Hoy, la gente no sale a las calles por gusto, comentan a Proceso Jalisco varios académicos. Les preocupa, dicen, el intento de acotar el derecho a la manifestación pues lo consideran un paso más hacia la formación de un Estado policiaco. En el fondo, comenta uno de los entrevistados, las marchas representan el fracaso de la política de Estado para enfrentar la pobreza, las injusticias, la violencia.
La reforma constitucional –que desempolvaron la dupla PRI–PAN el martes 2 en San Lázaro para suprimir el derecho a la manifestación– mantiene
preocupadas a organizaciones civiles, colectivos y sindicatos de oposición que han hecho de la calle su principal activo para expresar sus demandas. En tanto, en el Congreso del estado los grupos parlamentarios de esos partidos confían en que la propuesta llegue planchada para ratificarla.
A lo anterior se suma el visto bueno del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, a la llamada Ley de Movilidad Universal que fue turnada al Senado de la República, y a otra iniciativa presentada en agosto de 2013 por la diputada local del PAN Gabriela Andalón Becerra para crear la Ley que Regula las Reuniones y Manifestaciones en Lugares Públicos en el Estado de Jalisco.
La propuesta de Andalón fue turnada el 12 de septiembre de 2013 a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso local.
Por su parte, el progobiernista Consejo Económico Social del Estado de Jalisco (Cesjal), que preside el empresario dulcero Enrique Michel Velasco, tiene su propia iniciativa de ley para regular los eventos masivos.
La panista Andalón Becerra, propone establecer horario y tipo de vestimenta para quienes deseen manifestarse. En el artículo 11 de su iniciativa, por ejemplo, señala que “las manifestaciones sólo podrán celebrarse de lunes a jueves en los horarios comprendidos de las 10 a las 12 horas, y de las 16 a las 18 con el fin de no afectar las vialidades en horarios pico”.
En el artículo 16 apunta que los asistentes deberán abstenerse de portar vestimenta militar, bélica o paramilitar, y de ocultar su identidad durante la realización del evento. Las marchas o plantones no podrán efectuarse en locaciones consideradas como patrimonio histórico, cultural y artístico.
Y según el 17, los organizadores o responsables de las reuniones estarán obligados a presentar un aviso con 24 horas de anticipación ante la Secretaría General del municipio. Deberán entregar por escrito su nombre, domicilio, correo electrónico, una identificación y firma de los organizadores responsables. Por su parte, el 19 le concede a la autoridad competente la facultad de oponerse a la solicitud de reunión formulada.
Para fundamentar su propuesta, la legisladora usa las palabras del exprimer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Víctor M. Martínez Bullé Goyri, y del periodista Sergio Sarmiento. Incluso alega que ha habido un abuso en el ejercicio de los derechos y libertades que frena la función de la autoridad.
Andalón Becerra cita a Bullé Goyri: “Los derechos humanos son una materia muy noble, que por desgracia puede fácilmente politizarse y usarse como un arma para agredir a la sociedad. Es el caso en que, en ejercicio arbitrario e irresponsable de las libertades de reunión y manifestación, se afectan los derechos de la sociedad, pues entonces la sociedad entendería los derechos humanos como una opción a favor del delincuente y del infractor, y no como un elemento indispensable para la sana convivencia social”.
Señala que las libertades no pueden utilizarse para coaccionar, ni chantajear a los órganos del Estado como ya ha sucedido en la Ciudad de México. En el cuerpo de su iniciativa destaca que el periodista Sergio Sarmiento ha señalado que en España la ley prohíbe las manifestaciones cerca del Congreso cuando éste se encuentra en sesión.
Olvidos convenientes
Entrevistada sobre el tema, la diputada Gabriela Andalón desdeña las críticas, y de paso ignora la historia de su propio partido que se construyó al amparo de la toma de aeropuertos, edificios públicos y bloqueo de carreteras desde la década de los cuarenta, pero con mayor intensidad en la de los ochenta.
Repite insistentemente que “todos los derechos no son infinitos y tienen que ser regulados” porque se ha llegado al extremo de paralizar la ciudad y afectar económicamente a comercios establecidos.
“Para estar en una sana convivencia con los demás –dice– necesitamos reglas claras. Creo que, en la vida pública de Jalisco, es necesario empezar a legislar sobre estos temas para darle garantías tanto a los manifestantes como a las personas que no se manifiestan.”
Inmerso el país en marchas multitudinarias para demandar la aparición con vida de los 43 normalistas de la Normal de Ayotzinapa y la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, la diputada implora que no se confunda su iniciativa como un intento de aplacar las críticas y movimientos sociales. Incluso alega que la presentó mucho antes que la reforma federal se turnara al Senado.
Expone: “Conforme las leyes se van necesitando, aquí en el Congreso de Jalisco se van impulsando. Creo que cada ley, cada reforma tiene su momento. Sin embargo, no te diría que quizá por los momentos que estamos se necesita aprobar esta ley, porque pudo aprobarse en cualquier otro momento”.
En el capítulo segundo de su documento, Andalón Becerra deja abierta la posibilidad de que la autoridad recurra a la fuerza pública cuando los manifestantes no cumplan con los ordenamientos previstos en la propuesta de ley. Se impondrán multas de 11 a 150 días de salario mínimo, advierte, sin afectar con ello por la alteración del orden público, así como daños al patrimonio, al medio ambiente y a terceros.
“No existe el gobierno perfecto –explica–. Entonces, no podemos reprimir el derecho a la manifestación con esta ley, pero sí estás regulando las medidas de la manifestación.”
Proceso Jalisco buscó al coordinador de los diputados del PRI, Rafael González Pimienta, para saber su punto de vista, pero se negó porque, dice, desconoce la iniciativa de la panista Andalón.
Quien sí opinó sobre el tema fue el coordinador del Partido Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. Aunque no conoce a fondo la reforma, le queda claro que tiene una tendencia represiva y de manera “perversa”, dice, pues confunde el derecho a la movilidad con el derecho a la libertad de expresión.
“Una legislación de esta naturaleza no es sino una provocación y un pésimo mensaje para quienes han salido a la calle a manifestar legítimamente su repudio”, recalca.
Organismos civiles como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) han expresado su repudio a la tentativa de ley, pero sobre todo les llama la atención la postura del ómbudsman Álvarez Cibrián, quien el miércoles 10, durante la entrega del premio Fernando Tenamaxtli a defensores de derechos humanos, declaró que las calles no son lugar para manifestarse.
“Hay lugares específicos para hacer protesta. Las plazas públicas son el lugar específico –expresó–. Las calles son para transitar y deben de respetarse; si no, se afectan derechos de terceros. Y también los terceros son las propias instituciones”.
El jueves 4, durante un panel realizado en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, la periodista Lydia Cacho, el columnista Diego Petersen, el director de Artículo 19 en México, Darío Ramírez, y el representante del Colectivo Ecologista de Jalisco, Mario Silva, también reprobaron la reforma en cuestión.
Diego Petersen, hermano del exalcalde panista de Guadalajara Alfonso Petersen Farah –quien aspira a ocupar ese cargo de nueva cuenta–, cuestionó que sea el PAN el impulsor de esa iniciativa cuando en los años noventa gozó del derecho a la libre manifestación al salir a tomar carreteras y calles en defensa legítima del voto.
En su columna del vienes 5 para el diario El Economista, Diego escribió: “Todos los que trabajamos en el centro de alguna capital, sea la Ciudad de México, Guadalajara, Oaxaca, Torreón o Monterrey sufrimos esta realidad más seguido de lo que quisiéramos. Pero la protesta y la manifestación son, en todo el mundo, la forma más eficiente de presionar al Estado frente a abusos de poder y, también, el elemento más sólido de construcción de ciudadanía, aunque a muchos no les guste”.
En entrevista al respecto, el líder de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios de Jalisco (FGTEM), Cuauhtémoc Peña Cortés, refiere que su organización se encuentra en una situación de alarma ante la posibilidad de que la reforma constitucional se apruebe en fast track como ha sucedido con otras leyes.
Para el representante de más de 30 sindicatos disidentes en la entidad, las movilizaciones son necesarias porque, de otra forma, las autoridades no solucionan sus problemas. En el fondo, dice, las marchas representan el fracaso de la política de Estado para enfrentar la pobreza y las injusticias.
“La gente no sale a las calles por gusto… Finalmente, no es un secreto a voces: todos creemos que es un paso más hacia la formación de un Estado policiaco, cada vez menos derechos de la sociedad civil, y cada vez más la posibilidad de que te repriman”, refiere.
Sed de justicia
Crítico del gobierno por la forma en que manejó los recursos que destinó el fondo de pensiones de los trabajadores del estado, a través del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) para la construcción de la Villa Panamericana, y el proyecto turístico de Chalacatepec en el municipio de Tomatlán, el líder del FGTEM califica esa acción como un auténtico saqueo.
En el caso de la Villa Panamericana, cuyos departamentos iban a ser comercializados, es un problema sin resolución; con respecto a Chalacatepec, que impulsó Emilio González Márquez cuando era gobernador, continúa siendo un proyecto, considera el entrevistado.
El líder sindical refiere que las marchas empoderan al ciudadano, cuyo fin no es la desestabilización del Estado, sino la sed de justicia.
“Es el derecho esencial, si nos arrebatan eso pues como que no hay otra opción más que ya paremos todo. Ahora sí que como en la Argentina de los Menem, que se vayan todos. La amenaza directa ya la asumimos, de la toma de nota que nos manda la clase política a todas las organizaciones”, exclama.
Peña Cortés asegura que las organizaciones sociales y sindicales no pueden permitir que pase esta reforma porque representa un retroceso de victorias ganadas a pulso por la clase trabajadora. En una sociedad tapatía tradicionalmente considerada apática, los movimientos sociales, en particular el de los jóvenes, han crecido exponencialmente a partir de que Enrique Peña Nieto se postuló como candidato a la Presidencia de la República.
Considera que 2014 fue un año de saldos negativos en materia laboral y acusa al secretario del Trabajo en Jalisco, Eduardo Almaguer, de intentar corromper a todos los secretarios de la federación a través del representante de la Junta Especial número 11 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Rodolfo Fajardo.
Los trabajadores temen no recuperar su fondo de pensiones para el retiro porque las autoridades utilizaron sus ahorros como si se tratase de su banco personal y ahora se niegan a rendir cuentas, comenta el dirigente sindical.
Y agrega: “Queremos que se cancele el Fideicomiso de Chalacatepec y podamos recuperar la inversión, o aseguremos las tierras que garanticen esa inversión, y expulsar a Rasaland de cualquier inversión porque son unos delincuentes de cuello blanco, ya está probado”.
Los académicos Jorge Rocha Quintero y Eduardo González Velázquez, del Instituto Tecnológico y Estudios Sociales de Occidente y del Tec de Monterrey, respectivamente, coinciden que la regulación de marchas no es un asunto nuevo y representa un retroceso abismal en materia de derechos humanos.
Rocha Quintero incluso recuerda que ya había un antecedente en Jalisco para crear una especie de “marchódromo” para que la gente se manifestara ahí. “En la historia de México y en otros lugares, afirma, los derechos, los cambios, las transformaciones han sido impulsadas precisamente a través de la manifestación social”.
Refiere que, si se cancela el derecho a la manifestación, marchas como las que se han realizado en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa podrían tornarse violentas.
“La mejor manera de evitar la movilización social con respuestas gubernamentales. No se trata de inhibir, sino de atender los reclamos, pero cuando vemos falta de acción y respuestas fallidas como en el caso de Ayotzinapa, las marchas se acrecientan”, señala Rocha.
Su colega González Velázquez apunta que la reforma constitucional va en la línea de inhibir las protestas sociales y mejorar la imagen de México ante el mundo, sobre todo por el desprestigio de Peña Nieto y su gobierno.
El académico augura que si la reforma llega a Jalisco, será aprobada sin problemas, como pasó con la energética, que fue ratifica sin discusión. “Nos han dado muestras de que lo que viene palomeado del Distrito Federal, simplemente se le da acuse de recibo y pasa”, comenta.
