Las flamantes corporaciones que operan bajo el nuevo mando policiaco, la Fuerza Única Metropolitana y la Fuerza Única Regional, siguen acumulando quejas. Y aunque el fiscal general Luis Carlos Nájera afirma que ninguna queja se ha documentado, aquí se presenta el testimonio de una víctima que describe cómo los agentes de la FUR van preparados para torturar.
A menos de 50 días de que Amnistía Internacional (AI) anunció que abriría oficinas en Guadalajara, ya recibió 5 mil quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos y por tortura de agentes policiacos contra detenidos en Jalisco, informa su representante en México, Perseo Quiroz Rendón.
En su visita a la entidad, advierte que aquí podría repetirse el caso de Guerrero, donde hasta el cierre de esta edición aún estaban desaparecidos 43 normalistas atacados por policías municipales de Iguala.
No obstante, el gobierno del priista Aristóteles Sandoval insiste en negar que se torture a detenidos, al tiempo que rechaza las peticiones de información –aun por la vía de la ley de transparencia– sobre los casos de personas agredidas en instalaciones de la policía.
Esto sucedió, por ejemplo, con la solicitud de Proceso Jalisco para que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses proporcionara copia de los expedientes de personas agredidas por agentes en los cuarteles de las corporaciones o en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Y aunque dichos asuntos le conciernen directamente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) no ha emitido ni una sola recomendación sobre las 35 quejas contra las llamadas policías de élite, integradas al Mando Único y que incluyen a la Fuerza Única Metropolitana (desde diciembre de 2013) y a la Fuerza Única Regional (desde julio de 2014).
Por eso, en el foro “La tortura, una herida escondida”, al que convocaron los partidos Movimiento Ciudadano y Acción Nacional en el Congreso, el pasado 22 de octubre, Quiroz Rendón señaló: “Ha habido una falacia por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al no registrar y dimensionar adecuadamente el grado del problema. Es por eso que Amnistía Internacional está aquí”.
Agregó que esta falta de atención al problema podría ser el precedente para que en Jalisco se produjera un fenómeno parecido al que hoy padece Guerrero, donde, además de los 43 jóvenes desaparecidos, fueron asesinadas seis personas el 26 de septiembre pasado.
“Exhorto a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a que reconozcan los problemas que existen en materia de derechos humanos y que no se van a solucionar negando su existencia”, enfatiza el representante de AI.
“Si Jalisco no empieza a poner atención en el tema de los derechos humanos, de verdad, no de manera retórica –enfatiza– y no se generan políticas públicas que tengan como centro la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos, vamos a seguir generando a lo largo y ancho del territorio nacional los caldos de cultivo necesarios para que estas tragedias sigan sucediendo”.
A su vez, a menos de 10 meses de que empezaran a operar las nuevas fuerzas de élite estatales, la CEDHJ ya tiene 35 quejas en contra, pero sólo en un caso dictó medidas cautelares hacia la autoridad, y en ninguno ha emitido recomendación.
El sospechoso de la Cherokee
Uno de los casos más recientes de los “métodos” violentos para arrancar declaraciones a los detenidos se registró en Autlán, el pasado 14 de octubre, y lo protagonizó la Fuerza Única Regional (FUR), que echó a andar hace menos de 90 días la administración de Aristóteles Sandoval para contener a las bandas del crimen organizado.
Dotados de un kit para la tortura exprés, integrantes de esa fuerza recorren los municipios y en menos de 12 semanas se convirtieron en el terror de muchos ciudadanos que se han cruzado en su camino.
Un calcetín lleno de arena para golpear a los detenidos en el cuello, palillos de dientes para enterrárselos bajo las uñas y un par de anillos metálicos con extensión de alambre de cobre y clavija para ser enchufados en la batería de cualquier patrulla, son el equipo básico para torturar a cualquier detenido con el propósito de que se declare culpable.
Este semanario obtuvo el testimonio de Humberto Saray Ramírez, odontólogo de 26 años y gerente de una gasolinería de su familia en Autlán, interceptado por ocho patrullas negras con logos dorados de la FUR, en las cuales iban cerca de 20 agentes, en un camino de terracería a menos de tres minutos del primer cuadro de Autlán.
“Iba en la camioneta de mi papá, una Grand Cherokee gris modelo 2006, como a las 11:00 horas del 14 de octubre –dice el joven–. Me acompañaba un compadre. Elementos de la FUR me marcaron el alto; frené porque no tenia nada que ocultar y porque mi familia se dedica a negocios lícitos.
“Venía del rancho familiar y antes había hecho unos depósitos en el banco. Traía como 7 mil pesos en la cartera. Uno de los policías me aclara que van a hacer una revisión de rutina; estaciono la camioneta, me bajo y me identifico con mi credencial de elector. Les comento: soy gerente de la gasolinería propiedad de mi padre. Pero no me creen y empiezan a golpearme.
“Me preguntan quiénes son mis amigos y cuál es mi apodo. Yo les digo que no tengo ningún apodo, que mis conocidos me dicen Humberto o Beto, pero mis palabras no los convencen. Uno de los policías me pregunta a qué se dedica mi padre. Digo lo mismo: que soy el gerente de una gasolinería propiedad de mi padre, y me pregunta que por qué traía una camioneta buena como la Grand Cherokee; luego empiezan a cuestionarme y a decirme que por qué un dentista que trabaja como maestro de la universidad podía tener una gasolinería, y hacen otras preguntas. Me exigen que les responda, y yo les digo que mi padre ha trabajado toda la vida y que sus negocios son buenos, que no está ligado a nada ilegal.”
Pero no lo escucharon. “Otro de los policías amenaza con que me van a ‘sacar la sopa’ para que les diga a qué me dedico, y yo le insisto. Luego me llevan a la parte de en medio de una de las camionetas negras de doble cabina y de cuatro puertas; otro policía saca unos anillos con unos cables soldados, abren el cofre del vehículo, conectan los cables a la batería y empiezan a darme descargas eléctricas que me tumban sobre la terracería”.
Después le quitaron el teléfono celular y vieron que en una de las conversaciones de whatsapp aparecía un amigo de Saray Ramírez que radica en Estados Unidos y es aficionado a la caza deportiva. Como en la foto tiene una escopeta, la tomaron de pretexto: “Me exigen que les diga quién es él y si es un sicario, y yo les digo: ‘No, mi conocido radica en Estados Unidos y traía uniforme de cacería porque le gusta esa actividad’.
“Luego me exigen que les diga cuántas armas tiene mi padre, y yo les digo que ninguna. Así me tuvieron como media hora y al menos me sometieron a los toques eléctricos por cerca de 20 minutos. Ya lo hacían por burla; veían que me caía y me pateaban. Yo les pedía que ya me dejaran por favor, y se negaron, dijeron que con otra descarga me recuperaba.”
En el teléfono celular un agente de la FUR vio “un diálogo en el whatsapp donde un amigo me dice que él me compraba toda la pastura (el milo o sorgo de grano que tenía sembrado); uno de los policías que me torturaba me pregunta qué es el milo; le respondo que es un alimento para ganado, pero otro dice que el milo es mariguana o ‘mota’. Me siguieron golpeando para hacerme decir dónde estaba el supuesto sembradío de mota”.
“Uno de ellos me decía: te vamos a llevar detenido. Y yo quería eso, que me llevaran ante el Ministerio Público o algún otro lugar en donde hubiera más gente y me viera, me reconociera; me daba miedo lo que me pudieran hacer los policías.”
Ese es el motivo por el que ahora “la población ve un retén o algo y se asusta, no se acerca. Como van nueve camionetas en cada grupo, cuando detienen a alguien para revisarlo, los lugareños ni voltean a ver para no ser molestados por esos policías; todos les tienen miedo”.
Corporación peligrosa
Saray Ramírez abunda sobre la tortura que padeció a manos de la policía en la que el gobierno del estado deposita su esperanza de contener al crimen organizado.
Recuerda que los agentes llevaban envueltos los anillos para aplicar descargas eléctricas: “Me los ponen en los pulgares de las manos y me empiezan a aplicar toques eléctricos. Eran dos argollas con cables soldados; ellos mismos los hacen para torturar a quienes detienen. El extremo de esos anillos y los cables tiene cada uno de ellos una clavija para la conexión, yo nunca había visto nada de eso”.
Narra que, con el mismo propósito torturador, otro policía de la FUR sacó unos palillos para los dientes: “Me los empezó a meter entre las uñas de los dedos de las manos”.
Si en algo se mostraron preparados los policías “de élite” fue en métodos de tortura:
“Me daban cachetadas, me pegaban en las costillas, me daban toques eléctricos, y cada que caía al suelo me pateaban con sus botas. Los policías traían un calcetín lleno de arena con el que me estuvieron golpeando el cuello. No sé si lo hacían para no dejar marcas.”
También recuerda que lo detuvieron “más de 20 sujetos, pero sólo unos cuantos participaron en mi tortura… Los que me golpeaban eran cinco, los otros que rodeaban a esos sujetos traían pasamontañas, pero otros no”. Describe al jefe policiaco: moreno, alto y con un peso probablemente mayor de 150 kilos. Nunca dijeron su nombre.
Pronto la detención se transformó en robo a mano armada con violencia: “Me quitaron mi cartera y me robaron 7 mil pesos. Yo estaba viendo al policía cuando extraía el dinero; el oficial volteó y se me quedó mirando en forma intimidante. Todavía tuvo el descaro de gritarme: ‘¿Qué?’. Yo nomás me quedé callado, porque me estaban golpeando y sometiendo a toques eléctricos. Sabía que si decía algo podría irme peor”.
El mismo 14 de octubre, después de que lo atendieron en un hospital regional, sus familiares acompañaron a Humberto para que levantara su denuncia ante el Ministerio Público y la CEDHJ en Autlán.
“Quedé muy desilusionado por el trato. No soy el primer caso en Autlán con la FUR, que se supone nos protege. La población está asustada, ya no podemos salir con confianza y tranquilidad. Después de lo que me pasó me han buscado otras personas para decirme: ‘A mí también me robaron’.”
Una consecuencia de esos ataques es que surja la percepción de que la delincuencia es menos peligrosa que la policía: “Es más riesgoso encontrarse a los policías, mil veces, porque Autlán siempre ha sido una ciudad que se caracteriza por no tener problemas, pero ellos han venido a complicar las cosas.
“Algunas personas me dicen que (los policías de la FUR) llegan al mercado municipal, piden de desayunar y se levantan sin pagar; llegan a las fruterías, toman mercancía y se la comen como si nada. Llegan a las unidades deportivas, tiran al suelo a todos los que se encuentran, niños o adolescentes, y los maltratan sólo para investigar a quién pertenece una camioneta ‘buena’ que vieron estacionada afuera.”
El pasado 6 de octubre, en un encuentro con los legisladores locales, el fiscal general, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, dijo que no se había documentado ninguna acusación contra policías estatales por tortura. Agregó que de los seis casos contra policías estatales que ameritaron recomendaciones al gobierno del estado, sólo uno correspondía a la actual administración (Proceso Jalisco 518).
El responsable de la Tercera Visitaduría Especial, Alfonso Hernández Barrón, asegura que los expedientes de las 35 quejas contra la Fuerza Metropolitana y la FUR están integrándose.
En cuanto a la queja de Saray Ramírez, la CEDHJ dictó medidas cautelares para evitar nuevos abusos contra él. De las 10 quejas que se han presentado contra elementos de la FUR, cinco fueron levantadas en la Costa Sur, que es jurisdicción de las oficinas de la comisión en Autlán.
Hernández Barrón recordó que el organismo tiene un plazo de 10 meses para fijar su postura sobre dichas quejas y decidir si se emite recomendación, se convoca a la conciliación o se archiva. Pero la tardía respuesta de la comisión ha provocado que organizaciones sociales la acusen de falta de compromiso con los ciudadanos.
Este semanario publicó el 19 de octubre el caso de la tortura contra dos ciudadanos de origen colombiano, detenidos como sospechosos de estar ligados a una banda criminal que operaba en Guadalajara (Proceso Jalisco 519).
De hecho, en Guadalajara regidores del PAN y del Movimiento Ciudadano exigen que los elementos aportados por la policía tapatía regresen a su área de trabajo ante los malos resultados de la FUR. Y el alcalde de Autlán, Salvador Álvarez, informó que debido a los excesos de la nueva corporación, su administración estudia la posibilidad de salir del acuerdo para apoyar su operación.
En las primeras horas del 30 de octubre, en Tonalá, agentes la FGE se enfrentaron a balazos con tres integrantes de la Fuerza Única Metropolitana, que fueron capturados bajo el cargo de extorsionar a una persona presuntamente ligada a un hecho ilícito, de quien no se dieron mayores detalles. Un policía resultó herido.
La FGE reconoce que al menos se han levantado 50 quejas ante la CEDHJ. No obstante, el comisionado de Seguridad Pública, Alejandro Solorio Aréchiga, afirma que grupos del crimen organizado pagan a algunos ciudadanos para promover denuncias ante la comisión:
“A la hora en que el personal está trabajando, está dando resultados hacia el interior del estado, hemos visto que (…) ha habido grupos que tratan de incitar, que no quieren a la Fuerza Única, porque no se les deja trabajar como antes lo hacían.”
A pesar de eso, el funcionario prometió que se analizarán las quejas contra agentes de la Fuerza Única para determinar si incurrieron en delitos.
