El particular Jacobo Michel narra que en El Cielo Country Club, el desarrollador Vicente Chalita le restringe continuamente el paso a su vivienda, pese a que las calles internas son públicas, como demuestra con papelería oficial. Pese a todo, el empresario instaló plumas de acceso electrónico, con lo cual contraviene los derechos de su cliente y el interés público.
Con la complacencia del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, en el fraccionamiento El Cielo Country Club, que se encuentra en la parte alta del cerro El Palomar, el constructor Vicente Chalita Noemí impide el paso peatonal y vehicular por el Paseo del Palomar.
El 7 de julio pasado, Jacobo Michel López, hijo del dueño de la dulcería La Rosa, Enrique Michel Velasco, presentó en la Agencia 4 la denuncia penal 4394/17 contra Chalita por la obstrucción de las vías públicas de comunicación, pues instaló una pluma operada por guardias privados que impiden el paso.
El denunciante refiere en su querella que en junio de 2013, por órdenes del constructor, personal de seguridad le negó el ingreso a su domicilio, que está en Vistas del Bosque 122, en el condominio mencionado.
Por este motivo, al siguiente mes Michel López presentó un juicio administrativo que se radicó en la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo (TAE), la cual le otorgó una suspensión para que el personal de seguridad le permitiera el libre acceso, resolución que fue entregada tanto al condominio como al ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. Pese a la orden del tribunal, los guardias privados continuaron impidiéndole el paso.
El 23 de enero de este año, a petición de Michel López, el notario público 116 de Tlaquepaque, Juan José Serratos Salcedo, dio fe de las restricciones para entrar a su propiedad, “además de constatar que no se permite el libre tránsito al lugar, ya que las plumas eléctricas lo obstaculizan”.
Los hechos quedaron asentados en el tomo XIX, libro 6 con fecha 30 de enero 2014, en la escritura 7 mil 708. Ahí se menciona que el notario acudió a El Cielo Country Club y comprobó que existe “un ingreso controlado para proveedores, responsables y trabajadores que se estableció por Paseo de las Cumbres a pesar de que se dictó suspensión con fecha 11 de julio de 2013, dentro del expediente 257/2013 por parte de la Segunda Sala del Tribunal de lo Administrativo donde ordenó que no impidan el libre ingreso de personas al fraccionamiento”.
Serratos Salcedo añade que al llegar a la caseta del condominio, una vigilante les impidió a él y a Aarón José Vázquez, abogado de Michel López, el paso por la vialidad pública: “Nos requirió tarjeta electrónica para el sistema de acceso, ya que el ingreso al condominio El Cielo está controlado a residentes e invitados, no estando autorizado el paso sobre dicha vialidad a terceros sin esa tarjeta”, indica en su fe de hechos.
Como no traían la tarjeta, la vigilante pidió que se identificaran e indicaran el domicilio al que se pretendían ir, en caso contrario no podrían entrar. Cuando el abogado Vázquez le explicó que simplemente se quería verificar el sistema de acceso restringido, la vigilante ratificó que no se puede pasar.
Y añadió “que además se están llevando a cabo obras para mejorar el sistema de acceso controlado, particularmente mediante la instalación de estructuras de control de vialidad entre los carriles llamadas palomas y que las obras que se realizan evidentemente pretenden evitar en definitiva el paso de personas y sus vehículos al interior del condominio”.
Posteriormente, el notario y el abogado pretendieron llegar al domicilio de Michel López por el ingreso temporal ubicado en la calle Paseo de las Cumbres. Ahí se encontraba otro vigilante, quien también se negó a identificarse.
Cuando Vázquez pidió permiso para ingresar, “nos requirió a cuál domicilio íbamos y por qué razón, así como si traíamos materiales, herramientas o mercancías, ya que el ingreso temporal está controlado y es sólo para proveedores, responsables y trabajadores de obras y de servicio hasta en tanto no concluían las obras que se estaban llevando a cabo en el ingreso principal al condominio”.
El abogado le comentó al vigilante que Michel López, propietario de una residencia en el condominio, contrató una mudanza que llevaría sus pertenencias a Vistas del Bosque, el vigilante respondió que “el acceso temporal está restringido y operando, y que dependiendo del vehículo, proveedor o mercancía que se tratare se le daría ingreso, previa autorización expresa de la administración”, se asienta en la certificación de hechos.
Bloqueo arbitrario
Para demostrar que no se trata de una vía privada, Michel López presentó ante el agente del Ministerio Público un oficio del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, según el cual “ni el condominio El Cielo Country ni sus administradores, representantes o desarrolladores tienen autorización para restringir y obstaculizar o restringir el uso de la vía de comunicación”.
A principios de junio de 2014, el afectado solicitó el municipio de Tlajomulco, apelando al sistema de transparencia Infomex, informar si El Cielo Country Club cuenta con autorización vigente otorgada por el ayuntamiento para impedir el funcionamiento de las vías de comunicación o el paso de transeúntes, y si cuenta con un permiso para realizar “labores de seguridad pública en el lugar”.
Mediante el oficio DGT/14694/2014, la Unidad de Transparencia del municipio, encabezada por Verónica Gutiérrez Hernández, informó que a través del escrito DGOT/DPU-000617/14, el director general de Ordenamiento Territorial, Jorge García Juárez, respondió a esa solicitud que en dicho desarrollo existen dos tipos de vialidades: municipales y condominales. Y se precisa que “de las municipales, en el archivo que obra en poder de esta dirección general no se encuentra documento alguno en que el pleno del ayuntamiento haya otorgado algún permiso para bloquear dichas vialidades” ni a vehículos ni a peatones.
A su vez, el comandante Adán Domínguez, comisario de la Policía Preventiva municipal de Tlajomulco, respondió a la solicitud de transparencia mediante el oficio DGSPTZ/1622/VI/2014.
Éste indica que la dependencia no cuenta con “algún documento celebrado con el desarrollo inmobiliario denominado El Cielo Country Club (para realizar labores de seguridad); es importante señalar que esta dependencia tiene la obligación de brindar los servicios de seguridad pública en todo el municipio, a través de los recorridos continuos de vigilancia y la atención oportuna de reportes ciudadanos, conforme a lo establecido a los artículos 7, 20, 30 y 32 del reglamento de la Policía Preventiva municipal de Tlajomulco de Zúñiga”.
De acuerdo con la denuncia de Michel López, el constructor viola el artículo 125 del Código Penal de Jalisco, el cual estipula que “se impondrán de tres meses a seis años de prisión al que por cualquier medio destruya, deteriore u obstaculice o impida el funcionamiento de las vías de comunicación o medios de transporte de uso público de jurisdicción estatal o municipal”.
El 10 de julio pasado, Michel López ratificó su denuncia ante el agente del Ministerio Público José Luis González Flores.
No es la primera vez que el afectado denuncia penalmente a Chalita Noemí. El 7 de septiembre de 2012 presentó otra por la presunta violación de las normas de desarrollo urbano y por el rompimiento de sellos de clausura en el fraccionamiento El Cielo (Proceso Jalisco 413).
En aquel tiempo Jacobo Michel compró un predio a Chalita, quien le prometió que sólo vendería superficies de mil metros cuadrados para conservar la exclusividad de la zona. Pero después se enteró de que el desarrollador estaba vendiendo lotes desde 500 metros y lo denunció.
Chalita Noemí, de origen libanés, acumuló por lo menos 26 demandas en instancias civiles, penales y mercantiles en los últimos años. Una de ellas fue por la promoción de venta de terrenos en El Cielo sin el permiso del ayuntamiento de Tlajomulco.
En la misma zona, hace más de seis años, el desarrollador despojó de 62 hectáreas de muy alta plusvalía a una inmobiliaria y a un particular. De esto se derivó el proceso penal 490/2008 contra él y fue aprehendido, pero pronto fue exonerado por el Supremo Tribunal de Justicia del estado.
