Señor director:
Para los maestros de la Normal Rural de Ayotzinapa la hora de la sociedad civil debe iniciar con la cultura de la legalidad y la denuncia, que constituiría la verdadera revolución de nuestro tiempo para defendernos como sociedad.
Por esta razón solicito publicar que el gobierno del Edomex, el cual violentó los derechos humanos de los fundadores del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México en 2007, los sigue violentando hasta la fecha, como ocurre, entre otros, con el principio de legalidad.
Lo anterior consta en la recomendación 45/2008, emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Edomex, que determinó actos y omisiones atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de Educación de la entidad que vulneraron los derechos fundamentales de audiencia, defensa y legalidad en perjuicio de los profesores agraviados con un despido por el solo hecho de haber fundado el sindicato en comento, que obtuvo su registro R.S. 2/2007 en 2009 y su toma de nota en 2012.
Agotados los procesos jurisdiccionales, y por mandato de diversos amparos directos, la Secretaría de Educación reinstaló y pagó salarios a los trabajadores, exceptuando al que suscribe, a quien pretendió quitarle su plaza sin lograrlo, pues la instancia educativa se vio obligada a reinstalarlo el pasado 21 de marzo. Sin embargo, hasta ahora no ha cubierto los salarios correspondientes.
En diferentes momentos he requerido los salarios devengados a los titulares de diversas instancias gubernativas, quienes han sido omisos en cumplir la ley. Incluso he solicitado la intervención del gobernador Eruviel Ávila Villegas, quien no ha ejercido las facultades que le confiere la Constitución local para ordenar el pago, colocando en riesgo la subsistencia del trabajador.
En tal virtud, y reconociendo la violación al estado de derecho, se ingresó el 15 de noviembre de 2014 la queja 1382/2014 ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de México (CEDHEM), y al tratarse de una violación al artículo 5 y 123 constitucionales, fue presentada la queja 121154/2014 en la CNDH, para combatir la impunidad y la ilegalidad que ocurre en el caso, en espera de no tener que recurrir al amparo por dilaciones en los términos.
Considero indispensable que los ciudadanos, ahora más que nunca, ejerzamos el derecho de la denuncia para lograr que el “poder público” sea en beneficio del pueblo, requiriendo necesariamente de la participación informada, para cumplir como ciudadanos de la República y combatir los vicios e ilegalidades que se cometen en contra de los ciudadanos en detrimento de nuestro país, que cada día presenta escenarios terribles ocasionados por los funcionarios impuestos. (Carta resumida.)
Atentamente
Luis Zamora Calzada
