CHIHUAHUA, Chih., (apro).- Activistas y opositores a la construcción del aeropuerto de Creel solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la campaña de desprestigio desatada en su contra.
Se trata de los gobernadores indígenas de repechique Emilio Enríquez y Nicolás Torres Palma y las activistas de Consultoría Técnica (Contec), Alma Chacón, Diana Villalobos y María Teresa Guerrero Olivares.
La andanada de recriminación en su contra comenzó el pasado 29 de octubre, cuando Tomás Ruiz, representante de otra organización, declaró a un medio local que el amparo promovido contra la obra ha frenado la economía de varias comunidades y aseguró que la mayoría está en desacuerdo con que se encuentre detenida la construcción del aeropuerto.
A su vez, el gobierno estatal ha alertado que no sabe qué hacer con 200 millones de presupuesto federal que deben aplicar para el aeropuerto regional antes de que concluya el año.
Días después, un grupo de indígenas realizó una manifestación afuera de los juzgados federales para exigir que prosiga la construcción de la terminal aérea.
Y este viernes se publica una entrevista con Hugo Alberto Arriaga Becerra, presidente del Instituto Mexicano del Amparo A.C, quien minimizó que la comunidad indígena haya hecho uso de su derecho a la consulta previa e informada y ganado la suspensión de amparo.
Dijo que es una vergüenza que algunos grupos lucren con la figura del amparo, como el caso del aeropuerto de Creel y calificó esa acción constitucional, como una intención destructiva, aunque no detalló el contexto de las comunidades afectadas.
Asimismo, criticó que el juez octavo de Distrito, Ignacio Cuenca Zamora, entendió mal la solicitud de amparo, porque el bien superior es de la nación, de los habitantes del estado en su conjunto “y que incluso en el caso de los indígenas, son minoría, más aún estos parásitos del amparo, no dejan de sangrar cuando pueden”, destaca el medio de comunicación.
Guerrero Olivares explicó que un amparo es un derecho constitucional para todos los ciudadanos y lamentó que quieran tratar como niños o sin capacidad de pensar, a los indígenas que defienden un derecho legítimo y constitucional.
Recordó que a la comunidad de Repechique les afectaron su forma de vida diaria, contaminaron sus aguajes y taparon los caminos que utilizan para pastoreo y para trasladarse a otros lugares.
Lo más importante es que no les consultaron sobre el proyecto, indicó y no fueron escuchados por las autoridades.
Sobre Tomás Ruiz, las defensoras dijeron que él mismo debería exigir el derecho de consulta para su gente y no atacar a quienes defienden sus propios derechos.
