OAXACA, Oax. (apro).- Las amenazas de muerte en contra de integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) obstaculizaron la consulta sobre proyectos eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec, denunciaron hoy organizaciones defensoras de los derechos humanos.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMEE), de 1994 a 2013 en el estado de Oaxaca se han proyectado 16 parques de energía eólica. Sin embargo, no existe un precedente de que se haya celebrado una consulta previa, libre e informada.
Por ello las organizaciones que integran la Misión de Observación advirtieron que “nos mantendremos atentas al desarrollo de la consulta que se implementa en la comunidad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, exhortando a que el proceso se lleve a cabo cumpliendo a cabalidad con la normativa internacional en la materia”.
La Misión conformada por Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH), Brigadas de Paz Internacional (PBI), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) y Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), consideran que la falta de garantías de seguridad representa una violación al principio de libertad que debe prevalecer en toda consulta de acuerdo con Convenio 169 de la OIT.
Explicaron que su labor ha consistido en documentar el proceso y asegurar que se realice conforme a los estándares de derechos humanos.
Sin embargo, la misión expresó su preocupación por las implicaciones que estos incidentes (amenazas y hostigamiento) tienen debido a que representan un obstáculo a la libre participación de la APPJ y de otros miembros de la comunidad zapoteca de Juchitán.
La Misión de Observación fue informada de que los días 4 y 5 de noviembre, (segundo y tercer día de la consulta), varios integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) fueron blanco de una serie de incidentes, entre ellos amenazas de muerte, hostigamiento en los alrededores de sus oficinas e incluso durante su participación en el Foro Ecológico de Juchitán, donde se está llevando a cabo la consulta.
De acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la consulta y el consentimiento previo, libre e informado constituyen elementos que deben cumplirse en el desarrollo de cualquier proyecto que se realice en comunidades de carácter indígena o agrario.
