El proceso de paz de Colombia avanza a tropezones…pero avanza. La llamada “retención” de un general por los guerrilleros a principios de mes hizo tambalearse los diálogos de La Habana, pero esa crisis se desactivó pronto con la promesa de liberación del militar. Las pláticas se reanudarán en breve con dos temas centrales: el cese del fuego y la “dejación” de las armas. Aun así hay puntos que irritan a la sociedad y a las fuerzas armadas, como la exigencia de que los rebeldes que hayan cometido crímenes de lesa humanidad jamás pisen la cárcel.
BOGOTÁ.- Los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla llegaron a su segundo aniversario en un momento contradictorio que causa desconcierto en amplios sectores del país: Por una parte, la retención del general Rubén Darío Alzate por los rebeldes llevó al presidente Juan Manuel Santos a suspender las negociaciones y el proceso vivió su crisis más profunda; por otra, el balance de dos años de pláticas arroja un saldo positivo en materia de acuerdos, y es un hecho que nunca en la historia de Colombia las partes habían estado tan cerca de poner fin al conflicto armado.
Incluso la forma tan expedita en la cual las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron que liberarían a Alzate y la disposición del gobierno para reanudar los diálogos una vez que esto ocurra hicieron patente el compromiso de ambos bandos con el proceso de paz.
“Esto sirvió para demostrar que las FARC y el gobierno tienen voluntad de negociación y de llegar a acuerdos. Al anunciar la liberación del general, sin condiciones, sin tratar de sacar ventaja, la guerrilla hizo un gesto de compromiso con el proceso de paz, notorio y manifiesto, que debe ser percibido así por la sociedad colombiana. En esta ocasión ganó la diplomacia y la política sobre la guerra, pero los desafíos que enfrenta la paz son muchos todavía”, dice a Proceso el profesor de la Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Jorge Restrepo.
Alzate, primer general capturado por la guerrilla colombiana en 50 años de confrontación armada, fue retenido por el Frente 34 de las FARC el domingo 16 junto con el cabo Jorge Rodríguez y la abogada del Ministerio de Defensa, Gloria Urrego, cuando los tres visitaban, vestidos de civil, un caserío en el occidental departamento de Chocó.
Tres días después, justo al cumplirse el segundo aniversario del inicio de las conversaciones de paz, el grupo armado puso en marcha un operativo para liberarlos con la mediación de Noruega y Cuba –países garantes del proceso colombiano de paz– y la Cruz Roja Internacional. También decidió entregar a los soldados Paulo César Rivera y Jhonatan Díaz Franco, capturados en combate el domingo 9.
Guerreros cara a cara
Los diálogos se reanudarán en los próximos días en La Habana, sede de las negociaciones, y la expectativa está centrada en el inicio de los trabajos de una subcomisión técnica en la cual jefes militares de ambos bandos comenzarán a negociar dos puntos que significan el fin de la guerra: el cese del fuego y la “dejación” de las armas.
En esa negociación participarán por primera vez militares activos con amplia experiencia en combate. El jefe de la delegación oficial es el general Javier Flórez, quien fue hasta agosto pasado jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y comandó entre 2008 y 2011 la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, una unidad militar de élite. Por parte de las FARC, los representantes en la subcomisión estarán encabezados por los comandantes Pastor Alape y Carlos Antonio Lozada, quienes llegaron a la capital cubana el mes pasado provenientes de los campos de batalla en Colombia.
“Es fundamental que se vean las caras los mandos militares porque es absolutamente obvio que no puedo hablar de un proceso de paz, que espero que sea exitoso, si no incluyo en el mismo a los actores principales, que son los que se están disparando unos a otros”, señala el exnegociador de paz del gobierno de Guatemala, Héctor Rosada-Granados, quien visitó Colombia el jueves 20.
Según el politólogo y doctor en sociología militar, quien negoció la paz con la guerrilla guatemalteca entre 1993 y 1996, “la incorporación de los guerreros de ambos bandos a estos diálogos marcará un punto de no retorno para el proceso de paz”.
Rosada-Granados cree que en estos dos años de diálogo el gobierno colombiano y las FARC han logrado “avances sustantivos” al tener acuerdos parciales en tres de los seis puntos de negociación (reforma agraria, participación política y drogas ilícitas). “Ahora están negociando el tema de víctimas y justicia e iniciarán la discusión del cese del fuego, lo que me revela que ambas partes tienen la buena disposición de terminar el conflicto”, señala.
Para la experta en el proceso de paz del diario El Tiempo, Marisol Gómez Giraldo, quien ha cubierto el conflicto armado en Colombia las dos últimas décadas, así como los fallidos diálogos del Caguán entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), esa guerrilla dio un “poderoso gesto de paz” al aceptar liberar a los militares en su poder.
“Esto ofrece la oportunidad de replantear el proceso y acelerar una negociación que las partes vienen adelantando desde hace tres meses para desescalar el conflicto armado. Es una negociación humanitaria, no militar, que incluye medidas como sacar a los menores de edad de la guerra, iniciar labores de desminado en escuelas y caminos rurales y el compromiso de las FARC para no atacar infraestructura clave para la población civil, como la red eléctrica”, indica la también maestra en ciencias políticas de la Universidad de Los Andes.
Sostiene que un acuerdo para reducir la intensidad de la guerra mientras concluye la negociación general se traduciría en un mayor respaldo de la opinión pública al proceso de paz.
Según una encuesta de la firma Gallup divulgada este mes, 90% de los colombianos tiene una opinión desfavorable de las FARC y la mitad cree que será imposible lograr un acuerdo con esa guerrilla que ponga fin al conflicto armado interno, el cual ha dejado 218 mil muertos en el último medio siglo.
Y aunque 62% de los entrevistados se muestra a favor de resolver la guerra mediante el diálogo, la tercera parte considera que la insurgencia debe ser derrotada militarmente.
Resistencias
La retención de Alzate logró unificar a los sectores de las fuerzas armadas más reacios a negociar un acuerdo de paz. Dentro de las filas castrenses hay oposición a que los rebeldes desmovilizados que hayan cometido crímenes de lesa humanidad sean castigados con penas alternativas a la cárcel, como trabajo comunitario, mientras los militares involucrados en ese tipo de delitos reciben sentencias de varios años en prisión.
El integrante del equipo negociador de las FARC en La Habana, Pablo Catatumbo, dijo que ningún proceso de paz en el mundo ha culminado con el encarcelamiento de los jefes guerrilleros, y se ha pronunciado por una fórmula que facilite la integración a la vida civil de los rebeldes que se desmovilicen como resultado de un eventual acuerdo de paz, y que sea aplicable “a todos” los actores del conflicto, incluso los militares.
El tema de justicia es parte del punto de víctimas que negocian los delegados del gobierno y la guerrilla desde hace dos meses en La Habana y de su solución parece depender el éxito del proceso.
El abogado constitucionalista y exmagistrado Rodrigo Uprimny considera que para que un acuerdo de paz con las FARC sea aceptable para los colombianos y la justicia internacional debería prever penas mínimas de cárcel para los desmovilizados de la guerrilla que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Al mismo tiempo sostiene que la guerrilla tiene derecho a reclamar que el castigo se aplique a todos los culpables de la guerra por igual, incluidos militares, empresarios y dirigentes políticos responsables de delitos atroces.
Un sondeo de Gallup señaló que 80% de los colombianos está en contra de que los desmovilizados de las FARC participen en política sin haber pisado la cárcel.
Gómez Giraldo considera que uno de los principales desafíos de la negociación es encontrar el equilibrio entre justicia y paz, ya que, por un lado, la guerrilla no parece dispuesta a aceptar una paz que signifique cárcel y, por otro, la sociedad colombiana no parece dispuesta a tolerar una paz sin justicia penal.
La supuesta impunidad que cobijará a los jefes de las FARC ha sido el principal argumento del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez para encabezar la oposición al proceso de paz que impulsa Santos, su antiguo aliado político y hoy principal blanco de sus ataques.
Uribe, quien en el último año ha visto caer su popularidad en 14 puntos porcentuales pero aun cuenta con el respaldo de 47% de colombianos, según Gallup, ha logrado capitalizar el descontento de las fuerzas armadas por el proceso de paz y se ha convertido en un receptor de información militar clasificada que suele divulgar en su cuenta de Twitter.
El domingo 16 el senador y expresidente informó en varios tuits, antes que el propio gobierno, de la retención del general Alzate por parte del Frente 34 de las FARC e incluso divulgó el parte de un soldado que logró huir del caserío donde se produjo el hecho.
Restrepo considera que “este tipo de filtraciones al expresidente evidencian las tensiones y fisuras en el estamento militar por los diálogos de La Habana y temo que pueden llegar a atentar contra el proceso de paz”.
Santos removió entre agosto de 2013 y febrero pasado a dos cúpulas militares luego de que se conocieron sus operaciones de inteligencia contra los negociadores de paz del gobierno, periodistas y dirigentes políticos.
“Las resistencias al proceso de paz que se dan en las fuerzas militares son porque han invertido 50 años de su historia en esta lucha contrainsurgente. Han tenido grandes logros (las FARC fueron reducidas de 24 mil a 8 mil efectivos, según el ejército) pero también han tenido que pagar un costo inmenso. No han podido ganar la guerra aniquilando al enemigo y hay 5 mil militares acusados por la fiscalía de haber cometido crímenes en medio del conflicto”, señala Restrepo.
Para el coronel retirado del ejército y maestro en estudios políticos, Carlos Alfonso Velásquez, las divisiones en las fuerzas armadas frente al proceso de paz son “hasta cierto punto normales por el tiempo que ha durado la guerra, pero ha faltado convicción y mejor liderazgo político del presidente Santos y del ministro de Defensa (el civil Juan Carlos Pinzón) para marcar el rumbo”.
Según Velásquez, los militares colombianos han sido, por tradición, subordinados al poder civil, pero el discurso “ambiguo” de Santos y Pinzón frente a la paz “los confunde, porque un día se habla de paz y al otro de que hay que seguir la guerra con operaciones ofensivas. Entonces lo que falta son órdenes precisas y concisas, sin doble discurso, para alinear a los militares en una misma causa, en la causa de la paz”.
El excoronel y profesor de la Universidad de La Sabana considera que luego de superada la crisis por la retención de Alzate lo que debe seguir es la concreción de un acuerdo entre las FARC y el gobierno para desescalar el conflicto armado y evitar al máximo sus efectos sobre la población civil. Esto, afirma, conduciría a lograr un mayor apoyo de la sociedad colombiana al proceso y a neutralizar las amenazas que lo acechan.
