencias temporales de un juez las suple el secretario. Esto es una intromisión de un poder sobre otro en materia jurídica y política, es un asunto sumamente grave. La Fiscalía Central estaba impedida para entrar armada al despacho donde se detuvo al secretario con facultades de juez. (…) Yo quiero ver el pronunciamiento del representante del Poder Ejecutivo (Aristóteles Sandoval), quiero ver qué dice sobre la actuación de su fiscal central.
Sin embargo, aclara: “No estamos a favor de la ilegalidad. Si se cometió un delito por parte de quien actuaba como juez, estamos totalmente de acuerdo con que se aplique todo el peso de la ley, pero resulta muy extraño que argumenten la supuesta usurpación de funciones del secretario de juzgado en el momento en que el juez está de vacaciones; eso es absurdo y de párvulos para cualquier persona que estudia leyes.
“El ministerio de ley no requiere de un nombramiento específico, sino simplemente de la notificación del juez titular del juzgado al Consejo de la Judicatura, para informar de su salida de vacaciones o de su ausencia y que bajo esa circunstancia queda en su lugar el secretario de juzgado, un asunto que sí existió y quedó plenamente documentado en el caso Yáñez Gudiño.”
Intromisión y corrupción
Pérez Juárez y Guízar Abarca admiten que en el Poder Judicial del estado decenas de jueces deben responder sobre los señalamientos en su contra.
Destacan que las sanciones promovidas contra algunos juzgadores u otro personal de los juzgados se consideran de poca trascendencia y ni siquiera incomodan a los implicados, pero que a veces dichos recursos influyen para adelantar la jubilación de algún señalado o para moverlo de lugar sin afectar en la entramada de intereses creados en el seno de ese poder.
Guízar Abarca recuerda, por ejemplo, que en 2013 se liberó una orden de aprehensión contra Miguel Valenzuela, exdirigente de los jueces de Jalisco. Se le pretendía encarcelar por haber dejado en libertad a dos sujetos acusados de secuestro. “Finalmente, en Jalisco nunca se ha metido a la cárcel a ningún juez y yo creo que al menos hay un grupo de 10 o 15 juzgadores que deberían estar en la cárcel por sus excesos”, comenta.
Al respecto, Pérez Juárez lamenta que las sanciones promovidas por el Consejo de la Judicatura contra sus miembros sean laxas y siempre del orden administrativo. Y cita ejemplos ocurridos en 2013:
“En el caso de Miguel Valenzuela hubo orden de aprehensión, pero nunca se le detuvo. También hay un caso del juez de Tequila, Rodolfo Aguirre Hernández; en lugar de proceder en forma penal ante la serie de irregularidades que se le adjudicaban, en el Consejo de la Judicatura lo jubilaron, y el colmo es que el señor les ganó el amparo y ahora tienen que reinstalarlo porque se violentaron sus garantías; ello debido al tiempo que ya tenía cotizando muchos años para Pensiones del Estado. En la Judicatura buscaban jubilarlo sin pensión, en forma ilegal, y ese fue el principal argumento para otorgarle un amparo.”
Y comenta que eso ocurre con la mayoría de las sanciones del Consejo de la Judicatura, por lo que los jueces denunciados y sancionados por la vía penal no suman ni cinco casos en toda la administración de Vega Pámanes.
Entre las quejas por corrupción destacan los más de 20 señalamientos acumulados contra María Elena Rodríguez Martínez, exresponsable del juzgado de Cihuatlán que fue separada del cargo.
A la juez Gabriela Alejandra Enríquez Serrano, titular del juzgado penal de Puerto Vallarta, los litigantes locales le reconocen su habilidad de girar órdenes de aprehensión contra ellos. En 2013, sentenció a Mauricio Rodríguez Borrego, defensor de 22 víctimas del pederasta estadunidense Thomas White, bajo el cargo de extorsión al acusado.
White, quien falleció en septiembre de 2013, gozaba de la amistad de políticos y jueces locales, a quienes presuntamente sobornaba. Solía convocarlos junto a la élite vallartense a sus encuentros privados en una residencia junto al mar conocida como “la casa blanca”. En esa finca White violó, drogó y prostituyó a menores, según la queja de la defensora de los derechos humanos María Nicolasa García Reynoso.
La juez Enríquez Serrano, que tiene doctorado en derecho, es descrita por abogados del puerto como atractiva, y hace meses fue reconocida por decenas de jueces que acudieron a un convite de White. En internet quedaron detalles de esa reunión.
En la red también existe información sobre diferentes reuniones de jueces a las que asistió el responsable de la Comisión de Disciplina y Responsabilidades del Consejo de la Judicatura, Jaime Gómez, lo que revela el tipo de relación que entablan los juzgadores con quienes tienen la facultad de llamarlos al orden.
Por lo pronto, el abogado Rodríguez Borrego ya va a cumplir dos años en la cárcel, a pesar de que su defensa interpuso varias quejas ante el Consejo de la Judicatura por la actuación tendenciosa de la jueza Enríquez Serrano a favor de White. En 2008 el estadunidense fue sentenciado por una corte de San Francisco, California, de donde procedía, a otorgar 7 millones de dólares como reparación del daño a sus 22 víctimas y el pago de honorarios de su defensa, pero luego White maniobró para meter a la cárcel al litigante que le siguió los pasos hasta lograr que se le procesara.
Los familiares de Rodríguez Borrego indican que el Juzgado Octavo, lejos de apegarse a la norma para obsequiar la orden de aprehensión al Ministerio Público, pasó por alto la inexistencia de un delito, la condición de salud del litigante e ignoró que es de la tercera edad, además de que la orden de aprehensión se emitió sin la firma de la titular del juzgado. Se trata de otro caso en el que un secretario asume las facultades de juez ante la ausencia temporal del titular, y sorprende la agilidad en el movimiento del expediente que favorece a White.
Desde el principio del año, el presidente del STJ, Vega Pámanes, reveló los detalles de un estudio elaborado en el Poder Judicial y que incluye los nombres de algunos jueces, secretarios de juzgados, auxiliares y notificadores acusados de conductas ilícitas.
En ese documento aparecen los nombres de Miguel Valenzuela González, destituido como juez penal de Puerto Vallarta y señalado de liberar a José Alvarado González y a José Manuel Ornelas, acusados de secuestro. Aunque la Fiscalía General de Jalisco presentó una solicitud para detenerlo, no lo consiguió.
A propósito de este informe, que se entregó a los medios en enero de 2014, Vega Pámanes notificó también la destitución del juez penal José Ávalos Pelayo, de Lagos de Moreno, por haber demorado más de ocho meses en girar una orden de aprehensión contra un acusado de fraude.
El magistrado presidente también citó la destitución de la jueza María Elena Rodríguez Martínez, asignada a Cihuatlán, donde los ciudadanos inconformes con su desempeño se manifestaron en su contra.
Otros funcionarios judiciales sancionados en forma momentánea fueron Efraín López, titular del juzgado de Chapala; Ernesto Martínez, responsable del juzgado de Arandas; Genaro Omar León, quien encabezaba el juzgado en Villa Hidalgo; así como Mario Hernández y Agustín Flores Baldera, jueces del primer Partido Judicial.
Sobre la detención del secretario del Juzgado Segundo Penal, Yáñez Gudiño, el titular de esa instancia, José Luis Álvarez, declaró que antes de salir de vacaciones él notificó oportunamente que el funcionario estaba plenamente facultado para representarlo. Al respecto, el secretario de la Asociación de Jueces de Jalisco, Ismael Hermosillo Casillas, afirmó que no van a tolerar el atropello a los derechos de los juzgadores, según publicó la prensa local. l
