Funcionarios deportivos del Estado de México han intentado –y logrado algunas veces– comprobar gastos oficiales mediante facturas chuecas. La defraudación fiscal mediante recibos de empresas inexistentes, con folios absurdos y cantidades inauditas, o contratación de servicios a empresas que se dedican a otros rubros son frecuentes en el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte.
Con facturas de dudosa procedencia, empleados del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte (Imcufide, que dirige el exclavadista Fernando Platas) presuntamente incurrieron en el delito de defraudación fiscal a la hora de comprobar gastos de viaje y viáticos.
El monto del quebranto asciende a varios miles de pesos. Los servidores públicos justificaron sus gastos de representación con facturas probablemente apócrifas: “comprobaron” elevadísimos pagos por concepto de hoteles y restaurantes, efectuaron compras y consumos en establecimientos inexistentes o que no están registrados en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que no podrían dar facturas, y contrataron servicios ajenos al objetivo de la comisión asignada.
Una serie de solicitudes realizadas al Instituto de Acceso a la Información del Estado de México (Infoem) tramitadas por un ciudadano puso al descubierto la maraña de complicidades en los gastos de los funcionarios durante los últimos tres años.
Entre los implicados aparecen Sergio Noreña Cortez, jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal; Eduardo Hernández Rodríguez, asistente del subdirector de Administración y Finanzas (Jonathan David); Blanca Amairani Morán Díaz, analista en el departamento de Recursos Financieros, y el director operativo, Guillermo Gutiérrez Martínez.
El escándalo también involucra al equipo Gigantes Basketball AC, formado en 2012 por iniciativa del gobernador Eruviel Ávila y el entonces director general del Imcufide, Jesús Mena. La quinteta representa al Estado de México en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).
El 28 de noviembre de 2013, el Comité Técnico para la Asignación de Apoyos y Estímulos a Deportistas, Entrenadores, Jueces, Árbitros y Organizaciones Deportivas (CAA) del Imcufide autorizó, en la octava sesión extraordinaria, un “apoyo” de 5 millones 485 mil pesos al equipo para compra de uniformes, alimentación, hospedaje, gastos imprevistos, arbitraje y transporte aéreo y terrestre para la temporada 2013-2014 de la LNBP.
Mediante la solicitud de información pública 00105/Imcufide/IP/2014, del 3 de junio de 2014, el ciudadano Roberto Manjarrez Pérez requirió mayores datos sobre la quinteta: todos los contratos de prestación de servicios personales de los jugadores, cuerpo técnico, asesores, masajistas, aguadores, administradores y, en general, de todas las personas que reciben algún pago emanado de la partida dispensada por el Imcufide.
El Infoem ordenó al Imcufide entregar la información. Empero, el jefe de la Unidad Jurídica del instituto deportivo, José Antonio Ortega Meza, quien funge a la vez como quinto vocal del CAA, negó el 21 de noviembre la existencia de este apoyo. En sólo un año, la vista se le nubló a Ortega, uno de los integrantes del CAA que avalaron los apoyos al equipo de basquetbol.
Él también preside el Consejo de Box y Lucha Profesional del Estado de México AC (antes Comisión de Box y Lucha del Estado de México). Ahí también ejerce como juez y parte, ya que con la transformación de su organismo en asociación civil accedió al erario.
Durante la octava sesión ordinaria del 11 de agosto pasado, el CAA aprobó por unanimidad la entrega de 631 mil pesos a este consejo de boxeo, distribuidos de esta forma: 15 mil pesos para protocolizar el acta constitutiva ante notario público y 616 mil para realizar en varios municipios una serie de funciones de boxeo, denominadas “En busca del ídolo mexiquense”.
Los acuerdos del Imcufide deben pasar por el Órgano de Gobierno, es decir, el Consejo Directivo del instituto, representado por el secretario de Educación del estado, Raymundo Martínez Carbajal; el secretario de Finanzas, Erasto Martínez Rojas; el secretario de la Controlaría, Alejandro Germán Hinojosa Velasco, y el secretario de Desarrollo Económico, Adrián Fuentes Villalobos, quienes, de acuerdo con sus funciones en el organigrama, han convalidado la serie de irregularidades.
La ley, omitida
El delito por defraudación fiscal está tipificado en el Código Fiscal de la Federación. El artículo 108 refiere que comete esta falta quien, mediante engaños o aprovechamiento de errores, omita el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio al fisco federal.
Este apartado también establece que se presume cometida la defraudación fiscal cuando existan ingresos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Respecto de las sanciones, se consigna: “La defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes: I. Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de $1,369,930.00, II. Con prisión de dos años a cinco años, cuando el monto de lo defraudado exceda de $1,369,930.00 pero no de $2,054,890.00; III. Con prisión de tres años a nueve años, cuando el monto de lo defraudado sea mayor de $2,054,890.00”.
Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de tres meses a seis años de prisión. “Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en 50%.
“El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este Código serán calificados cuando se originen por: a) Usar documentos falsos, b) Omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen, siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos (…), c) Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no le correspondan (…), d) No llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado (…), y e) Omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas.”
Proceso cotejó en la página web del Servicio de Verificación de Comprobantes Fiscales Impresos una serie de facturas presentadas por funcionarios públicos mexiquenses. Aquí un ejemplo: la empresa Multiventas, Mantenimiento y Servicios Generales SA de CV, con RFC MMS 100120HRA y número de aprobación 22879534, expidió la factura 537 por 11 mil 605 pesos. La consulta arrojó la siguiente advertencia: “El comprobante que verificó es presumiblemente apócrifo”.
Esta empresa facturó las compras de ocho llantas a un precio unitario de 400 pesos; 40 Power gel con precio de 50 pesos; 10 botes de cloruro etílico a 128 pesos cada uno, y 15 cintas kinesiológicas a 235 pesos la unidad.
Sergio Noreña Cortez, jefe de Departamento de Administración y Desarrollo Personal, recibió del Imcufide 393 mil pesos para gastos imprevistos, hospedajes y alimentos de delegados y jefes de misión, así como para pagos por rendición de protestas.
En sus comprobantes se ve que el funcionario acudió a Tlalnepantla, Estado de México, para adquirir en la empresa Comsabar de servicios de publicidad “productos deportivos varios”: cintas kinesiológicas y cloruro de etilo. Comsabar SA de CV tiene su domicilio fiscal en avenida Santa Mónica 2-8, colonia Vista Hermosa.
Con el apoyo de un navegador satelital, el fotógrafo y el reportero de este semanario localizaron ese domicilio. Ya en el lugar se percibe que, donde debiera estar la empresa, se encuentra una distribuidora de plásticos y un taller mecánico. Nadie en la zona supo dar referencias de Comsabar, ni siquiera los responsables de cinco establecimientos dedicados al diseño y publicidad existentes en esa calle.
Comsabar –que tampoco aparece en internet en este giro de negocios– entregó facturas por 10 mil 235 pesos, 9 mil 304 pesos, 8 mil 21 pesos, 8 mil 374 pesos, 7 mil 219 pesos, 7 mil 444 pesos, 6 mil 978 pesos, 6 mil 16 pesos y 5 mil 583 pesos.
Para gastos imprevistos en la Olimpiada Nacional, realizada en Baja California del 28 de mayo al 12 de junio de 2013, Eduardo Hernández Rodríguez recibió 300 mil pesos mediante el cheque número 16528, 60 mil pesos a “fondos por comprobar” con consentimiento de descuento vía nómina, y 63 mil 700 pesos por concepto de viajes.
Ese servidor presentó ocho facturas que amparan 104 mil 858 pesos, correspondientes al Hotel Terranova pero facturadas con la razón social Juvenal Calderón Castaños, de Tijuana, en las que hay inconsistencias en fechas y folios. Por ejemplo, Hernández Rodríguez comprobó con la factura 2903 el importe de 7 mil 232 pesos el 24 de mayo de 2013. Luego documentó otros pagos con la factura 2904, pero con una fecha anterior (18 de mayo).
En tres días, el Hotel Terranova no expidió ningún recibo fiscal, toda vez que el 21 de mayo entregó al funcionario la factura 2905, por 8 mil 136 pesos.
Dos días después, finalmente el hotel registró cargos a dos clientes: el 23 de mayo expidió a nombre del Imcufide el comprobante 2907 con una cifra similar a la anterior. Y luego expidió la factura 2938 por 50 mil 700 pesos el 23 de abril de 2013: el consecutivo no tiene sentido. Además, todos los recibos fiscales fueron llenados a puño y letra. “Sencillamente, este hotel no puede expedir este tipo de facturas”, asienta Fidelmar Marmolejo, exempleado del Imcufide y vocero del grupo Deportistas del Estado de México, quien indaga las corruptelas del instituto, al que demandó por despido injustificado.
El director operativo, Guillermo Gutiérrez Martínez, pagó por el supuesto hospedaje de la delegación de deportistas mexiquenses 33 mil 900 pesos (con IVA incluido) al Hotel Sevilla, de Tijuana, por el periodo comprendido entre el 25 de abril y el 25 de mayo de 2013.
Acorde con la factura 3742, del 25 de mayo de 2013, Gutiérrez erogó mil pesos por cada una de las 30 habitaciones ocupadas. En realidad, dicho hotel, de tres estrellas, maneja las siguientes tarifas: 295 pesos por habitación sencilla, 450 pesos por habitación doble y 570 pesos por suites con jacuzzi y minibar, como se aprecia en internet.
La responsable de facturación del hotel, de nombre Irma, asegura que estos precios se han mantenido inalterables en los últimos dos años. Dice que ni siquiera en temporada de vacaciones se incrementan las tarifas.
Consultada por este semanario, la encargada se sorprende de que el funcionario del Imcufide ni siquiera haya solicitado la tarifa especial para grupos numerosos cuya estancia se alarga más de tres días: Así, en el caso de las habitaciones sencillas, la empresa está autorizada a reducir la tarifa hasta 250 pesos por noche.
“Voy a cumplir dos años en esta empresa y desde entonces las tarifas no han sufrido modificaciones”, ratifica Irma, quien ni siquiera recuerda haberle dado servicio al Imcufide, y pide unos días para corroborar la autenticidad de la factura. Admite, eso sí, que hasta diciembre de 2013 el hotel facturaba “a mano”.
Guillermo Gutiérrez, expresidente de la Federación Mexicana de Ciclismo y miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano, realizó compras por 5 mil 207 pesos en refacciones automotrices para arreglar, aparentemente, la unidad que tenía a su disposición. El servicio fue general: adquirió balatas, bujías, filtros, bomba, garrafa, juego de juntas, discos, tambor trasero y más balatas.
La adquisición se realizó en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el 16 de mayo de 2013, justo cuando el funcionario se encontraba en Tijuana, en el marco de la Olimpiada Nacional.
El Servicio de Verificación de Comprobantes Fiscales Impresos indica que los datos del recibo consultado “se encuentran registrados en los controles del SAT”. No así la factura 1743, emitida por el restaurante In Grosso el 25 de mayo de 2013 por 11 mil pesos. El servicio advierte que el comprobante es “presumiblemente apócrifo”.
Hay otro dato sospechoso: en la firma de un contrato, el Imcufide estableció un alcance económico hasta por 567 mil 733 pesos en favor de la empresa Apple Solutions SA de CV para la obra denominada suministro y colocación de loseta cerámica en el edificio administrativo del instituto. En realidad esta empresa tiene un giro distinto: se dedica a la “venta de sellos y precintos de seguridad para transporte de carga”, según se expone en su sitio web. El convenio fue firmado por Jonathan David Sánchez, subdirector de Administración y Finanzas, y, por parte de la empresa, Séller Poumián Martínez, como administrador único.
Además, las cotizaciones resultaron muy elevadas: la venta y colocación de cada loseta (33×33 cm) se fijó en 453.55 pesos por unidad, y cada hoja de tablarroca de 13 milímetros salió en 362.65 pesos, cuando en una ferretería cuesta 50 pesos.
Paralelamente, hay funcionarios que no han podido comprobar todos sus gastos: Blanca Amairani y Eduardo Hernández aún deben explicar el destino de 444 mil pesos, y Sergio Noreña, de 309 mil pesos.
En esa lista también están empresas a las que el Imcufide cedió sus instalaciones en arrendamiento o comodato: 16 Sport Track & Turf, SA de CV, de José Luis Díaz, debe 617 mil pesos; Centros Acuáticos Metropolitanos, 150 mil pesos; Administradores Deportivos, SA de CV, de Ciudad Deportiva, 60 mil pesos, e incluso la Liga Nacional de Baloncesto Profesional AC adeuda 400 mil pesos.
