Érica Cervantes Albarrán tiene un cargo clave en la diplomacia mexicana: Dirige la oficina jurídica de la PGR en Europa. Sin embargo –y contra la ley–, tiene dos nacionalidades: la española y la mexicana, lo cual podría significar un conflicto de intereses a la hora de debatir asuntos que implicaran a sus dos patrias. Su caso se suma a la serie de irregularidades que viven, entre otras legaciones, las embajadas en Washington y Madrid, donde campean la politización, las pugnas internas y el nepotismo.
El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quebrantó una de las normas que, asegura, guían su gestión: Aquella de que “nadie está por encima ni al margen de la ley”. Y es que el funcionario permitió que Érica Cervantes Albarrán, la titular de la Agregaduría Legal para Europa de la PGR, asumiera dicho cargo aun cuando tiene doble nacionalidad –la mexicana y la española–, algo que la legislación de México prohíbe expresamente.
Proceso descubrió que en el Boletín Oficial del Estado (BOE, la publicación oficial del Estado español) del 18 de febrero de 2010 aparece el nombre de la funcionaria en la relación de personas a quienes se les concedió la nacionalidad española.
En el número 43, sección III, página 15031 del BOE aparece el nombre “CERVANTES ALBARRAN, ERICA” como una de las favorecidas por una resolución emitida el 20 de enero de 2009 por la Dirección General de los Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia hispano.
Ahí se ve que la nacionalidad española le fue concedida oficialmente el 7 de julio de 2009 y que la resolución para que se publicara en el BOE fue firmada el 20 de enero de 2010 por la directora general de los Registros y del Notariado, María Ángeles Alcalá Díaz.
Al poco tiempo de recibir su nueva nacionalidad, la funcionaria mexicana tramitó su pasaporte español, que tiene el número AAA811173, fue expedido el 24 de noviembre de 2009 y vence el 24 de noviembre de 2019. El reportero posee una copia de ese documento.
En el artículo 6 del capítulo III, el reglamento del Servicio Exterior Mexicano vigente señala que el “personal asimilado” –agregados civiles, militares, aéreos o navales, y técnicos de otras dependencias que la Secretaría de Relaciones Exteriores acredita ante embajadas y organismos de otros países– debe cumplir con los requisitos señalados en el artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, el cual dicta que dichos representantes deben “ser mexicanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad”, además de estar en “pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos”.
Esta disposición aclara que los mexicanos por nacimiento “a los que otro Estado considere como sus nacionales, deberán presentar el certificado de nacionalidad mexicana y el documento de renuncia de la otra nacionalidad”.
Después de una exhaustiva búsqueda efectuada por Proceso en el BOE, no existe ninguna resolución que registre la renuncia a la nacionalidad española por parte de Cervantes Albarrán. La Ley de Protección de Datos de España impide acceder a los archivos del Registro Civil.
El reportero consultó en dos ocasiones a la embajada de México en España. Primero inquirió sobre la doble ciudadanía de la servidora pública; la respuesta fue que no habría ninguna información por esta vía. En una segunda consulta, preguntó si Cervantes había renunciado a su nacionalidad española y, de ser así, la fecha en que concretó el trámite. A través del vocero de la embajada, Ramiro Pineda, Érica Cervantes respondió: “Mi situación está conforme a los procedimientos establecidos”. Añadió que ella “no es miembro del Servicio Exterior Mexicano”.
Una fuente conocedora de las legislaciones mexicana y española, por el contrario, asevera que la funcionaria debió renunciar a la nacionalidad española para ejercer su función. De lo contrario, sentencia, viola la ley.
Explica que la Ley del Registro Civil (LRC) española es poco clara en cuanto al procedimiento de renuncia a la nacionalidad. El artículo 24 plantea una opción: “Pierden la nacionalidad española los españoles emancipados que renuncien expresamente a ella, si tienen otra nacionalidad y residen habitualmente en el extranjero”, algo que no ocurre con la titular de PGR para Europa.
La LRC habla más bien de la pérdida de la ciudadanía por diversas razones, incluida la entrada a la milicia o la aceptación de un cargo político en un Estado extranjero, siempre que se contravenga una prohibición expresa del gobierno hispano.
Las faltas del procurador
Desde su llegada al gobierno de Enrique Peña Nieto, a Murillo Karam se le considera el “hombre de hierro” del mandatario. En el procurador ha recaído la investigación de los asuntos más delicados, incluida la tardía indagatoria por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa; caso que le está acarreando fuertes críticas por la inconsistencia de sus pesquisas y sus pifias en el manejo público de la tragedia, incluida su frase “ya me cansé”, que soltó durante una conferencia de prensa sobre los avances en la averiguación.
Pero como titular del Ministerio Público de la Federación, Murillo también es el responsable del nombramiento de la Agregaduría Legal para Europa de la PGR, puesto de confianza dependiente de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la dependencia, según se lee en el Portal de Obligaciones de Transparencia.
En el organigrama de la PGR, la referida coordinación y las agregadurías en el extranjero están bajo la férula de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, que encabeza Mariana Benítez Tiburcio, una de las colaboradoras más cercanas a Murillo.
Por todo ese entramado, resulta poco probable que durante la contratación de Cervantes se pasara por alto la existencia de la doble nacionalidad.
El campo de acción de la agregaduría ocupada por Cervantes incluye todos los países europeos, incluso los que no forman parte de la Unión Europea, como Noruega, Suiza, Islandia, Montenegro y Serbia, entre otros. El único Estado de la región que sale de su ámbito de competencia es Austria, donde hay una Agregaduría Legal que acompaña a la Misión Permanente, encabezada por Gonzalo Cervera Martínez como representante ante la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito.
Murillo también le dio trabajo en España a su sobrino, Sergio Arturo Moreno Aguirre, hijo de la hermana de su esposa y quien desde el 1 de marzo de 2013 se desempeña como primer secretario de la Agregaduría de la PGR, donde funge como coordinador administrativo.
En las declaraciones patrimoniales de Moreno del 17 de abril de 2013 y del 20 de mayo de 2014, obtenidas en el Registro de Servidores Públicos de la Secretaría de la Función Pública, anotó que es egresado de la carrera de administración por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y fue director de área en la Secretaría de Desarrollo Social del ayuntamiento de Cuernavaca, donde gestionaba “vínculos con instancias estatales y federales en el ámbito deportivo y juvenil”. Este cargo de confianza tiene una clave presupuestal NC2, con un salario bruto mensual que ronda los 40 mil pesos.
No es el único familiar del procurador trabajando para el gobierno de Peña Nieto en el extranjero; su nieta Gabriela Saade Murillo aparece como “consejera” asignada a la representación de la Secretaría de Gobernación en la embajada de México en Washington, como documentó en mayo pasado el corresponsal de este semanario en Washington, Jesús Esquivel (Proceso 1957).
Con el nombramiento de su nieta, Murillo contribuyó al laberinto de intereses que priva en la embajada de México en Washington, a cargo del diplomático Eduardo Medina Mora.
Algo similar ocurre en la legación en España, que encabeza Roberta Lajous. En este país la PGR colocó a Carmen del Pilar Loboguerrero Carrasco, hija de Leonel Loboguerrero, editor de libros del sello Conocimiento y Saber Siglo XXI y hombre cercano a Peña Nieto.
Loboguerrero funge como “asistente legal”, según el directorio de la página en internet de la embajada de México en Madrid. Sin embargo, en sus declaraciones patrimoniales del 31 de mayo de 2013 y del 29 de mayo de este año apuntó que sus funciones son de comunicación estratégica y control de documentación. En ambas declaraciones señaló que cursaba el sexto semestre del doctorado en ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid.
El nombre de la titular de la Agregaduría Legal de la PGR para Europa ya salió a relucir antes, en un escándalo que estalló en el estado de Hidalgo: La ruptura entre el PRI de esa entidad y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por las fallas en el presunto apoyo electoral del magisterio a la campaña del priista Francisco Olvera Ruiz en 2010 ( Proceso 1782).
Se filtraron entonces listas con nombres de los “aviadores” de Elba Esther Gordillo en ese estado, lo que sacudió al equipo de transición de Olvera antes de que éste tomara posesión como gobernador.
Entre las 46 mil plazas docentes y 8 mil administrativas en Educación Básica que se filtraron, como documentó la reportera Rosalía Vergara el 26 de diciembre de 2010, “la cereza en el pastel eran el coordinador del equipo de transición del gobernador electo, Francisco Olvera, Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira, y Érica Cervantes Albarrán, quien labora en la Secretaría de Gobierno del estado”. En diciembre de 2010, Cervantes ya contaba con la nacionalidad española.
En relación con su vida académica, Cervantes aparece como “coordinadora” en el doctorado en gobierno y administración pública de la fundación del Instituto José Ortega y Gasset, según la Memoria de Actividades 2008-2009. Esa institución está plagada de estudiantes mexicanos, becados muchos de ellos por gobiernos estatales de México. En dicha escuela, sin embargo, hay profesores que no recuerdan a Cervantes como coordinadora sino “sólo como asistente”.
En el apartado de “Quién es quién” del mencionado informe, se apunta que es abogada y que cursó “estudios avanzados” en el doctorado en democracia, gobernabilidad y reforma del Estado en América Latina por la Universidad Complutense. Se señalan sus vínculos con el Senado mexicano y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Las declaraciones patrimoniales de Cervantes asientan que cursó la licenciatura en derecho por la Universidad Intercontinental (México), una maestría en ciencia política en la Complutense y un posgrado en derecho español para juristas extranjeros por la Universidad de Alcalá.
No obstante, en los archivos de esta universidad también existe un acta de la sesión del tribunal acerca de la prueba de aptitud realizada el 11 de julio de 2010, en la cual Cervantes obtuvo un “no apto” para la homologación de su título de licenciada en derecho.
Aparte de ser asistente técnica en el Senado entre enero de 1997 y julio de 1998, fungió como subdirectora de Recursos Humanos de Radio y Televisión de Hidalgo, en la etapa final de la gubernatura de Murillo Karam. De 1998 a 2009 fue secretaria del director de la Coordinación Administrativa de la SEP.
Su reseña curricular también señala que entre 2010 y 2011 fue “coordinadora de proyectos” de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib), pero una fuente relacionada con el organismo recuerda sus labores como meramente “secretariales”.
En abril de 2013 Murillo viajó a la XVIII Reunión Plenaria del Comjib, que se celebró en Viña del Mar, Chile. Llegó acompañado de tres funcionarias de la PGR. Una de ellas era Cervantes.
En ese viaje, Murillo y sus colaboradoras gastaron casi 332 mil pesos, según la solicitud de información SJAI/DGAJ/8129/2013. El boleto clase premier del procurador costó más de 90 mil pesos, y una cifra apenas menor el de su secretaria particular, Judith Aracely Gómez Molano, y el de la directora general de Cooperación Internacional, Mara Gómez. El de Cervantes tuvo un costo de casi 3 mil 600 euros (cerca de 65 mil pesos).
Según la documentación proporcionada, la agregada legal recibió poco más de 30 mil pesos de viáticos, cantidad que representa poco menos de la quincena que percibe en su cargo. En cuanto al hospedaje, aparte de la habitación reservada para el procurador y otra para su secretaria, la representante de la PGR en Europa reservó dos cuartos. La directora general de Cooperación Internacional no se registró en el hotel.
En la visita de Estado del presidente Peña Nieto a España, en junio pasado, Murillo Karam suscribió con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, un Convenio Marco de Cooperación en Materia de Lucha contra la Delincuencia Organizada y otro sobre combate a la ciberdelincuencia. En esa visita fue asistido por la agregada legal para Europa, quien tras 21 meses de gestión sigue detentando la doble nacionalidad.
