Chihuahua, Chih., (apro).- Las obras de construcción del gasoducto El Encino-Topolobampo en la Sierra Tarahumara serán suspendidas hasta que la Secretaría de Energía concluya la consulta a la que se comprometió con representantes de 25 comunidades de esa región indígena.
Lo anterior es resultado de la caravana por la justicia que emprendieron vecinos de las esas comunidades a la Ciudad de México, para entrevistarse con senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y secretarios de Estado, luego de que por años fueron ignorados por el gobierno estatal.
Funcionarios de la Sener y de la Comisión Federal Electricidad (CFE), consultarán a alrededor de 25 comunidades que incluyen más de 400 rancherías, conforme lo establecen los artículos 116, 119 y 120 de la ley de Hidrocarburos, el Convenio 169 y el Art. 2º de la Constitución Mexicana.
El pasado 7 de noviembre pasado funcionarios de ambas dependencias realizaron la primera reunión formal con 25 gobernadores indígenas de la zona de influencia de la obra del gasoducto El Encino-Topolobampo, con la asistencia de representantes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Gobernación estatal y del dirigente de la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, Miguel Ángel González y representantes de asociaciones civiles que han acompañado las demandas y juicios de las comunidades.
La Sener se comprometió a establecer acuerdos y garantizar la protección de los derechos colectivos e intereses de las comunidades rarámuri que se encuentren ubicadas dentro del área de influencia del proyecto, así como a observar los principios de buena fe, libre, informada, culturalmente adecuada, transparente continua, corresponsable y flexible.
Previo a la consulta se entregará a las comunidades información del proyecto y se les explicará el objetivo del gasoducto, la descripción técnica y económica del proyecto, los riesgos y las medidas de mitigación y adaptación, entre otros puntos.
El protocolo presentado por la Sener indica que la empresa Gas Natural Noroeste debe apegarse a los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar las zonas en donde tienen proyectos de gran magnitud.
También informaron que los gastos de la consulta serán pagados por la CFE y las dependencias que participen en el proceso.
En cuanto a las obras del aeropuerto de Creel que se encuentran detenidas desde abril pasado por mandato judicial, luego de que la comunidad de San Elías Repechique, municipio de Bocoyna, se inconformó.
Las autoridades sostienen que será un aeropuerto comercial en el que aterrizarían aviones de hasta 100 pasajeros, pero uno de los pilotos y representantes de empresas constructoras que iniciaron la obra han advertido que la posición del aeropuerto no les permitirá aterrizar a esas aeronaves y las de menos capacidad, sólo lo podrán hacer en horarios limitados.
El estudio fue entregado a gobierno estatal y ahora también lo tiene el gobierno federal, por lo que si el juez decide que concluyan la construcción, se les impedirá utilizar el aeropuerto con fines comerciales y turísticos.
“Hay días muy nublados que no van a poder aterrizar y los vientos son cruzados fuertes, la orientación e la pista no es correcta. Eso lo dijeron especialistas dese que empezó, nada más que se aferraron. La longitud de la pista sí está bien, pero incluso se siente una nube ahí arriba y en tiempo de frío se sienta la neblina que impide aterrizar”, señaló uno de los expertos en construcción consultado.
Uno de los pilotos que conoce la zona, dijo que hay un que realizaron durante un año en ese aeropuerto, con “la rosa naranja” para estudiar la orientación del aire pero los encargados dijeron que no podían construir el aeropuerto en otra parte porque el terreno así está.
Aún faltan por aplicar 200 millones de recursos, por lo que se han emprendido campañas mediáticas para desestimar a los promotores del amparo, tanto a la comunidad como a la asociación que los asesoró para interponer el recurso, Consultoría Técnica Comunitaria.
Por ese motivo, dos gobernadores indígenas de los que participaron en la reunión, Emilio Enríquez y Nicolás Torres Palma, así como las defensoras Alma Chacón, Diana Villalobos y María Teresa Olivares, solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que las autoridades estatales y un medio de comunicación local, emprendieron una campaña mediática en su contra por haber ganado la suspensión del amparo que tiene detenida la construcción del aeropuerto desde abril pasado.
A través del representante de la organización civil Consejo Supremo de la Tarahumara, Tomás Ruiz, han señalado que las acciones de las comunidades, principalmente de Repechique, del municipio de Bocoyna, tienen detenida la actividad económica de la región y por esa causa los indígenas pasan hambre.
Tomás Ruiz aseguró que él y su gente son apoyados por el gobierno estatal y explicó en entrevista que los únicos inconformes son dos gobernadores y alrededor de 10 personas, aun cuando a la reunión han ido 25 gobernadores en representación de sus comunidades. n el amparo.
Aseguró que las comunidades ya habían sido consultadas por ellos, por su asociación y que ya le explicaron al juez “con palabras y dichos”, que quienes promueven el amparo son una minoría.
Al preguntarle si conocía la resolución de la Sener, de suspender la obra para que se realice la consulta, sostuvo que la consulta ya la habían realizado ellos.
