En un tramposo vaivén legal, la Plaza Mariana –el mall religioso-comercial aledaño a la Basílica– vuelve a las manos de quienes aparentemente habían perdido ese multimillonario negocio. Con donaciones, recuperaciones y nuevas donaciones, el enorme terreno donde se edificó la plaza dejó de pertenecer a la Fundación Plaza Mariana para ser ahora de la Fundación Pro-Peregrino de Guadalupe, ambas bajo control de las mismas personas: el arzobispo Norberto Rivera Carrera; el rector del templo guadalupano, Enrique Glennie, y el magnate Carlos Slim. Pero resulta que una parte del terreno en cuestión ya tenía dueño: 250 comerciantes que siguen peleando sus derechos.
En noviembre de 2012 el Gobierno del Distrito Federal (GDF) le quitó a la Fundación Plaza Mariana el predio de aproximadamente 30 mil metros cuadrados que antes le había donado pues, se argumentó, dicha organización no construyó en el tiempo y la manera estipulados el mall religioso-comercial Plaza Mariana edificado por Carlos Slim en un terreno aledaño al atrio de la Basílica de Guadalupe.
Después, en un decreto del pasado 16 de abril, el GDF desincorporó de su dominio estos bienes a fin de dárselos “a título gratuito” a una asociación civil de más reciente creación: la Fundación Pro-Peregrino de Guadalupe. Ésta, precisa el decreto, mejorará “los servicios para el turismo religioso que acude a la Basílica de Guadalupe”.
Sin embargo ambas asociaciones civiles están encabezadas por el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, y por Enrique Glennie, actual rector de la Basílica de Guadalupe, por lo cual hay quienes aseguran que se cometió el delito de “simulación”.
Francisco Rivas, abogado de los 250 comerciantes desalojados violentamente para que Carlos Slim construyera la Plaza Mariana, asegura: “El cardenal Rivera Carrera y el gobierno capitalino están cometiendo el delito de simulación, estipulado en varias disposiciones administrativas del Distrito Federal. No se le puede donar a la misma persona un bien que ya se le quitó por incumplimiento de contrato de donación. ¡No se puede! ¡Es un ilícito!”.
–Pero aquí se le quitó a la Fundación Plaza Mariana para dárselo a la Fundación Pro-Peregrino de Guadalupe, que son asociaciones civiles distintas.
–Distintas sólo de nombre, porque a fin de cuentas los beneficiarios de este multimillonario negocio privado de la Plaza Mariana siguen siendo el cardenal Rivera y el rector de la Basílica, los mismos que encabezaban la Fundación Plaza Mariana. La simulación radica precisamente en este cambio de nombre, maniobra meramente cosmética para aparentar legalidad, pero realmente es violatoria de la ley.
“Debe quedar claro que la Plaza Mariana, a pesar de estar a un costado del atrio de la Basílica, es para realizar jugosos negocios privados. Es un área hoy destinada para la Fundación Pro-Peregrino de Guadalupe, que es justamente una asociación civil, no una de las tantas asociaciones religiosas que tienen prohibido realizar actividades lucrativas. El área tampoco es un atrio, pues los atrios de los templos son bienes de la nación destinados al culto. En suma, este es un negocio privado del cardenal Rivera Carrera que tiene el aval del gobierno capitalino. Así de sencillo.”
El acta constitutiva de la Fundación Pro-Peregrino de Guadalupe –copia de la cual tiene Proceso– asienta que es una “asociación civil” constituida el 28 de noviembre de 2012 ante el licenciado José Ángel Fernández Uría, titular de la Notaría número 217 del Distrito Federal.
Consta ahí que los “apoderados” de la fundación son el cardenal Norberto Rivera Carrera y monseñor Enrique Glennie, quienes tienen las siguientes “facultades”: poder general para actos de administración, para otorgar y suscribir títulos de crédito, para recibir pagos, hacer cesión de bienes, recusar, transigir, intentar y desistirse de toda clase de procedimientos o presentar denuncias y querellas en materia penal, entre otras.
En segundo término se menciona a otros “apoderados”: Martha del Carmen Reveles Navarro, Isidro Alejandro Vázquez Álvarez, Adriana Jazmín Mendizábal Arcos, Reyna Esmeralda Cruz Padilla, Alberto de la Mora Hernández y Gilberto Antonio Oviedo Osorio.
Asegura el acta constitutiva que la Fundación Pro-Peregrino de Guadalupe “no persigue fines de lucro”, sino “mejorar las condiciones de subsistencia y desarrollo, principalmente de comunidades indígenas, grupos vulnerables por edad, sexo y problemas de discapacidad que realizan peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe”.
Su “objeto social” también es realizar actividades tendientes a “la protección, conservación, restauración y recuperación de todas las obras de la Basílica de Santa María de Guadalupe”. Lo mismo que “la promoción cultural de las manifestaciones artesanales y artísticas relacionadas con toda forma cultural de arte sacro”.
Y puede “obtener de los particulares, organismos no gubernamentales o instituciones oficiales y privadas, nacionales o internacionales, la cooperación técnica y económica que requiera para el desarrollo del objeto social”. Finalmente se estipula que “la duración de la asociación será de 99 años a partir de la fecha de firma”.
Conflicto viejo
La Plaza Mariana empezó a generar conflictos el 8 de abril de 2003, cuando el entonces jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, expidió el decreto mediante el cual donaba el terreno de 30 mil metros cuadrados a la Fundación Plaza Mariana, presidida por el cardenal Rivera. El decreto le daba a la fundación un “plazo de dos años” para construir la Plaza Mariana; de no ser así, le advertía que “la transmisión a título gratuito será revocada y los bienes se reintegrarán al patrimonio del Distrito Federal”.
Sin embargo el predio donado por López Obrador no era totalmente del gobierno de la ciudad, pues en él también había cientos de comercios establecidos cuyos locatarios eran dueños de sus terrenos. Algunos aceptaron salirse con la promesa de que se les daría cabida en la Plaza Mariana. Pero otros no quisieron irse, como los ahora integrantes de la Agrupación Emiliano Zapata, cuyo abogado es Francisco Rivas.
En enero de 2006 estos comerciantes fueron desalojados por más de mil policías, quienes llegaron con grúas y retroexcavadoras para demoler sus locales. Fue un desalojo brutal. De un día para otro los comerciantes se vieron en la calle, por lo que interpusieron amparos y emprendieron un litigio que aún continúa.
Por su parte, a fin de allegarse recursos para la obra, la Fundación Plaza Mariana abrió cuentas bancarias para recibir donativos de los guadalupanos de todo el mundo, comenzó a vender muy anticipadamente los nichos del columbario que tendría la Plaza Mariana, e incluso en Estados Unidos puso a la venta la “tarjeta telefónica guadalupana” con el apoyo de la empresa de telecomunicaciones Starcom (Proceso 1571).
El 31 de agosto de 2010 Carlos Slim anunció públicamente que la construcción correría por su cuenta. “La vamos a donar”, declaró orgulloso, proclamándose gran benefactor guadalupano. Y su grupo empresarial, Carso, empezó inmediatamente la construcción de la obra que tuvo un costo de 900 millones de pesos, según sus cálculos.
Sin embargo Slim no respetó el proyecto arquitectónico original de la Plaza Mariana elaborado por el arquitecto Javier Sordo Madaleno y con base en el cual se hicieron todos los trámites legales. De manera arbitraria, Slim impuso otro proyecto elaborado por su yerno, el arquitecto Fernando Romero.
Romero dividió su Plaza Mariana en cuatro cuerpos principales delimitados por una cruz de cristal: el Centro de Evangelización, el columbario, el Museo Guadalupano y un mercado público. Aparte de áreas públicas, estacionamientos subterráneos y una amplia explanada que se convierte en prolongación del atrio de la Basílica.
Para 2012 ya estaba concluida la construcción del yerno de Slim que, sin embargo, no fue la reconocida oficialmente y rebasó el plazo de dos años estipulados en el decreto de 2003.
De ahí que en el decreto del 9 de noviembre de 2012, el GDF revocó la donación hecha a la Fundación Plaza Mariana y reintegró los bienes al “dominio público”. Argumentó que “las construcciones realizadas difieren en cuanto a dimensiones y características de las autorizadas”, además de que se rebasó el “plazo de dos años”.
Ese mismo día, la entonces consejera jurídica del gobierno capitalino, Leticia Bonifaz, dijo que el objetivo de la medida era dar “certidumbre jurídica” a los futuros propietarios de cada una de las construcciones de la Plaza Mariana y adelantó que el columbario pasaría a manos de Slim, dejándole así uno de los negocios más redituables de la plaza.
La secundó el vocero de Rivera, Hugo Valdemar, quien indicó que sólo se trataba de una “revocación temporal” para “corregir errores” y precisar quiénes serán los propietarios de cada local.
Plaza en el limbo
Mientras tanto, los comerciantes desalojados realizaron plantones frente a la sede del GDF, frente a la Catedral Metropolitana y frente a las oficinas de Slim, exigiendo información precisa sobre los negocios que el cardenal y el magnate planeaban realizar en los terrenos que les arrebataron. Nunca tuvieron respuesta (Proceso 1934).
Finalmente el GDF publicó su decreto del 16 de abril de este año, en el cual “desincorpora” la Plaza Mariana del “dominio público” para dársela en un futuro próximo a la Fundación Pro-Peregrino de Guadalupe, la nueva asociación civil de Rivera.
Adelanta esta disposición: “Se autoriza la posterior enajenación a título gratuito del predio señalado… a favor de la Fundación Pro-Peregrino de Guadalupe, asociación civil, con el objeto de mejorar la infraestructura de los servicios para el turismo religioso que acude a la Basílica de Guadalupe”.
Explica Rivas: “En términos legales y de acuerdo a esta última disposición, la Plaza Mariana actualmente no pertenece a nadie. Se desincorporó del gobierno. Quedó en el limbo. Pero legalmente ya está destinada a esta nueva fundación encabezada por el cardenal Rivera. Sólo falta realizar el contrato de donación. Entonces pasará a las mismas manos privadas en las que estaba antes. De ahí la simulación”.
–¿Será el cardenal quien después podrá hacer lo que quiera con la Plaza Mariana?
–Así es. El cardenal siempre ha estado lucrando con el culto guadalupano, conocemos muy bien todos sus antecedentes al respecto y su cercanía con los altos círculos empresariales y de poder. Es parte de ese mundo. A través de su nueva fundación podrá hacer cualquier contrato entre particulares: una operación de compra-venta, una cesión, una donación… cualquier cosa que le reditúe dinero.
“Y en ese momento es muy probable que meterá al negocio a Carlos Slim, quien no construyó la Plaza Mariana por ser un alma de Dios. Claro que no. No somos ingenuos. Nosotros desde un principio denunciamos que nos habían arrebatado nuestros terrenos para dárselos a Slim, quien siempre ha estado interesado en ese multimillonario negocio. Después lo confirmaría la misma consejera jurídica Leticia Bonifaz… en fin, el tiempo nos ha venido dando la razón.”
La Plaza Mariana tendrá como clientela cautiva a los alrededor de 20 millones de peregrinos y turistas que cada año visitan el santuario. Y se ha venido denunciando que Slim planea incluir ahí uno más de sus centros comerciales, semejante a Plaza Carso, Plaza Cuicuilco o Plaza Loreto.
Por lo pronto cada cripta del columbario de la Plaza Mariana se vendió anticipadamente en 25 mil pesos. Y son 120 mil criptas que pueden aumentar a 600 mil. Estas ventas se han suspendido temporalmente, mientras se determina a quién se le entrega formalmente este negocio. Se rumora que será a Slim (Proceso 1934).
Comenta Rivas: “Hay muchísima opacidad en el manejo financiero de Plaza Mariana. Por ejemplo, nunca se supo dónde quedó el dinero que durante años los fieles le dieron al cardenal Rivera para que construyera la plaza, pues según se dijo, ésta finalmente se construyó con dinero de Slim. No lo sabemos. La Secretaría de Hacienda debió haber exigido cuentas claras desde un principio. Y hoy resulta que, después de tanto enredo legaloide, Plaza Mariana se le entrega a otra fundación del cardenal Rivera. Eso es ilegal”.
–¿Piensan interponer algún recurso jurídico?
–Claro. Interpondremos una denuncia penal por el posible delito de simulación o lo que resulte. Ya el juez lo determinará. Por lo pronto estamos recabando toda la información posible para sustentar nuestra denuncia.
