MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) tiene abiertos ocho expedientes –siete de queja y uno de oficio– por presuntas detenciones arbitrarias realizadas por la policía capitalina el pasado sábado, luego de que un grupo de personas incendió la puerta y dañó la fachada del Palacio Nacional.
El martes pasado, el organismo informó en un comunicado que había recibido cinco quejas de padres de familia contra las autoridades capitalinas por negarles información sobre el paradero de sus hijos durante el tiempo que permanecieron retenidos la noche del sábado 8 y la madrugada del domingo 9 de noviembre.
Este jueves, Perla Gómez Gallardo, presidenta del organismo autónomo, informó en entrevista que el número de quejas ascendió a ocho. Detalló que existe la presunción de detención arbitraria, además de que se analiza la liberación de los 18 detenidos, la calidad en que fueron presentados ante el Ministerio Público y las autoridades que participaron en los arrestos.
La funcionaria recordó que el día de la marcha de la PGR al Zócalo para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, personal de la CDHDF acompañó a los manifestantes “hasta que no hubo condiciones”.
Sin embargo, al presentarse las primeras detenciones en el lugar, dijo, se levantó una queja de oficio.
“Estuvimos tratando de tener contacto directo con la Secretaría de Seguridad (Pública), con la cual no pudimos tener un intercambio adecuado. Estuvimos en contacto con los familiares y levantaron siete quejas adicionales”, agregó.
Sobre las 18 detenciones realizadas, Gómez Gallardo informó que aún se documenta cuáles competen a la CDHDF –dadas las actuaciones de la policía capitalina– y en cuáles se dará vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por ser del ámbito federal.
El mismo sábado, recordó, la Comisión pidió a la SSP-DF resguardar los videos de lo ocurrido. Aunado a ello, dijo que se recaba documentación y otras grabaciones que los quejosos han entregado al organismo para determinar las condiciones en que se realizaron las aprehensiones y su traslado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
La presidenta de la CDHDF consideró que “la violencia bajo ningún contexto es viable, pues deslegitima causas nobles y solidarias” como las que se llevan a cabo con las manifestaciones de solidaridad hacia las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
“La autoridad puede actuar conforme a sus facultades y realizar detenciones acorde a los protocolos que no violen los derechos humanos, así como realizar un debido proceso y la presentación inmediata de las personas ante la autoridad responsable”, aseguró.
