MÉXICO, D.F. (apro).- A raíz de la filtración de miles de documentos internos de la empresa de consultoría privada PricewaterhouseCoopers (PWC), el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), por sus siglas en inglés) descubrió que más de 340 firmas trasnacionales contrataron a la compañía para evadir cantidades millonarias de impuestos a través de sus filiales en Luxemburgo entre 2008 y 2010.
Los documentos consisten en 548 cartas enviadas por los consultores de PWC a Mr. Kohl, titular de la Administración de las Contribuciones Directas de Luxemburgo, donde los asesores negocian “acuerdos fiscales” con diferentes gobiernos para que las filiales de sus clientes en el país –muchas veces son simples buzones fiscales– paguen tasas de impuestos inferiores a 1% sobre sus ingresos no-dividendos.
Entre los centenares de empresas involucradas se encuentran grandes bancos comerciales y financieros, compañías de seguros, empresas energéticas, agroalimentarias y maquiladoras, así como firmas especializadas en los sectores de salud y de venta, y consorcios mediáticos o tecnológicos de todo el mundo.
Según el ICIJ, la empresa de paquetería FedEx, por ejemplo, utilizó dos filiales en Luxemburgo para evadir los impuestos en México a través de transferencias de dividendos. En su carta, fechada en 2010, los asesores fiscales de PWC solicitaron al gobierno del Ducado recaudar sólo 0.25% de impuestos sobre los ingresos de las filiales, según el equipo de periodistas.
Los documentos también revelaron que los fondos de inversión Cargill, Experian, Paul Capital, Starwood y Tiger Global Management LLC utilizaron filiales en Luxemburgo para invertir en varias empresas de México y evadir los impuestos sobre las ganancias.
PCW
Según su página mexicana, PWC maneja oficinas de asesoría en 152 países. El ICIJ reportó que a raíz de la divulgación de los documentos, la empresa sostuvo que los periodistas investigaban con base en material “robado” y “caducó”, y aseguró que los medios “no cuentan con un entendimiento completo de las estructuras involucradas”.
En México, PWC ofrece sus servicios de consultoría, pero también de “asesoría fiscal” en sectores tan diversos como la agroindustria, minería, energía, finanzas, salud, construcción, turismo, industria automotriz, construcción o proyectos de infraestructura, entre otros. La Fundación Teletón la contrató para realizar la auditoria de sus finanzas, por ejemplo.
Si bien el ICIJ reconoce que los esquemas complejos de vaivenes entre créditos y pagos de intereses entre filiales que utilizan las empresas transnacionales son legales –ya que aprovechan de las fallas entre los diferentes sistemas fiscales–, los considera “nocivos”.
A través de una red de filiales en diferentes paraísos fiscales, las empresas transfieren sus ganancias a las sociedades offshore. Por ello, en los países donde realmente operan y producen, casi no presentan ganancias y, en consecuencia, casi no pagan impuestos. En cambio, desembolsan sumas ridículas al fisco en los paraísos fiscales.
La organización española InspirAction establece varios criterios que permiten calificar a un país como paraíso fiscal: que éste no posea convenios tributarios con otros países, que sus leyes protejan el secreto bancario y comercial, que no controle los flujos de capitales, que establezca un sistema de tributación diferente para los nacionales y los extranjeros, o que tenga una infraestructura jurídica, contable y fiscal que permita la libertad de movimiento de personas y bienes.
Al tomar en cuenta estos criterios, la organización estima en 75 el número de paraísos fiscales en el mundo.
Por lo anterior, la filtración de documentos al ICIJ sólo representa una gota en el océano de la evasión fiscal, ya que son cartas de la empresa PWC a Luxemburgo –un país de menos de 550 mil habitantes, con la mayor cantidad de riqueza por persona en el planeta.
Existen mucho más despachos de consultorías que proponen servicios de “optimización fiscal”, y mucho más paraísos fiscales para acoger sus fondos bajo la protección del secreto bancario.
