AUTLÁN.– Llegaron de Zongolica, Veracruz, contratados en septiembre pasado por la empresa Invernaderos Bonanza 2001, ubicada en el camino viejo a Ahuacapán, en este municipio, para trabajar en las cosechas de jitomate. Todo estaba acordado con los patrones, pero cuando empezaron las faenas se dieron cuenta de que habían sido engañados.
Sus jornadas eran de 12 horas, carecían de seguridad social, no recibían los alimentos, según lo convenido, y el agua que consumían no era potable; además, dicen, dormían hacinados sobre cartones en cuartos infestados de chinches y alacranes.
Desde que llegaron, los jornaleros veracruzanos le hicieron saber a la encargada de Recursos Humanos de Bonanza, Lizbeth Yáñez, de las condiciones infrahumanas en que trabajaban; le dijeron que recibían tres pesos por cada cubeta de 20 litros que llenaran de jitomate, pero ella no quiso apoyarlos, cuenta Felipe Juárez Tlaxcala, el cabo de la cuadrilla de los 94 jornaleros veracruzanos.
“Para que el día te saliera más o menos –agrega una de las trabajadoras– teníamos que trabajar desde las ocho de la mañana hasta las siete u ocho de la noche, sin parar.”
El problema estalló el 25 de octubre último en los campos de trabajo, entre los kilómetros 2 y 3 del camino viejo a Ahuacapán, en el rancho Los Barbosa o El Aeropuerto, como también se le conoce.
Desde temprano, cuentan, estaban formados en espera de recibir el pago correspondiente a su última semana laborada. Alrededor de las 13:20 llegaron los pagadores de seguridad Delta Patrol, quienes les pidieron identificarse. Como ya tenían horas bajo el sol, empezaron a gritar que el pago se hiciera más rápido, lo que molestó al jefe de seguridad, Carlos Pelayo, quien se lanzó contra el jornalero Ricardo Juárez Tlaxcala, hermano del cabo.
Le reclamó por el alboroto y amenazó con desaparecerlo, según exponen los 94 trabajadores en una queja que presentaron ante la oficina regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, según la copia obtenida por Proceso Jalisco.
Uno de los trabajadores, Rodolfo Tzontehua Ixmatlahua, pidió apoyo al cabo Juárez para que hablara con Pelayo y tratara de calmarlo. Sin embargo, Pelayo enfureció, se subió a su camioneta y con ella trató de embestir a los trabajadores. Rodolfo quedó atrapado en la defensa delantera del vehículo de Pelayo, narró Felipe Juárez.
Rodolfo recuerda que Pelayo “le daba para delante y para atrás en la camioneta para que me cayera, pero yo no me podía zafar”. El vehículo avanzó como dos kilómetros y se paró. Fue cuando yo me bajé”. Los de Delta Patrol lo golpearon y se fueron, recuerda el joven jornalero.
Sus compañeros corrieron a ayudarlo, luego llamaron a la Policía Municipal. Cuando los uniformados llegaron, Pelayo ya no estaba. “No hicieron nada; sólo preguntaron qué pasó y se fueron”, sostiene el cabo Juárez.
Después de lo ocurrido, él mismo organizó a sus 93 compañeros para denunciar la agresión, exigir su liquidación y regresarse a su tierra, a la comunidad de Macuilquila, municipio de Atlahuilco en las altas montañas de Zongolica.
Los engaños
A las 15:48 horas del 27 de octubre (dos días después del desaguisado con el jefe de seguridad de Delta Patrol, Carlos Pelayo), los jornaleros presentaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), oficina regional Costa Sur–Sierra de Amula, una queja, que recibió el visitador adjunto “A” Germán Cuevas Curiel, según consta en copia que tiene Proceso Jalisco.
En ella mencionan a dos trabajadoras administrativas de la empresa a las que sólo identifican con los nombres de Tania y Nadia. Ambas, según la queja, sabían de la molestia de los jornaleros pero no hicieron nada para agilizar el pago.
“Yo le pedí a Tania que (hiciera algo para que) le pagaran a la gente, y ella se comunicó vía telefónica con la encargada administrativa de la empresa, la licenciada Griselda Lizbeth Yáñez”, expuso el cabo Juárez. Finalmente Yáñez mandó a los pagadores, pero nada más, agrega el representante de los jornaleros veracruzanos.
El mismo 27 de octubre, él y sus 93 compañeros acudieron al Ministerio Público y, asesorados por el abogado Efrén Pérez Pérez, presentaron una denuncia contra Carlos Pelayo por intento de homicidio en agravio de Rodolfo Tzontehua Ixmatlahua.
También fueron a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde los atendió el procurador Enrique Meillón Jhonston. El funcionario se comprometió a verificar los montos de su liquidación.
Finalmente, se fueron al área de Inspecciones de la misma dependencia para denunciar las condiciones infrahumanas que se viven en el albergue donde todas las noches dormían en el suelo y los patrones nunca les dieron las colchonetas prometidas.
Cuando llueve, expusieron, el agua se mete a los cuartos; y cuando hace mucho sol, el calor es insoportable. Pero sobre todo se quejaron porque nunca fueron afiliados al Seguro Social.
El 28 de octubre por la tarde la empresa empezó a pagar a los 94 jornaleros. Luego decidieron regresar a su tierra natal porque, dijeron, en Jalisco sienten miedo:
“Aquí es bien fácil que la gente esa te haga algo y nosotros tenemos miedo porque, como habla Carlos Pelayo, parece que es sicario o parte de la delincuencia. Él dice que nos puede matar y desaparecer porque está en su tierra, y nosotros mejor nos vamos.
“Ya no queremos estar aquí ni volver jamás. No queremos que esto quede impune, que la gente de aquí sepa cómo es esa empresa Bonanza y cómo trata a sus empleados. Esa es la última petición antes de irnos. Queremos que Derechos Humanos vaya y supervise el lugar donde vivíamos”, comenta una de las jornaleras veracruzanas.
Proceso Jalisco intentó conocer la versión de la empresa Invernaderos Bonanza 2001, pero ninguno de sus directivos quiso hablar sobre el caso.
