El colombiano Gustavo Duncan terminó de escribir su libro sobre el dominio político del narcotráfico antes de que ocurriera la tragedia de Ayotzinapa. Aun así en su texto se explica lo ocurrido: Se habla de la colusión del crimen organizado con los gobiernos locales y la sumisión de éstos a las mafias, lo cual implica la desaparición del Estado en amplias zonas del país, donde los señores de la droga imponen su ley. Sin embargo, advierte, la desaparición de los 43 normalistas cambió el paradigma y ahora el clamor de justicia de la sociedad deberá ser escuchado en las más altas esferas del poder federal.
BOGOTÁ.- Cuando Gustavo Duncan terminó de escribir Más que plata o plomo: El poder político de narcotráfico en Colombia y México, la tragedia de Ayotzinapa probablemente no estaba siquiera en la mente de los sicarios. Pero el texto de 371 páginas de este especialista colombiano en seguridad ofrece una explicación anticipada del fenómeno que alimentó ese crimen: La cooptación de amplios segmentos del Estado por parte de la delincuencia organizada.
“En México hay cualquier cantidad de municipios donde el alcalde gobierna con los narcos, donde los narcogobiernos no son una hipótesis, sino una realidad”, dice el autor a Proceso.
De acuerdo con la investigación de Duncan, parte de la cual se desarrolló en México, el narcotráfico en este país alcanzó un poder político de tal dimensión que ya gobierna “porciones significativas de población” en varios estados –desde Sinaloa y Durango hasta Tamaulipas, Michoacán y Guerrero– y en vastas zonas urbanas periféricas, desde Ciudad Juárez hasta Monterrey.
“En México y Colombia la guerra contra las drogas implica la competencia por el gobierno de amplios sectores de la sociedad entre el Estado y distintos tipos de organizaciones criminales. Es una guerra por la definición y el control de las instituciones que regulan el orden de innumerables comunidades y grupos sociales”, afirma el maestro en seguridad global por la Universidad de Cranfield, Inglaterra.
En entrevista, el pasante del doctorado en ciencia política por la Universidad Northwestern, Estados Unidos, sostiene que el caso Ayotzinapa ejemplifica la derrota del Estado mexicano frente al narcotráfico, el cual día tras día ha ganado las guerras por el control de instituciones, poblaciones y poder político en los espacios periféricos y marginales de la sociedad.
“Los recursos del narcotráfico le han permitido a comunidades remotas acceder a los mercados globales de la droga. Y la violencia ejercida por las organizaciones criminales les permitió a éstas pasar del control del negocio de las drogas al control de la población. Esto lo consiguieron cooptando el poder político. Eso es lo que desnuda Ayotzinapa, los narcogobiernos que hay en el país”, señala.
Duncan sostiene que en México hay decenas o centenas de municipios como Iguala –donde fueron secuestrados por la policía local los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, cuyo paradero sigue siendo desconocido–, donde el narcotráfico tiene cooptado al poder político.
“La diferencia es que los demás alcaldes no son así de chapuceros. Saben que si eliminan a 43 civiles de un jalón se daña todo. Saben que eso no se puede hacer. Este expresidente municipal (de Iguala, José Luis Abarca) era corrupto e imbécil. Los demás alcaldes cooptados por el narcotráfico saben que pueden ser corruptos, pero no imbéciles”, asegura.
Caso emblemático
Duncan, quien está en pláticas con Random House para el lanzamiento de su libro en México, dice que su investigación amerita un anexo sobre el caso Ayotzinapa para explicar, desde el sentido político implícito en la guerra contra la drogas, por qué el crimen organizado fue capaz de desaparecer a 43 estudiantes y por qué ese hecho se convirtió en un caso emblemático de los grados de penetración que ha alcanzado el narcotráfico mexicano en diferentes niveles del entramado estatal.
“Mi tesis inicial es que éste fue un error de este alcalde y de Guerreros Unidos, el grupo criminal con el que estaba aliado. Es una muestra de la arrogancia a la que han llegado las mafias del narcotráfico en México. Se sienten totalmente cubiertas y creían que podían ejercer la violencia sin ningún límite”, indica el investigador de la Universidad Eafit, en Medellín.
Explica que Ayotzinapa envía a esos grupos y a sus aliados políticos un mensaje claro: Que tienen límites y que una barbaridad así se le puede permitir a un dictador de una república bananera, pero no a un alcalde de un país como México o como Colombia.
“Lo que va a cambiar son los límites de la violencia, del ejercicio de la violencia simbólica. Es decir, ahora se tienen que cuidar de ejercer la violencia a niveles que llamen la atención y que lleven a la indignación ciudadana, porque esto obliga al Estado a reprimir.
“El exalcalde de Iguala está preso, igual su esposa (María de los Ángeles Pineda) y muchos de sus cómplices, y Guerreros Unidos es una organización desactivada. Quedó claro que los pactos entre clase política y narcos a escala local se rompen y no son viables si cometen excesos simbólicos”, considera el académico, quien el año anterior pasó alrededor de cuatro meses en México en labores de investigación para su libro.
Aunque suene crudo, dice, el crimen organizado se cuidará de no cometer asesinatos masivos de civiles, pero seguirá matando civiles “de uno en uno, hasta lograr el efecto amedrentador que se busca”.
Duncan valora la reacción social que ha generado en México el caso Ayotzinapa, donde cientos de miles de ciudadanos en todo el país realizan marchas en demanda del esclarecimiento del crimen y de castigo para los responsables. “Es una buena señal que demuestra que no hay tolerancia a las barbaridades y que la gente está harta de la inseguridad y de ser amedrentada”, indica.
Para el académico colombiano, quien ha sido profesor en las universidades Northwestern y de Los Andes, en Colombia, el gobierno de Enrique Peña Nieto pagará un alto costo por las debilidades estructurales de la estrategia de seguridad que dejó al descubierto el crimen –según testimonios de los presuntos autores materiales– en contra de los 43 normalistas.
“El gobierno de Peña Nieto había tratado de revivir el viejo pacto del PRI con los grupos del crimen organizado, en la lógica de que es mejor negociar. Incluso las tasas de homicidios habían bajado, con acuerdos tácitos, no explícitos; pero a veces ese tipo de negociaciones se salen de control. Por eso fue tan frustrante el caso Ayotzinapa, porque demostró, a partir de la chapucería del alcalde perredista de Iguala, que ese tipo de pactos no son tan fáciles ni son tan viables como lo eran cuando el sistema era autoritario, con el viejo PRI, y había control sobre los grupos criminales. Hoy no es así”, agrega.
Dice que Peña Nieto “no supo cómo reaccionar, fue una reacción tardía, se fue a China, todo le salió mal. El presidente había salido en una portada de la revista Time (en febrero pasado con el título Salvando a México), estaba quedando bien ante el mundo y de repente se le dañó el gobierno. Ayotzinapa demuestra que la forma en que se buscaba pacificar al país se estaba dando sin el sometimiento de los narcos y tratando de revivir los viejos pactos con el crimen organizado. Pero hoy ya no existen las instituciones del PRI que hacían posibles esos pactos que los narcos respetaban”.
Duncan advierte que un hecho de extrema importancia que pasó a un segundo plano en términos informativos por el caso Ayotzinapa fue el asesinato, el 2 de noviembre pasado, del general Ricardo César Treviño Villarreal, responsable regional de seguridad en la zona norte de Tamaulipas.
“El asesinato del general fue gravísimo y casi no ha sido noticia. Esa es la mejor señal de la disputa que existe por el poder y de que los narcos matan a todos aquellos que los combaten desde el Estado, sin importar que se trate de un general. Cualquier Estado serio se supone que aplasta a quien le mata a un general, porque ese es un desafío, pero eso no ha sucedido en México. A Peña Nieto le mataron a un general, ¿y qué ha hecho?”, plantea el académico y autor del libro Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia (Planeta, 2006).
Problema antiguo
Duncan, exconsultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en temas de seguridad y construcción de Estado, señala que los narcogobiernos que proliferan en los municipios mexicanos son producto de un proceso que comenzó a fraguarse en su actual magnitud durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), cuando la crisis económica y las reformas neoliberales mermaron la capacidad de regulación social del Estado mexicano, y esta nueva realidad coincidió con la expansión de los mercados mundiales de la droga.
“Durante el gobierno de Salinas de Gortari se dan los pactos en forma entre representantes del gobierno y los cárteles de Juárez, de Amado Carrillo Fuentes, y del Golfo, de Juan García Ábrego. Ambos fortalecieron su posición en el entramado del narcotráfico por medio del respaldo del gobierno y eso les permitió expandirse”, agrega.
Explica que en esa nueva etapa del narcotráfico mexicano se conjuntaron otros dos fenómenos: El debilitamiento del PRI por la crisis económica y las demandas democratizadoras de la sociedad mexicana, lo que dio mayor poder a las organizaciones criminales frente al Estado, y el cierre de la ruta del Caribe, por parte de Estados Unidos, a los traficantes colombianos.
Esto convirtió a México en el principal corredor de entrada de cocaína al voraz mercado estadunidense y los cárteles mexicanos despojaron a los colombianos de una de las fases más lucrativas del negocio.
“Los narcotraficantes mexicanos reclutaron a miembros de la criminalidad local para dominar las plazas por donde pasaba la droga; comenzaron a reemplazar a las autoridades estatales en las funciones de vigilancia y control de la población, y convirtieron la venta de droga al menudeo en una actividad importante, no tanto porque las ganancias del mercado mexicano fueran significativas, sino porque eso les facilitaba el control de las plazas”, dice Duncan.
Advierte que con la llegada de los gobiernos panistas de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) terminó en definitiva el control del PRI sobre las instituciones del Estado, que “perdieron el control” sobre los cárteles de la droga y éstos impusieron “su regulación sobre sociedades que experimentaban profundos cambios alentados por el capital del narcotráfico”.
El sexenio de Calderón marcó el ascenso del Cártel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, y de Los Zetas, así como el declive del Cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix, y de los cárteles de Juárez y del Golfo.
Duncan señala que la guerra de Calderón contra el narcotráfico, que cables de WikiLeaks atribuyen “a un gran desconocimiento de la situación y de la capacidad real del Estado”, consistió en involucrar como nunca antes al Ejército y a la Armada en la lucha contra las mafias. Mejoró la capacidad de choque, pero unidades militares desplegadas en el terreno se corrompieron.
“La situación era caótica, porque además la corrupción era fragmentada. No ocurría que el Ejército o la Marina estuvieran coludidos con determinado cártel, sino que las distintas unidades de cada fuerza se aliaban con uno u otro”, señala el autor. Un narcotraficante que entrevistó en Sinaloa le dijo: “Cada quien tenía sus generales y sus almirantes, imposible comprarlos a todos”.
Orden social
Para el especialista colombiano, el orden social que han establecido los narcotraficantes en Sinaloa ejemplifica lo que ocurre con el fenómeno criminal en todo México: Arriba, en la sierra, los narcos ejercen un dominio total. Ahí no hay autoridad, Estado ni nada. Sólo la regulación social del crimen organizado.
“Pero en Culiacán ya no pueden dominar los narcos. Ahí hay corrupción pero hay presencia del Estado. Eso ocurre también en Guerrero, donde las zonas periféricas y marginadas rurales y urbanas son dominadas por el narcotráfico y éste ejerce control sobre la población. En Acapulco no. Hay corrupción, pero hay presencia del Estado”, asegura.
Duncan señala que mientras en México la guerra contra las drogas ha estado marcada por el proceso de democratización y la alternancia PRI-PAN-PRI, en Colombia la guerra ha girado en torno al inacabado proceso de integración del territorio por parte del Estado y a la amenaza que las guerrillas de las FARC y el ELN representaban para los narcotraficantes.
Para el académico, su investigación es una exploración del ejercicio de la dominación social por parte de una clase delincuencial en México y Colombia, un suceso que ha marcado la historia política de ambos países durante las últimas tres o cuatro décadas y que aún no acaba.
“El Estado en ambos países es más fuerte que los narcos en términos de armas, de recursos, pero lo que el Estado no tiene son instituciones de regulación que controlen y administren las zonas marginales y periféricas. En esas zonas controladas por los narcos no hay justicia, no hay orden, no hay protección a la gente en el día a día.
“Y ahí lo único que le queda al Estado en el largo plazo es tratar de ampliar su capacidad de regulación creando instituciones que le permitan cumplir ese objetivo. Mientras tanto, proliferarán los Ayotzinapa”, puntualiza.
